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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-06-2018

Internet en Cuba: limitada por la poltica o la economa?

Eloy Viera Caive
Periodismo de barrio


Algunos consideran el uso de Internet y las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) un eficaz instrumento para la expresin de la libertad del sujeto y otros resaltan su posible uso para acrecentar el despotismo y la manipulacin social. Con independencia del intenso debate que existe sobre el tema, el acceso a Internet resulta indispensable para valorar la libertad del individuo en las sociedades contemporneas.

En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declar el acceso a Internet como un derecho humano, por ser una herramienta que facilita el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Los relatores especiales para la libertad de expresin, en una declaracin conjunta realizada ese mismo ao, indicaron que los Estados tienen la obligacin de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresin.

Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresin de Naciones Unidas, estimaba que los beneficios y posibilidades de Internet se fundan en caractersticas singulares como su velocidad, su alcance mundial y su relativo anonimato. A la vez, considera que estos rasgos distintivos, que permiten a las personas difundir informacin en tiempo real y movilizarse, tambin han ocasionado temor en los gobiernos. Se han aumentado as las restricciones impuestas a Internet mediante el uso de tecnologas cada vez ms avanzadas para bloquear contenidos, vigilar y detectar a activistas y crticos; se ha tipificado como delito la expresin legtima de opiniones y se ha adoptado legislacin restrictiva para justificar esas medidas.

Un estudio reciente de los investigadores Iria Puyosa y Armando Chaguaceda, quienes han aplicado las metodologas empleadas por Freedom on the Net (proyecto de la ONG Freedom House) y la base de datos Variedades de Democracia (V-Dem), asegura que las prcticas de control ms evidentes del derecho de acceso a Internet en Latinoamrica son el filtrado de contenidos por palabras clave, el bloqueo de URL por DNS y los apagones de Internet. A estos mecanismos de control, Puyosa y Chaguaceda les han denominado mecanismos de primera generacin.

Segn los autores del estudio, a partir de 2009 se han desarrollado controles de segunda generacin como restriccin temporal de la conectividad en regiones en donde se producen protestas, bloqueo just-on-time de aplicaciones mviles, requerimientos informales de remocin de contenidos a los administradores de sitios web, ralentizacin de las conexiones en momentos de alta conflictividad poltica y establecimiento de altos costos de los servicios para limitar el acceso masivo a Internet.

En su artculo Cinco regmenes polticos en Latinoamrica, libertad de Internet y mecanismos de control, Puyosa y Chaguaceda reconocen, en pases con restricciones a la libertad de expresin, la existencia de limitaciones en el desarrollo de la infraestructura de acceso a Internet y el incremento de los controles sobre los proveedores de servicios.

Asimismo, encuentran evidencias de prcticas de control que no se basan en mecanismos tcnicos, sino policiales, judiciales o administrativos: impuestos al uso de Internet, requerimientos administrativos a los proveedores de acceso, reportes policiales rutinarios de la actividad ciudadana en Internet y prisin por expresin poltica en la web. Mencionan prcticas de monitoreo masivo (en ocasiones visibilizado por el propio gobierno), uso de informacin publicada en lnea para hostigar o acusar legalmente a activistas polticos, as como ciberataques perpetrados contra activistas opositores o patriotic hacking.

Cuba, con relacin al derecho de acceso a Internet, ha pasado del desconocimiento al establecimiento de infraestructuras y polticas que garantizan y regulan el uso de la red de redes.

Un informe publicado por We Are Social y Hootsuite en enero de 2017 anunciaba que Cuba tena 3 510 000 de usuarios activos de redes sociales en 2016 (de ellos el 90 % se conectaba desde sus mviles). Esto significaba un incremento del 368 % con respecto a 2015, ao en que se instalaron las primeras 35 zonas wifi pblicas en todo el pas.

