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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-05-2018

Entrevista al acadmico Carlos Alberto Ruiz Socha, asesor jurdico de la guerrilla
"Seguir as a las FARC es un suicidio"

Rebelin


Rebelin publica esta entrevista que fue realizada, a finales de marzo de 2018, al acadmico y jurista Carlos Alberto Ruiz Socha para el libro Final Abierto: 20 miradas crticas sobre los acuerdos con las insurgencias (2010-2018) (ver http://lanzasyletras.org/2018/04/19/negociaciones-con-las-farc-y-el-eln-pensar-lo-que-vendra; y Lanzas y Letras, La Fogata Editorial). Su opinin corresponde a la un asesor jurdico de la guerrilla, el nico que ha participado en ambos procesos de paz, tanto con las Farc como en las actuales conversaciones con el ELN, organizacin a la que asesor hace veinte aos y con la que particip en la reunin del Acuerdo de Puerta del Cielo en Alemania (julio de 1998). Es conocida su posicin frente a los acuerdos de La Habana suscritos por las Farc en 2016, que l cuestion en algunas materias (ver sus artculos en www.rebelion.org), motivo que ocasion su retiro de dicha asesora. Este reciente aporte se produjo desde Quito das antes de la detencin de Jess Santrich, el 9 de abril de 2018 (http://lanzasyletras.org/2018/04/10/para-los-excombatientes-de-farc-se-viene-la-mas-pertinaz-y-vengativa-persecucion-judicial-jesus-santrich/), y de las contradicciones internas del partido poltico de las Farc, en las que por un lado se aboga por respetar sin fisuras el orden jurdico dominante que validaron totalmente sus dirigentes, y otras voces sealan por el contrario no acoger o someterse ante decisiones injustas en la alianza de entes estatales de Colombia y de los EE.UU., que continan persiguiendo penalmente a lderes de la ex guerrilla de las Farc, en el marco de un desplome o fallida implementacin de gran parte de los acuerdos entre el Gobierno de Santos y las Farc. Ruiz Socha asesora actualmente en La Habana al Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN, en la continuacin del V ciclo de conversaciones en las que se busca llegar a un nuevo alto el fuego bilateral y al diseo de cmo ser la participacin de la sociedad civil-popular en el dilogo nacional para la paz con justicia social en Colombia.

1. Usted fue asesor de las negociaciones con las FARC y ms recientemente es asesor del ELN. Por qu cree que en La Habana se lleg a un acuerdo y en Quito no, qu circunstancias se dieron en el primer caso y estuvieron ausentes en el segundo?

Podemos afirmar como algo bsico que las guerras son resultado de una sumatoria compleja de factores. Pero las llamadas soluciones a las guerras, ya sean salidas polticas, ejemplo El Salvador en los noventa, es decir con predominio de una negociacin como etapa final y cumbre, o tambin las que se signan por una clara derrota militar, o de exterminio, como en Sri Lanka con el genocidio al pueblo Tamil en 2009, son por lo general ecuaciones todava ms complejas. La ecuacin que llev a la negociacin de las Farc con el rgimen, se fue configurando en diferentes planos en el curso de al menos seis aos (2008-2014). Hubo exposicin y efectos de trofeos militares como fue dar de baja a comandantes como Alfonso Cano, a Ral Reyes, a Jorge Briceo, y a muchos mandos, ms o menos cuarenta en alta o media jerarqua, en esos aos en los que el modelo de esa guerrilla desemboc en un laberinto, por el peso o la presin militar enemiga acumulada en territorios en los que no haba ya para dnde ir, en los que hubo desconexin con las bases histricas o aislamiento por la persistente persecucin, no slo de tipo blico sino de rompimiento de canales con tejidos sociales afines, entre el campesinado y pueblos diversos, ya sea producto de errores propios as como el saldo de la guerra sucia.

En esa realidad, se da un planteamiento esperado y plausible: dialogar, como lo haba pedido el propio comandante Cano en 2010. Santos llega a la presidencia con esa propuesta en la manga de su brazo de fuerza, luego de golpes a las Farc que no quebraron su moral de lucha, pero que s resintieron o tuvieron fuerte impacto. El gobierno saba del alcance de esa oportunidad y como es lgico desarrolla en secreto esos contactos para tantear hasta dnde las Farc cedan. En 2011 Santos mata a Cano pero con la otra mano ofrece conversar. Las Farc no se amilanan, demuestran fe en su causa, siguen en esos encuentros confidenciales, en febrero de 2012 renuncian a retener o llevar a cabo lo que comnmente se denomina secuestro por razones econmicas, y acogen la frmula de aproximarse sin derrotismo. Finalmente en agosto de ese ao 2012 se firma la agenda de La Habana y se echa a andar un proceso que en mi opinin comenz por tener en la mesa dos contendientes firmes en sus convicciones y posiciones, con el respaldo de sus respectivas realidades militares.

