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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-06-2018

La exiliada colombiana, Paola Salgado, denuncia el montaje judicial del que fue vctima en 2015 con otros 14 activistas
Los procesamientos fueron un golpe contra nuestro trabajo militante

Enric Llopis
Rebelin


Judicializada y exiliada, la abogada y activista colombiana Paola Andrea Salgado (Ibagu, Tolima, 1982) reside desde octubre de 2015 en Buenos Aires. En Argentina contina con la militancia feminista, en el Congreso de los Pueblos (captulo argentino) y participa en el Foro Internacional de Vctimas (FIV), iniciativa ciudadana que naci en 2014 en el contexto de las negociaciones de paz de La Habana- para dar voz a ms de siete millones de colombianos que segn el Foro residen en el extranjero. Dentro de la campaa Ser lder no es un delito, el Congreso de los Pueblos denunci el pasado 21 de abril la detencin arbitraria de defensores de los derechos humanos ordenada por las autoridades judiciales y la Fiscala General en los departamentos de Nario, Cauca y Valle del Cauca.

Entre las detenidas se hallaba Sara Liliana Quionez Valencia, defensora de las comunidades negras del Alto Mira y Frontera (Tumaco), forzada junto a su familia a desplazarse -a causa de las amenazas- a Cali; en el operativo tambin fue detenida su madre, la lideresa Tulia Marys Valencia; sobre ellas pesan las acusaciones de rebelin y colaboracin con la guerrilla del ELN. Otra de las incriminadas es Alejandra Diz, Vicegobernadora del Cabildo Nasa de la Comunidad de Pueblo Nuevo (Jamund) y delegada ante el Tribunal de Justicia de la Organizacin Regional Indgena del Valle del Cauca (ORIVAC).

Paola Andrea Salgado ha participado en un coloquio titulado Represin estatal contra la lucha de las mujeres en Colombia, organizado por la Coordinaci Valenciana de Solidaritat amb Colombia en la sede de CEDSALA. El ocho de julio de 2015 la defensora de derechos humanos y otras 14 personas fueron detenidas por la presunta relacin segn la versin de las autoridades y los medios colombianos- con dos explosiones acaecidas en Bogot a primeros de julio de 2015, una protesta violenta en la Universidad Nacional que tuvo lugar dos meses antes y una supuesta red urbana del ELN. Dos de los capturados fueron puestos en libertad pocas horas despus; el 28 de julio la Juez 72 de Control de Garantas acept la peticin de la Fiscala para que los 13 detenidos ingresaran en prisin preventiva.

Fue una captura masiva dentro de un operativo policial totalmente espectacular y desmesurado, afirma Paola Salgado respecto al allanamiento, antes de la celebracin del acto en la sede de CEDSALA de Valencia; Policas, antiexplosivos, helicpteros, presencia de los medios informativos Hubo detenciones en casas y centros de trabajo a las 6,00 de la maana. Al operativo desplegado en la capital se adhiri con unas declaraciones el presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos, quien en su cuenta de Twitter felicit a la Fiscala General y a la Polica Nacional por la detencin de 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogot; no hemos generado capturas de ngeles, afirm en un programa de radio el entonces director general de la Polica, Rodolfo Palomino.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU declar al peridico El Tiempo: No hay decisiones judiciales que les declaren culpables, y as han sido presentados; por ejemplo, los medios informativos hicieron uso de fotografas (de algunos de los detenidos) tomadas de las redes sociales, en las que se les mostraba como autores de los presuntos delitos. Adems, cerca de 60 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y ambientalistas firmaron un comunicado conjunto tras los apresamientos. El Comit de Solidaridad con los Presos Polticos y el Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, entre otros, exigieron en el documento la libertad de los incriminados y denunciaron la violacin grave de los derechos de asociacin, protesta, al debido proceso, expresin y la presuncin de inocencia. Subrayaron que, en la mayora de los casos, se trataba de reconocidos dirigentes estudiantiles, campesinos, periodistas, funcionarios de la Alcalda Distrital y defensores de derechos humanos.

Por ejemplo, la estudiante de 21 aos (en el momento de la detencin) Liceth Johana Acosta, miembro del Proceso Nacional Identidad Estudiantil, del Congreso de los Pueblos y dedicada a la construccin de consejos estudiantiles en la Universidad Pedaggica Nacional; o la joven politloga Lorena Romo Muoz, quien fue integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), lideresa barrial en las localidades de Teusaquillo y Chapinero (Bogot) y activista en espacios como el Frente Amplio por la Paz y Clamor Social por la Paz. Por su compromiso social Lorena Romo fue amenazada de muerte. Entre los imputados tambin figuraba Sergio Campos, periodista de la agencia de comunicacin independiente Colombia Informa y miembro de Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad (TEJUNTAS); el reportero cubra informaciones relacionadas con la paz y el conflicto armado, y en 2014 recibi amenazas del grupo paramilitar guilas Negras. Adems denunci que durante el allanamiento se le requis una parte del archivo periodstico.

