Portada :: Economa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-05-2018

El blanqueo de capitales, el fraude, la evasin fiscal y las jurisdicciones offshore socavan la justicia de gnero

Juan Hernndez Vigueras
La Europa opaca de las finanzas


El despertar de Hollywood frente a los abusos sexuales de los magnates del cine y las denuncias del movimiento #metoo desencadenado en las redes sociales, sumados a los escndalos de las violaciones impunes en la India y a las protestas masivas de mujeres en Espaa frente a la ya famosa sentencia de la Manada de la Audiencia de Navarra, revelan un sbito ascenso de la conciencia ciudadana mundial sobre las injusticias de gnero ms visibles en las diversas sociedades humanas del planeta.

Sin embargo, a menudo se ignora que las injusticias de gnero estn insertas hoy por hoy en el sistema econmico capitalista actual, en el conocido como sistema de economa de mercado en que se basan los regmenes polticos democrticos y autocrticos. Y en esa direccin apunta un estudio de la Fundacin Friedrich Ebert del partido socialdemcrata alemn, en el que se exploran algunas interrelaciones entre la justicia tributaria y la justicia de gnero, destacando cmo los flujos financieros ilcitos, desde el blanqueo de dinero sucio a la evasin y el fraude fiscal favorecido por los notorios parasos fiscales offshore, se desarrollan en perjuicio de la situacin social de la mujer en nuestras sociedades. De modo que, como apunta el ttulo del citado estudio, los flujos financieros ilcitos socavan la justicia de gnero. Y que por el indudable inters, de esa investigacin presentemos aqu algunas de sus ideas y reflexiones a modo de invitacin a su estudio y difusin.

La situacin de la mujer en el mundo se ve daada de modo particular, en primer lugar, a travs de los efectos de la evasin y el fraude fiscal y, en segundo lugar, por el papel de las jurisdicciones financieras opacas as como de las redes mundiales de despachos y agencias facilitadoras, que abren las compuertas para que fluyan los capitales ilcitos resultantes de la trata de mujeres y dems negocios ilcitos de la globalizacin financiera. En el referido estudio se sostiene que la confrontacin y el desmantelamiento de los facilitadores internacionales y de las jurisdicciones opacas no solo sern pasos auspiciosos en aras de la transparencia y la igualdad mundial, sino que tambin contribuirn a la igualdad de gnero, as como al respeto, la proteccin y el cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y nias. Y el anlisis finaliza con una lista de recomendaciones en materia de polticas nacionales e internacionales y ofrece lneas de accin estratgica para combatir la evasin fiscal y el impago generalizado de impuestos, as como el lavado de dinero procedente de actividades delictivas.

Justicia tributaria y justicia de gnero

A fin de comprender algunos de los nexos cruciales entre la justicia tributaria y la justicia de gnero, es importante observar tres factores interrelacionados que inciden en la capacidad recaudatoria de los Estados y en el impacto distributivo de los ingresos fiscales a lo largo y a lo ancho de la sociedad, como son:

La carga tributaria.

La estructura impositiva.

- Las polticas y mecanismos para combatir el fraude y la evasin fiscal en el plano nacional e internacional.

Es obvio que la prdida de ingresos fiscales tiene unos impactos negativos en el cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y nias, as como en la lucha contra las desigualdades. Y es que las polticas tributarias no son neutrales y pueden promover u obstaculizar la igualdad social y la igualdad de gnero. Las mujeres y los hombres no experimentan de la misma manera el impacto de las polticas tributarias, a causa de las posiciones diversas y desiguales que ocupan como fuerza de trabajo, como consumidores, como productores, como propietarios de activos y como responsables de las actividades comprendidas en la economa del cuidado, dentro y fuera del hogar. Adems, la desigualdad de gnero se entrelaza con otras desigualdades que resultan del estatus socioeconmico, la raza, la edad, la ubicacin, la casta y dems marcadores sociales.

En su actuacin individual y colectiva, los Estados tienen el deber de movilizar los mximos recursos disponibles para cumplir progresivamente los derechos humanos de las mujeres y las nias. Tambin tienen la obligacin de crear un entorno internacional propicio para el goce efectivo de los derechos econmicos, sociales y culturales, incluidos los que se relacionan con cuestiones tributarias.

