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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-05-2018

Apunte para una reforma constitucional
La objecin de conciencia en la Constitucin del 78

Juan-Ramn Capella
InfoLibre / mientras tanto


En la Constitucin de 1978 se pone de manifiesto un derecho bsico al que no se reconoci claramente como fundamental. Se trata del derecho a la objecin de conciencia. Eso dio lugar a una interesante jurisprudencia constitucional y al primer giro a la derecha, restrictivo, de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales.

En la sentencia del 11 de abril de 1985 el Tribunal Constitucional haba incluido la objecin de conciencia entre los derechos fundamentales: La objecin de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideolgica y religiosa contenido en el artculo 16.1 de la Constitucin, y aada: La Constitucin es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. Eso significaba considerar vigente un derecho fundamental a objetar que se poda ejercer con independencia de que estuviera o no regulado por normas infraconstitucionales.

Con anterioridad, una sentencia del 23 de abril 1982 haba ido en el mismo sentido: la objecin de conciencia constituye una especificacin de la libertad de conciencia, la cual supone no slo el derecho a formar libremente la conciencia, sino tambin a obrar de modo conforme con los imperativos de la misma.

Quiz convenga sealar al objeto de comprender el trasfondo del posterior giro doctrinal del TC que los objetores recurrentes de 1985 eran antiabortistas opuestos a las nuevas regulaciones del Cdigo Penal de 1982; objetar no tuvo para ellos coste alguno.

Hasta aqu tenemos a un Tribunal Constitucional claramente abierto a considerar la objecin de conciencia como un derecho fundamental. Eso significaba un intento de integrarla pacficamente en el sistema de libertades. Se tena ante los ojos a objetores al servicio militar pertenecientes principalmente a grupos religiosos (como los Testigos de Jehova), a quienes la dictadura militar haba impuesto condenas sucesivas hasta que cumplan 38 aos de edad; solo a principios de los 70 una alteracin de la normativa haba mitigado las penas.

La Constitucin el nuevo rgimen pretenda simplemente una regulacin de la objecin de conciencia al servicio militar. En 1971 haba surgido ya un primer objetor por razones de rechazo de la guerra y de la preparacin para la guerra. Preciso es recordar que la Constitucin de 1978, a diferencia de la republicana, ni siquiera contena una renuncia a la guerra.

El gobierno de la transicin se limit a decretar en diciembre de 1976 una prrroga a la incorporacin a filas de los objetores por razones religiosas que permita sustituir la mili por un servicio cvico. Ahora, sin embargo, la mayora de los objetores eran ya laicos y antibelicistas. E iniciaron un primer movimiento de desobediencia civil contra aquel decreto. Con resultados tan amplios y liantes para el ejecutivo que ste acabara acordando su no incorporacin a filas, a la espera de una regulacin infraconstitucional. Los objetores de esta primera oleada no tuvieron que hacer la mili ni cosa subsidiaria ninguna.

Como deca Dylan los tiempos estaban cambiando: los aos ochenta fueron tiempos de intensificada guerra fra, con armas nucleares, qumicas y bacteriolgicas; con proyectiles intercontinentales y de alcance medio; con bombas atmicas tcticas; con estrategas que proyectaban guerras de teatro, no generalizadas, en el teatro europeo entre otros. El rechazo a la guerra y su preparacin se convirti en una obligacin moral para muchas personas, religiosas o no. En 1981 la revista mientras tanto haba publicado la versin castellana del panfleto de E. P. Thompson y otros Protesta y sobrevive, un imperativo extendido entre las gentes a ambos lados del teln de acero.

Sin embargo el nuevo gobierno del PSOE, en la inopia, en diciembre de 1984 hizo aprobar una ley reguladora de la objecin de conciencia y de la prestacin social sustitutoria. El Defensor del Pueblo y la Audiencia Nacional, a instancias de los objetores, recurrieron esa ley ante el Tribunal Constitucional. La ley contena varias disposiciones inaceptables para los objetores: no se poda objetar una vez cumplida la incorporacin al ejrcito; haba que obtener la aprobacin de la objecin por parte de un organismo administrativo estatal ante el que declarar sobre las propias convicciones y creencias; y se prevea un servicio social sustitutorio penalizador, de mayor duracin que el servicio militar. El Tribunal Constitucional mut su doctrina para alinearse con el gobierno: en su sentencia de 27 de octubre de 1987 la objecin de conciencia pasa a ser un derecho constitucional autnomo, de naturaleza excepcional, pero no fundamental.

Sin embargo no hubo forma de vencer al Movimiento de Objecin de Conciencia, una de las ms importantes aportaciones sociales a la democratizacin y moralizacin del sistema poltico, que hoy pocos conocen ya (lo describe muy bien Sainz de Rozas en Las sombras del sistema constitucional espaol). Pese a las reiteradas amnistas a los objetores, el impulso de la desobediencia civil a la ley rechazar la prestacin sustitutoria, el examen de conciencia administrativo, etc. fue masivo; las penas previstas para los desobedientes no pudieron aplicarse fcilmente gracias a jueces y fiscales comprensivos. Finalmente un nuevo gobierno enton el requiem al servicio militar obligatorio.

Hoy, jurdicamente, se mantiene una objecin de conciencia descafeinada. Que ha sido invocada con ms o menos xito por jueces opuestos al divorcio, por mdicos opuestos al aborto, por farmacuticos contrarios a la pldora del da despus. No ha corrido la misma suerte la objecin de conciencia fiscal de personas contrarias a sufragar gastos militares, que han visto sus cuentas corrientes embargadas por la Hacienda pblica.

Tal es la calidad del rgimen poltico.

Por eso, porque el derecho fundamental a objetar en conciencia ha quedado en agua de borrajas, porque es preciso poder objetar en conciencia los gastos militares, sin penalizacin, y por anticipar previsibles nuevas objeciones de jueces o funcionarios cuando se impongan las normas internacionales sobre genocidio y sea posible investigar causas civiles y penales por hechos de la guerra civil, es necesario dar carta de naturaleza constitucional al derecho fundamental de objecin de conciencia, y, sobre todo, delimitar con precisin su alcance entre los servidores pblicos para que ninguno pueda ignorar la ley sin consecuencias amparndose en la objecin.

Fuente: Infolibre

 



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