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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2018

La pelea por la participacin democrtica en Barcelona y los lmites de la democracia en el capitalismo

Albert Recio Andreu
mientras tanto


I

Las movilizaciones del 15-M estn en la base del triunfo de la nueva izquierda en las elecciones municipales de 2015. Por nueva izquierda me refiero a las coaliciones que auparon al poder a Manuela Carmena, Ada Colau y el resto de alcaldes y alcaldesas municipalistas, hegemonizadas por el impulso de iniciativas y movimientos que partan de una visin diferente del de la izquierda tradicional (aunque sta se sum con bastante entusiasmo a estas coaliciones). Se trata de una izquierda que apela a cuestiones bsicas como la igualdad, la democracia y el ecologismo sin ponerla en el contexto estructural en el que se ha situado la izquierda marxista. El 15-M fue ante todo una demanda de nuevas frmulas de participacin democrtica, de promocin de nuevos modelos participativos basados ms en el individuo que en la colectividad. Ms en el yo que en el nosotros. Donde las redes de telecomunicaciones han sustituido a los viejos proyectos de democracia consejista por modelos de participacin directa individual. Ms acorde con la cultura individualista de los tiempos actuales, con el desprestigio de la experiencia sovitica, con la ingenuidad con la que se abord el nuevo cambio tecnolgico. Y los nuevos Ayuntamientos surgidos del cambio se aprestaron a propiciar un modelo de gestin participativa, de promocin incluso de la coproduccin de polticas.

II

Que estas propuestas de polticas de participacin se desarrollaran en Barcelona no es casualidad. En la ciudad existe un amplio tejido de entidades y asociaciones que llevan muchos aos peleando por ampliar los espacios de participacin. Y, en algunos casos, con un relativo xito que va desde los canales ms formales de los consejos sectoriales, pasa por experiencias ms radicales como un amplio derecho de voz en algunos consejos de distrito, y llega hasta la autogestin vecinal de muchos equipamientos culturales. Una participacin que siempre ha tenido ms que un contrapeso en la, mucho ms informal y efectiva, relacin directa que habitualmente tienen los grandes grupos de inters con los responsables del municipio. Tambin la derecha tiene una densa y potente red asociativa encarnada no slo en organizaciones tradicionales como el Crculo del Liceo, el Crculo Ecuestre, el Crculo de Economa, el Reial Autombil Club de Catalunya, etc. sino que cuenta adems con potentes plataformas a partir de las cuales emite sus propias demandas (Barcelona Global, Sport Cultura Barcelona, Grup 16...). No se puede hablar de sociedad civil o de tejido asociativo en abstracto, sino de una sociedad en la que conviven y pelean procesos sociales contradictorios en lo que podramos llamar una lucha de clases de baja intensidad. Ampliar la participacin es sobre todo ampliar la capacidad de la gente con menos poder para expresar sus demandas, influir las polticas y contrarrestar el excesivo poder del capital y las lites.

El Ayuntamiento dels Comuns abord estas demandas de participacin desde una doble perspectiva. De un lado, introducir o reforzar las posibilidades de participacin en la elaboracin tanto del Plan de Accin Municipal (PAM) como en la implementacin de planes concretos como es la construccin de nuevos equipamientos. Del otro, abordar la elaboracin de un nuevo reglamento de participacin que ampliara los mecanismos y diera ms poder a las bases. De hecho, esta demanda vena marcada porque, en el mandato municipal anterior, un amplio conjunto de entidades lideradas por la Federaci dAssociacions de Vens i Venes de Barcelona (FAVB), el Consell dAssociacions de Barcelona (CAB) y el Consell de la Joventut, haban conseguido tumbar un regresivo proyecto promovido por CiU y haban elaborado una propuesta alternativa que ha servido de base del debate para el reglamento que finalmente se aprob en 2017.

Las experiencias del PAM y de muchos procesos participativos locales son contradictorias. Ello sucede, en parte, al tratar de mezclar, sin reglas de juego muy claras, procesos de participacin individual (fundamentalmente a travs de una pgina web, pero tambin en sesiones abiertas) con la tradicional participacin a travs de entidades. stas tienen, en muchos casos, una amplia experiencia de trabajo y reflexin en los barrios donde existe mayor organizacin, y a menudo existen verdaderas redes que trabajan en comn y sienten que sus propuestas son minusvaloradas frente a la intervencin de personas individuales que no han participado de un proceso deliberativo ni tienen en cuenta otra consideracin que sus propias ideas (tambin, a menudo, las tcnicas para favorecer la participacin son demasiadas infantilizadoras y reducen una verdadera deliberacin). Es sta una cuestin sustancial sobre la que hay que reflexionar. Es cierto que el trabajo de las organizaciones puede generar sesgos o depender excesivamente del talante de sus lderes. Es cierto que democratizar la sociedad exige fomentar y facilitar una participacin ms amplia de todo el mundo, y en especial de los grupos sociales que padecen mayores grados de postergacin. Pero es dudoso que ello se consiga sin fomentar una mayor organizacin social, sin atacar las barreras sociales que impiden a muchas personas una participacin real (ausencia de recursos econmicos, de tiempo, de recursos culturales) y sin propiciar verdaderos procesos deliberativos bien informados y con mecanismos adecuados de reflexin. En ausencia de todo esto existen peligros, detectados, de que por una parte sean los sectores ms elitistas los que acaben monopolizando la participacin intelectual, y que la deliberacin d paso a verdaderos dilogos de sordos. Ignorar que las sociedades capitalistas influyen en diferenciar a las personas en trminos de poder y recursos culturales, y generan un cierto grado de individualismo caprichoso y poco emptico es la peor va para promover el desarrollo de una verdadera poltica democrtica.

