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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-05-2018

La criminalizacin de la solidaridad en el Mediterrneo

Juan Hernndez Zubizarreta
La Marea


Los defensores de las personas en movimiento se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, denuncias en el discurso pblico y criminalizacin. En concreto, se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a otras personas en movimiento, y se les han embargado embarcaciones. En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 23 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situacin de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, apuntalaba con estas palabras la preocupacin que diferentes organizaciones sociales tienen frente a la creciente criminalizacin de la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas en tierra europea.

Y es que hoy las diferentes normas penales y administrativas lo mismo se aplican a vecinos y vecinas del valle del Roya, situado en la frontera francoitaliana, que a estudiantes, personas jubiladas, agricultores, bomberos o a misiones de salvamento martimo. Se extienden tanto a acciones de ayuda humanitaria y sensibilizacin con ONG como Proactiva Open Arms, Salvamento Martimo Humanitario o Proem-Aid, como a personas concretas como la activista espaola Helena Maleno, el sacerdote eritreo Mussie Zerai o el agricultor francs Cdric Herrou.

Ya dice el Relator de la ONU en el informe mencionado que el simple acto de ofrecer t y galletas a un inmigrante irregular ha sido motivo de enjuiciamiento penal, y que varios pases han ordenado el cierre de comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la demolicin de centros de alojamiento temporal. Medidas que van acompaadas de profundas reformas de los marcos normativos, que conllevan la criminalizacin de las organizaciones que trabajan en favor de las personas migrantes. El aplastante triunfo de Orbn en Hungra va a dar paso a la aprobacin de una dursima ley en este sentido.

La directiva 2002/90 del Consejo de la Unin Europea, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulacin y a la estancia irregular, precisa que los Estados miembros debern sancionar a cualquier persona que ayude a entrar o transitar dentro de la UE a personas no nacionales de un Estado miembro. Y queda a criterio de los Estados no penalizar a quienes acten por motivos humanitarios. Todo ello est provocando, por un lado, un desorden normativo que genera una falta de seguridad jurdica segn cul sea el Estado en que se ayude a personas migrantes y refugiadas; por otro, que los Estados no apliquen la clusula humanitaria y, por tanto, que contine la criminalizacin en territorio comunitario. Por qu las instituciones europeas no regulan, de manera expresa y precisa, que la ayuda humanitaria y solidaria de quienes apoyen a las personas refugiadas y migrantes no puede sancionarse en ningn caso y en ningn pas de la UE?

Estos hechos no son ajenos al contexto especfico en que se desarrollan las polticas migratorias, tanto de la UE como de pases como Italia. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su sesin del 18-20 de diciembre de 2017 realizada en Palermo, ha reseado una serie de sucesos de mxima transcendencia para comprender toda la complejidad que envuelve la criminalizacin de la solidaridad. Sin ir ms lejos, en relacin al el procesamiento de los buques humanitarios que actan en las costas del Mediterrneo.

Los Estados miembros estn promoviendo polticas de externalizacin de fronteras con el apoyo poltico y econmico de la Unin Europea. Son polticas dirigidas contra la migracin y realizadas a travs de acuerdos con pases de origen y de trnsito de las personas migrantes. Tal y como describe el TPP, estos convenios son regmenes para-jurdicos, con modalidades tales como agendas, asociaciones, declaraciones, intercambios de notas, memorandos, etc.; todos caracterizados por la opacidad, la informalidad, el secreto y la arbitrariedad, lo que les permite escapar a cualquier forma de control democrtico. Adems, las polticas de externalizacin interpretan de manera muy discrecional la obligacin de socorro y fomentan la criminalizacin de las organizaciones de rescate en el mar o de quienes practican asistencia y solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas.

En el caso de Italia, comienzan con el proceso de Karthoum (2004) y finalizan con los acuerdos bilaterales con pases como Egipto (2007), Nigeria (2011), Sudn (2016), Libia (2017) o Niger (2017). El TPP destaca dos de los casos mencionados.

El primero, el memorndum de entendimiento entre Italia y Sudn firmado en agosto de 2016, que no es ajeno al hecho de que el presidente Bashir haya sido condenado dos veces por la Corte Penal Internacional por crmenes contra la humanidad. Este memorndum deja claro que no puede garantizar los derechos humanos, ya que la expulsin colectiva de Europa de los migrantes sudaneses y su exposicin al riesgo de tratamiento inhumano y degradante es una prueba fehaciente de la contradiccin de este acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El segundo, el memorndum de entendimiento con el gobierno de reconciliacin nacional del Estado de Libia. Este no ha tenido en cuenta la inestabilidad del pas, cuyas autoridades no estn en posicin de garantizar la potestad jurisdiccional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra los migrantes, ya que varios gobiernos supuestamente legtimos y tres grupos militares se autoproclaman como ejrcitos legales. Por otra parte, la existencia de centros de detencin y de trnsito de hecho, enormes crceles a cielo abierto, junto a la manifiesta complicidad entre las fuerzas de orden y de seguridad y las organizaciones de traficantes de seres humanos, son hechos elocuentes de la creciente impunidad. No podemos olvidar que la guardia costera libia est formada por grupos armados apoyados por la UE.

