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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-05-2018

El TLC UruguayChile y los problemas para un debate poltico muy necesario

Natalia Carrau
Estrategia.la


El pasado 4 de Octubre Uruguay firm un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile luego de una negociacin catalogada como exitosa. Estrictamente hablando, este no es el primer TLC que tiene Uruguay. El primero fue firmado con Mxico en 2003 y entr en vigor en 2004[1]. Sin embargo, el TLC con Chile s constituye el primer instrumento que coloca a Uruguay a las puertas de un nuevo tipo de insercin internacional.

Esto es as porque el TLC que Uruguay acaba de firmar es un tratado de ltima generacin en el sentido que incorpora todas las disposiciones, metodologas y temas de los acuerdos comerciales actualmente en negociacin, en especial, Coherencia Regulatoria, obligaciones a adhesin a tratados internacionales exigentes en materia de Propiedad Intelectual, aspectos sensibles en materia de Telecomunicaciones, aspectos preocupantes en materia de Servicios que ya estaban incluidos en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) que Uruguay oportunamente abandon durante 2015.

Este TLC coloca a Uruguay frente a un nuevo tipo de insercin internacional en varios sentidos. En primer lugar porque es un instrumento poltico que avanza por encima del proceso de integracin regional del que Uruguay es parte con el MERCOSUR, estableciendo nuevos instrumentos, nuevas exigencias y nuevos compromisos que no son parte del proceso del MERCOSUR y que sera adecuado debatir en conjunto con los otros miembros. Los procesos de integracin regional ofrecen condiciones mucho ms adecuadas para trabajar asimetras entre los pases y aminoran la velocidad y el estndar de exigencias que presentan los instrumentos de liberalizacin comercial.

En segundo lugar, es cierto como afirman autoridades de Cancillera que con este TLC Uruguay comenz a aggiornarse a la normativa de las nuevas negociaciones comerciales mundiales. El problema es que en estas nuevas negociaciones, al igual que lo que ocurra con la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), no existe margen real para contemplar asimetras. El trato especial y diferenciado desaparece en estas negociaciones porque implica una discriminacin que contraviene el trato nacional y el trato de nacin ms favorecida, dos clusulas centrales sobre las que se sostiene la negociacin comercial internacional.

En tercer lugar, con este TLC Uruguay dio importantes seales polticas para los mercados mundiales. Hoy, la disposicin del pas en avanzar hacia una insercin bilateral que flexibilice las condiciones (y probablemente suspenda los beneficios de los que era parte) del MERCOSUR y lo ponga a jugar en las grandes ligas de la liberalizacin comercial pura y dura, est siendo confirmada.

TLC como instrumento poltico

Los TLC pueden definirse tcnicamente como acuerdos comerciales que abarcan una variedad de temas considerados parte de materias transables comercialmente. Polticamente deben ser considerados instrumentos bastante ms complejos con impactos en una variedad muy grande de temas que no podran (o no deberan) considerarse materia comerciable. Por ejemplo, las disposiciones en materia de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) que despiertan amplia sensibilidad puesto que son considerados injustos desde una perspectiva del derecho al desarrollo y son cuestionados por los obstculos que generan en por lo menos dos aspectos de inters pblico: patentamiento de la naturaleza y acceso a la salud y los medicamentos.

Los TLC han evolucionado tanto en los contenidos como en las metodologas y reglas que incluyen. Es por esta razn que se alude a generaciones de TLC, entendiendo a los clsicos y primeros TLC promovidos por Estados Unidos como la primera generacin de este tipo de acuerdos.

El empuje inicial de estos TLC se los ubica habitualmente en la dcada del noventa y muy asociados a lo que fue la iniciativa del rea de Libre Comercio para las Amricas (ALCA)[2] impulsada por el entonces presidente de Estados Unidos Bush (padre) y el TLC Amrica del Norte firmado entre Estados Unidos, Canad y Mxico en 1992 y vigente desde 1994. El ALCA fue derrotada en 2005 a instancias de la movilizacin y resistencia de organizaciones y movimientos sociales de todo el continente.

Posterior a la derrota del ALCA, estos instrumentos se renovaron y comenzaron a ser incorporados en la poltica comercial y exterior de otros pases y regiones por la va bilateral. La Unin Europea tambin impuls una versin adaptada de TLC que llam Acuerdos de Asociacin Econmica[3] en un intento por mostrar un lado ms amigable de estos acuerdos y evitar las fuertes crticas de la que son objeto. Junto a la derrota del ALCA, la parlisis de la OMC en la Ronda de Doha tambin sent las bases para que el camino de liberalizacin bilateral tomara mayor fuerza[4].