El nuevo reglamento de participacin tena en teora un recorrido ms largo. Naca en buena medida de aos de prctica y reflexin participativa. Sus aspectos ms novedosos eran la introduccin de dos mecanismos de participacin directa: la presentacin de Iniciativas Ciudadanas y la propuesta de consulta directa (en previsin de poder celebrar anualmente una multiconsulta en la que pudieran votar varias propuestas). En ambos casos se exige recoger un determinado nmero de firmas y se prev una cierta financiacin pblica en caso de xito. En principio, 2018 deba ser el ao de partida de la multiconsulta (pues en 2019 esta no podr celebrarse al coincidir con el ao electoral). Al final se presentaron dos iniciativas: una, promovida por el colectivo Aigua s Vida, que agrupa a una serie de entidades que promueven la municipalizacin de la gestin del agua en Barcelona, y que precisamente preguntaba a la poblacin su opinin al respecto. La otra, promovida por el colectivo Tanquem el CIE, se limitaba a pedir que una plaza emblemtica de la ciudad cambiara su nombre por el de un inmigrante guineano (Idrissa Diallo), fallecido en el mismo CIE en circunstancias no aclaradas. Ambas iniciativas recogieron un nmero mayor de firmas que las exigidas por el reglamento (15.000 en cada caso) y segn el mismo deban ser aceptadas, pues cumplan todos los requisitos legales (garantizados por sendos informes de los servicios jurdicos municipales). Pero algo se torci, y en un desastroso pleno municipal celebrado el 10 de abril, una mayora de fuerzas polticas (PSC, PDeCAT, Ciutadans, PP y, en el caso de la consulta del agua, la CUP) votaron en contra de su celebracin. Como a continuacin explicar, el tema de fondo es la gestin del agua. El rechazo a la otra propuesta ms bien parece ser la coartada (la torna) para justificar esta inslita decisin. Porque todos los que votaron en contra se manifestaron a favor de las consultas, y alegaron que su voto en contra era slo por problemas tcnicos de unas normas de participacin que ellos mismos haban votado.

III

Las nuevas normas de participacin han sido objeto de diversos contenciosos presentados por una serie de oscuras entidades (Juristas Catalanes por la Constitucin, Asociacin por la Transparencia, Cmara de Contratistas), que han actuado contra el reglamento de participacin en general y contra la consulta del agua en particular. Cuando se indaga un poco, se encuentran nexos entre los despachos de abogados que presentan las querellas, y se hace presente la conexin con el Grupo Agbar, que es quien realmente est preocupado por el tema de la municipalizacin del agua (de hecho, la Asociacin por la Transparencia ―poco visible en la Red― ha tenido una intervencin parecida en el proceso de municipalizacin de la gestin del agua en Valladolid). El Grupo Agbar tiene su origen en la concesin de la gestin del agua de la ciudad de Barcelona en 1867 (Barcelona tiene una vieja tradicin de cesin de servicios municipales al capital privado). Desde Barcelona, el grupo ha extendido sus participaciones hasta convertirse en el principal gestor del sector en el conjunto del Estado. En 2009, el grupo la Caixa vendi su participacin al grupo francs Suez Environnement S. A., que pas a controlar el 100% del capital (aunque la Caixa mantiene una participacin en la matriz francesa). En todo ello exista un problema: la joya de la corona, la filial Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), que tena el control de la capital catalana, era una empresa que operaba con un contrato caducado. Cuando en 2010 un juzgado reconoci, en un pleito privado, que SGAB no tena base legal, sonaron todas las alarmas: el Ayuntamiento poda municipalizarla o sacar a concurso la concesin. La empresa se movi rpido: acord la creacin de una Fundacin sobre cuestiones jurdicas del Agua con el Consejo General del Poder Judicial, contrat al Juez que haba iniciado el problema para la redaccin de un libro y, sobre todo, us sus largos contactos polticos para resolver la situacin. En 2012 se creaba una nueva Aiges de Barcelona, empresa que tomara la gestin del ciclo del agua en toda el rea Metropolitana de Barcelona (a excepcin del Prat de Llobregat y Barber del Valls, que mantienen gestin municipal) integrando los servicios municipales de abastecimiento y gestin de residuos. La nueva empresa pasaba a estar controlada por el Grupo Agbar en un 80% (posteriormente ha cedido un 10% al Grupo la Caixa) y el 20% pblico, en lo que se supone una generosa evaluacin de los activos aportados por el grupo privado. En su nacimiento, cont con el entusistico apoyo del PSC y de CiU. Un juzgado desestim la querella de Aigua s Vida a pesar de reconocer la irregularidad del proceso. Pero, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decret la ilegalidad de la empresa frente a una demanda de Acciona, competidor de Agbar, al considerar que una empresa de este tipo deba crearse mediante un proceso competitivo. Ahora, todo depende de que el Tribunal Supremo ratifique o no este fallo. Agbar teme no slo la creciente impopularidad de la gestin privada sino, tambin que un fallo judicial abra una verdadera ventana de oportunidad que le lleve a perder un negocio suculento (lo que ya ha ocurrido en Berln, en Pars y, ms recientemente, en Terrassa).

