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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-05-2018

Qu hacen el Gobierno y los poderes del Estado ante la agresin a lderes sociales?

Camilo Gonzlez Posso
Prensa Rural


1. Qu determina la agresin a los lderes sociales en el posacuerdo?

La dinmica objetiva de asesinato de lderes y de persistencia de graves abusos a los derechos humanos esta animada por la matriz de varios vectores activos en el posacuerdo y que tienen como lgica comn implcita la oposicin violenta a la transicin al posconflicto:

1. La recomposicin territorial por la desaparicin de las FARC como organizacin militar y la disputa de diversos grupos por el control de rentas que anteriormente sustentaron la economa de guerra en estrecha relacin con negocios ilegales.

2. La recomposicin de poderes locales y regionales en las zonas de mayor incidencia de las FARC al desaparecer el poder armado y hacerse visible el poder desde organizaciones sociales en el territorio y sus tensiones con poderes polticos y econmicos subordinados en condiciones de conflicto armado.

3. La persistencia del Complejo Paramilitar que se sustenta en nuevas formas de articulacin de grupos armados narcoparamilitares, con parapolticos, funcionarios cooptados aliados y negociantes que se nutren de la continuidad de la violencia armada.

4. La reorganizacin del narcotrfico y sus redes mafiosas que se apoyan en negociantes del lavado de activos, narcoparamilitares, grupos sicariales, agentes del Estado y nueva alianzas con organizaciones trasnacionales del crimen organizado. (Carteles Mexicanos, Gringos, Dominicanos, Italianos, etc.)

5. El renovado protagonismo de conflictos estructurales por la tierra, el territorio y los recursos naturales en zonas de neocolonizacin, de propiedad indgena o de comunidades negras y en territorios de la nacin. Se incluyen violencias contra los despojados y victimas del desplazamiento que reclaman sus derechos, contra opositores a macroproyectos y el acaparamiento de tierras y recursos.

6. La incidencia, en los conflictos territoriales y de poder locales y regionales, asociada a la extrema polarizacin y al escalamiento de la oposicin a la implementacin de los acuerdos de paz sustentados en estigmatizacin y discursos del odio contra toda expresin de izquierda anti neoliberal y manifestacin de respaldo a los acuerdos.

7. La persistencia de los discursos de guerra o de soporte de la cultura de contrainsurgencia que califica de enemigo al contrario y de terrorista al opositor que acepte los acuerdos de justicia y participacin poltica de excombatientes que pasaron a la legalidad con los acuerdos de paz.

8. Los reacomodos territoriales del ELN y el EPL y la redefinicin de las estrategias de insurgencia y contrainsurgencia con escalamiento de atentados y operaciones militares que afectan a la poblacin en las zonas de guerra.

9. El impacto de la militarizacin de territorios para la erradicacin forzada de cultivos ilegales y la persecucin de grupos armados organizados definidos como enemigos de guerra o prolongacin del conflicto armado interno.

Esta matriz de vectores determina el conjunto de la situacin nacional y la matriz de riesgos para lderes, comunidades y la poblacin en general y se concreta en situaciones regionales, locales o en dinmicas nacionales. Los coeficientes y combinacin de variables operan de diversa manera segn las caractersticas e historia de cada regin y de los complejos urbano rurales que las definen. De modo que el modelo de interpretacin matricial no se reduce a la causalidad lineal y le da una lectura especfica a la multicausalidad con variables autoregresivas.

2. Qu hace el Gobierno?

Desde la firma de los acuerdos de paz el gobierno, la Fiscala, la Procuradura, la Defensora del Pueblo, la Fuerza Pblica y otras instituciones implicadas han multiplicado sus planes y acciones para responder a los retos de la nueva situacin de posacuerdo y trnsito al posconflicto en Colombia. Han sido eficaces y se espera una reduccin radical de la violencia armada remanente y de las agresiones a los lderes en los prximos meses?

Organizaciones internacionales encargadas de hacer monitoreo o verificacin a la implementacin de los acuerdos de paz con las FARC, al cumplirse el primer ao de la firma del pacto final y los primeros seis meses desde la dejacin de armas, han constatado avances, obstculos y retrocesos en materia de seguridad y garantas polticas.