La categora de ltima generacin se le otorga a los TLC que estn siendo negociados (o renegociados) en la actualidad que constituyen la expresin de mayor alcance de las negociaciones de comercio e inversiones. Una especie de acuerdo megarregional encapsulado en un instrumento bilateral.

La evolucin implic un avance y sofisticacin de los contenidos en trminos tcnicos pero tambin en trminos de alcance poltico. A travs de las diferentes generaciones de TLC se han incorporado nuevos temas a la negociacin, nuevas metodologas para negociar estos temas, nuevas reglas sectoriales y transversales y cambios en los mecanismos que dirimen controversias entre partes.

A pesar de que la teora econmica dominante reclama la idoneidad sobre estos temas, los aspectos de negociacin comercial y de inversiones son materia poltica y no solo poltico-diplomtica. Y esto es as porque la letra -extremadamente tcnica de las negociaciones comerciales-, impone fuertes restricciones a la poltica pblica, a la capacidad de legislar y de regular de los Estados, y, en definitiva, a los derechos humanos.

La percepcin impuesta de que estos instrumentos son estrictamente comerciales y econmicas, excluy el espacio de discusin poltica en un doble sentido. Por un lado, reserv el derecho de admisin a equipos tcnicos especializados en materia comercial y econmica. Los cuadros de gobierno que habitualmente llevan adelante las negociaciones son equipos de ministerios de Economa y de Relaciones Exteriores, con poca o nula participacin de otros ministerios. Por otra parte, el manejo de las negociaciones bajo un hermtico secretismo impide que la poblacin, las organizaciones y movimientos sociales o incluso el propio cuerpo legislativo de los pases, conozcan qu y cmo se est negociando.

La discusin poltica es herida de muerte si se considera que, luego de firmado el acuerdo, los parlamentos solo podrn aprobar o rechazar de forma total el acuerdo, sin poder incluir cambios en captulos o exclusin de algunas materias negociadas. Es decir, la actuacin del parlamento es meramente confirmatoria o revocatoria del acuerdo.

Las implicancias de estos elementos confirman que estos instrumentos no constituyen meras herramientas econmicas para el comercio. Son, sobre todo, instrumentos polticos de acumulacin capitalista y determinan la insercin internacional y el desarrollo de los pases que los firman.

Los links entre TLC y acuerdos megarregionales

El marco de negociacin del comercio y las inversiones a nivel mundial muestra considerables cambios. En el escenario mundial existe una diversidad de acuerdos en proceso de negociacin que conviven con negociaciones multilaterales y con negociaciones bilaterales. Los principales instrumentos llamados Acuerdos Megarregionales son: el Acuerdo Transatlntico sobre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unin Europea (TTIP por su nombre en ingls), Acuerdo de Asociacin Transpacfica (TPP por su nombre en ingls), el TISA mencionado al inicio de este artculo y el Acuerdo Integral de Economa y Comercio entre la Unin Europea y Canad (CETA por su nombre en ingls). Al mismo tiempo, la Unin Europea est en proceso de renegociacin de algunos TLC que ya tena firmados como por ejemplo Chile y Mxico.

Estos acuerdos estn materializando por la va de los hechos una serie de temas que no pudieron saldarse en las negociaciones de la OMC junto a otros elementos que son considerados novedosos.

Por un lado, los acuerdos exacerban las formas de negociar los temas incluidos en la OMC y en los TLC de primera generacin. Tanto los sectores negociados en la OMC como las disposiciones, clusulas y reglas con las que se negocian son ahora ms agresivas y profundas en su alcance. Incluso son muchas veces consideradas transversales a todos los temas o captulos de negociacin. Ejemplos claros son la metodologa de negociacin por listas negativas que impone una tabla rasa para aplicar la liberalizacin a todos los sectores de servicios, salvo los que expresamente se incluyan en las listas negativas, y la llamada clusula trinquete que obliga a mantener los compromisos de liberalizacin de forma indefinida. Ambos elementos son incorporados en el TISA e implican estndares ms altos en la liberalizacin comercial que restringen y constrien el margen para implementar polticas y el tipo de poltica a implementar en el futuro.