En lo que me consta, llegando en 2013 como asesor, es que haba una fuerza rebelde que estando inmersa en muy duras circunstancias, ante un reto histrico de grandes proporciones e indudablemente de enorme responsabilidad, pues no poda rechazarse conversar, fue tomando nota de un balance poltico, externo e interno, y no coyuntural sino de orden histrico, y se vio as misma en una encrucijada de tipo realista, de clculo, como lo conceptualizaramos desde la ciencia poltica. Cualquier observador podr comprobar con los discursos de las Farc en la mano, en 2013, en 2014 y parte de 2015, cmo se mantuvo en alto una beligerancia, cmo no se perdi el tono que distingue a una fuerza insurrecta, exigiendo y pensando ms en ganancias reales para el pas sometido que en garantas para ellos mismos, para los lderes guerrilleros. Sin dejarse de hablar de la problemtica rural, de los cultivos ilcitos, de la participacin, de la pobreza y de necesarias reformas, lo que sucedi en mi opinin es que hubo una fase en la que comenz a primar la visin de favorabilidad a sus fuerzas, y en particular a la dirigencia, por lo cual el gobierno vio que era ah donde acertaba, donde deba reforzar o centrar su propuesta y puso en la mesa, en medio de crisis y argucias, un cebo importante, referido sobre todo al tema de la judicializacin de responsabilidades penales derivadas del conflicto.

Esa ecuacin, pues, aparte de esos vectores militares y polticos, estuvo al final integrada por consecuencias mltiples, como los costos, incluyendo los ticos, de un tipo de articulacin y relacin accidental con determinadas economas y circuitos en el contexto de la guerra, me refiero en concreto al narcotrfico, tan presente en Colombia en cualquier lado; naturalmente el cansancio y el sufrimiento humanos, o diramos inhumanos, tras aos o dcadas de una feroz guerra, que fue haciendo mella, con un Estado que usa el paramilitarismo y el terrorismo, que criminaliza el movimiento social, que tom cientos de prisioneros para los que no haba salida. Entonces, un Estado que haba avanzado tantsimo en esas posiciones de fuerza bruta y directa, para persuadir; y que gozaba del apoyo de gran parte de la opinin y por supuesto de la comunidad internacional, contando con el concurso para ese empeo de pases no amigos del Establecimiento, como Venezuela, en tiempos del comandante Chvez, ve que hay cmo imaginar unos compromisos de reformas constitucionales y legales.

Esa carnada es la promesa. Y cuando hay un ofrecimiento hay quien lo acoge o quien no lo acoge del todo y mantiene sus reservas. De ah que se cuenta, como se dira en antropologa, psicologa o en filosofa, con una prueba de la estructura identitaria, y ms siendo una estructura fustigada y atrada por la ficcin de la ley, en transicin de valores, de convicciones y de razonamientos que constituan una mdula moral, y en este caso poltica, que dej de ser tal al renunciarse a la rebelin, por nada materializado, salvo el cumplimiento de que no sera aniquilada. Sin que se vieran obligadas las Farc a consultar ampliamente y ver alternativas, en unos dilogos ms o menos cerrados, entre cpulas, en los que no estaba presente la diversidad del pas o el conjunto social como parte, sino apenas como espectador lejano, las Farc fueron seducidas por esa promesa del ms llano reformismo normativo, o sea sin cambios a la vista. No hubo demostraciones de voluntad real del rgimen, sino firmas de cientos de pginas; no hubo avance de lo negociado, con mnimas transformaciones palpables, sino retroceso o recorte a partir de las realidades y sofismas de la juridicidad dominante, que se escud en procedimientos de su ley o en el reparto de funciones, o sea que lo pactado deba ser convalidado despus por el poder judicial y el legislativo, adems de estar sometidos los acuerdos al plebiscito o refrendacin del 2 de octubre del 2016, que fue un fiasco.