El panorama general de violencia ha cambiado positivamente en los ltimos aos y han disminuido las infracciones a las Normas del Derecho Internacional Humanitario y hechos de violencia que han caracterizado el conflicto armado interno en Colombia. Eso dicen los indicadores de homicidio de persona protegida, desaparicin forzada, tortura, secuestro y privacin arbitraria de la libertad, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual de actores armados, muertes y heridos en combate, vctimas de minas antipersona.

La tregua unilateral declarada por las FARC en medio de las negociaciones, el desescalamiento de acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Armadas, el cese al fuego definitivo pactado en La Habana y la accin contra grupos armados organizados ha tenido un impacto decisivo al acelerar el cambio de tendencia desde la situacin de violencia generalizada a expresiones regionalizadas en un conflicto armado de baja intensidad que recicla formas de vulneracin a la poblacin civil.

En ese contexto es que se presentan situaciones regionales de persistencia de la violencia armada, de oposicin a formas institucionales de control territorial y de recomposicin de poderes violentos en las zonas criticas de la guerra que termina o de conflictos estructurales por territorios y recursos.

Con la firma de los Acuerdos de Paz se inicio el montaje de numerosos dispositivos de garantas de seguridad y se habl de una nueva poltica en la materia para afrontar los ataques criminales a la implementacin de los acuerdos y la construccin de paz; se definieron nuevas instancias para enfrentar a las organizaciones criminales herederas del paramilitarismo y ofrecer garantas polticas y proteccin a comunidades, organizaciones, lideres y excombatientes. En el primer ao se adoptaron leyes, decretos y resoluciones para instaurar el Sistema Integral de Garantas de Seguridad y fortalecer medidas de prevencin y proteccin; adems se crearon instrumentos como la UEI en la Fiscala, el Cuerpo lite de la Polica Nacional, en la UNP y en total 18 espacios de proteccin, garanta o coordinacin con instancias nacionales y regionales. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz y la Misin de Verificacin de Naciones Unidas han valorado avances en esta construccin institucional en los primeros meses de implementacin y han sealado las dificultades para que opere con efectos ms contundentes en terreno frente a retos nuevos y crecientes.

En los balances de seguridad entregados por el gobierno a los medios de comunicacin se hace la relacin de resultados operacionales en golpes a los Grupos Armados Delincuenciales, bajas de jefes del Clan de Golfo y de otros grupos, operaciones militares en contra del ELN y disidencias de las FARC. En particular en esos informes se da cuenta de los planes y operaciones de control territorial realizadas por todas las fuerzas armadas (Plan Victoria, Municipios Seguros, Hrcules, Orus, etc., etc.); y se destaca el papel del Ejrcito y de la Polica Antinarcticos en la erradicacin forzada de ms de 60.000 hectreas de coca, la incautacin de cerca de 500 TM de cocana y la presencia de unidades militares en 675 veredas de los municipios con situaciones criticas y antigua presencia armada de las FARC. Son ms de 65.000 efectivos de la Fuerza Pblica destinados a esas labores de control territorial en la nueva situacin de pos acuerdo.

Con todo ese despliegue de normas, nuevas instancias, planes e instrumentos operativos Porqu el incremento de asesinatos y agresiones a lideres sociales en los territorios de graves conflictos violentos estructurales y en donde la guerra con las FARC ha terminado?

Hay muchas lneas de explicacin entre las cuales se han mencionado en los debates pblicos la falta de previsin y adecuada caracterizacin de riesgos desde el inicio de las negociaciones de paz o desde el momento de la firma de borradores de pacto que indicaron la alta probabilidad del acuerdo final. En algunos escritos, como la propuesta de Plan de Urgencia presentado por INDEPAZ en 2014, se advirti sobre la necesidad de iniciar acciones en los territorios crticos y de presencia de la FARC para que al llegar el momento de la implementacin de los pactos se tuviera tiempo y terreno ganado.

A la imprevisin se le suma ahora la dificultad para que el gobierno y las entidades del Estado comprometidas en la garanta de seguridad y la implementacin de los acuerdos concilien una caracterizacin del fenmeno criminal, militar, econmico y sociopoltico que se manifiesta en la persistencia de violencias y en particular de asesinatos y agresiones en contra de lderes, lideresas, organizaciones y comunidades.

