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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2018

El blindaje constitucional de la educacin concertada

Lidn Gasull Figueras
mientras tanto


En las ltimas semanas se ha puesto el foco en las escuelas que segregan por sexo a raz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que no solo avala la constitucionalidad de los colegios que segregan por sexo sino que apoya el blindaje de la LOMCE a los conciertos educativos de este tipo de escuelas y, por ende, a los conciertos educativos en general.

Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dnde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garanta del derecho fundamental a la educacin.

La razn de ser de las escuelas concertadas

Durante la dcada de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarizacin universal, ya que la red de escuelas de titularidad pblica era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que pareca ganar tiempo para, con el paso de los aos, ir consolidando una oferta educativa enteramente pblica. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educacin que nacieron en la poca franquista y que pasaron a ser de titularidad pblica en los aos posteriores.

Pero lo que sucedi fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autnomas -con Madrid y Catalua a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando ao a ao su nmero a pesar de haber perdido su razn de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarizacin. Desde 2009, la propia Ley de Educacin de Catalunya ya no diferencia entre centros pblicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos pblicos.

Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran lneas y colegios pblicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administracin justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero pblico).

Los presupuestos pblicos estn financiando a las escuelas privadas por dos vas: 1) mediante la dotacin de conciertos; y 2) mediante las subvenciones pblicas.

En Catalua, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiacin de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pblica se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la nica partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que aadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones pblicas que reciben los centros privados y que dicho sea de paso es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administracin.

Qu son y cmo funcionan las escuelas concertadas

Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educacin. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educacin, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulacin y control del profesorado, los comedores escolares, la regulacin sobre la escuela inclusiva, y un largo etctera. De hecho, mientras que en la escuela pblica (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas pblicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administracin quien fija el precio mximo de los mens, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios pblicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos pblicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pblica al profesorado se le aplican los procedimientos pblicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educacin pblica es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarizacin y reserva del derecho de admisin. Y estos son solo unos pocos ejemplos.

Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organizacin, en la competencia y en la reproduccin de las estructuras patriarcales.

Es la consolidacin de la educacin como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educacin pblica, gratuita y universal, con inversiones que, desde una poltica pblica ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los nios y nias.

El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creacin de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carcter o una determinada orientacin. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garanta constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que una expresin concreta del principio de libertad de empresa que tambin consagra la Constitucin.

Parece que el TC, en esta ltima sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carcter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la ltima consecuencia. La libertad de empresa estara por encima del principio de igualdad y no discriminacin que consagra el artculo 14 CE.

En Madrid y en Catalua son muy pocas las escuelas privadas que a da de hoy no estn sujetas a concierto educativo. La mayora de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean catlicas.

En Espaa, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes rdenes.

La segregacin por razn de sexo no es la nica segregacin que favorece la escuela concertada. Tambin est la segregacin por razones socioeconmicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la nica religin vlida y digna de estar sometida a concierto econmico sea la catlica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes pblicos por la dotacin de conciertos econmicos a los centros privados de educacin catlica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formacin religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos pblicos ya ofrecen dicha formacin religiosa, pero que a diferencia de los centros privados est abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formacin religiosa que los padres escogen.

Segregacin por razones socioeconmicas

Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederacin de Escuelas Cristianas admita en una entrevista la segregacin por motivos econmicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solucin que propona era ms mdulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para as estar en condiciones de igualdad con la escuela pblica. Ahora bien, defenda frreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.

Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas segn la poblacin y el barrio donde se encuentren y segn su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que aadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.

Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensin prestacional del derecho a la educacin que corresponde a los poderes pblicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artculo 27.4 CE, en su argumentacin tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista econmico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregacin por razones socioeconmicas en el modelo de educacin concertada.

En este sentido la financiacin de las escuelas privadas va en detrimento del artculo 14 y del artculo 9.2 CE, as como del artculo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educacin por razones socioeconmicas, siendo imposible que la educacin tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.

Segregacin por razn de sexo y de gnero

La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoracin por el Tribunal Constitucional del artculo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educacin diferenciada y los conciertos econmicos con los centros que la imparten.

El TC ampara el artculo 84.3 LOE argumentando que la separacin entre alumnos y alumnas en la admisin y organizacin de las enseanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseanza. Por lo tanto, se tratara de un sistema meramente instrumental y de carcter pedaggico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.

Sorprende el argumento esgrimido porque ms adelante explica la sentencia que la educacin diferenciada no vulnera los artculos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separacin por razn de sexo no llevara implcita una educacin diferente por ser nio o nia, y de ser as el centro s incurrira en la vulneracin de los preceptos mencionados.

Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educacin debe ser igual, independientemente de su sexo, cmo se sustenta la necesidad de un instrumento pedaggico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?

Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto est justificada la educacin diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino como as se muestra en la propaganda en espacios como el transporte pblico o la televisin. Por otro, que sin atractivos sexuales prximos es ms fcil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificara el instrumento pedaggico segregacionista.

Esta ideologa heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedaggico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.

Para justificar jurdicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convencin de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseanza (1960). Segn sta, siempre que el Estado lo permita la creacin o el mantenimiento de sistemas de enseanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminacin.

El TC desecha la Convencin de Naciones Unidas sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin hacia la Mujer de 1979 (ratificada por Espaa en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estmulo de la educacin mixta y de otros tipos de educacin que contribuyan a lograr el objetivo de eliminacin de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educacin mixta, por ser el modelo que predomina en Espaa.

Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mnimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mnimo aquello que se establece en los mismos. Es ms, los Estados estn obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretacin y garanta. El propio Tribunal Constitucional admite que el Derecho internacional de los derechos humanos nicamente establece un mnimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitucin pueden completar y ampliar.

El TC concluye que el sistema de educacin diferenciada es una opcin pedaggica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carcter propio.

Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes pblicos deban financiarlos por la va de los conciertos educativos y/o las subvenciones pblicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artculo 84.3, ltimo prrafo, de la LOE, cuando dice que en ningn caso la eleccin de la educacin diferenciada por sexos podr implicar () un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. Hasta ahora las Comunidades Autnomas podan decidir no dotar de conciertos econmicos a este tipo de escuelas.

Pues bien, el Tribunal Constitucional tena aqu una oportunidad histrica para obligar a los poderes pblicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niez y contribuir a una sociedad ms igualitaria en un futuro cercano.

Distintamente, el TC seala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pblica, ya que ello implicara la obligatoriedad de tal enseanza pblica e impedira la posibilidad real de elegir la enseanza bsica en cualquier centro privado. Y aade que eso vulnerara tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creacin de centros. Concluye que los centros privados de educacin diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando as la constitucionalidad del ltimo prrafo del artculo 84.3 LOE.

Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretacin de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la eleccin de centro de los padres no se traduca en un derecho de los mismos sobre un modelo pedaggico; la libertad de creacin de centros docentes no conllevaba una obligacin econmica por parte de la administracin; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestacin pblica.

Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez ms, la educacin no es una cuestin de Estado sino de gobiernos al servicio del poder econmico y de la iglesia catlica. Ningn partido poltico con opcin a ganar unas elecciones negara la igualdad de gnero y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislacin a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artculo 84.3 LOE, y de la segregacin en las escuelas que ste permite por razn de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relacin al derecho a la educacin.

Lidn Gasull Figueras es la directora de la Federaci dAssociacions de Mares i Pares dAlumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada



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