En fin, que las Farc fueron embelesadas por la apariencia de la ley de su oponente, y recogi con inusitado entusiasmo la bandera de la falacia jurdica. Compr la lgica de la normativa o el funcionamiento estatal, que es la envoltura, y por ende se aliment de lo que estaba adentro; acogi el contenido axiolgico e ideolgico que reproduce el orden de dominacin. En junio de 2016, yo ya haba dejado de ser asesor, las Farc se someti explcitamente a la ley del Estado. Fue el punto de quiebre.

Hasta este momento, marzo de 2018, en Quito, hay una Delegacin de Dilogos del ELN, la cual tengo el honor de asesorar en cuestiones jurdicas, que refleja una organizacin con dilemas, no golpeada militarmente como las Farc lo tuvo que vivir; una guerrilla que busca un modelo de salida poltica transformadora, es decir con cambios mnimos que el pas viva ya y no que suee por dcadas; se est desarrollando una propuesta de gran Dilogo Nacional, o sea un proceso participativo amplio y plural, de simbiosis vinculante; y adems esta guerrilla conserva y rehace su propia juridicidad y proyeccin reguladora de su existencia y razn de ser, es decir no acoge ni respeta la ley selectiva de su adversario.

2. El diseo de Justicia Especial para la Paz surgido de La Habana fue cuestionado tanto por la derecha que se opone a los acuerdos como por sectores de izquierda que cuestionan la impunidad que otorga a responsables de crmenes de Estado. Cul es su valoracin al respecto, cmo cree que debera ser un esquema efectivo de Justicia Transicional?

Tiene que ver mi respuesta sobre este tema con lo dicho anteriormente. Ese es el marco. Es decir, se fue cambiando no la realidad sino la percepcin de la misma, y a partir de ah, como es lgico, en parte las convicciones fueron mutando, o sea el orden de los principios, tambin por la percepcin que el sujeto poltico insurgente fue teniendo de s mismo y de lo que hoy da se sintetiza como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. La amenaza era ir a la crcel aislado, con la derrota encima, como sera en algo el caso de Abdullah calan del PKK, o Abimael Guzmn de Sendero Luminoso. Condenados, sin alegar de cara a un pblico en un proceso de paz. La oportunidad en cambio era como lo que finalmente se ha dado, digamos con un Gustavo Petro o un Navarro Wolf, del M-19. Hacerse senador, hacer poltica dentro de las reglas del sistema, sin pasar por la crcel. Jugar a las elecciones, aspirar a la presidencia, intentar cuajar una formacin poltica de izquierda en la legalidad, etc.

En 2013 otro asesor jurdico y yo, con base en las propias ideas de las Farc y en enunciados nuestros, formulamos la necesidad de un sistema de justicia que debera acoger las definiciones ms progresistas del derecho internacional, obviamente del derecho penal ms avanzado, estudiando los alcances de la Corte Penal Internacional, de otros tribunales, experiencias diversas, en conjuncin con la propia entidad de la rebelin, de la poltica que se afirmaba en valores de resistencia a la opresin, de soberana, de impugnacin a cnones dominantes, incluso armonizando esa propuesta con posibilidades que se daban en ese momento en la UNASUR o en la CELAC. Recuerdo tuvimos un par de reuniones con el secretario general de la UNASUR, Al Rodrguez Araque, as como con varios embajadores en La Habana. Diseamos una propuesta autnoma pero abierta, de cara a requerimientos tanto internacionales como del pas, referidos a la verdad, a la justicia, a la reparacin y la no repeticin. Obviamente para ese momento las coordenadas de afirmacin tica y poltica eran otras, tanto que se produjeron guios y decisiones para explicar y explicarse. Comenzamos a desarrollar pasos para el reconocimiento de responsabilidades por diferentes hechos que nunca debieron suceder. En un viaje a Estados Unidos en un grupo consultor, contactamos a quienes esperaban por aos explicaciones de qu pas y por qu con sus familiares, vctimas de acciones de las Farc. Hicimos lo mismo en Colombia. Yo me reun como asesor jurdico de las Farc con obispos del litoral Pacfico y luego con vctimas de Bojay para tratar por primera vez este caso y otros, en la perspectiva de lo que luego ocurri: pedir perdn y trabajar un proceso con ciertos compromisos. Se hizo despus en La Habana. Y en la lista fueron sealndose otras demandas.