Los impuestos son la fuente ms sostenible y predecible para financiar los bienes y servicios pblicos, as como una herramienta clave para lidiar con la desigualdad econmica, incluida la desigualdad en materia de gnero. Sin embargo, la poltica tributaria actual no genera ingresos suficientes para atender el gasto pblico demandado por nuestras sociedades ni para cerrar las brechas de financiacin detectadas en lo que concierne a la igualdad de gnero y los derechos de las mujeres.

La referida investigacin destaca la tendencia actual de los sistemas tributarios en cierto nmero de pases hacia la reduccin de los impuestos directos, al aumento de los impuestos sobre el consumo y a la escandalosa disminucin de la tributacin del capital. Tendencia fiscal que ilustra con datos de la realidad latinoamericana y caribea en lo que concierne a la estructura impositiva. Menos de un tercio de la recaudacin latinoamericana y caribea proviene de impuestos directos, mientras que el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros gravmenes indirectos. Durante el perodo 2010-2014, la regin recaud en promedio un 9,4% del PIB en impuestos indirectos (en comparacin con el 10,9% de los pases que integran la OCDE), mientras que los impuestos directos promediaron el 5,7% del PIB, muy por debajo del 13,8% correspondiente a los pases de la OCDE. Por otra parte, tras casi cuatro dcadas de globalizacin financiera y creciente poder de las grandes corporaciones, las rentas del capital an estn sujetas a una tributacin muy baja y sobresalen los desequilibrios en los programas de incentivos fiscales .

Por tanto, saltan a la vista las implicaciones de estas revelaciones para los derechos humanos de las mujeres y la justicia de gnero. Cuando un Estado no moviliza recursos suficientes y registra dficits presupuestarios, la provisin de servicios pblicos (educacin, salud, instalaciones sanitarias, transporte, infraestructura social, cuidados o atencin de necesidades especiales) es insuficiente y de mala calidad. Y esta dinmica perpeta o incluso exacerba la desigualdad de gnero, porque debido a las desiguales relaciones de poder de gnero en la sociedad, las mujeres estn sobrerrepresentadas entre los pobres y en la franja poblacional con empleos precarios o mal remunerados. Las mujeres tambin son ms dependientes de las prestaciones estatales y suelen cargar con la mayor parte de la provisin no remunerada de cuidados cuando el Estado recorta los servicios sociales.

Adems, cuando un Estado ve disminuida su capacidad para recaudar impuestos y controlar los flujos financieros ilcitos, tiende a compensar la prdida de los ingresos tributarios con el aumento de gravmenes que recaen sobre los contribuyentes cumplidores, como pequeas y medianas empresas e individuos de recursos moderados; o con un desplazamiento de la presin hacia los impuestos indirectos. En consecuencia, si un Estado no combate el abuso y la delincuencia fiscal, es probable que beneficie desproporcionadamente a los individuos ricos a costa de las personas en situacin de desventaja. Por otra parte, se ha comprobado que la evasin tributaria internacional, las guaridas fiscales y el sistema de jurisdicciones offshore son utilizadas por las grandes corporaciones para minimizar su carga fiscal y lograr ventajas competitivas descomunales sobre las empresas nacionales.

Aqu tambin hay una dimensin de gnero, porque las mujeres estn sobrerrepresentadas en las pequeas y medianas empresas (que se benefician menos de las oportunidades para eludir impuestos) y en la franja de los ingresos ms bajos. El informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos reconoce que las mujeres tienden a gastar una parte mayor de sus ingresos en productos bsicos, debido a las normas de gnero que les asignan la responsabilidad por el cuidado de las personas dependientes. Ello implica que las mujeres cargan con el grueso de los impuestos al consumo.

Los flujos financieros ilcitos y la trata de personas

Uno de los delitos internacionales que generan los flujos financieros ilcitos es la trata de personas, que impacta fuertemente en las mujeres. Los beneficios de esta explotacin se lavan por medio de los mismos mecanismos, estructuras, jurisdicciones y facilitadores que sirven a la evasin y al fraude fiscal.

La trata de personas es el resultado de mltiples factores situados en distintos planos, pero interrelacionados y arraigados en polticas econmicas que redundan en la escasez de medios de vida en los pases de origen, aparejada a la carencia de regulaciones para enfrentar la economa ilcita mundial. La violacin a los derechos humanos de las mujeres es tanto una causa como una consecuencia de la trata de mujeres. Las mujeres y las nias son particularmente vulnerables a la trata de personas, tanto por su posicin socioeconmica como por el lugar que ocupan en el proceso migratorio. Muchas mujeres son sometidas a la trata cuando intentan migrar. En consecuencia, la feminizacin de la migracin est ligada a las tendencias de la trata y a la feminizacin de la trata.

