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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2018

El final de ETA
Nos instalamos en el resentimiento o en la reconciliacin basada en los derechos humanos?

Mikel Casado
Viento Sur


Tengamos en cuenta algunas obviedades: la tica, el mbito de los juicios morales sobre el deber-ser solo cobra sentido desde la existencia del sufrimiento infligido directa o indirectamente por unos seres humanos a otros, intencionadamente, por accin u omisin, un sufrimiento que debe no existir. Los derechos humanos, civiles y sociales, referencia tica secular, principios fundamentales de una sociedad democrtica, versan directa o indirectamente, precisamente, sobre evitar el sufrimiento, por la convivencia en una sociedad pacfica, igualitaria, ideal y posible. Es lo que caracteriza a un Estado social y democrtico de derecho. Lo opuesto a los derechos humanos es la barbarie, leve o grave, pues hay pequeas y grandes barbaries segn sea la violacin de cada derecho. Entonces, cualquier conculcacin de los derechos humanos supone un dao a alguien concreto de la sociedad, y por tanto una vulneracin, una imperfeccin en esa sociedad.

Es una obviedad tambin que, a pesar de que los derechos humanos se conciben principalmente como una normativa contra el abuso de los Estados sobre la ciudadana, es el Estado quien debe ser el mayor garante, valedor, protector y ejemplo de cumplimiento de los mismos, pues, tericamente, el pueblo lo ha investido con esa funcin. Y debe tambin educar, en la escuela y con el ejemplo, en los valores propios de los derechos humanos, como son el respeto y la convivencia, teniendo en cuenta que dignos de estos derechos no son slo los supuestamente buenos ciudadanos sino, incluso, quienes los conculcan, para quienes el Estado debe proveer facilidades de integracin en la convivencia social.

Es una obviedad, tambin, que los derechos humanos han estado siendo conculcados durante aos por ETA y por el Estado, independientemente del grado de conculcacin, causando sufrimiento y vctimas, a quienes se deben verdad, justicia y reparacin.

Vayamos a la realidad. ETA ya no existe, se ha disuelto. En palabras de la ONU, se ha desmovilizado. Ya no conculcar ninguno ms de los derechos humanos, ya no causar ms sufrimiento. Independientemente del relato sobre lo que pas (pues cada quien har el suyo sobre qu motiv el paso de la barbarie a la apertura a vivir en convivencia, si fue la razn estratgica, la razn prctica, el Estado, o la sociedad civil quien oblig a hacerlo), son excelentes noticias, tal como los intervinientes internacionales en Kanbo reconocieron, aunque haya quien se muestra indiferente.

Volvamos a lo obvio. Todo Estado, ciudadana e incluso las vctimas que comprendan el valor de los derechos humanos deben verlo con alegra, sea tarde o no, pues el fin del sufrimiento poda no haber ocurrido an. Por eso no es demasiado tarde, pues poda haber seguido habiendo vctimas, aunque s sea, demasiado tarde ya, para quienes perdieron la vida o vieron su alma desgarrada por la prdida de otras. Incluso quienes no hemos sufrido directamente el dolor fsico o psquico de la violencia pero s dolor emptico podemos sentir que es demasiado tarde si pensamos en qu se ha perdido en cuanto a convivencia si los hechos pasados hubieran sido otros, si no se hubiera conculcado ningn (y subrayo ningn) derecho humano. Demasiado tarde para unas cosas, pero no demasiado tarde para otras.

Por eso mismo quiz no tenga sentido hablar de agradecimiento por el fin de la violencia, pero s se puede hablar de alegra, o de celebracin, como recalcaban en Kanbo.

Ms all de relatos, es otra obviedad que ETA lo ha hecho unilateralmente, sin concurso alguno del Estado. El haberlo hecho unilateralmente se corresponde con la obligacin incondicional de cumplir los derechos humanos, es decir, sin poner la condicin de que quien supuestamente tambin los incumple lo haga primero. La unilateralidad es algo que no podamos concebir en ETA hace pocos aos, en los que la negociacin era condicin sine qua non, aunque haba una gran parte de la sociedad que lo exiga. Sin embargo, tal cosa ha ocurrido, sin haber tenido lugar antes en ningn conflicto. Los expertos internacionales en Kanbo dijeron que es un caso nico, ejemplo para otros enfrentamientos. En este caso, diferentemente a lo ocurrido en otros lugares en los que ha habido una actitud proactiva del Estado en la finalizacin del sufrimiento, como debera ser, se ha mostrado ignorante, sordo y ciego ante las peticiones de dilogo y negociacin de una parte de la sociedad y de entidades internacionales expertas en conflictos.

Sin embargo, desde una perspectiva impermeable a la flexibilidad y a las soluciones dialogadas, es difcil no reconocer que entre un final negociado, con condiciones y un final unilateral, sin condiciones, parece ser ms meritorio y ms digno de reconocimiento este ltimo, por no haberse aceptado nada a cambio. Otra cosa es que sea ms efectivo y completo o que satisfaga a mayor parte de la sociedad. Segn la concepcin dominante en el Estado espaol, el final negociado habra sido visto como un chantaje, como un precio a pagar. Sin embargo, el caso colombiano fue aplaudido por el gobierno espaol.

