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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-05-2018

Machismo en nombre del garantismo y alternativas feministas

Paz Francs Lecumberri
Rebelin


Con la sentencia de la manada se ha evidenciado una distancia muy importante entre la percepcin social de todo el proceso penal y la resolucin final de este asunto, y la respuesta que, adems de la que ha dado el propio tribunal con la sentencia, se ha ofrecido por parte de algunos mbitos jurdicos y polticos. Precisamente ha sido desde esa percepcin social donde se han dado nombre y voz a distintas realidades que estn en la base de todas las reivindicaciones. Y me refiero a las movilizaciones de la ciudadana expresadas en las plazas y calles y a aquellas que se han dado en foros pblicos y redes sociales por personas particulares o colectivos, no a las interpretaciones de esas expresiones que se han construido desde los medios de comunicacin masivos y sus voceros, y que considero han sido sustancialmente distintas.

La primera de las realidades que se ha querido visibilizar con estas movilizaciones ha sido la de que el acceso sexual al cuerpo de la mujer sin su consentimiento es un instrumento de dominacin del hombre sobre la mujer y as se ha ejercido a la largo de la historia. Es por ello que los delitos contra la integridad sexual se han reivindicado eminentemente como violencia de gnero, si bien no excluye que existan hombres y nios en relaciones de opresin en todo sistema patriarcal y que tambin puedan ser vctimas de estos delitos.

La segunda realidad a la que se ha dado nombre desde la calle es que a la hora de determinar qu puede afectar a la integridad sexual o no, qu es abuso o agresin, cmo practicar la prueba en este tipo de delitos etc., es fundamental la mirada desde el gnero. Bsicamente, se ha puesto encima de la mesa que el Derecho tiene gnero y que el Derecho ha servido y sirve para mantener y reproducir los roles de gnero y los privilegios de los hombres.

Desde luego, esta reaccin no ha sido casual y se enmarca en un momento que se nutre de dos fenmenos que se vienen construyendo desde lejos y sin los cuales no se entenderan las movilizaciones. El primero, el de un ms que consolidado movimiento feminista como formidablemente se pudo apreciar este ao en el 8M. El segundo, viene del hartazgo generalizado por la politizacin del sistema judicial, una progresiva represin de las libertades de la ciudadana y la impresin de que la justicia no es igual para todas las personas.

Sin embargo, frente a estas movilizaciones y en defensa de la sentencia, muchos juristas y polticos, los mismos que ayer clamaban por la prisin permanente revisable o que jams se han pronunciado sobre ningn tema comprometido acontecido en los ltimos aos (y la lista es larga), han apelado a un Derecho penal garantista y a la presuncin de inocencia. Desde mi punto de vista, el recurso a estos conceptos, en boca de todos estos sectores, no supone ms que la instrumentalizacin de estos trminos para consolidar las miradas carentes de gnero en la justicia tradicional.

Pero adems, se equivocan. Los reclamos no van y no han ido de renunciar a un sistema penal garantista. Lo que han tratado de hacer las manifestaciones es poner gnero a la justicia. Precisamente por ello esta discusin trae la cuestin ms profunda de qu modelo de justicia penal se quiere defender y progresivamente construir desde los feminismos y que tambin pasa por cuestionar ese pretendido modelo garantista que no es tal.

Uno de los retos de los feminismos se encuentra en cmo poner en el centro las cuestiones de gnero y otras opresiones que se han de reflejar en las normas para que no se perpeten las desigualdades, para que las personas (y en especial las mujeres) estemos realmente protegidas, sin recurrir al refuerzo del sistema punitivo actual que innegablemente, como advierte Angela Davis, no es ms que la consolidacin del patriarcado mismo. Para esto, la propuesta garantista es solamente la base.

Para ello, si bien las movilizaciones han sido extraordinarias, pienso que tambin, sosegadamente, tenemos que plantear miradas profundas a la justicia que excedan de los debates a los que se ha reducido lo sucedido en este caso: la falta o no de consentimiento de la vctima, si lo que sufri se trata de un abuso o una agresin sexual, de si es necesario reformar estos delitos o el respecto a la presuncin de inocencia.

Algunas de ellas son:

- Que no existen mecanismos dentro del proceso penal donde las personas, lejos de las lgicas de acusacin y defensa, puedan encontrar un espacio para la parte humana y en su caso para la reparacin.

- La necesidad de cuestionar el propio acto de juzgar para ser progresivamente sustituido por otro tipo de frmulas de resolucin de los conflictos, alejadas de la lgica del castigo con las que se refuerza la propia esencia de la dominacin.

- El cuidado a la vctima, que en los procesos penales por la finalidad de acreditar los hechos para la imposicin de un castigo al culpable, es muy difcil y en procesos tan mediticos como estos se le pone en la plaza pblica.

- Que la pena as impuesta es dudoso que solucione ni el conflicto, ni prevenga la comisin de futuros delitos por parte de esas mismas personas, ni por otras, ni atienda a la pacificacin social.

- La necesidad de rechazar frontalmente la pena de prisin.

En la violencia de gnero y sexual estamos ante algo muy profundo e histricamente muy enraizado, algo que no podremos erradicar con un simple reajuste de algunos roles en lo sexual o social. Esto mismo sucede con la justicia penal que tenemos: parece un rasgo de vida y nica forma de abordar el delito . Desde luego, mientras est presente la nocin colectiva de que el cuerpo de la mujer est disponible, es un objeto o se puede mercantilizar (en todas las dimensiones pensables) la dominacin y por tanto la afectacin a la integridad sexual estar presente en nuestra sociedad. Y a su vez, solo desenmascarando el sistema de dominacin en el que vivimos y nos relacionamos, del que forma parte el sistema de justicia penal que tenemos, tendremos la honestidad de ofrecer respuestas que no pasen por estructuras y formas patriarcales como son el proceso penal actual y la prisin, que sean ms justas para todos y todas, ms tiles socialmente y ms ajustadas a los Derechos humanos. Y esto s es una verdadera propuesta garantista.

Paz Francs Lecumberri. Profesora de Derecho penal, Universidad Pblica de Navarra.



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