Cambia todo cuando lo que reina ya no es un proceso equilibrado de bsqueda de las dos partes de un nuevo y coherente sistema de justicia frente a hechos del conflicto, sino la imposicin que una de ellas va haciendo, en este caso sutilmente el Estado, orientando a partir de sus premisas. Ya haba sido aprobado el Marco Jurdico para la Paz, como reforma constitucional en el 2012, el cual fue fragmentado y puesto de bajo perfil, pero que sirvi como referente de arranque, con efectos simblicos y discursivos, para partir de una posicin estatal aparentemente hacia otra, poco a poco convergente con las Farc, que crey en 2015 y 2016 que haba logrado mover al Estado, cuando en realidad slo ellas se estaban deslizando y comprometiendo con algo que les cambiaba la perspectiva. Al rgimen no. Se pact en septiembre de 2015, en una trampa de sugestin, que tena que ver con la promesa mencionada de nueva institucionalidad, y en un ejercicio de aceleracin y conminacin, la hoy denominada Justicia Especial para la Paz, que en una sucesin de reformas constitucionales y legales, logra dos objetivo de alto valor para el sistema.

El primero: desvertebrar la rebelin no slo materialmente llevando al desarme y la desmovilizacin, sino en la mente y los corazones de los que dejaban de ser insurgentes, que aceptaron renunciar a lo que en trminos penales asumimos como delito poltico y su complejidad lgica, pues el Estado gan ah que se convalidara la criminalizacin de actos propios del alzamiento armado y tachar como crmenes amplias conexidades. Me explico: que acciones naturales de la rebelin se vean como crmenes, cuando no lo son si estn en ese orden de coherencia y valores que definen ese derecho y sus lmites ontolgicos y ticos. Esto lleva a que el guerrillero o la guerrillera sea re-criminalizado/a en ese nuevo sistema especial de justicia. No ya con consecuencias personales o individuales, que se ocultarn o se notarn cada vez menos y cada vez menos entre ms se suba en el rango de responsabilidades, cuando lo elemental es que la dirigencia las asuma, hiptesis sta que veremos si se constata segn el proceso poltico y sus blindajes. Las consecuencias a las que me refiero ms, pues esto es ms profundo, es el mensaje al mundo, a las luchas de los pueblos y para la historia: que levantarse contra la opresin es un crimen. Que slo cabe hacerlo aceptando la extrema simplificacin de la rebelin. Esto es algo repudiable.

Y el segundo efecto trascendental, entre varios fines logrados por el sistema, tambin bajo esa jurisdiccin especial, es el refuerzo de la impunidad de los crmenes de Estado y de su lgica, pues las altas responsabilidades bajo esta justicia y sus reglas, nunca sern puestas al descubierto, no con ese modelo, ya que se desech el imperativo de la cadena de mando, salvndose as tipos como Uribe Vlez, ministros y generales en la cspide de esa jerarqua no slo nominal sino funcional por adscripcin ms all de lo normativo, o sea por conocimiento directo y omisin eficiente al cometerse cientos y cientos de crmenes de lesa humanidad y de guerra. Los llamados terceros civiles, como jefes del paramilitarismo en el empresariado o la poltica, igualmente estn de plcemes. No sern tocados.

De dnde vienen las crticas de la extrema derecha. De ser precisamente extrema derecha. Hoy dispuesta a controvertir, por fundamentalismo, cualquier evidencia. As como niega la eclosin medio ambiental o la usa para sus fines discursivos en su racionalidad econmica, est resuelta a defender el negacionismo y la visin ms radical del castigo penal, pero para los ex guerrilleros, a los que no quisiera ver participando en ningn espacio poltico legal, sino en la crcel o muertos. As mismo su posicin sobre las responsabilidades de militares o policas, pues sabe que as como pas en el sistema empleado en la etapa del reciclaje paramilitar, con la ley de justicia y paz, puede suceder con la justicia especial para la paz: algo de tanta barbarie, algo de esas estrategias, por tanto del volumen, se tendr que conocer, as el rgimen logre controlar las verdades cualitativas que afloren; es tanto el horror que finalmente una capa de eso se va a conocer. Pero es normal, con o sin este aparataje, por las luchas de las vctimas, por la abundante prueba de cargo contra algunos funcionarios o prcticas estatales, y por los pocos funcionarios que no la descartarn; no todos son corruptos o ineptos.