Hay quien dice, principalmente el poder ejecutivo, que la unilateralidad es consecuencia de la accin judicial y policial. Segn ese relato, la sociedad civil no ha hecho nada. Un poder que ignora lo que ocurre a su alrededor, basado en la arrogancia, quiz en el enfurruamiento y resentimiento, muestra un desprecio a la accin de quienes se han movilizado por el fin de la violencia por razones morales, por avanzar hacia una sociedad respetuosa con los derechos humanos. Y tal presin ha sido un hecho indiscutible. Estoy pensando en movimientos sociales como Gesto por la Paz, intermediadores como Elkarri, Lokarri y muchos ms que desembocaron en el fin del sufrimiento en octubre de 2011 (Aiete); al Foro Social Permanente, Bake Bidea, Artesanos por la Paz, Grupo Internacional de Contacto y otras cuya labor intermediadora condujo al desarme (Baiona) y ahora a la desmovilizacin (Kanbo). En muchos casos, ha sido gente que ha estado exigiendo tambin el cumplimiento de los derechos humanos por parte de un Estado considerado como insuficiente Estado democrtico y social de derecho, cuyo respeto a los mismos ha sido puesto en cuestin y afeado nacional e internacionalmente.

Seguramente, las causas del abandono de la violencia sean varias, legales (algunas dudosamente legtimas), judiciales y policiales, sin descartar totalmente ninguna, incluso la movilizacin social y la razn tica. Esta ltima motivacin es cierta en parte de la sociedad. Y es posible -y algo probable- que haya influido en ETA. Lo que s es ms probable es que haya influido su presin. Incluso la labor de ciertos polticos reconocidos por el centro de dilogo suizo Henri Dunant. Por eso la parte de la sociedad civil que ha presionado por el cumplimiento de los derechos humanos merece un reconocimiento, tal como se hizo en Kanbo. Como dice Agus Hernn, coordinador del Foro Social Permanente, si bien la decisin de ETA de dejar la violencia ha sido unilateral, la labor intermediadora para facilitarlo ha sido multilateral.

Es momento de mirar hacia delante. Si de las tres fases que segn la ONU debe atravesar el fin de un conflicto, a saber, Desarme, Desmovilizacin y Reintegracin(DDR), superadas las dos primeras unilateralmente, queda ahora esta ltima. En primer lugar, y por razones humanitarias y coherentes con el espritu de los derechos humanos, liberacin de presos terminales. No hacerlo es ensaamiento, sadismo, nada que ver con los derechos humanos; y siendo fiel a la ley, acercamiento a crceles prximas, con lo que se cumple la obligacin de no castigar a las familias y de facilitar la reintegracin de ciudadanos; aplicacin de la legalidad actual en cuanto a beneficios penitenciarios como el segundo y tercer grados, y justicia transicional, excepcin puesta en prctica en el final de otros conflictos.

En cuanto a sta ltima, es comprensible percibir una aparente incompatibilidad entre la justicia transicional y el actual Estado de derecho en el que vivimos. Claro, puede parecer un insulto a las vctimas de ETA el que sus victimarios vayan a ser tratados de forma especial, aplicndoseles una adaptacin ad hoc de la justicia para facilitar su integracin en la sociedad, en aras del cierre definitivo del conflicto y por la reconciliacin. Para la parte ms dura y exigente de la sociedad, eso es un chantaje al Estado de derecho y un debilitamiento del mismo, que lo que tiene que hacer es aplicar la ley tal cual, sin concesiones, pues dura lex sed lex.

Bajo esa concepcin de la sociedad, a saber, que el Estado en el que vivamos durante la poca violenta era un estricto Estado de derecho, pleno, ejemplar, sin tacha ni fisura alguna, tal incompatibilidad es comprensible. Pero nos tememos que esa es una concepcin demasiado positiva del Estado espaol, cuyo Estado de derecho y calidad democrtica, como apuntaba ms arriba, est en entredicho dentro y fuera de Espaa. No creemos necesario hablar de su origen histrico y evolucin hasta ahora para confirmar este juicio al respecto.

Adems, creo que en esa supuesta incompatibilidad subyace una concepcin maniquea de la sociedad, que concibe a quienes practicaron la violencia como el submundo, la clandestinidad, el Hades, el mismsimo mal, en oposicin al mundo de la pureza y perfeccin moral, jurdica y poltica del Estado de derecho espaol. Segn esta concepcin, quien quiera pasar de la oscuridad a la claridad tiene que hacerlo unilateralmente, purificndose previamente pagando con la crcel hasta el ltimo minuto de la pena mxima posible de leyes aprobadas ad hoc para casos de militancia etarra y haciendo acto de contricin y firme proposicin de no volver a pecar. Y an as, ya se vera.