Muchos elementos propios de la poltica de seguridad parecen indicar que durante el primer ao de la transicin en posacuerdo predomin una estrategia de continuidad de la Consolidacin Territorial que orient la contrainsurgencia en las ltimas dos dcadas. Se asumi la firma del pacto final con las FARC como la victoria en la guerra y en consecuencia el paso inicial correspondi a la consolidacin militar del control territorial como condicin para los otros de normalizacin institucional y seguridad para las grandes inversiones vistas como las encargadas de brindar oportunidades para reconversiones econmicas. De esta manera el Estado llega a territorios que han estado en disputa con una prolongacin de las estrategias contrainsurgentes.

Para reforzar la estrategia de priorizar el control militar del territorio en el primer ao se redefinieron objetivos colocando en primer lugar al ELN, las disidencias y grupos residuales y a los denominados Grupos Armados Organizados- GAO. Parece que en la realidad se entendi la situacin como una nueva fase de la guerra, la fase posacuerdo para derrotar las nuevas y viejas amenazas armadas. La definicin de GAOs basada en enunciados del Derecho Internacional Humanitario es la integracin de la lucha contra el narcotrfico y sus bandas armadas a un panorama de conflicto armado de carcter no internacional que los coloca como legtimos objetivos de aniquilamiento blico. Por esa va se tiene el peligro de elevar el posacuerdo y la transicin al posconflicto a la calidad de otra guerra.

En consonancia con lo anterior la relacin de mayor alcance con la poblacin se subordin en los hechos a la meta de acabar con los cultivos de coca mediante erradicacin forzada aunque en esa tarea se colocara a centenares de miles de familias como objetivo de la accin coercitiva del Estado que los condena al hambre y al desplazamiento.

Como ocurri con la Doctrina de Accin Integral y los CCAI, ahora tambin se reconoce la importancia de articular el control territorial militar con iniciativas de inversin social y creacin de condiciones para la vigencia del Estado de Derecho. Pero ahora como en los tiempos de la cruda guerra, en el terreno de operaciones y zonas rojas, lo militar subordina a todo lo dems que se va postergando y nunca llega a tiempo.

En la implementacin de los acuerdos se ha impuesto la renegociacin a diferentes niveles, incluido el Congreso de la Repblica, la Corte Constitucional, el Fiscal, los gremios econmicos, las asociaciones de militares retirados y tras escena las negociones con Washington. Esta renegociacin ha ido recortando el alcance de los acuerdos de paz firmado en noviembre de 2016 y ha hecho ms lenta la implementacin; a la incertidumbre de la implementacin se agrega la beligerancia de la oposicin y la fractura de la coalicin de gobierno con el paso de Cambio Radical y de algunos conservadores a la oposicin a temas clave de los pactos de paz.

La inseguridad de los acuerdos de paz y el recorte de su alcance tiene implicaciones en todos los dominios de la vida nacional y de manera especial en aquellos territorios en los cuales con el posacuerdo se desatan recomposiciones de poder e iniciativas de grupos armados y de poderes econmicos y polticos. La reforma rural integral no logra ponerse en marcha con sus elementos fundamentales de democratizacin y acceso a tierras y otros factores de produccin por parte del campesinado; por el contrario las reformas rurales que se institucionalizan como las leyes de Zidres - benefician a la gran propiedad, a los oligopolios agroindustriales y al saneamiento del acaparamiento de tierras realizada en medio de la violencia y en contrava de la reforma agraria prometida con la ley 160 de 1994.

Uno de los ejemplos notables del efecto perverso de la negacin de los pactos de paz es la ofensiva contra los campesinos cocaleros con la erradicacin forzada. Con la erradicacin de 60.000 hectreas en 2017 y otras 40.000 has en 2018 la accin del Estado est produciendo una catstrofe humanitaria que lanza al vaco a 150.000 familias asociadas directamente a los cultivos ilegales y a por lo menos otras 100.000 familias proveedoras de alimentos y bienes en las veredas que han dependido indirectamente de los ingresos de la economa cocalera. Eso equivale a cerca de 500.000 personas, incluidos infantes y ancianos y lanza a centenares de miles de jvenes al mercado violento de narcotraficantes y toda suerte de negociantes con la muerte. Esta accin con dao en las comunidades y en los territorios ms afectados por la guerra que se quiere dejar atrs, desafortunadamente es la accin estatal ms visible y choca con otras. Al lado de esto las promesas de planes de desarrollo con enfoque territorial o las cuentas de inversiones anunciadas desde 2014 o antes no logran ganarle la batalla a la oferta de las mafias y de los grupos armados.