En cuanto a las crticas de la izquierda, dira poco. En realidad gran parte de ese espectro, por seguidismo, mediocridad o clara intencin de una apuesta gaseosa por cansancio y fe poltica en una promesa de nueva institucionalidad y oportunidad de anclarse ah, no hizo a tiempo sino tarda, tmida y de manera oportunista algunas observaciones, que deban haberse producido mucho antes, cuando esos acuerdos se estaban cociendo en secreto. Mucha gente se supone lcida, instruida y comprometida, guard silencio cmplice, para no entrar en desavenencias con la dinmica y la nueva visin de las Farc, que remed lo que la izquierda espaola hizo en los aos setenta y ochenta, validando con pragmatismo la transicin del franquismo y la proteccin de sus herederos. Slo gente como el Equipo Jurdico Pueblos, en un excelente documento de febrero de 2016, el padre Javier Giraldo y algn intelectual como Luis Jorge Garay, llamaron ac en Colombia a tiempo a estar alerta y sealaron que esos acuerdos de La Habana se encaminaban al refuerzo de la impunidad del orden establecido.

Y finalmente dira: justicia transicional es la del trnsito o transicin real a una nueva y positiva situacin. Hoy la nueva situacin es la de una Colombia sin la insurgencia de las Farc. Con un pie en el lodazal institucional y el realismo de un pas descompuesto. En todo lo otro sigue igual o peor. Otro modelo de justicia superior, es la que verdaderamente apunte a ser transformadora de esta inmundicia que nos circunda, por lo tanto la que devele las verdades ms sustanciales, por ejemplo sobre el paramilitarismo y el direccionamiento histrico del terrorismo de Estado, sobre sus fuentes y alcances doctrinales, acerca de la concepcin de seguridad que ha imperado, que haga justicia con el reconocimiento de esas verdades, que repare con visin de integridad a las vctimas renunciando a las estrategias de victimizacin o persecucin de las luchas sociales, y construyendo reales garantas de depuracin y no repeticin. Nada serio de eso se ha dado. Ni pienso, con base en lo objetivo a mano, que pueda darse; no con las pautas establecidas o instituidas. Tendr que ser otro proceso instituyente el que las defina y eche a andar.

3. El concepto "derecho a la rebelin" que usted fundamenta jurdicamente es sostenido por el ELN, en cambio FARC opt por una va ms pragmtica de negociacin. Reside all una diferencia conceptual que permiti llegar a buen puerto al proceso de La Habana, y que explica por qu en Quito el dilogo no ha encontrado mayores avances?

En teora hablamos de un concepto que por los procesos histricos tiende a ser universalizable, es decir la rebelin como hecho complejo, y su configuracin como derecho, ha estado presente no slo en la propia constitucin e identidad cultural y poltica de los pueblos y en la diversidad de las sociedades, sino que, ms en el fondo, corresponde a las dinmicas de desarrollo y luchas como especie que sobrevive contra circunstancias y causas opresoras, o sea a forcejeos que subyacen a nuestra condicin humana actual. Como pasa hoy da y pasar frente a la destruccin de las fuentes de vida a nivel planetario. En ese sentido, no hay un solo ser humano que haya escapado a la fuerza de procesos liberadores. Hasta Trump es heredero de la revolucin americana de independencia que labr Washington. Y tambin la posibilidad de sobrevivencia est y estar ligada a la capacidad de resistir a la lgica depredadora global. As que la fundamentacin de la rebelin est relacionada con la conciencia que construimos sobre cmo son y cmo pueden cambiar las estructuras de injusticia que afronta un pueblo o un conjunto social. Se basa en la demostracin objetiva de cmo es preciso combatir ese orden dominante injusto que por s mismo no cambia, un orden urgente de ser interferido, por la muerte que genera para amplios sectores o incluso para mayoras que ven menguada su existencia, y hacerlo tiene que ver con la capacidad de impugnar esa situacin en nombre de valores superiores a los del sistema. Hay pues una razn en la dimensin subjetiva, en la entidad moral del rebelde. Esa perspectiva jurdica, poltica y tica es la de la rebelin como derecho y obligacin.