Este modelo es inexacto, la transicin no fue modlica ni el Estado espaol es ejemplo de estricto cumplimiento de derechos humanos, como est demostrado y manifiestan tribunales internacionales y organizaciones pro derechos humanos. Sin embargo, ello no justificaba la violencia existente, y parte de la sociedad, que reconoca ambas ilegitimidades, a saber, la deficiencia democrtica del Estado y la barbarie de la violencia, quera que se pasara de una situacin a otra,:1) por imperativo moral, porque el sufrimiento ocasionado a las vctimas y a la sociedad en general no era un medio admisible para la consecucin de fines democrticos; 2) por considerar ms conveniente para caminar hacia la consecucin de un Estado y sociedad cada vez ms plenos en cuanto a cumplimiento de derechos humanos y, por tanto, de convivencia. Pero esa parte de la sociedad va por delante del Estado.

Por ello creo que, en sentido estricto, el Estado actual no est legitimado moralmente para ser tan exigente. Y a todo Estado democrtico le es consustancial ser reconciliador y ejemplo pedaggico del cultivo de ese valor. Por eso mismo tambin, se deduce que no es al Estado de hecho a quien hay que complacer con la desmovilizacin y reconocimiento del dao causado, sino a las vctimas y a la sociedad que no quiere vivir en la barbarie constante y quiere tener la oportunidad de caminar hacia el ideal y genuino Estado de derecho que an no es. Esa parte de la sociedad pidi a ETA el fin de la violencia, su desarme y desmovilizacin en aras de la consecucin de una sociedad sin violencia y convivencial, y pide ahora la reintegracin de los presos y presas mediante la aplicacin de una justicia transicional, por las mismas razones morales y con los mismos objetivos. Lo consideran legtimo y compatible. Otra cosa es que el Estado de hecho lo facilite.

El cumplimiento de la reintegracin de presos a la sociedad depende de la voluntad poltica, de cun coherente sea el gobierno espaol con sus anteriores promesas de benevolencia para despus de la desaparicin de ETA. No parece que vaya a serlo a tenor de las declaraciones del presidente el mismo da de Kanbo. Estaba equivocado entonces o minti? Si ahora se desdice, el gobierno estara dando una muestra ms de incumplimiento, de mentir sin escrpulos, malos mimbres para una sociedad que se quiera curada y cohesionada.

Un asunto que queda an pendiente tambin, quiz el ms importante de resolver, es el de todas (y subrayo todas) las vctimas, las de ETA y las del Estado. Se les debe un voluntario losiento sinceramente. No es obligacin jurdica, no se pueden exigir sentimientos, no se puede exigir a nadie ni amar ni pedir perdn, es algo que tiene que salir de lo ms ntimo. Es posible que haya quien no pueda hacerlo por no sentirlo, lo cual es triste, pero puede que haya quien lo sienta y no lo diga. Otra cosa es que el hacerlo suponga un necesario alivio para las vctimas y el reconocimiento de un dao que no se volvera a infligir si se tuviera una nueva oportunidad, adems de un indicio del tipo de sociedad que se desea. Creo que es ms conveniente expresar el sentimiento de dolor por lo hecho que pedir perdn. Qu quiere decir pedirle al victimario que perdone lo hecho? liberarlo de la culpa? Es posible, aunque poco probable, que alguien no se sienta digno de pedir perdn por parecer una arrogancia despus del dao causado. Pero una peticin de perdn por obligacin, sin sentimiento sincero, solo por conseguir un beneficio, no es peticin de perdn sino estrategia. No creo que nadie la quiera.

Pero no decir lo siento no puede ser obstculo para que el Estado facilite la integracin, a un autntico Estado social y democrtico de derecho le es exigible el cumplimiento incondicional de los derechos humanos y un plus de magnanimidad a la hora de reintegrar a quienes los han incumplido; y puede hacerlo. An queda por hacer, la cuestin es si nos situamos en el resentimiento o la reconciliacin. Me temo que conozco la respuesta, aunque hay que mostrar esperanza de que llegue la cordura.

ltima reflexin: la crtica a la violencia es una crtica moral, una apelacin a los derechos humanos, si y solo si se critica tambin la violencia del Estado, de lo contrario no puede serlo. Si realmente quisiramos una sociedad respetuosa con los derechos humanos, estaramos deseando una sociedad diferente a la actual. Si el final del sufrimiento causado por ETA es una buena noticia, tambin lo sera poner las bases de no ms sufrimiento futuro por incumplimiento de todos los derechos humanos, civiles, sociales y ecolgicos, en forma de un contrato social por la autntica sociedad democrtica. Si nos tomramos los derechos humanos en serio, por lgica, as sera. Estara dispuesto el Estado a hacerlo?

Mikel Casado es miembro de la fundacin Hitz & Hitz, entidad del Foro Social Permanente.

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article13791


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