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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-06-2018

Balance de seis aos de Gobierno austericida. Daos y perjuicios
Estado de des(h)echo

Editorial
CTXT


Justicia: retroceso en derechos y libertades

No estaramos peor si Rajoy no hubiese nombrado ministros de Justicia en estos aos. Las reformas legales que se han aprobado pueden y deben contrarreformarse sin que se pierda calidad en la respuesta a ningn conflicto; las relaciones entre el Ejecutivo y la cpula judicial (CGPJ) han abundado en los vicios que ya venan arrastrndose; y la estructura organizativa judicial (Juzgados y Tribunales) ha sido descuidada por completo, hasta provocar una huelga de jueces que expres un malestar explicado en una tabla reivindicativa que parece elemental. Si por algo se han caracterizado los gobiernos de Rajoy no ha sido en absoluto por una apuesta en la modernizacin de la Administracin de Justicia. Es fcil sospechar que la que hay le serva. Para qu mejorarla?

Ruiz-Gallardn (o quizs Montoro) hizo de la Justicia una justicia tasada (y por tanto desigual, poniendo un precio discriminatorio al ejercicio de la tutela judicial efectiva), redujo el CGPJ a una especie de Comit Ejecutivo ms fcilmente manejable y prepar unos interesantes anteproyectos de Ley Orgnica del Poder Judicial (con el establecimiento de los tribunales de instancia provinciales) y de Ley de Enjuiciamiento Criminal (con la instruccin atribuida al Ministerio Fiscal bajo control judicial) que habran supuesto avances importantes largamente esperados. Su dimisin a causa del rechazo del propio Gobierno de su ley del aborto frustr esas reformas ambiciosas, que Catal no supo o no quiso continuar (con la excepcin de la Ley de Jurisdiccin Voluntaria, que en general mereci aprobacin en la comunidad jurdica). Catal, de buen verbo, se dej llevar y se limit a suplir con palabras su completa inaccin. Quizs porque empez sin proyecto y se qued ms tiempo del previsto.

El legado de Rajoy en materia de Justicia tiene ms cargas que bienes. Deja un Tribunal Constitucional desacreditado por el nombramiento de un presidente que fue militante de partido y por la reforma que lo convirti en ejecutor de sus propias decisiones (rbitro que interviene en los lances del juego), y la Ley Mordaza (el nombre a veces es la esencia) no ha mejorado la calidad de la expresin y la protesta pblicas, pero s ha exacerbado su criminalizacin hasta extremos no soportables. Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepcin de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pblica y de la respuesta a la delincuencia que slo provocan ms sufrimiento en trminos colectivos, ms crcel y ms temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin ms, adems de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante. Y deja por ltimo, aunque su responsabilidad sea slo indirecta, un problema poltico de primera magnitud incrustado en los estrechos e impredecibles cauces de un proceso penal que comprometern cualquier solucin propiamente poltica: la represin y reconduccin de la Legislatura de la independencia en Catalua.

Han sido aos perdidos para la Justicia. Perdidos y mal empleados. La nueva ministra de Justicia, de intensa experiencia profesional, encuentra un terreno yermo, claudicante y derrotado. La democracia espaola tiene una larga y acumulada deuda histrica con la Justicia tanto en el aspecto presupuestario como en el de impulso modernizador. Cualquier iniciativa bien pensada desde el principio que vaya en la lnea de reforzar la independencia judicial, la contencin en la represin gubernativa (que no tiene las garantas del proceso penal), la redefinicin legal de delitos y penas controvertidos socialmente, la despolitizacin de los nombramientos de la cpula judicial y la proposicin de un verdadero Pacto por la Justicia con previsiones presupuestarias realistas, podra hacer de estos dos aos de Snchez un bienio virtuoso.

Catalua: la muerte de la poltica

La huella de Rajoy sobre el tema cataln se inicia antes de Rajoy, con la reforma del Estatut, en 2003. Es decir, con Aznar y con el ltimo proyecto de Espaa modulado por la derecha, una idea de Espaa que lee la globalizacin parcialmente, y que apuesta por Madrid como una capital financiera del mundo hispano. Es, por tanto de una idea de centralizacin an ms rigurosa y amplia que las anteriores. Desde el siglo XIX, la democracia en Espaa ha ido unida a descentralizacin. Optar por la opcin contraria es, por tanto, democrticamente arriesgado. Rajoy, desde la oposicin y desde 2004, jug a ese juego peligroso con boicots a productos catalanes y recogidas de firmas ante un Estatut que contena aportaciones que se aplicaron, sin mayor problema, en Andaluca y el Pas Valenci, y que apostaba por un tmido, dbil y asumible autoreconocimiento nacional fuera del articulario, en el prembulo. La poltica catalana y la espaola: la descentralizacin es la democracia en Espaa, recordemos qued sensiblemente emponzoada tras esa etapa, y tras la sentencia del TC sobre el Estatut en 2010 y con mayora progresista en el TC, por cierto, una sentencia desmesurada y agresiva para tan poco.