Es cierto: las Farc opt por una va pragmtica de negociacin, sin que esa realidad social y poltica haya comenzado a cambiar positivamente. Es lo dramtico, o ms bien la tragedia. Finaliz su ejercicio de un derecho, como es la rebelin, aceptando una trama jurdica institucional y sus rbricas. No se trataba de la revolucin por decreto, por supuesto. Nadie inteligente esperaba eso. Pero s que tantas dcadas de lucha y de dolor causado en la confrontacin, por ejemplo al desatar el Estado la guerra sucia, hubiesen tenido un mnimo sentido de refutacin del orden vigente, y no su convalidacin moral, como se hizo; que parte de esas fuerzas acumuladas y encarnadas en diferentes planos y movimientos populares, sus planes de vida, sus mandatos, hubiesen tenido expresin mnimamente instituyente; que toda esa evidencia cientfica, objetiva, verificable, respecto de la descomposicin del Establecimiento, del poder mafioso, del empobrecimiento, del saqueo, y de cmo somos un pas miserable y servil, hubiesen tenido sentido exigiendo los rebeldes de las Farc el cumplimiento de unos mnimos crebles y de reformas necesarias o bsicas, sin conformarse con pactos voltiles, adems recortados, que slo les garantizan a sus dirigentes ciertas prebendas de participacin poltica y raquticos proyectos productivos.

Todo esto lo digo sin desconocer que su bandera o discurso es la defensa del cambio social, como est claro lo siguen sosteniendo. De eso no hay duda. Pero ya sin tener medios de coercin, de resistencia, de defensa, y de construccin de otras realidades sociales como insurgencia en una confrontacin que decidieron abandonar; para emplazar a su oponente a cumplimientos deben acudir a la legalidad que ste les presta. El Establecimiento, las multinacionales, el gran capital, las elites, los grupos de poder, valoran este proceso de pacificacin de Santos y su inteligencia, por haber sido el logro de una paz barata, que no supone transferencias o cesiones de poder real, culturalmente la instauracin de una paz que he dado en llamar en un artculo paz McDonalds, negativa y seorial. Negativa, al decir del noruego Johan Galtung, significa que nos referimos a la terminacin del conflicto, en medio de la violencia estructural, no a la paz basada en la redistribucin de riqueza y de las oportunidades de vida digna. Erich Fromm, Albert Camus y otros humanistas del pasado siglo dieron valor a la paz, pero sealando la necesidad de procesos de emancipacin; un humanismo social al que la rebelin alimenta con sus valores, y una rebelin que debe orientarse por el humanismo social que invoca y conlleva lmites.

La rebelin y su fundamento jurdico tienen una base inteligible, comprensible por cualquier ser humano sencillo que ve la injusticia y se indigna por lo que mira. Unos actan porque ejercen un derecho humano; se ven obligados moralmente a ello. Otros nos quedamos contemplando el cuadro. De ah que predicar el fin de la rebelin, el ocaso de las guerrillas, sin ver la realidad misma, la persecucin y la opresin, ondear xitos como el desarme y la desmovilizacin de las Farc sin hablar de la guerra sucia, y del incremento de la corrupcin y el pillaje, es una posicin, pero no es humanismo social. Decir que el ELN debe parar su lucha basado en promesas, como si fuera cerrar un libro de Garca Mrquez, que fue lo que dijo a finales de marzo de este 2018 el seor Tom Koenigs, enviado especial de Alemania para la paz de Colombia, abogando para que el ELN se desmovilice siguiendo el ejemplo de las Farc, eso es proponer un paso que puede ser suicida. No se refiere l al terrorismo de Estado, a la cadena mafiosa que detenta estructuras de poder; no. Se refiere a cmo una de las partes debe renunciar, y no a la otra. Afirm: el Eln debe darse el espacio para hacer el cambio a la poltica pacfica. Cuando lo correcto ticamente es otra proposicin: el rgimen debe dar espacio para hacer el cambio a la poltica pacfica.

Entre los valores de la rebelin est la propia idea de finitud. La guerra no puede durar siempre. No debe prolongarse sin necesidad. Pero no depende de ponerle fecha como a una caja de medicinas. Ser perecedera cuando los objetivos bsicos se vayan logrando. Y una de las vas es la negociada, el dilogo para concertar cambios. La resistencia a los nazis tena que ver con la propia intensidad de la agresin que su maquinaria de ocupacin y barbarie supona. Si una accin violenta causal cambia, la respuesta a esa violencia debe cambiar. Si el Establecimiento colombiano tiene voluntad de mnimos cambios democrticos, la razn de ser de la lucha armada de resistencia o rebelde se diluye. Si el rgimen no transforma parte de esa realidad que est en sus manos, fundamenta que los de abajo ejerzan un derecho humano y de los pueblos.