El TPP ha certificado, adems, la manera en que los testigos narraron numerosos casos de muertes, deportaciones, desapariciones de personas, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones, esclavitud y una sistemtica persecucin a los hombres y mujeres migrantes. Parece evidente que externalizar las fronteras a Sudn y a Libia implica devolver a miles de personas, cuyos derechos humanos son vulnerados sistemticamente, al lugar del que huyen. Se subordina la obligacin que tienen los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias de socorrer y acoger a las personas que se encuentran a la deriva en el Mediterrneo, por acuerdos que priorizan la seguridad y la externalizacin de fronteras. Lo que acarrea, a su vez, perseguir y criminalizar a las organizaciones y barcos que protegen a quienes escapan de biografas del horror. As se va consolidando una verdadera asimetra jurdica, que sita los acuerdos de externalizacin de fronteras por encima de las convenciones internacionales de derechos humanos y afianza las devoluciones en caliente.

Igualmente, el Tribunal Permanente de los Pueblos constata que la decisin de las instituciones ejecutivas de la UE y de la Agencia Frontex de suspender la operacin de socorro Mare Nostrum y la activacin de la operacin de vigilancia Tritn ha provocado el retroceso de la lnea de patrullaje y rescate en defensa de los lmites de las aguas territoriales italianas. Esto supone el incremento del nmero de muertes en el mar, y al mismo tiempo ha comprometido el trabajo de las ONG de salvamento al quedar condicionadas por la obligacin de devolucin a la guardia costera libia.

En febrero de 2018 Frontex ha puesto en marcha la denominada operacin Themis, que ya no obliga a trasladar a las personas refugiadas y migrantes rescatadas en el mar Mediterrneo a Italia. Eso implica, de facto, desplazar a Libia la responsabilidad de salvar a los migrantes en el mar. En este sentido, el director de Proactiva Open Arms, scar Camps, ha manifestado que en el puerto de Trpoli se encuentra amarrado el buque Capri de la marina de guerra italiana, desde donde se coordinan los guardacostas libios. Libia se convierte pues en el eje sobre el que bascula la defensa de las personas refugiadas y migrantes, toda una paradoja radicalmente opuesta a la filosofa de los derechos humanos.

Por si fuera poco, todo ello viene acompaado de procesos judiciales contra las ONG que operan en las aguas del Mediterrneo central y de campaas difamatorias en connivencia con el gobierno italiano. Este ltimo, adems, ha tomado otras iniciativas dirigidas a disuadir su presencia, como el cdigo de conducta, la acusacin de complicidad con los traficantes y la extensin de dudas sobre su financiacin. Est muy claro que no quiere testigos humanitarios y solidarios que cuestionen con su mera presencia la crueldad de las polticas migratorias. El TPP ha escuchado acusaciones detalladas del comportamiento de la guardia costera libia, recogidas durante la declaracin de los representantes de la organizacin alemana Sea Watch, Sos Mediterrane y Proactiva Open Arms, y ha valorado que la responsabilidad debe extenderse al gobierno italiano y a las agencias europeas.

En realidad, los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias no solo estn eliminando y suspendiendo derechos, tambin estn reconfigurando quines son sujetos de derecho y quienes quedan fuera de la categora de seres humanos. Y eso provoca una nueva etapa en la desregulacin del sistema internacional de los derechos humanos. Todo ello tiene una profunda conexin con esa lgica colonial y racista que promueve diferentes derechos para diferentes categoras de personas. Como afirma Camps, el Shara y el Mediterrneo son las autnticas cmaras de gas del siglo XXI.

No obstante, conviene recordar que las normas internacionales de derechos humanos no avalan bajo ningn concepto que organizaciones de la sociedad civil sean procesadas por prestar ayuda a personas refugiadas y migrantes a lo largo del continente europeo. Si la equidad es un valor vinculado a las polticas pblicas, la solidaridad se une directamente con los ncleos esenciales de los derechos humanos, y las personas y organizaciones sociales tienen todo el derecho y el deber de ponerla en prctica, ya que es una exigencia tica ineludible. Es ms, prestar ayuda a quien la necesita, ms all de su situacin administrativa, est perfectamente adecuado a la filosofa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. As lo reflejan las convenciones internacionales sobre refugiados, la Declaracin sobre los defensores de los derechos humanos en conexin con la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho del Mar, junto a los diferentes informes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre la situacin de los defensores de los derechos humanos.

Por eso, ayudar a los personas a cruzar el Mediterrneo en la actual situacin de reiterado incumplimiento institucional y ausencia de polticas a favor de los derechos humanos es perfectamente legtimo, ms all de la legalidad comunitaria y nacional que prioriza las repatriaciones y las devoluciones en caliente. De ninguna manera la ayuda humanitaria y la solidaridad entre seres humanos puede ser ilegal. Como dijo la lder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst en 1908 al jurado que la estaba juzgando, estamos aqu no por quebrantar las leyes, sino por nuestros esfuerzos por crear nuevas leyes.


Juan Hernndez Zubizarreta (@JuanHZubiza) es profesor de la Universidad del Pas Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) Paz con Dignidad.

lamarea.com

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