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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-05-2018

La monarqua inmobiliaria de Mauricio Macri

Gabriela Massuh y Jonatan Baldiviezo
El cohete a la luna

Nuestros bienes comunes ms de 70.000 inmuebles del Estado estn en manos de una sola voluntad


El mundo, para el europeo, es un cosmos, en el que cada cual ntimamente corresponde a la funcin que ejerce; para el argentino, es un caos, escriba Borges en 1937. Se refera a nuestra bizarra relacin con la cosa pblica. Dicho con otras palabras, para el argentino, y sobre todo el porteo, los bienes comunes no son de todos, son de nadie. Ms all de que esto hable de un pas socialmente desintegrado (a menos que se trate de ftbol, donde la mayora de las desintegradas son las mujeres), el tema tiene una acuciante realidad: el despojo de tierras pblicas que estn llevando adelante el do dinmico de Macri & Larreta.

Durante los ocho aos de la intendencia de Macri dieron debida cuenta de este desfalco de tierras y predios pblicos impotentes y escasos movimientos sociales. Entre ellos, los defensores de del ambiente Basta de Demoler, Queremos Buenos Aires o el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Pero el tema brill tristemente por su ausencia en todos los medios, ya fueran K o proclives al PRO. Esta nueva campaa al desierto as la llamaban sus ejecutores, vendiendo civilizacin y progreso privatiz en 8 aos de intendencia macrista nada menos que 170 hectreas pblicas de la Capital, equivalentes a casi dos Puertos Madero.

Hoy, con Macri como presidente y el dueo del maxiquiosco porteo Larreta como intendente, el robo de Buenos Aires se convirti en un verdadero viva la pepa. Tanto, que el proyecto UNICABA que lanz Larreta, la pomposa Universidad docente anunciada como la formacin de profesores de excelencia, es nada ms que un brillante negocio inmobiliario: los 29 institutos que van a desaparecer estn en apetitosos predios de la ciudad cuyos aspirantes, los constructores de siempre, cumplen con el sueo de la demolicin para construir altas torres. Tanto, que el desprevenido habitante porteo amante de los edificios histricos debe enterarse en la ciudad de Cannes (Francia) de que el ancestral edificio La Prensa est puesto en venta Los ejemplos cunden pero ciertamente rebasan los lmites de este artculo.

Desde el olimpo de la presidencia

Inmediatamente despus de asumir como Presidente, Macri dict decretos nacionales para autorizar la venta de cientos de inmuebles del Estado Nacional a travs de la Agencia de Administracin de Bienes del Estado (AABE). En siete decretazos (de ninguna necesidad pero mucha urgencia), autoriz la venta de 107 inmuebles nacionales, 64 ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta poltica de descapitalizacin inmobiliaria y transferencia de tierras pblicas a empresas inmobiliarias fue el eje de la glamorosa gestin de Macri en la Ciudad, claro est, adems de las bicisendas y el Metrobs. Su heredero en la ciudad lo ha superado. Horacio Rodrguez Larreta en tan slo dos aos y medio ha privatizado otras 180 hectreas de tierra pblica.

La Agencia de Bienes del Estado parece funcionar al arbitrio privado del Presidente Maurizio. Si existe una ley en la que toda descapitalizacin de tierras pblicas debe pasar por el Congreso de la Nacin, ni al Congreso ni al Ejecutivo parece importarles demasiado. Se acta con una ligereza inslita: todo Estado que se desprende de tierras abandona espacios para construir plazas, parques, crceles, hospitales, escuelas, universidades y otros bienes que le pertenecen al conjunto de la ciudadana.

Adems de este desprecio por lo pblico y la destruccin de toda posibilidad del Estado como actor fuerte en el mercado inmobiliario, hay que preguntarse: cul es la autoridad que tiene el Presidente para decidir en soledad el destino de todos los inmuebles del Estado Nacional?

Para responder a esta pregunta hay que analizar el visto (marca de verificacin) de cada decreto. All se aclara que la facultad del Presidente para vender inmuebles surge del decreto Ley N 22.423 sancionado por la dictadura en el ao 1981, con el Congreso disuelto y firmado por Jorge Rafael Videla, refrendado por los ministros Jos A. Martnez de Hoz y Alberto Rodrguez Varela.

El artculo 67 de la Constitucin de 1853, vigente en 1981, estableca entre las atribuciones del Congreso Nacional la de disponer del uso y de la enajenacin de las tierras propiedad del estado Nacional. Por tal motivo, Videla, arrogndose la autoridad del Congreso, dict el Decreto-Ley N 22.423 a travs del cual se delegaba en el Poder Ejecutivo en forma absoluta la facultad de disponer de las tierras pblicas del pas. Con la vuelta de la democracia este Decreto-Ley conserv su vigencia.

