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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-05-2018

Lo que est en juego es la estabilidad social, institucional y poltica del pas
Desde Nicaragua

Mara Augusta Rodrigues Ribeiro
Rebelin


Qu pasa en Nicaragua es una pregunta difcil de contestar. La realidad de la vida y la historia de este pas es demasiado diversa y compleja como para quedarse con una nica respuesta, por lo que siempre es exigido escuchar y valorar los argumentos y los hechos presentados por todos los actores polticos presentes en una crisis como la que estamos viviendo en Nicaragua en este preciso momento.

Desde el 18 de abril, los nicaragenses atraviesan una pesadilla de la que resulta imposible despegarse durante el da. Al menos, diez personas han muerto a consecuencia de la violencia desatada en el pas a raz de las manifestaciones estudiantiles convocadas contra la reforma del sistema de pensiones. A la espera de cifras oficiales actualizadas, la prensa y ONGs locales han denunciado que el saldo es mucho mayor, presentando cifras dispares que en un principio variaban entre los treinta y cuatro y los cincuenta y cuatro muertos.

Sin llegar a cuestionar la autenticidad de las manifestaciones espontneas de los universitarios nicaragenses y reconociendo la respuesta inadecuada por parte de la Polica Nacional durante los primeros das de la protesta, es necesario sealar que an estn por investigarse las circunstancias en las que han muerto los ciudadanos fallecidos violentamente en el marco de las protestas de abril, incluyendo la autora material e intelectual de los asesinatos que se han cometido. Lamentamos profundamente estas muertes y por eso exigimos que se investiguen y se juzgue a las personas responsables.

Pero ms all de la ignominia, detrs del foco de esta crisis poltica y humana sin precedentes en la Nicaragua del s. XXI, se han producido diversos acontecimientos menos comentados que precisan ser denunciados.  

Por ejemplo, los numerosos ataques a las instituciones del Estado nicaragense. Entre el 19 y el 22 de abril, fueron incendiados, expoliados y/o atacados, entre otros: el Ministerio de la Juventud, el Centro de Insumos para la Salud que abastece de medicamentos a todos los hospitales del pas, la alcalda y la delegacin Julio Buitrago del Instituto Nicaragense de Seguridad Social (INSS), en Managua; las instalaciones del Ministerio de Gobernacin y el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autnoma de Nicaragua, en Len; y en Ciudad Sandino, la alcalda y la delegacin Oscar Benavides Lanuza del INSS. Fueron atacadas adems las alcaldas de Tipitapa, Granada, Jinotepe y Diriamba, y muchas otros edificios de propiedad pblica y privada. Algunos de estos ataques logaron ser evitados gracias a los funcionarios del Estado y a los pobladores.

Desconocemos quines fueron los autores de los muchos actos vandlicos que se cometieron contra las instituciones del Estado, pero para los que conocemos a los nicaragenses, es dudoso que la poblacin haya sido la responsable. Fueron los manifestantes? Fueron los jvenes afiliados al partido sandinista como sealan los opositores del gobierno? O fue un tercer actor?

Tambin llama la atencin la escena presenciada por gran nmero de testigos en varios puntos de la capital, donde personas armadas con AK 47 a bordo de camionetas de alta gama lanzaron rfagas de disparos al aire. No en cualquier barrio por cierto, sino en barrios deprimidos por la pobreza. A nadie se le pasa por la cabeza en Nicaragua que nuestros universitarios de repente se hayan convertido en peligrosos asesinos potenciales armados con AK-47 que han perdido el juicio. Desde el inicio algunos actores sostienen que la juventud sandinista escenific tales hechos para confundir a la poblacin desacreditando a los estudiantes universitarios. En serio?... Ojal algn da sepamos quines se escondan detrs de las paoletas. Lo que s podemos intuir, a la luz de los hechos, son las intenciones subyacentes que tenan estas acciones terroristas.

