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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-06-2018

Amrica Latina y su "justicia politizada"

Gaspard Estrada
Nueva Sociedad


Amrica Latina tiene una larga historia de justicia politizada y de poltica judicializada. Con los gobiernos y las legislaturas enfrentando una profunda crisis de credibilidad, la judicatura se ha convertido en un actor importante. El problema es que, como lo demuestra el juicio a Lula da Silva, muchos administradores de justicia estn actuando como polticos antes que como abogados o magistrados independientes.

En abril, el ex presidente brasileo Luiz Incio Lula da Silva se rindi a la polica para comenzar a cumplir una sentencia de prisin de 12 aos por corrupcin pasiva y lavado de dinero. Fue el ltimo de una serie de arrestos y procesamientos de lderes polticos y econmicos latinoamericanos. La tendencia comenz hace cuatro aos con el estallido del escndalo de sobornos del grupo brasileo Odebrecht. Pero si bien se necesita con urgencia una accin contra la corrupcin, el enfoque cada vez ms politizado de estos procedimientos est colocando a toda la regin en una pendiente resbaladiza.

Con los gobiernos y las legislaturas de Amrica Latina enfrentando una profunda crisis de credibilidad, la judicatura se ha convertido en un actor importante en algunos pases. En Brasil, por ejemplo, figuras involucradas en la operacin Lava Jato (una investigacin en curso sobre la corrupcin a gran escala en la petrolera estatal Petrobras), como Deltan Dallagnol -el coordinador del grupo de trabajo en el Ministerio Publico-, y Sergio Moro -el juez a cargo de la investigacin-, se han convertido en verdaderos actores polticos. Su influencia excede por mucho su papel como abogados, magistrados o jueces de tribunales de primera instancia.

El problema real, sin embargo, es que funcionarios como Moro han transformado la accin judicial contra la corrupcin en una cruzada moral y poltica, por la cual estn dispuestos a doblegar la ley. Los magistrados de la Corte Suprema argumentan que, para poder encarcelar a Lula antes de la campaa presidencial de 2018, Moro ha desobedecido las reglas del procedimiento penal y manipulado los mecanismos de detencin preventiva. Moro admite en su veredicto que est condenando a Lula sin ninguna evidencia directa de un acto ilcito.

Enfrentar a polticos corruptos y lderes empresariales es el tipo de causa que generalmente recibira un amplio apoyo popular. Sin embargo, debido al enfoque activista de la judicatura, el 51% de los brasileos desaprueba las acciones de Moro, que incluyen la condena por corrupcin de Lula en 2017.

Amrica Latina tiene una larga historia de justicia politizada y de poltica judicializada. Como dijo el presidente mexicano, Benito Jurez, en el siglo diecinueve: Para mis amigos, gracia y justicia; para mis enemigos, la ley. Desafortunadamente, ese sentimiento sigue siendo muy popular en gran parte de Latinoamrica en la actualidad.

En Mxico, la oficina del procurador general de la Republica, que lleva meses acfala, ha sido reacia a perseguir a polticos cercanos al gobierno que, segn el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estaban involucrados en sobornos relacionados con Odebrecht. Por el contrario, la misma oficina ha realizado ansiosamente una investigacin de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, uno de los candidatos presidenciales de la oposicin.

Sin embargo, incluso cuando Anaya ha sido vctima del activismo judicial, uno de sus principales asesores es Santiago Creel, que orquest la acusacin hace 13 aos en contra del ex alcalde de la ciudad de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador, para evitar que ste se postule a la presidencia.

En otro ejemplo ms de la politizacin de las investigaciones sobre corrupcin, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, renunci en vsperas de un voto de destitucin precipitado por sus vnculos con Odebrecht, luego del lanzamiento de grabaciones de video que mostraban a aliados clave tratando de comprar el apoyo de los legisladores de la oposicin. Pero esos videos no fueron expuestos como resultado de una investigacin judicial independiente, sino ms bien como parte de una disputa poltica entre los hijos del ex dictador Alberto Fujimori sobre el control del Congreso (y efectivamente sobre el pas).

Pero Brasil es el que sirve de modelo por excelencia para los procedimientos judiciales impulsados por motivos polticos. La mayora de la opinin pblica brasilea cree que la ex presidenta Dilma Rousseff fue acusada por corrupcin. En los hechos, fue acusada de usar una maniobra contable, utilizada por presidentes anteriores sin mayores consecuencias, para reducir los dficits del gobierno de manera temporal. Segn un fiscal del ministerio pblico, Rousseff no cometi ningn crimen de responsabilidad que justifique su destitucin.

No se puede decir lo mismo del reemplazante de Rousseff, Michel Temer, que ha logrado evitar dos intentos de juicio poltico comprando apoyo poltico en el Congreso. De hecho, hay grabaciones de Temer que supuestamente autoriza pagos de silencio a Eduardo Cunha, un ex presidente de la Cmara Baja que est en prisin por su participacin en el escndalo de Petrobras.

Acio Neves, quien perdi las elecciones presidenciales ante Rousseff en 2014, ser juzgado por cargos de corrupcin y obstruccin a la justicia. Pero los jueces a cargo de la investigacin no se han movido tan rpido como lo hicieron Moro y sus colegas en el caso Lula, a pesar de que el caso Neves est respaldado por pruebas mucho ms slidas.

La ley es para todos, declararon los partidarios de Sergio Moro. Estn en lo correcto. Pero eso significa que la ley tambin debe ser para Lula, quien ha sido vctima de una verdadera persecucin judicial, meditica y polticaen los ltimos cuatro aos. Es por eso que lderes mundiales, acadmicos globales y ganadores del Premio Nobel de la Paz, incluidos el ex presidente francs Franois Hollande, el economista Thomas Piketty y el activista Adolfo Prez Esquivel, firmaron varios desplegados en favor de Lula.

Nada de esto quiere decir que no sea necesario que la justicia enjuicie a los polticos y a otras figuras poderosas por corrupcin. Por el contrario, la operacin Lava Jato ha dejado en evidencia la relacin incestuosa entre el dinero y la poltica en Amrica Latina.

Pero cuando los jueces eluden el estado de derecho, lo debilitan. Y cuando esas tcticas sirven para fines polticos, como lo han hecho en Brasil, los jueces ponen en peligro la democracia misma.

En cualquier caso, la ola de activismo judicial que los escndalos recientes han estimulado hasta ahora ha producido poco o ningn cambio real. En particular, no ha habido una reforma electoral o de financiamiento de campaa, porque eso requerira el apoyo de los agentes del poder poltico y econmico que se benefician del sistema actual. La declaracin de Moro de que la operacin Lava Jato puede estar llegando a su fin ha debilitado an ms su incentivo para actuar.

Desde Brasil hasta Mxico, quienes tienen la tarea de defender el Estado de Derecho estn cada vez ms ejerciendo la administracin de la justicia con fines partidistas. En un momento de intensificacin de la polarizacin poltica, este no es un buen augurio para el futuro de Amrica Latina.

Fuente: http://nuso.org/articulo/justicia-politizada-en-america-latina-/



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