En la reforma constitucional de 1994 se le reatribuye al Congreso Nacional su competencia: es el nico poder competente para proceder a la disposicin de un bien de propiedad del Estado Nacional. En su artculo 76 la nueva Constitucin estableci un nuevo marco normativo para la delegacin de facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo.

Cmo se compatibiliz el Decreto-Ley 22.423 de la dictadura con el nuevo marco que estableca la Constitucin Nacional en relacin a la delegacin de facultades del Congreso? En la Constitucin se previ una Disposicin Transitoria que deca: la legislacin delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducar a los cinco aos de la vigencia de esta disposicin excepto aquella que el Congreso de la Nacin ratifique expresamente por una nueva ley.

El Decreto-Ley N 22.423 no contena un plazo de ejercicio, por lo tanto qued prorrogada por cinco aos su vigencia. Vencido este plazo diversas leyes nacionales fueron prorrogando el plazo de vigencia de la legislacin delegada, preexistente a la reforma de la Constitucin de 1994, entre ellas la del Decreto-Ley N 22.423.

Luego de esta ltima ley el Congreso no prorrog nuevamente la vigencia de la legislacin delegada preexistente a la reforma de la Constitucin de 1994. Por lo tanto caducaron todas estas leyes, entre ellas el Decreto-Ley N 22.423.

Marcos Pea, el Maquiavelo

Cmo es posible que Macri base su autoridad en un Decreto-Ley que ya no tiene vigencia jurdica? Aqu puso el cuerpo el inefable Marcos Pea, Jefe de Gabinete de Ministros. En el ao 2016, en su Informe N 96 al Congreso Nacional, figura la pregunta N 87 realizada por la Diputada Mara Graciela De La Rosa. La pregunta expresaba:

Teniendo en cuenta que la reforma de la Constitucin Nacional realizada en el ao 1994 regul la facultad de delegacin legislativa en el Poder Ejecutivo por parte del Congreso (artculo 76) disponiendo que se prohbe la delegacin legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administracin o emergencia pblica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegacin que el Congreso establezca; y que el Decreto N 952/16 se sustenta en el Decreto-Ley N 22423 dictado en 1981 por Videla, el cual no contempla un plazo ni base para el ejercicio de las competencias delegadas, y que por lo tanto ha sido derogado implcitamente por la reforma de la Constitucin Nacional y su aplicacin resulta inconstitucional, y que tampoco fue previsto solicitar su autorizacin en el Decreto N 952/2016, avanzando por lo tanto sobre esta prerrogativa sin dar intervencin al Congreso: cul es la fundamentacin jurdica para que PEN avance sobre competencia privativa del Poder Legislativo, disponiendo la enajenacin de tierras del Estado sin autorizacin del mismo?

La respuesta de Pea fue:

En tal sentido, debe destacarse que el decreto-Ley 22423 sobre el que refiere la pregunta en cuestin forma parte del Anexo II del Digesto Jurdico Argentino aprobado por la Ley 26939 promulgada el 29 de mayo de 2014, y cuyo artculo 2 dice: Declrense vigentes las normas incorporadas al anexo II, Leyes nacionales de carcter general vigentes, que integra la presente ley.

Es por ello que, ms all de que el control de constitucionalidad de las leyes se encuentra reservado al Poder Judicial, la controversia respecto de la vigencia o no de las leyes sancionadas con anterioridad a la reforma de la Constitucin Nacional, en los hechos, qued saldada con la sancin por el propio Congreso de la Nacin, de la Ley 26939 que crea el referido Digesto Jurdico Argentino.

El argumento que toma Macri para considerar que el Decreto-Ley N 22.423 est vigente y le otorga facultades para disponer de bienes inmuebles sin autorizacin del Congreso Nacional es que ste se encuentra en el listado de leyes vigentes del Digesto Jurdico Argentino (la coleccin de leyes nacionales vigentes, sistematizadas y ordenadas, analizado por la comisin bicameral del Digesto Jurdico y aprobado por el Congreso).

Sin embargo, este argumento es invalidado por la propia Comisin Bicameral Permanente del Digesto Jurdico Argentino del Congreso. En fecha 26 de abril de 2018, el Doctor Daniel Gustavo Ayoroa, Subdirector del Digesto Jurdico Argentino, y el doctor Mario Luna, Secretario Administrativo y Tcnico de la Comisin Bicameral Permanente del Digesto Jurdico Argentino, informaron al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Asamblea Parque Cultural Estacin Colegiales que el Digesto Jurdico Argentino no se encuentra vigente. Es decir, el DJA no pudo nuevamente dar vigencia al Decreto-Ley N 22.423 porque no tiene existencia jurdica.

Sin defensas jurdicas, resulta incompresible republicana y democrticamente que el destino de todos los inmuebles del pas estn slo sujetos a la voluntad de una sola persona, el ingeniero Mauricio Macri. La Constitucin de la Nacin establece un alto valor e importancia al suelo. De all que sea el Congreso el nico facultado para deliberar y decidir su destino. Quiere decir que nuestros bienes comunes, ms de 70.000 inmuebles del Estado, estn en manos de una sola voluntad. En esta dimensin, nuestro pas se ha transformado en una monarqua inmobiliaria. Una monarqua que, para colmo, est poniendo los bienes pblicos del Estado como garanta de los negocios de gerenciamiento pblico privado y tambin como garanta del pago de la deuda externa.

Eplogo: la prueba de la ilegalidad

Compilamos aqu, a modo de prueba de la ilegalidad que se arroga el Presidente de la Nacin, la respuesta textual de la Comisin Bicameral Permanente del Digesto Jurdico Argentino del Congreso al Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Asamblea de vecinos de Colegiales en el mes de abril de 2018:

La Comisin Bicameral nos ha remitido oportunamente las observaciones recibidas, en el marco de los artculos 21, 22 y 23 de la ley N 26.939, y la Direccin de Informacin Parlamentaria se aboc al estudio de las mismas realizndose las recomendaciones correspondientes en tiempo y forma. En total, se recibieron 70 presentaciones externas con cerca de 5.116 observaciones a las cuales deben sumarse 2.449 observaciones internas, realizadas por la Direccin de Informacin Parlamentaria, en un universo cercado a las 2.400 normas involucradas.

Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se remiti a la Comisin Bicameral del Digesto Jurdico Argentino el informe de las Recomendaciones de la Direccin de Informacin Parlamentaria respecto del conjunto de las Observaciones al Digesto Jurdico Argentino presentadas hasta el 31 de octubre de 2014.

De acuerdo a lo notificado oportunamente el da 23 de junio de 2015, la Comisin Bicameral emiti un dictamen resolutivo, mediante el cual tom en consideracin las recomendaciones elevadas por la Direccin de Informacin Parlamentaria, en relacin a las observaciones presentadas.

Cabe destacar que posteriormente, la Comisin Bicameral emiti la Orden del Da 2765/2015, el 25 de noviembre de 2015, que contena la modificacin de los anexos en base a las observaciones resueltas y su actualizacin al 31 de agosto de 2015.

La versin definitiva del Digesto Jurdico Argentino no ha sido publicada en el Boletn Oficial, toda vez que el proyecto de ley que aprobaba esa versin no fue sancionado por el Congreso.

Al respecto, cabe aclarar lo siguiente: segn lo dispuesto por la ley 26939, los textos incorporados como Anexos fueron sometidos a observaciones y resueltas las mismas deban publicarse la versin definitiva, circunstancia que no se cumpli ya que el Proyecto de Ley modificatorio de la Ley 26939 (Expediente 5782-D-2015) que fue sometido a aprobacin de ambas Cmaras, slo cont con la sancin de la Honorable Cmara de Diputados.

Por esto es que entendemos que no se encuentra vigente el Digesto Jurdico Argentino (DJA) hasta tanto sea sancionada la ley y se disponga la publicacin definitiva. Cabe aclarar que s se encuentra vigente la ley 26939″.

La confusin sobre la vigencia del Digesto y la Versin Definitiva es que el artculo 23 de la ley 26939 determina: Transcurrido el perodo de ciento ochenta das corridos y resueltas las observaciones, se dispondr la publicacin en el Boletn Oficial de la versin definitiva del Digesto Jurdico Argentino. Pero lo que ocurri es que la Comisin aprob un Proyecto de modificacin de la Ley N 26.939 y el texto con observaciones y corregido del DJA, que fue aprobado por la Cmara de Diputados y remitido al Senado para su consideracin. En resumen, la Comisin resolvi no dictar una Resolucin como determina el artculo 22 de la ley 26939 sino que estim conveniente proponer la modificacin de la ley y por ello el texto del DJA no entr en vigencia.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/la-monarquia-inmobiliaria-de-mauricio-macri/



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