Tambin es necesario denunciar la atroz manipulacin de la opinin pblica por parte de los medios de comunicacin aliados de los actores polticos contrarios al gobierno de Ortega y Murillo, calificando a la derogada reforma del INSS como una masacre contra el bien comn, cuando precisamente el espritu de las medidas que buscaban el necesario alivio financiero del INSS persegua la proteccin de la poblacin ms vulnerable; achacando al gobierno de Ortega y Murillo la autora del reciente incendio en el Mercado Oriental, sin ningn tipo de pruebas; o aseverando que tras la intervencin del Ejrcito Nacional durante el domingo 22 de abril, que persegua resguardar la integridad de los bienes pblicos, se buscaba en realidad abrir fuego contra la poblacin civil. Mientras tanto, las redes sociales hirviendo con imgenes falsas de tanques en la va pblica, muertos que despus han aparecido vivos, o denuncias falsas de decenas de delincuentes supuestamente liberados por la Polica Nacional para provocar el caos.

Todo esto es necesario decirlo, porque as como podemos observar un movimiento ciudadano de genuina repulsa a las polticas del gobierno aunque ya politizado, como suele ocurrir en Nicaragua, tambin podemos intuir la presencia de un tercero, o de terceros actores polticos, que aprovechando la coyuntura, desarrollaron acciones con el fin de desestabilizar social, econmica y polticamente al pas y forzar un cambio de gobierno, fomentando el odio, haciendo circular informacin falsa y destruyendo los bienes del Estado. Llevando al Estado al borde del caos institucional.

Distintos actores internos y externos se han apresurado a responsabilizar al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo de los asesinatos cometidos. Resuenan ya las voces que claman la renuncia del gobierno. Sin embargo, un gobierno electo por la poblacin no puede ceder a las presiones de los actores polticos que, aunque se quieran presentar como portadores del clamor popular, no lo son. Cualquier movimiento en este sentido, ya sea una salida continuista o de ruptura con el actual gobierno, debe estar precedida por las evidencias probatorias que esclarezcan lo ocurrido entre el 18 y el 22 de abril. De lo contrario, el gobierno estara cediendo ante la voluntad particular de estos actores, y traicionando la voluntad poltica de la nacin nicaragense expresada en los ltimos comicios celebrados.

Actuacin rpida y violenta por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. A esto le llamamos golpe de Estado. Pero en este nuevo siglo, los golpes de Estado tradicionales fuerzas militares mediante han quedado para el recuerdo, como una brbara manifestacin de los valores antidemocrticos ms anacrnicos. La ciudadana global los repugna profundamente.

En este nuevo contexto poltico y social, surgido al arrimo de los nuevos espacios creados para el ejercicio de la ciudadana en el mundo digital, se han desarrollado nuevas maneras de forzar la destitucin de gobiernos legtimos. Nuevas estrategias que nada tienen de pacficas, pues funcionan fomentando el odio y el terror, totalizando el espacio virtual y desarrollando acciones especficas de forma paralela en las calles. Nuevos mtodos muy eficaces si nos encontramos en un caso como el nicaragense, donde las polticas puestas en marcha por el gobierno de Ortega y Murillo han logrado sacar de la pobreza al 17.6% de la poblacin en el periodo 2009-2016, aumentar la cobertura elctrica del 54% al 94% de la poblacin en diez aos e imprimir un ritmo de crecimiento estable del 5% del producto interior bruto en los ltimos nueve aos.

Entre tinieblas permanecen estos logros sociales y econmicos, opacados por la manipulacin de los actores polticos opositores y sus medios afines, que han llegado a la desfachatez de descalificar y desconocer las cifras de contabilidad nacional presentadas por el Banco Central de Nicaragua, las cuales cuentan por cierto con el aval de los organismos econmicos internacionales.

Por tanto, lo que ahora mismo est en juego en Nicaragua ya no es una reforma del seguro social, sino la misma estabilidad social, institucional y poltica del pas. Y no es justo que la poblacin nicaragense tenga que asumir los costos sociales y econmicos generados por una permanente polaridad poltica que afecta de mltiples formas a la convivencia democrtica en este pas, y que esta vez ha llegado demasiado lejos, creando una escalada de violencia poltica que ha tenido como resultado decenas de muertos en todo el pas, muertos que los actores polticos opositores estn usando como mrtires para lograr su objetivo poltico: derrocar el gobierno nicaragense.

Mara Augusta Rodrigues Ribeiro. Economista especializada en Gnero y Polticas Pblicas

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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