En julio de 2017, en las sesiones previas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el vicepresidente Miguel Daz Canel emple esas estadsticas para contrarrestar la presentacin de Cuba como un pas desconectado e indic que constantemente haba una persecucin financiera feroz contra las empresas tecnolgicas con las que tenemos convenios [] para poder tener la infraestructura que nos hace falta.

A pesar del reconocimiento internacional del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, el mismo no ha encontrado reflejo en normas cubanas de mayor jerarqua como las Leyes o la Constitucin. Todo el ordenamiento jurdico desarrollado en Cuba con relacin a la materia ha emanado de normativas administrativas, especialmente del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM).

El arsenal jurdico vigente no solo cuenta con una llamativa dispersin, sino que utiliza principios y lineamientos de la poltica partidista como sustento para su desarrollo. Muestra de ese particular resulta ser la Estrategia Nacional para el desarrollo de la infraestructura de conectividad de Banda Ancha en Cuba (Estrategia), publicada por el MINCOM en junio de 2015. El documento no reconoce en su marco legal ninguna norma jurdica y seala que aunque existen 22 normativas regulatorias ministeriales relacionadas con la banda ancha, estas no se adecuan a la situacin actual.

En la actualidad, como parte de la implementacin de la Poltica Integral para el perfeccionamiento de la Informatizacin de la sociedad en Cuba, el Ministerio de Comunicaciones elabora un conjunto de normativas jurdicas relacionadas con la banda ancha, en particular, la Ley de Telecomunicaciones/TIC y el Decreto Ley de Informtica/TIC y sus normativas complementarias.

La Estrategia utiliza como sustento legal los Lineamientos para la poltica econmica y social del Partido y la Revolucin y el Objetivo 52 de la Primera Conferencia Nacional del PCC, que reafirma la necesidad de aprovechar las TIC como herramienta para el desarrollo del conocimiento, la economa y la actividad poltica e ideolgica.

La Estrategia reconoce que en el ao 2015 Cuba no contaba con banda ancha fija ni mvil y que solo el 3,4 % de los hogares y el 25,7 % de la poblacin usaban Internet.

Las cifras oficiales de conectividad han ido aumentando paulatinamente. Segn el Anuario publicado por la Oficina Nacional de Estadsticas e Informacin a finales de 2017, Cuba contaba con 4 529 200 usuarios de servicios de Internet, lo que equivale aproximadamente al 40 % de la poblacin cubana. No obstante, el cmputo de los usuarios incluye a aquellos que usan la red exclusivamente nacional denominada Intranet como usuarios de Internet global.

Los nmeros demuestran que hoy no se puede negar categricamente la existencia de un sustrato material para el ejercicio del derecho de acceso. Por dems, la tendencia al parecer es a la ampliacin, pues las proyecciones declaradas en la Estrategia son que para 2020 no menos del 50 % de los hogares cubanos tenga acceso de banda ancha.

El concepto banda ancha es primordial para valorar el ejercicio del derecho de acceso. Las limitaciones a la velocidad de la conexin restringen el uso de las potencialidades que la red de redes ofrece. En ese sentido, la ONU ha reconocido que la amplia disponibilidad de banda ancha se considera un factor necesario para la innovacin, la productividad, el crecimiento econmico y la inversin extranjera.

La banda ancha no es un concepto esttico teniendo en cuenta que las velocidades de acceso a Internet aumentan constantemente. La velocidad mnima para considerarse banda ancha vara entre los pases, pero todos consideran como conexiones de banda ancha aquellas que tienen una elevada capacidad para transportar informacin.

A tono con las indicaciones de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que pertenece a la ONU, el gobierno cubano ha empleado el concepto en sus proyecciones. Sin embargo, ese empleo se ha producido a partir de limitar cuantitativamente un concepto cada vez ms mutable.

Las proyecciones realizadas por el gobierno en su Estrategia indican la implementacin de servicio de banda ancha hasta 2020 con una velocidad de al menos 256 kbit/s. As lo ha establecido en la Resolucin 319/15 del ministro de las Comunicaciones, donde se reconocen como banda ancha en Cuba a aquellas conexiones con al menos la velocidad aludida.