Otro de los aspectos novedosos introducidos son captulos que expresan la voluntad de desregulacin y el establecimiento de filtros para las polticas que se implementen. Esto se aprecia concretamente en los captulos llamados Coherencia Regulatoria en el TPP, Regulacin Domstica en el TISA, que en el TLC con Chile tambin est presente con el nombre de Coherencia Regulatoria. Estos captulos abordan las disposiciones nacionales, es decir las polticas, leyes y decretos que sancionan o tienen sancionados los Estados que pueden afectar las disposiciones comerciales de los acuerdos. Apuntan a filtrar las polticas que puedan estar contraviniendo los intereses de privados. Este filtro se impone a travs de dispositivos como los test de necesidad o a travs de criterios y conceptos como la razonabilidad, la eficiencia y eficacia, la imparcialidad o, incluso con el complemento de lo que se establece en otros captulos como el de Transparencia que impone objetivos de transparencia para las polticas de los Estados (que incluyen el suministro de informacin en tiempo y forma).

Por ltimo, vale la pena mencionar que una de las razones por las cuales el sindicato Internacional de Servicios Pblicos (ISP) mostr profunda preocupacin en particular con el TISA pero no solo, es por la inclusin de las empresas y los servicios pblicos a la negociacin comercial. Estos acuerdos equiparan las empresas y servicios pblicos a los privados, sin considerar el valor social del servicio que se brinda y el rol que juegan en el desarrollo de los pases, en especial los pases en desarrollo.

Este ltimo aspecto sumado a los anteriores y a muchos otros que se pueden mencionar, consagra la jerarqua del inters privado (sobre todo transnacional) sobre el inters pblico y refleja a cabalidad la vocacin privatizadora y mercantilizadora del nuevo rgimen de negociacin comercial que inauguran estos acuerdos.

La agenda de la libre inversin en Uruguay

La agenda de libre inversin avanza como la del libre comercio. Si bien la trayectoria de Uruguay en cuanto a su insercin internacional transit siempre por el camino de los procesos de integracin regional, el MERCOSUR especficamente, s avanz en la agenda bilateral de la libre inversin mediante la firma de sendos Tratados Bilaterales de Inversin (TBI). Uruguay tiene una treintena de acuerdos de este tipo.

Este tipo de instrumento se remite solamente a la inversin. Sin embargo, al haber una diversidad de actividades comerciales y econmicas que pueden ser consideradas inversin, termina operando una lgica por la cual se le garantiza al inversionista una proteccin superior a la establecida para los nacionales.

Uno de los aspectos ms preocupantes del rgimen de proteccin y promocin de las inversiones es que poseen mecanismos de solucin de controversias que permiten que un particular, un privado, una empresa transnacional, demande al Estado. Es decir, los mecanismos de solucin de controversias de tipo inversionista-Estado equiparan el actor pblico Estado con el actor privado inversionista llevando la resolucin de la controversia a un foro internacional por fuera y ms all del entramado jurdico nacional. Es importante recordar esta disposicin cuando escuchamos afirmar repetidamente que los contenidos de los acuerdos internacionales estn en acuerdo y respeto con las normas nacionales y que no se colocan por encima de ellas.

La mayor parte de los TBI que se celebran mundialmente contienen disposiciones de solucin de controversias que le otorgan al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) la competencia para resolver[5].

En el TLC con Chile no se establece especficamente ningn tribunal para la solucin de controversias. Pero Chile y Uruguay celebraron en 2010 un TBI que entr en vigencia en 2012 y que habilita a cualquier empresa chilena o cualquier empresa de otro origen que posea una casa matriz en Chile, demandar a Uruguay por una medida que considere que perjudica su inversin. El tribunal establecido en el TBI es, nuevamente, el CIADI.

No existe informacin confirmatoria acerca de los beneficios de la firma de este tipo de instrumentos. El riesgo para las polticas pblicas que establecen estos instrumentos es equiparable a los TLC en muchos aspectos y constituyen una forma ms de acumulacin capitalista.

Y qu con el TLC Uruguay-Chile?

El TLC que Uruguay firm recientemente con Chile se inscribe en este marco mundial de reconfiguracin de las negociaciones comerciales y de inversiones. Como este es su teln de fondo, se lo debe analizar tcnica y polticamente a la luz de las implicancias, condicionamientos y restricciones que se plantearon en los prrafos anteriores.

Importa mencionar que Chile es uno de los pases de Amrica del Sur que ms liberalizada tiene su insercin internacional, economa y comercio. Chile no forma parte de ningn proceso de integracin regional como s Uruguay que es miembro fundador y pleno del MERCOSUR. Esta diferencia entre las muchas otras que existen entre ambos pases- no es menor porque significa que el clculo costo-beneficio es diferente para Uruguay que para Chile.