Veo hasta ahora en Quito que el ELN persiste en su fundamento de la rebelin, siendo el ejercicio de un derecho colectivo y personal. Pero no lo ha ejercido nunca ni lo piensa continuar desarrollando de cualquier manera. Hay una pulsin humanista, una poltica y una eticidad con la que por lo general actan sus unidades, que le define al ELN esa necesidad de cumplir unos lmites, de una autocontencin y disciplina, que corresponden a los requerimientos del derecho internacional humanitario, de acuerdo a su propia juridicidad y compromisos con las clases populares. Y creo no es negarse a lo que sigue insistiendo: que las conversaciones deben construir un pacto de paz transformadora; no renuncia a buscar la salida poltica negociada al conflicto.

Antes de cerrar esta respuesta, a modo personal debo subrayar cmo por inercia, por el peso de diferentes factores, en Colombia falta fundamentar con coherencia que la rebelin es un derecho, y explicarlo, en las condiciones de guerra irregular popular, de guerrillas, de resistencia. Y cmo tendr que ver con las posibilidades de vida y de bienes comunes, de comunidades y territorios, en los prximos lustros, si no llegamos a un acuerdo nacional de transformaciones bsicas. Antes tenamos los ejemplos de grandes juristas de altura, como Eduardo Umaa Luna, Eduardo Umaa Mendoza, compaero y maestro a quien hace 20 aos asesin el Estado colombiano. Hoy est la voz y obra del padre Javier Giraldo, quien fundamenta y estudia la realidad de la rebelin. Y unos pocos o pocas juristas insobornables, que no han cado en las lgicas del silencio, de la compra venta de conciencias que ronda en Ongs y otros espacios. Es preciso en Colombia recobrar la lucidez de la necesidad de que la rebelin sea reconstruida y no vapuleada con las exigencias de la conciencia de lo pblico y del bienestar general, y que se reconozca la posicin del beligerante, del insurgente, del rebelde, como interlocutor vlido, sujeto poltico en la redefinicin de un humanismo social para la defensa de la vida en tiempos en los que nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de preservar sistemas de vida colectiva ante la destruccin planetaria que sobre todo golpea a los ms empobrecidos.

4. Qu valoracin general tiene usted como jurista, en funcin de su experiencia internacional, de los procesos de negociacin con ambas insurgencias llevados a cabo durante los ltimos 8 aos?

Creo sinceramente que debemos respetar con ahnco el derecho de las Farc de pasar a ser una guerrilla a ser una formacin poltica legal e intentar hacer poltica abierta en medio de esta putrefaccin del sistema. Ya veremos en unos aos su respuesta a los desafos conocidos. Si en la balanza histrica, en aplicacin de la justicia especial que pactaron, defendieron el derecho a la rebelin como derecho humano, si lo ayudaron a destruir, si lograron develar las verdades esenciales del terrorismo de Estado y a sus mximos responsables, o si por el contrario se les devolvi como arma poltica, teniendo que responder penalmente en estrados judiciales que los dirigentes de las Farc ayudaron a disear y a los que reconocieron autoridad, concediendo validez a un sistema de justicia, anidado en la podrida institucionalidad dominante.

Es cierto que el DDR, el desarme, la desmovilizacin y la reinsercin, son un xito. Esto se celebra. Me imagino los discutirn las elites en sus clubes sociales. Seguro brindarn por el xito de desarmar, desmovilizar y reinsertar a la guerrilla de las Farc, en su momento la ms poderosa del continente, sin haber hecho ellos, esas castas, como Establishment, ninguna reforma seria y con proyeccin al servicio de los sectores populares, imbuidos muchos millones de personas en la supervivencia, en la escogencia de los canales de la televisin que les distrae, cmo estirar los crditos o conseguir un trabajo para alcanzar lo bsico. Ha sido, insisto, una paz barata para el rgimen. Y en trminos sociolgicos, para el pueblo, un resultado alienante.

Mientras los de arriba hacen negocios en zonas ya liberadas de la amenaza de las Farc, el proceso de paz no le ha impactado cultural o significativamente la vida a la gente empobrecida que est sometida a unas estructuras de violencia por las que votan cada cuatro aos en las urnas, sabiendo que se presentan como candidatos muchos ejemplares de verdaderas asociaciones de malhechores. S ha dado tranquilidad esa pacificacin relativa a algunas franjas por la disminucin clara de los niveles de violencia, ante todo en el campo, donde en todo caso sigue el statu quo en sus ramificaciones matando lderes sociales, a decenas, as como a ex guerrilleros de las Farc y a familiares de ex insurgentes, pues el rgimen contina amenazando comunidades y amedrantando a todo aquel que sea sospechoso u ose oponerse a circuitos ms extensos o locales atravesados por la lgica de la acumulacin de capital, ya sea legal o ilegal, como el narcotrfico.