No obstante, el gobierno ha declarado tambin que llegar a lo que ha denominado Banda Ancha Avanzada en 2025, con una velocidad de bajada de 2 048 kbit/s, y a una Banda Ancha Total en 2030, con una velocidad de bajada de 10 Mbit/s.

Obstculos al acceso  

Si se sigue la metodologa empleada por Freedom on the Net y aplicada por los profesores Puyosa y Chaguaceda, una de las variables indispensables para evaluar el ejercicio del derecho de acceso a Internet es la existencia de obstculos al acceso. Dentro de esos obstculos, las barreras de infraestructura constituyen una de las principales dificultades.

La velocidad de la conexin demuestra el desarrollo de la infraestructura que soporta el derecho de acceso. A mayor velocidad de conexin, mayor disfrute y mayor aprovechamiento de las ventajas de la red de redes. La banda ancha se ha establecido como concepto ilimitado cuantitativamente, pues el desarrollo de la tecnologa tiende al desarrollo constante de la infraestructura.

Sin embargo, Cuba ha establecido un concepto cuantitativamente limitado de banda ancha. La limitacin, adems, puede sugerir la intencin de no apelar a la ms moderna tecnologa, con el propsito de ofrecer una red controlada, donde el usuario no pueda disfrutar de todas sus potencialidades. El concepto cubano de banda ancha y sus proyecciones de desarrollo persiguen colocar a Cuba en los prximos 10 aos en el mismo lugar en que la mayora del mundo se encuentra en la actualidad.

Para entender a profundidad el asunto, es conveniente valorar el reporte emitido por Akamai en el primer trimestre de 2017. Esta corporacin provee una plataforma de computacin distribuida para la entrega de contenido global de Internet y desde 2008 realiza un reporte anual sobre el estado de Internet en el mundo.

Segn el mentado reporte de 2017, la velocidad de conexin media global fue de 7,2 Mbit/s (Corea del Sur a la cabeza, con una velocidad promedio de 28,6 Mbit/s).

El propio reporte declara que en Amrica la velocidad promedio de acceso es de 5,1 Mbit/s. Adems de Estados Unidos y Canad, destacan pases como Uruguay (9,5 Mbit/s) y Chile (9,3 Mbit/s). Bolivia tiene una velocidad promedio de acceso de 2,7 Mbit/s, mientras que Venezuela trabaja con 1,8 Mbit/s.

Los valores demuestran que en la actualidad el promedio del mundo se ubica casi en el lugar al que Cuba pretende llegar en 2030. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, causante de la entrada tarda del pas a Internet, no puede ser esgrimido como la nica justificacin para el limitado acceso de la ciudadana a este servicio. El bloqueo todava existe y sin embargo el gobierno ha decidido comenzar a generar las condiciones necesarias para el desarrollo del soporte tcnico.

La intencin de control de las expresiones en la red, justificadas a menudo con la existencia de un enemigo sempiterno, desempea un importante papel en la ecuacin. Baste valorar el siguiente criterio de Jos Ramn Machado Ventura, vicepresidente del Consejo de Estado y segundo secretario del Comit Central del Partido Comunista de Cuba, sobre Internet: Existen algunos que nos la quieren dar gratis pero no lo hacen con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el propsito de penetrarnos y hacer trabajo ideolgico para lograr una nueva conquista. Tenemos que poseer Internet, pero a nuestra forma, sabiendo que es una intencin del imperialismo manejarla como una va ms de destruir la Revolucin.

Los derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso, no pueden pasar por el filtro de la ideologa. La transversalidad que los caracteriza demuestra que el uso de la ideologa como condicin para su ejercicio constituye una prctica improcedente.

La generacin controlada de infraestructura es solo un elemento de los que deben valorarse en el escenario cubano. Los precios de acceso, el control legal y de propiedad de los proveedores de Internet y la dependencia de los organismos reguladores son tambin factores importantes cuando de obstculos al acceso se trata.