El Congreso de los Pueblos, el colectivo Vamos por los Derechos y Marcha Patritica, entre otros movimientos, organizaron el 10 de julio plantones solidarios en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogot, y frente al edificio de la Fiscala en Cali. El lema de la convocatoria fue Noms#Falsospositivosjudiciales, que se sustentaba en una cifra: 8.600 personas fueron vinculadas entre 2009 y 2012 a procesos por supuestas relaciones con la insurgencia, segn una nota informativa del Congreso de los Pueblos; a ms del 75% de los detenidos durante los tres aos, aada el comunicado, se les puso en libertad al no poderse probar las acusaciones por delito de rebelin y terrorismo; de ah la analoga con el escndalo de los falsos positivos, que supuso la ejecucin extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas- de miles de civiles de origen humilde a quienes se hizo pasar por guerrilleros muertos en combate; los crmenes de estas caractersticas se dispararon durante la presidencia de Uribe Vlez (2002-2010), con Juan Manuel Santos al frente del Ministerio de Defensa en el periodo 2006-2009.

En el momento del allanamiento y detencin, Paola Salgado Piedrahta haca parte de la Confluencia de Mujeres del Congreso de los Pueblos, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres. La mayora de los detenidos militaban en el Congreso de los Pueblos y haban participado, entre otras acciones, en la Cumbre Agraria, Campesina, tnica y Popular de 2014, la Campaa al Senado del mismo ao y el Congreso para la Paz de 2013. Los procesamientos fueron un golpe para deslegitimar el trabajo que estbamos realizando, afirma Salgado. En septiembre de 2015, un juez de segunda instancia de Bogot orden la puesta en libertad de los 13 detenidos al considerar ilegal el procedimiento de captura y nula la medida de aseguramiento (privacin de libertad en centro carcelario). Pero el proceso contina abierto, y las imputaciones de la Fiscala podran implicar una pena con las agravantes- de hasta 32 aos de prisin, informa la activista acerca de su situacin penal.

Por qu decidi abandonar Colombia y exiliarse en Argentina? Por el riesgo de que la Fiscala dictara otra orden de captura mediante algn procedimiento irregular. Paola Salgado seala como segundo factor el montaje judicial al que se han visto sometidos; de hecho, durante la investigacin los militantes han denunciado la utilizacin de testigos y pruebas falsas, fotografas, la intervencin de agendas, celulares y tanto la realizacin de seguimientos como la interceptacin de llamadas. Las organizaciones sociales sostienen que, con el fin de criminalizar a los militantes, la Fiscala present -en calidad de prueba- banderas del Congreso de los Pueblos, trabajos acadmicos, libros e imgenes del sacerdote revolucionario Camilo Torres Restrepo (miembro del ELN) y carteles de movilizaciones. Hay un historial bastante largo en Colombia de actuacin policial -mediante grupos paramilitares o parapoliciales- cuando los montajes judiciales no funcionan; el objetivo es que la gente se calle y asle; temamos que se produjera algn atentado despus del espectculo de la detencin y que un juez nos hubiera puesto en libertad, explica la activista.

El ser feminista y realizar un trabajo en defensa de las mujeres tambin se ha utilizado para deslegitimarme en lo personal y justificar la judicializacin. La abogada ha militado por la legalizacin del aborto y en la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado. Tambin coordin en el Hospital de Suba, entre 2013 y 2015, el Programa de Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para mujeres de la Secretara de Salud de Bogot. La iniciativa inclua asesoramiento a mujeres sobre mtodos anticonceptivos, deteccin de infecciones de transmisin sexual, prevencin del cncer de cuello uterino y de mama, y para decidir sobre una posible interrupcin del embarazo; integraban el servicio profesionales de diferentes reas: mdica, psicolgica, trabajo social, enfermera (jefa y auxiliar), adems de una coordinadora y una gestora comunitaria.

Las dos primeras experiencias se desarrollaron en los hospitales de Suba y Centro Oriente, en Bogot. Trabajbamos en localidades y barrios pobres, con mujeres jvenes y sobre todo cabezas del hogar, tambin con las que tenan muchos hijos o trabajaban en la calle, recuerda Paola Salgado. Al ao de comenzar el programa (mayo de 2014), se haban realizado en los dos centros cerca de 8.000 atenciones sobre salud sexual y reproductiva, de las que la mitad correspondan a asesoras en anticoncepcin; el servicio se extendi despus a los hospitales de Sur y Rafael Uribe. En mayo de 2016, la alcalda de Bogot inform que en tres aos la iniciativa hizo posibles 989 procedimientos de interrupcin voluntaria del embarazo en hospitales pblicos de la capital, la mayora a causa del riesgo para la vida o salud de la mujer (uno de los tres supuestos para los que la Corte Constitucional despenaliz en 2006 el aborto en Colombia); sta era la parte ms importante del programa, concluye Salgado, la prctica del aborto legal en los centros de atencin.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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