Las leyes que restringen la migracin, combinadas con la corrupcin frecuente de los funcionarios a cargo del rea, suelen crear un terreno frtil para la trata de personas. La pobreza (y la feminizacin de la pobreza), el desempleo, un contexto cultural que tolera la violencia contra las mujeres, sistemas patriarcales con normas que restringen la autonoma de las mujeres, el acceso limitado de muchas mujeres a recursos cruciales (medios econmicos, redes y vnculos sociales, informacin y conocimiento), as como la demanda de mano de obra barata en sectores econmicos feminizados, son algunos de los factores que promueven la vulnerabilidad de las mujeres a la trata de personas.

El papel prevalente de las mujeres como proveedoras del sustento familiar, como mano de obra barata en las cadenas globales de valor y como trabajadoras domsticas en el marco de una organizacin social del cuidado injusta, completa el crculo vicioso de sustentos e ingresos econmicos precarios. Al mismo tiempo, la trata puede considerarse una causa de violaciones a los derechos humanos, porque el propio acto de la trata constituye un quebrantamiento, entre otras cosas, del derecho a la dignidad y a la seguridad, a la libertad de movimiento y al trabajo en condiciones justas y favorables. La violencia contra las mujeres tambin es un rasgo inherente a la trata de mujeres.

Ciertamente, como decamos, los beneficios de esta explotacin se blanquean mediante los mismos mecanismos y jurisdicciones opacas y agencias facilitadoras que sirven a la evasin y al impago de impuestos. Ms an, la trata de personas tambin est relacionada con la actividad de las empresas multinacionales. Con miras de desligarse de la explotacin y la trata, las empresas multinacionales crean entidades intermediarias, subcontratan el eslabn ms precario de la cadena (donde tiene lugar el grueso de la trata y la explotacin laboral) y as efectan la externalizacin. Las ganancias originadas en esa explotacin se incorporan a la cadena global de valor, artilugio que sirve para ocultar y relocalizar la riqueza, escindindola del lugar donde se cre el valor. La trata de personas con fines de explotacin laboral se combina con otros mecanismos concebidos para el abuso fiscal transfronterizo y el traslado de beneficios, circunstancia que establece un nexo entre la trata de personas y los flujos financieros ilcitos.

Que la trata de personas involucra con frecuencia a grandes empresas, es especialmente obvio y predecible en el caso de la trata para la explotacin laboral. Varias empresas han sido objeto de denuncias internacionales documentadas por explotacin laboral, trabajo infantil o trata de personas. Entre ellas se cuentan Nike, Inditex, Nestl, ADM y Cargill. En estos casos, habitualmente se acusa a las empresas de hacer la vista gorda ante la violacin de normas laborales bsicas o el uso de trabajo infantil, y por ende se las considera responsables indirectas. Sin embargo, los talleres de trabajo esclavo o las fincas donde tiene lugar la explotacin operan en muchos casos como productores exclusivos para esas marcas, lo cual a todas luces debera contar como indicio de una relacin ms directa entre las marcas y la explotacin de personas sometidas a la trata.

La referida investigacin subraya la necesidad de colocar la lupa sobre la trata de personas como tipo de actividad delictiva que aporta recursos inmensos a los flujos financieros ilcitos. Porque la trata de personas es tanto una causa como una consecuencia de la violacin a los derechos humanos de las mujeres. Y la falta de recursos para implementar polticas pblicas integrales que garanticen niveles mnimos de bienestar, est en la raz de la vulnerabilidad de las mujeres a las redes de trata, as como a la explotacin laboral y sexual. La trata de personas y las consiguientes actividades de explotacin representan manifestaciones extremas de la violacin a los derechos humanos de las mujeres. Desde luego, la erradicacin de esta grave injusticia requiere voluntad poltica y acciones prcticas por parte de los gobiernos; pero sobre todo demanda una mayor conciencia ciudadana sobre la interrelacin entre el blanqueo de dinero sucio, la evasin y el fraude fiscal que promueven y amparan los parasos fiscales, por un lado, y las injusticias de gnero, por otro.

Fuente: http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter