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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-06-2018

El acuerdo con el FMI agudizar an ms la cada de la actividad econmica

Mario Hernandez
Rebelin


La actividad econmica tuvo un freno por segundo mes consecutivo (0,2% durante febrero, 0,1% en marzo respecto del mes anterior), de acuerdo a los datos del Indec.

La cada ms significativa se concentr en la agricultura y ganadera con una reduccin del 5,5%, como consecuencia de las menores cosechas por las adversas condiciones climticas.

Si bien la construccin tuvo un alza del 5,9%, el porcentaje es bajo teniendo en cuenta que desde junio del ao pasado vena creciendo a tasa de dos dgitos. Esto se debe a la reduccin de inversiones del Estado en obra pblica e infraestructura.

Freno a la obra pblica

Nicols Dujovne dio a conocer que se ajustar el presupuesto destinado a la obra pblica en $ 30.000 millones. Gerardo Martnez, titular de la UOCRA, de buen dilogo con el Ejecutivo, sabe que la parlisis de los proyectos viales y de infraestructura que motoriza el Gobierno afectar de lleno a su sector y habl de incertidumbre en la construccin.

En la estructura del Gobierno hay solo tres ministerios que ejecutan obra pblica: Energa, Transporte e Interior y Obras Pblicas. Dejar de invertir en infraestructura en los dos primeros. Los fondos que le tocan a Interior en principio no se tocaran como prenda de cambio con los gobernadores.

El gobierno apuesta a que el programa de Participacin Pblica Privada (PPP) sea una tabla de salvacin para la obra pblica. El jueves 17 se hizo la apertura de los sobres con las ofertas econmicas para seis corredores viales, que suponen una inversin de U$S 6.000 millones.

La presentacin lleg despus de dos aos de esta iniciativa por parte de las autoridades y de demandas de las constructoras locales y extranjeras para hacer al PPP ms atractivo para las empresas.

El ltimo de los beneficios fue destinar todo lo que se recauda al impuesto al gasoil al pago de los PPP. Por medio del Decreto 301/2018, Cambiemos defini destinar a partir del 1 de enero de 2020 la totalidad de los fondos con cargo al Sistema Vial Integrado (Sisvial) al Fideicomiso Individual PPP que se constituya conforme lo previsto en el artculo 60 de la Ley 27.431 para el Programa Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas de conformidad con lo establecido en el artculo 23, inciso g) del Decreto 976/01.

Este incentivo se sum a otros que haban sido otorgados por las mismas razones: la chance de discutir diferencias en tribunales internacionales; los cambios impositivos que permiten eximir a los privados del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Ganancias; el permiso para importar maquinaria temporariamente y sin costo; y la suba de los valores de los peajes una vez que estn terminadas las autopistas.

En la agenda siguen obras con una lnea ferroviaria desde Vaca Muerta a Baha Blanca, centrales trmicas, edificios para el servicio penitenciario, hospitales y hasta iluminacin pblica.

Son conocidos los reparos del FMI sobre esta forma de financiamiento, ya que el pago de estas obras ser a travs de un bono pblico, que los funcionarios de Cambiemos niegan que sea deuda pblica. No obstante, se trata de un compromiso que asume el Estado.

Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de los PPP. Para Gustavo Weiss, presidente de la Cmara de la Construccin no reemplazan a la obra pblica, la complementa. El esquema de PPP es factible para obras de magnitud; para obras de menor monto, como la construccin de acceso al agua, cloacas, pavimento en un barrio o una escuela, no puede realizarse por PPP, se hace con obra pblica tradicional. Esta es la parte que va a estar complicada, dijo.

Poco control

La Auditora General de la Nacin (AGN) tendr serias dificultades para controlar los PPP, lo cual privar de fiscalizacin apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los prximos aos por un valor estimado en U$S 130.000 millones; deuda estatal que honrarn las prximas administraciones.

Una de las particularidades del sistema es que los emprendimientos no estn bajo la Ley de Obra Pblica, ni el reglamento de contrataciones de la administracin nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los rganos de contralor habituales. Tampoco le cabe las pautas de cancelacin en moneda nacional de deudas contradas en moneda extranjera (artculo 765 del Cdigo Civil y Comercial) ni la prohibicin de indexacin. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos pblicos.

Este rgimen de inversin jurdicamente particular fue creado por la Ley 27.328, sin embargo, hay precisiones de los contratos que quedan al arbitrio de cada ministerio pblico firmante.

El artculo 22 de la norma ordena a la AGN incluir en cada plan de accin anual la auditora de la totalidad de los contratos de PPP existentes, su desarrollo y resultado. Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditora, rgano colegiado que depende del Congreso de la Nacin y que sus informes son siempre ex post, nunca en tiempo real. El propio presidente del organismo, Oscar Lamberto, reconoci que no cuenta con personal idneo suficiente para cumplir esa misin.

Finalmente, la AGN acat la orden e incluy en su plan anual de auditora el anlisis de los seis contratos que hasta ahora firm el Estado. No obstante, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Ariel Sigal, reconoci que no pasa un solo da en que un diario de Latinoamrica no muestre un caso que no funcion el PPP, pero no por eso hay que dejar de intentarlo, consider.

Los PPP responden a cambios estratgicos en el capitalismo mundial

Edgardo Logiudice analiza los PPP en El ceomacrismo, las Alianzas Pblico-Privadas y cambios estratgicos del capitalismo, publicado en Herramienta N 59, Primavera 2016.

All seala que la economa mundial est en recesin y ello acarrea dos problemas: inseguridad de los mercados y, lo ms preocupante, peligro de ingobernabilidad. Para Logiudice, la economa de la deuda parece haber tocado techo. Las innovaciones tecnolgicas, la economa colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen ser un lugar para que puedan alojarse los grandes flujos de capitales lquidos. Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni la hasta hace poco tiempo congelada y reducida tasa de la Reserva Federal de EE UU, han derivado fondos hacia la produccin. Adems la baja de las materias primas y los commodities ha dejado magullados a muchos negocios financieros y a las economas de Amrica Latina. Los fondos no hallan lugares seguros. Entonces, inducen a los gobiernos, simples gestores de endeudamiento y recaudacin, a asegurar inversiones con obras de infraestructura. Ac es donde van a aparecer los PPP.

Cita una publicacin chilena de corte liberal, Nuevo Poder: los inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueo, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su dinero en un lugar seguro.

En diciembre de 2014, el BM public la opinin del gerente para Amrica Latina de su organismo afectado al sector privado, la Corporacin Financiera Internacional (CFI), dedicado a los PPP, donde deca: AL se enfrenta a una desaceleracin econmica despus de una dcada de bonanza []. La situacin ahora es cmo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales elctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos. Y continuaba: Superar este escenario exige la construccin de bienes pblicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global [] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital.

En sintona con esa estrategia, en 2015 la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, public Participacin del sector privado en la infraestructura: oportunidades e instrumentos, de Ariel Chirom y Alejandro Schachter. All sealan los bienes que tienen en la mira, el papel del inversor y el subordinado papel del sector pblico.

Comienza definiendo qu entienden por infraestructura: transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc., es decir, los recursos bsicos de cualquier nacin que son de uso pblico.

Luego sugiere los mecanismos para atraer inversiones, porque no se trata de que el sector privado solo financie, tambin debe gestionar la produccin o provisin del servicio, para lo cual se debe hacer cargo del proyecto en su totalidad otorgndole el Estado cierta libertad para buscar mecanismos y soluciones innovadoras en pos de mejoras de eficiencia. El sector pblico debe generar los incentivos correctos: brindar seales claras a los inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos sern cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. En primer lugar, renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.

En segundo lugar, dejar la regulacin de los servicios en manos de un rgano cuyos directivos puedan actuar con independencia, no solo con autonoma presupuestaria y administrativa, sino adems no estar sujeto a los procedimientos generales del sector pblico. Hasta aqu lo pblico no aparece.

Cul es entonces el rol del Estado y la ley? Deben garantizar todos los riesgos de la inversin. Por ejemplo, la adquisicin de energa, esto se llama contratos futuros de demanda asegurada. El otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mnimo, asegurar al inversor que haga su ganancia con los bienes pblicos. Para ello propone un fondo de infraestructuras de garantas constituido a partir de activos suficientes para garantizar la confianza del inversor, pero administrado por alguna sociedad que se encuentre fuera del accionar del gobierno, preferiblemente extranjera.

La Ley 27.328 se inspira en estos presupuestos. Por eso fue celebrada por el estudio jurdico financiero Marval, OFarrell & Mairal: El rgimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratacin pblica, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho pblico de la Administracin (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisin por razn de inters pblico).

El artculo de Logiudice concluye que los PPP (Public Private Partnerships), segn su denominacin en ingls, bien pueden significar tambin Poder Poltico Privado.

II

La consultora LCG (Labor Capital Growth) proyecta una marcada contraccin de la actividad en el segundo y tercer trimestre y una recuperacin recin a finales de este ao o a principios del que viene. Estima un crecimiento (techo) de 1,4% anual promedio en 2018. Y enumera: el impacto en el consumo a partir de la cada de los ingresos reales derivados de la aceleracin de la inflacin post devaluacin y una mayor incertidumbre, un menor aporte del crdito por tasas de inters muy altas, un todava menor impulso fiscal ante la necesidad de sobre cumplir la meta inicial de dficit primario, inversores atentos a la dinmica de corto plazo demorando las decisiones de inversin de capital y menores proyecciones de crecimiento de Brasil, son todos factores que ayudan a explicar las menores perspectivas de crecimiento.

Por su parte, la consultora ACM seal en su informe que esperamos un freno en la actividad en los prximos meses por la extensin del fenmeno de la sequa, el impacto de la depreciacin del peso y los recortes del gasto pblico para cumplir las metas fiscales.

De 19 economas regionales que monitorea Coninagro mensualmente, una decena presentan signos de crisis (arroz, ctricos, forestal, hortalizas, leche, yerba mate, vino y mosto, papa, ovinos y mandioca) y dos -peras y manzanas y tabaco- directamente se definen en crisis.

Para Carlos Iannizzotto, su presidente, es determinante el aumento de los costos, en especial las alzas de tarifas y de combustibles. [] tambin el retraimiento en las gndolas pesa en la ecuacin, dijo.

A ese contexto, se le suma la sequa, con un impacto importante en la produccin.

La sequa

Tanto la FAO a nivel regional como los grupos CREA (Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola) informaron que el 87% de las empresas agrcolas y el 94% de las ganaderas que pertenecen a esos grupos y son de punta, muestran impacto negativo producto de la fuerte sequa.

La falta de agua gener prdidas de rea de 5,2% en maz temprano; 8,6% en soja de primera; 18,4% en soja de segunda; y 13,4% en maz tardo. El informe aade que el maz temprano present un 54,2% de rea afectada y la proyeccin de cadas del rendimiento fue de 20,8%; la soja de primera un 58,9% y 29,6% y la soja de segunda 66,8% y 47%, respectivamente. En las Bolsas se informan prdidas equivalentes a unos U$S 5.000 millones a pesar del incremento de los precios, particularmente la harina de soja (soymeal) que es lo que realmente exporta la Argentina, junto con el aceite.

Un tema adicional fue que se desplomaron las ventas al exterior de biodiesel cuando el gobierno de Donald Trump le aplic un arancel de 70% a las importaciones desde la Argentina y la Unin Europea tuvo una nueva arremetida contra la entrada del producto. El ao pasado se exportaron 1,7 millones de toneladas y para este ao se proyectan 600.000 o menos.

Para Pablo Adreani, analista de mercados agropecuarios, las prdidas no son solo los 12 millones de toneladas de soja y las 4 millones de maz. Una merma de 16 millones de toneladas equivale a reducir la carga de transporte de 533.000 camiones y una prdida de ingresos para los camioneros de U$S 720 millones. Adems se dejan de consumir 40 millones de litros de gasoil equivalentes a U$S 60 millones. Si agregamos la prdida de ingresos directos e indirectos en las poblaciones urbanas, solo en el rubro camiones y microeconoma, tendr menos ingresos por un total de U$S 1.000 millones.

La menor produccin de soja implica una menor oferta para abastecer a la industria aceitera (se importar soja de Paraguay y 560.000 toneladas de EE UU para procesar), y el principal producto afectado ser la harina de soja. La merma estimada de harina es de 6 millones de toneladas, afectando el saldo exportable de dicho producto, donde Argentina ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales.

Jorge Vasconcelos, investigador del Ieral, destac un dato: en 2009 la prdida de 15 millones de toneladas en la cosecha implic una cada de 1,5% en el PBI. Por el lado del frente fiscal podran perderse U$S 700 millones de recaudacin.