Para que se desmonte la matriz de vectores que determinan la persistencia de violencias en los territorios, que siguen en disputa o como escenarios de acciones armadas, es urgente que se revisen las estrategias de seguridad y de construccin de paz en el posacuerdo. Y tambin es necesario que se aborden variables determinantes de la persistencia de los patrones sistemticos violentos sobre los cuales hay ms silencio y temor que valoraciones reales: en esa lista de silencios sobresale el papel de la corrupcin y de la complicidad desde la institucionalidad, los negocios sucios legalizados y los que hacen algunos agentes de la fuerza pblica y de los gobiernos en zonas crticas de reparto ilegal de rentas y activos. Ese es un silencio a voces que recorre el pas de norte a sur y viceversa, que esta lleno de tipos penales como soborno, complicidad, extorcin, encubrimiento, asociacin para delinquir, enriquecimiento ilcito, lavado de activos, malversacin de recursos, peculado, etc.

Son muchas las iniciativas de proteccin de lderes y comunidades que se han puesto en marcha pero su efectividad depende de la implementacin del conjunto de los acuerdos y de la redefinicin de esas estrategias en funcin de la transicin al posconflicto y la construccin de paz.

3. Diez propuestas de accin urgentes

Desde INDEPAZ se han presentado varias iniciativas para enfrentar la persistencia de la violencia armada contra comunidades, lderes, lideresas, territorios, organizaciones e instituciones. En el Informe Estadstico correspondiente al primer trimestre se incluyen propuestas urgentes que pueden estimular respuestas desde el Estado y la sociedad. Aqu se completan acogiendo ideas de organizaciones sociales:

1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los mecanismos de autoproteccin de las comunidades tales como: las guardias indgena, cimarrona y campesinas.

2. Pactos regionales de no violencia y en contra de la estigmatizacin promovidos por los consejos territoriales de paz y dems espacios institucionales del sistema de participacin.

3. Cumplimiento de los acuerdos de paz e implementacin participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los pactos de sustitucin.

4. Incorporacin a los pactos de sustitucin de cultivos de uso ilcito de todas las familias que han expresado su voluntad de participar, algunas de las cuales ya han firmado compromisos con el PNIS, y por lo tanto suspensin de erradicacin forzada en esos territorios y ejecucin del los Pactos de Atencin Inmediata y los programas de reforma rural inicial en su primera fase.

5. Ejecucin urgente de las inversiones ya definidas en planes regionales y contratos plan en los municipios ms afectados por la violencia.

6. Plan de urgencia de inversin social para la juventud y las mujeres con incorporacin masiva a programas educativos y a proyectos productivos y culturales

7. Cumplimiento estricto de los compromisos con los excombatientes tantos en los Espacios Territoriales de Capacitacin y Reincorporacin como en otros de proyeccin socioeconmica y poltica en la legalidad.

8. Compromisos polticos y sociales de implementacin plena de los acuerdos firmados por el gobierno con las comunidades en los territorios con graves conflictos (Buenaventura, Choc, Tumaco, Cauca, Bajo Cauca, Catatumbo, Guaviare, Cumbre Agraria, Minga Indgena).

9. Ante la recomposicin de grupos armados y del narcoparamilitarismo se requiere una revisin de las estrategas. Entre las urgencias estn: Trmite en esta legislatura del proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y otras estructuras delincuenciales; presin para cese de hostilidades y cumplimiento de las normas humanitarias; medidas concretas de seguridad humana y revisin de estrategias basadas en la continuidad de la consolidacin territorial contrainsurgente. Acuerdo en Quito de un modelo de negociacin con cese indefinido al fuego y a las hostilidades.

10. Plan anticorrupcin que comprometa a todos los agentes del Estado y a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para cortar y evitar cualquier complicidad, colaboracin o connivencia con las economas ilcitas y las dinmicas violentas para la apropiacin de recursos pblicos y rentas de negocios legales o ilegales.


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23064



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