Al haber seguido una trayectoria liberalizadora y bilateral, Chile ya tiene compromisos amplios y profundos en todas (o casi todas) las materias que se negocian en estos acuerdos. Con esto no queremos decir que Chile tiene menos para perder que nuestro pas. Por el contrario, el pueblo chileno sigue perdiendo mucho con cada acuerdo de este tipo que negocia, incluso ms si pensamos que posiblemente ingresar al TPP[6]. Lo que es importante enfatizar es que Uruguay no ha adherido a estos compromisos en su insercin internacional. Las razones por las cuales gener preocupacin el hecho de que Uruguay estuviera negociando las disposiciones del TISA, tambin aplican para que el TLC con Chile genere preocupacin puesto que estamos frente a estndares similares.

La equiparacin entre los contenidos de los TLC de ltima generacin con los contenidos de los acuerdos megarregionales no es antojadiza. El anlisis de los contenidos y disposiciones lo demuestra pero tambin lo corrobora entender que cuando un pas asume compromisos de altos estndares en un acuerdo tendr inters en replicar esos compromisos en otros acuerdos. Entonces, si Chile es parte del TPP tiene razones de sobra para querer incorporar estos estndares en cualquier TLC que firme.

El TLC con Chile excluye algunas materias sensibles que preocuparon con la negociacin del TISA. Por ejemplo el captulo de Servicios no incluye el sector Telecomunicaciones que haba generado gran preocupacin por los efectos en la poltica de telecomunicaciones y en la empresa pblica de gran competitividad que tiene Uruguay con ANTEL. Sin embargo, dentro del captulo de Comercio Electrnico se incluyen disposiciones consideradas idnticas a las establecidas en el TISA que tambin afectan a la poltica de Telecomunicaciones[7].

Otro tanto sucede con el captulo de Propiedad Intelectual. En las disposiciones Uruguay se compromete a adherir al Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT por su nombre en ingls).

Previo a la firma del TLC se sealaba que el acuerdo no comprometera mayores elementos en este captulo. Sin embargo, se incluyen pasajes que comprometen al pas a adherir a tratados internacionales con diversos compromisos. En materia de negociacin de propiedad intelectual sucede algo diferente de lo que sucede en comercio de bienes o servicios y es que la tendencia y los compromisos buscan regular. Esta regulacin implica una imposicin de normas y reglas que estn contenidas en una diversidad de acuerdos internacionales que no constituyen un sector negociado multilateralmente en la OMC. Una vez ms, el camino bilateral y atomizado termina siendo el que se privilegia para obligar a los pases a incluir disposiciones que pueden, eventualmente ser muy perjudiciales para el derecho al desarrollo.

El PCT implica, en resumen, un acuerdo que facilita y por ende promueve el patentado. La propiedad intelectual refiere a dos grandes reas: por un lado los derechos de autor y por otro la propiedad industrial. Las marcas y patentes estn incluidas en propiedad industrial. Diferentes expertos coinciden en afirmar que la adhesin al PCT promovera el ingreso de patentes a Uruguay resultando en mayores costos para el desarrollo tecnolgico, para la utilizacin de tecnologas consideradas de dominio pblico en otros pases y un aumento del costo en la fabricacin de medicamentos.

El desarrollo de la tecnologa y la innovacin, los procesos de investigacin y generacin de valor agregado que puede existir detrs de la industria y el acceso de las personas a la salud y los medicamentos constituyen todos aspectos sumamente sensibles. Que la cantidad de patentes registradas por nacionales en el extranjero aumenten producto de la adhesin al PCT (cuando del total de patentes que se registran en Uruguay, el 90% son extranjeras, es decir que el volumen de uruguayos/as registrando patentes es muy bajo), no parece ser un razonamiento suficiente ni eficaz para renunciar a materias de inters social y sensibles a los derechos de la poblacin.

Sigue existiendo una tensin centro-periferia, mundo desarrollado-mundo en desarrollo, norte-sur en todas las discusiones sobre comercio internacional. En materia de propiedad intelectual, esta tensin se exacerba porque la abrumante mayora de las patentes provienen de pases centrales y al mismo tiempo de enormes empresas transnacionales. Est en cuestionamiento que la expansin de la regulacin en materia de propiedad intelectual estimule y genere innovacin, desarrollo tecnolgico y conocimiento. Por el contrario, la expansin de esa regulacin est perpetuando un poder enormemente injusto que pone de rehn a los pueblos y sus derechos.