La suba en el precio de la harina de soja tambin afecta a los consumidores en el mercado interno (feedlots, tambos, avcolas, etc.) que han visto incrementado el costo en U$S 250 millones. El incremento en el costo del maz implica un encarecimiento entre consumo en campo e industria de U$S 455 millones. Sumando el aumento en los precios de sorgo, avena, alfalfa y cebada forrajera, el mayor costo entre todos llegara a los U$S 1.000 millones. Es decir, no solo se reduce el ingreso de divisas en U$S 5.000 millones, sino que tambin se encarece el costo de produccin de carnes y lcteos en U$S 1.000 millones. Y este mayor costo se trasladar a los precios al consumidor impactando al ndice de inflacin.[1]

Sigue la presin a los que menos tienen

A modo de ejemplo, tomemos el caso del pan. En febrero la bolsa de harina costaba 210 pesos y hoy est entre 750 y 800. Si ese incremento se trasladara a las panaderas el kilo de pan debiera oscilar entre 80 y 90 pesos. El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste bonaerense, Rodolfo Silva, reconoci que esto no es posible porque las ventas caeran de manera significativa. Vende el pan a 50 pesos y hay colegas en los barrios que lo tienen a 35 pesos para poder vender, asegur.

Pero la suba de la harina, acelerada por la devaluacin del 20% en la primera quincena de mayo, es solo un factor. Tambin suben las tarifas de electricidad, gas, impuestos, el alquiler, la levadura. Al respecto, propone un precio fijo interno de la materia prima bsica que reclama al Gobierno. La bolsa de harina debe ser de entre 300 y 350 pesos, explic.

El 3 de abril el Boletn Oficial public un Decreto con las firmas de Mauricio Macri y Marcos Pea que seala que los productores pagarn las retenciones que rijan al momento del embarque, en lugar de las que rigen al momento de presentar las declaraciones juradas, lo cual permite reducir los montos que pagan las exportaciones de soja, favorecidas por la baja en las retenciones del 0,5% mensual. De hecho para esa fecha el sector llevaba declaradas exportaciones a futuro por solo 11.475 toneladas de la actual cosecha, frente a las 870.000 toneladas del mismo perodo del ao pasado. Al cierre del mes de abril las liquidaciones estaban en niveles muy similares a las del ao pasado, superando los U$S 6.000 millones.

El mircoles 23 se instal la versin que el gobierno estaba evaluando revisar el esquema de retenciones para reducir el dficit fiscal como lo exige el FMI. Trascendi que analizaba detener la baja progresiva en las retenciones a la soja y volver a imponer una tasa del 10% al maz y al trigo. Recordemos que el campo se vio beneficiado por la fuerte suba del dlar un 33% en lo que va del ao ms la suba de los precios que compensa la cada en la produccin. Las retenciones serviran para captar parte de esa renta adicional y adems permitiran ponerle freno a la suba de los alimentos en el mercado interno.

El jueves Nicols Dujovne eludi pronunciarse sobre el tema, aunque seal que todas las opciones estn sobre la mesa" para lograr el equilibrio fiscal.

El pronunciamiento de la Mesa de Enlace no se hizo esperar, solicitando una audiencia al Presidente y condenando cualquier cambio en el esquema de retenciones. El viernes Marcos Pea confirm que no habr cambios y aprovech para ratificar la poltica tarifaria oficial.

Fuentes: La Nacin, Clarn, Clarn Econmico, Pgina 12.

Nota:

[1] Para Clarn, la prdida ser an mayor, aunque creemos que exagera. En su edicin del 28 de mayo seala que la ltima campaa est dejando prdidas econmicas gravsimas, que ya se calculan en torno a los 8.000 millones de dlares que seran el resultado de las 30 millones de toneladas (20 millones de soja y 10 millones de maz) que se evaporaron. Y todava no termin, ya que por ahora se cosech el 80% de la soja y el 35% del maz. Estima que de las 125 millones de toneladas registradas en la campaa 2016/7 este ao habr 98 millones de toneladas, lo que representa un 22% menos, segn los ltimos datos coincidentes de la Bolsa de Comercio de Rosario y del Instituto de Estudios Econmicos de la Sociedad Rural Argentina: este ao faltarn ingresos por U$S 3.773 millones menos de harina de soja; U$S 1.633 millones por maz en grano; U$S 1.462 millones de aceite de soja y U$S 1.126 millones por poroto de soja. Tambin menciona al analista Pablo Adreani para quien la devaluacin no implica que el productor gane ms plata, porque la sequa y las lluvias de comienzos de otoo implicaron costos mayores que la mejora de precio y tipo de cambio. Por eso, cree que (ah viene el toque de Clarinete) un aumento de las retenciones no ayuda.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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