El ELN propone desde hace ms de veinticinco aos un proceso de creacin de consensos nacionales desde la participacin abierta, plural, diversa, vinculante, incluyente, resolutiva respecto de las reformas necesarias, las bsicas de la ciudadana real, o sea las que ataen a la democratizacin que pueda defenderse desde el sentido comn. Recuerdo cmo en Alemania hace 20 aos, donde estuve participando, el ELN propuso en Maguncia que el pas se abriera a una Convencin Nacional. De ah su apuesta hoy de Gran Dilogo Nacional que reconozca y vehicule todos los sectores, a los de abajo, las voces sociales, los territorios, en un anclaje que no es institucional y de sumisin pragmtica como lo han sido otros procesos, sino de implementacin o compromisos vivos, activos, verificables, duraderos, con mecanismos de exigibilidad o cumplimiento, ya mismo, no remitidos a un futuro sin garantas. Es decir, demostrando el rgimen que s abandona la exclusin y la violencia, o sea que no va a perseguir a quienes se levantan para impulsar mandatos sociales.

Al tiempo el ELN, sin desdear en absoluto, sino dando total valor y actualidad a la perspectiva de los dilogos para esos consensos, propone la humanizacin del conflicto, la regulacin de las fuerzas contendientes, que se respeten los derechos de la poblacin no combatiente, y est dispuesto a llegar a acuerdos tanto con el adversario como con las comunidades o pueblos en territorios que viven afectaciones por el enfrentamiento armado. Tambin a pactar planes de vida que brinden mejores condiciones y no descompongan ms los tejidos sociales.

Este camino constituye un derrotero bien distinto al que sigui las Farc, que no tom muchas veces en cuenta exigencias del derecho humanitario o que accidentalmente se implic por accin de algunos en actividades que tienen luego un coste en la credibilidad poltica y tica. Que terminan creando una cultura no distinta a la del orden dominante. Esto determina con qu fortalezas o con qu debilidades se llega a un proceso de dilogos y de negociacin, y por lo tanto con qu expedientes puede ser chantajeado un grupo poltico.

Las Farc, hoy como partido, y el ELN, sin dejar de ser insurgencia, tienen futuro en sus respectivos procesos de re-fundacin histrica si logran articularse al torrente de demandas sociales y promoverse con sus identidades y aperturas por la defensa de la vida concreta de grandes mayoras que para la supervivencia deben movilizarse. Ah la negociacin con una, las Farc, que se desmoviliz, ensear qu estuvo mal, y de qu debe aprenderse, y servir para entender el intento de salida con la otra, con el ELN, que pide en su propuesta razonable que el Estado cumpla lo que firma, haga honor a la palabra empeada, que sea el que se reinserte por definicin en las necesidades de democratizacin y paz transformadora. No tiene que ser siempre que la oposicin rebelde ceda ahora y que el rgimen prometa que lo har despus. No. La clave est en que sea procesual esa dinmica de obligaciones, y no formal e ilusoria la obligacin estatal. Que lo que se pacte se cumpla en forma sincrnica, con garantas reales. As, si el Estado falla, si el rgimen se burla, la otra parte tiene derecho a tomar otra va y a tener medios legtimos para exhortar a las elites y a sus cuerpos armados a que cumplan. O a desarrollar alternativas.

Ojal la confrontacin no sea la senda de Colombia en el prximo medio siglo. Ya no hay tiempo para equivocarse. Entre otras razones por exigencias que devienen de la propia destruccin medio ambiental y de nuestra situacin existencial y de capacidad como gnero humano para construir un buen vivir como lo formulan los pueblos en lucha, que es no una idea caprichosa sino de resistencia y conservacin colectiva. Por eso no slo debe exigirse la finitud en la dimensin utpica de la rebelin. No. Lo que hay que hacer es instar enrgicamente a los de arriba a que cedan en sus estructuras de poder y codicia. Lo deca Camilo Torres Restrepo sobre la necesidad de que esos grupos acostumbrados a su inmunidad e impunidad, definan cmo van a realizarse los cambios. No puede valer que ellos, los ahtos que deca Camus, a sus anchas no tengan lmites ni restriccin de medios. Y millones de seres sean despojados de condiciones de una vida digna.

Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho, autor de La rebelin de los lmites y numerosos ensayos, actual asesor jurdico del ELN en el proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.



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