El anlisis del disperso marco regulatorio permite juzgar la influencia de esos otros factores en el ejercicio pleno del derecho de acceso.

El Decreto 321/2013 regula la ltima concesin administrativa realizada a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones. En el mismo se le entrega con exclusividad, hasta 2023, el servicio de telefona fija y mvil en el pas. La exclusividad, sin embargo, no alcanza a los servicios de Internet. Estos pueden ser prestados por otros proveedores como el MINTUR, el CITMA, TRD y Gaviota.

El Ministerio de Finanzas y Precios es el encargado, al final, de aprobar o no las tarifas mximas, las mismas que han evolucionado desde 4,50 CUC (112,5 CUP) hasta 1 CUC (25 CUP) por hora de conexin y han condicionado el acceso de los ciudadanos cubanos a Internet.

En un pas donde el salario promedio, segn cifras oficiales publicadas en el Anuario Estadstico de 2016 (2017), es de 740 CUP (30 CUC), pagar el precio vigente resulta imposible para muchos. Esto ha limitado considerablemente el uso de la red global, que buena parte de los usuarios emplea solo como va de comunicacin con amigos o familiares que residen fuera del pas.

Lmites al contenido y vulneraciones al derecho de los usuarios

En Cuba, las limitaciones no solo se han producido a partir de obstculos materiales. Las normas, emanadas fundamentalmente del MINCOM, demuestran que se han establecido lmites a los contenidos a distribuir y vulneraciones a los derechos de los usuarios.

La problemtica con el uso de la red de redes tiene una matriz constitucional. La base de su reconocimiento como derecho humano radica en el hecho de que constituye una plataforma especial para el ejercicio de la libertad de expresin. En ese sentido, las libertades de prensa y de palabra en la Constitucin cubana se encuentran condicionadas a los fines de la sociedad socialista (Artculo 53).

Los mltiples Reglamentos emitidos por el MINCOM para regular las formas de acceso y los contenidos que se comparten desde Cuba en Internet evidencian la materializacin del condicionamiento constitucional a la libertad de prensa y expresin.

La Resolucin 127/2007, Reglamento de Seguridad para las Tecnologas de la Informacin, establece limitaciones de uso de las redes, especialmente en las entidades estatales.

Esta norma establece que la suscripcin a listas de correo electrnico y el empleo de conversacin en tiempo real (chat) deber ser autorizado en todos los casos por la direccin de la entidad en correspondencia con sus intereses.

Tambin prohbe que cualquier persona natural o jurdica enve mensajes de correo electrnico no solicitados a mltiples usuarios de forma indiscriminada sin importar el carcter de aquellos. Dicha prohibicin extiende las limitaciones no solamente al acceso a Internet sino tambin al uso del correo electrnico. Ante la desconexin, este medio de comunicacin digital se ha empleado de manera cotidiana como mecanismo de intercambio de informacin y generacin de campaas.

El Reglamento ordena expresamente la implementacin de controles dirigidos a impedir e interrumpir la generacin de cartas en cadena y el envo de mensajes de correo de forma masiva a travs de las redes. Una medida como esta, si bien puede contribuir a la proteccin tcnica de la red, reduce la capacidad de asociacin de los usuarios.

La normativa mencionada utiliza conceptos vagos y de mltiple interpretacin para prohibir ciertos contenidos. De esta manera se prohbe la difusin de informacin contraria al inters social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. As mismo prohbe los contenidos distribuidos por personas naturales y jurdicas que lesionen la Seguridad Nacional.

Ms all de las limitaciones a los contenidos, mayores preocupaciones suscita el monitoreo orientado. El propio Reglamento impone a las entidades la obligacin de instalar controles y mecanismos que permitan detectar y obstaculizar las actividades que prohbe. La prohibicin de contenidos viene acompaada por la creacin de un aparato destinado a la persecucin de los transgresores y de mecanismos para su control.

Ejemplo de lo anterior lo constituye la Resolucin 179 de 2008, que establece otro Reglamento, pero en esta ocasin para los Proveedores de Servicios de Acceso a Internet al Pblico. En este caso, las prohibiciones impuestas a los usuarios se traducen en mandatos de control para los proveedores autorizados para ofrecer el servicio.

La Resolucin 179/08 orienta que se debe garantizar que en las redes controladas por los proveedores no se utilice software con sistemas criptogrficos o transferencia de ficheros cifrados. Dispone, adems, que se tomen las medidas necesarias para impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al inters social, la moral y las buenas costumbres, y el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado.

Lo ms llamativo es que luego de disponer la imposibilidad de encriptar y proteger los contenidos personales transmitidos, ordena el establecimiento de procedimientos que aseguren la identificacin del origen de los accesos, as como su registro y conservacin por un tiempo no menor de un ao. Se logra as eliminar los mecanismos de proteccin adicional de contenidos personales para facilitar el monitoreo y control de todos los contenidos a los que se acceda y distribuya.

La vigilancia y el monitoreo constituyen una vulneracin de la privacidad de los usuarios en la red. Su principal efecto ha sido una autocensura muy extendida. Condicin autoimpuesta que es considerada internacionalmente como un medidor negativo del derecho de acceso.

A pesar de que el MINCOM reconoci en febrero pasado que prepara un nuevo reglamento de seguridad informtica, ms acorde con el avance de las tecnologas de la informatizacin y las telecomunicaciones en el pas, lo cierto es que hasta la fecha no se ha promulgado nada que derogue o sustituya la reglamentacin vigente.

El reconocimiento de la necesidad de cambio ha venido aparejado de tolerancia hacia algunas expresiones contrarias a lo establecido en el ordenamiento vigente. Dicha tolerancia ha generado la utilizacin del trmino alegalidad para denotar la subsistencia, en el espacio virtual, de medios que usan herramientas y distribuyen contenidos que, como ya se ha visto, son prohibidos por la reglamentacin vigente.

La tolerancia no implica legalidad y la existencia de un ordenamiento prohibitivo que impone sanciones como la ocupacin cautelar y posterior decomiso de los medios, instrumentos y equipamientos utilizados para cometer cualquier infraccin de las mencionadas, permanece como una espada de Damocles sobre quienes utilizan el espacio virtual. La alegalidad no existe en el ambiente comunicativo cubano. La normativa hasta hoy vigente utiliza conceptos genricos y de unilateral interpretacin como intereses del Estado para declarar ilegales a actitudes de empoderamiento ciudadano.

Debe ser ese mismo ordenamiento prohibitivo el que justifica el bloqueo de sitios web que no han sido objeto de tolerancia ni encajado dentro del concepto de alegalidad. Segn un reporte emitido por el Observatorio Abierto de Interferencia en la Red (OONI), 41 sitios web se encontraban bloqueados en la Isla entre el 29 de mayo de 2017 y el 10 de junio de 2017. Todos los sitios bloqueados tenan en comn que expresaban crticas al gobierno cubano, trataban asuntos relacionados con los derechos humanos o tenan relacin con herramientas para sortear la censura. Esta cifra podra ser mayor, porque la OONI solo someti a examen 1 458 sitios web. La Fundacin para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel Garca Mrquez, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico y la Fundacin Nieman para el periodismo de la Universidad de Harvard se encuentran actualmente bloqueados en el pas y no fueron analizados por el Observatorio.

No puede hablarse entonces de derecho pleno cuando existen tolerancias relativas, filtros, bloqueo, vigilancia generadora de autocensura, ciberataques y un ordenamiento prohibitivo utilizado discrecionalmente.

Eloy Viera Caive. Abogado de la Organizacin Nacional de Bufetes Colectivos hasta 2017. Asistente legal del Colectivo+Voces.

Fuente: http://www.periodismodebarrio.org/internetencuba/2018/04/13/internet-en-cuba-limitada-por-la-politica-o-la-economia/



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