El conocimiento es poder

El TLC con Chile fue negociado en tan solo 8 meses. El acuerdo se divide en 20 captulos, 20 archivos que se pusieron a disposicin pblica horas despus de que autoridades de ambos pases firmaran el TLC. La confidencialidad a la que se alude comnmente para no hacer pblicos los textos de la negociacin comercial se respalda pobremente en considerar que hacer pblicos los contenidos puede daar las negociaciones.

Pongamos en duda esta afirmacin. Si los contenidos de un TLC con cualquier pas del mundo establecieran disposiciones y reglas tendientes a la regulacin y control del capital transnacional para obligar a las empresas transnacionales a pagar lo justo, si incorporaran el control de las inversiones supeditndolas a requisitos de desempeo y a una real y sistemtica transferencia de tecnologa o si se dispusieran tribunales internacionales para juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales, el secretismo sera absurdo. Cmo pueden generar resistencia este tipo de contenidos? Qu actores podran oponerse a que un acuerdo comercial se base en este tipo de contenidos?

La resistencia a los TLC nace porque los contenidos negocian los derechos de los pueblos y la soberana de los pases en implementar sus propias polticas y estrategias de desarrollo. Esto constituye la razn principal por la cual los textos deberan hacerse pblicos. El secreto y los falsos argumentos no hacen ms que cuestionae la democracia.

Notas:

[1] El TLC Mxico Uruguay fue inscripto como Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) N 60.

[2] El ALCA fue considerada por organizaciones y movimientos sociales de las Amricas una herramienta de dominacin de Estados Unidos tanto en el plano econmico-comercial como en lo poltico y militar.

[3] Los Acuerdos de Asociacin de la Unin Europea incluan tres captulos: Dilogo Poltico, Cooperacin y Comercio. El Captulo Comercial constituye el principal captulo de los acuerdos y sus contenidos replican los temas, reglas y metodologas de los clsicos TLC. Actualmente, la UE est en proceso de renegociar algunos de los Acuerdos firmados con pases de Amrica Latina. Organizaciones sociales consideran que la renegociacin implica una profundizacin de los estndares de negociacin similares a lo que estn planteando los nuevos tipos de acuerdos comerciales conocidos como megarregionales.

[4] Al respecto de la parlisis de la OMC y los ltimos intentos por reanudar las negociaciones ver: El regreso de la OMC: Por qu la novena Conferencia Ministerial y el paquete de Bali amenazan a los pueblos y al planeta?, Va Campesina, 30 de Noviembre 2013. Disponible en: https://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-26/10-ade-omc-iya-basta-mainmenu-35/1976-el-regreso-de-la-omc

[5] Uruguay conoci recientemente este foro cuando fue demandado por la tabacalera lder mundial Philip Morris. Este juicio se desat a partir de la implementacin de la poltica antitabaco que Uruguay desarroll con el objetivo de controlar y disminuir el consumo de tabaco de la poblacin y proteger a sta de las enfermedades que produce este consumo. Detrs de esta poltica existe el conocimiento de la influencia que ejercen las marcas comerciales de grandes empresas sobre el consumidor de tabaco. Es por eso que la poltica pblica especficamente remite controles y restringi el tipo y metodologa de comercializacin de las marcas adems de aumentar sensiblemente los precios de los cigarrillos. Es incuestionable el inters social detrs de la poltica y la legitimidad y soberana del Estado en implementar esta poltica. Sin embargo, la afectacin de la inversin de la empresa transnacional va lo que consider un dao en el ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual, constituyeron razones suficientes para que la empresa demandara a Uruguay.

[6] Chile es uno de los 12 socios del Acuerdo Transpacfico, firmado recientemente en Febrero de 2016 y que ahora est ingresando a los diferentes parlamentos de los socios para su aprobacin.

[7] Las disposiciones incluidas en el Artculo 8.10: Transferencia transfronteriza de informacin por medios electrnicos establece la exigencia de que las partes no podrn limitar la transferencia transfronteriza de informacin incluida la informacin personal. La legislacin que protege los datos personales busca prevenir el uso y abuso de las empresas en el uso de la informacin personal. Asimismo, el Artculo 8.11: Ubicacin de las instalaciones informticas establece que las partes no podrn exigir a una empresa el uso o ubicacin de instalaciones informticas en el territorio, pudiendo almacenar informacin personal o pblica en servidores de otros pases.

Natalia Carrau, Investigadora uruguaya, militante social y feminista, licencida en Ciencia Poltica.

Fuente: http://estrategia.la/2018/04/30/el-tlc-uruguay-chile-y-los-problemas-para-un-debate-politico-muy-necesario/

 


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