Y, para evitarlo, ha puesto en marcha una estrategia acuciante. De una, el ataque a las normas de participacin, con la intencin de evitar una consulta sobre el tema. Y, aqu, ha contado con el apoyo de sus viejos aliados y la insensata y gratuita colaboracin de la CUP, que prefiri atacar a los Comunes y a un tejido asociativo que le es en gran medida ajeno antes que defender la democracia. (Hay que reconocer que, al menos, los dirigentes de la CUP han acabado por admitir sin mucho entusiasmo que se equivocaron). De otra, un continuado trabajo propagandstico que es omnipresente en la esfera pblica catalana (totalmente contradictorio con un servicio que en teora es mera gestin sin competencia) y que utiliza una gama variada y sofisticada de medidas (TV3 les organiz un programa para explicar que, de hecho, lo que cobra Agbar es slo una pequea parte del recibo del agua). Tampoco han faltado las amenazas con burofax a las entidades que publican informacin hostil (o las presiones a los polticos que se han enfrentado a la empresa, tal y como explic el dimitido alcalde socialista de Terrassa). Una variada gama de actuaciones que pueden llevar a verdaderos casos de corrupcin, como lo muestra la implicacin del grupo en temas tan oscuros como la tramas Pokmon, Manga o las subvenciones a Convergncia i Uni (sin perder de vista la implicacin de otra filial de Suez, Cofely, en la trama Pnica). Toda una estrategia orientada a evitar que una decisin democrtica acabe con un negocio de ms de 100 aos.

IV

Lo que pone de manifiesto esta experiencia es lo que ya saba la vieja izquierda: la capacidad del poder econmico para pervertir la democracia. Su capacidad para invertir una enorme cantidad de recursos (que en estos casos salen directamente del pago de un servicio pblico) para bloquear por vas diversas las polticas democrticas: mediante el uso masivo, sofisticado y obsceno de las tcnicas de marketing, publicidad y manipulacin cognitiva; mediante su capacidad para moverse en el entorno judicial; mediante su capacidad de influencia sobre fuerzas polticas afines que no dudan, como ha sido el caso, en adaptar su propia legalidad para impedir lo que no interesa.

Constatar todo esto no es ningn argumento contra la democracia, contra reglas de juego formales que garantizan derechos y favorecen procesos ordenados. Es simplemente constatar que la democracia real exige tanto condiciones formales como condiciones materiales. Y, en ausencia de estas ltimas, incluso las condiciones formales se tambalean. Si la nueva izquierda quiere avanzar en la democratizacin social tiene que empezar a tener un discurso y unas propuestas que se orienten a impulsar cambios en la esfera material. A limitar los derechos del capital y ampliar los recursos de la ciudadana, a reforzar el tejido de organizaciones que es capaz de hacer frente a este verdadero dominio social. En Barcelona no nos rendiremos, pero somos conscientes que estamos asistiendo a una ofensiva de las lites contra la participacin social que va mucho ms all que la simple ofensiva de Agbar. En los ltimos meses, estamos asistiendo a una campaa de los grandes medios contra las organizaciones que articulan gran nmero de iniciativas sociales. Y es que, an la contradictoria y limitada ventana participativa que ha abierto el Ayuntamiento que preside Ada Colau les parece excesiva a los que siempre han considerado la ciudad un cortijo propio. Por esto es tan necesario elaborar un discurso, unas propuestas y unas acciones que ayuden a generar una nueva oleada de demandas democrticas desde abajo.

Fuente. http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/la-pelea-por-la-participacion-democratica-en-barcelona-y-los-limites-de-la-democra

 



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