Con Rajoy en la presidencia se inicia una nueva etapa en la degeneracin del tema cataln. En primer lugar, Rajoy se niega a negociar con Mas un pacte fiscal en 2012. Un pacte fiscal era la propuesta de un sistema de financiacin foral. Pero tambin era cualquier cosa, pues Mas, el primer gran recortador del Bienestar en Espaa, se hubiera conformado con cualquier gesto. No hubo gestos. Se pas a la siguiente casilla, un referndum. El Govern catal, a partir de este momento, fue errtico. Pero tambin, mucho ms y de manera ms determinante, el de Rajoy. Sin propuesta de dilogo, Rajoy dialog y pact el referndum, que pas a ser una consulta tolerada en 2014. Despus de esta fecha, Rajoy se cerr en banda. La ausencia de dilogo ante un problema de fcil solucin por parte procesista, nunca estuvo en juego la independencia, hizo que el tema transcurriera fuera de la poltica, en los medios afines, adquiriendo una velocidad e importancia paralela a la realidad. En este punto, Rajoy apost por deslocalizar en la Justicia cualquier solucin. Con ello, el Gobierno desapareci de cualquier solucin, perdi la iniciativa, y someti a la Justicia al estrs de verse mezclada con la poltica. De septiembre a octubre eso es lo que pas. Con dos nuevas aportaciones y agravantes. Por un lado, el uso de la fuerza para un problema poltico. Hubo violencia, que poda haber sido mayor, que podra haber supuesto, incluso, una matanza, esperada por todo el mundo durante ms horas de las deseables. Por otra parte, la solucin de Rajoy parece ser que se verbaliz a travs del discurso de rey, el 3-O, un discurso en el que se daba la democracia por finalizada en el Estado que en el XIX descubri que la democracia es descentralizacin, y en el que se apuntaba a la violencia como solucin a cualquier reapertura del debate. La aplicacin del 155 un 155 arbitrario y como consecuencia de la ausencia de poltica, pero ms leve y moderado de lo esperado es la ltima aportacin de un Rajoy que dej a Catalua sin salida, provocando la renovacin de lderes en Catalunya alejados de la poltica tanto que no sabemos an si quieren o pueden discutir con el Estado una solucin, y ha dejado a una generacin de lderes en la crcel y en el exilio. Posiblemente, por 30 aos. Lo que aleja cualquier solucin y enrarece la poltica. Un problema que se podra haber canalizado por gestos, puede ser an canalizado por gestos?

Mujeres: brecha salarial y adis a la dependencia

El Ejecutivo del PP no ha gobernado para las mujeres, que somos casi el 51% de la poblacin espaola. Solo el ltimo 8M, con la extraordinaria marea violeta en las calles, consigui que el Gobierno anunciara que reactivara sus propuestas sobre igualdad. No tuvo tiempo y no tena ganas. Pocos meses antes, el expresidente responda no nos metamos en eso al ser preguntado por la ley islandesa que obliga a las empresas a la equiparacin salarial entre hombres y mujeres. Rajoy ignoraba as la tremenda brecha salarial que existe en nuestro pas: casi 6.000 euros, un 22%.

Los Presupuestos de 2018, que quedan como herencia para el presidente Snchez, son una muestra de la ausencia de polticas con visin de gnero del anterior gabinete. Diversas plataformas feministas criticaron el machismo de esas partidas, sobre todo en empleo, pensiones y permisos de paternidad. El PP, mientras tanto, se ausentaba de la reunin en el Congreso en la que se debatan las cuentas del Estado con el movimiento feminista.

Empleo. Segn la ltima EPA, de abril, las mujeres se siguen viendo ms afectadas por el paro: el 18,35% frente al 14,97% de los hombres. Adems, el 73% de los contratos a tiempo parcial los realizan mujeres. Los presupuestos destinan un 3,4% menos al pago de las prestaciones por desempleo, por lo que la mitad de las paradas no recibiran ninguna ayuda. El PP, adems, retras hasta 2023, mediantes enmienda a los presupuestos, la integracin en el Rgimen de la Seguridad Social de las empleadas del hogar.

Violencia machista. Finalmente, la presin de las mujeres en las calles consigui que el Gobierno rectificara y asegurara los 200 millones del Pacto contra la Violencia de Gnero: un 0,06% de los presupuestos (327.955 millones). Poco ms. Sin recursos econmicos, que entre otras cosas garanticen la salida del hogar de las mujeres que denuncian violencia machista, la ley es insuficiente.

Dependencia. El Gobierno de Rajoy presupuest 1.400 millones de euros para esta partida, un 6,7% menos que en 2011. El ao pasado 38.000 personas dependientes fallecieron en Espaa sin haber recibido ninguna prestacin. Dos de cada tres dependientes son mujeres, y el 90% de las personas que se ocupan de los cuidados, tambin. La Ley de dependencia tiene pendiente extender su alcance, agilizar los pagos y profesionalizar una parte importante de los cuidados.

Permisos. Los Presupuestos contemplan el aumento de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad, aunque exige que se tomen de forma ininterrumpida. Queda pendiente la propuesta de las PPIINAS recogida en una Proposicin de Ley en enero: permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%.

Economa: devaluacin salarial y amenaza para las pensiones

Rajoy no lo dijo, pero se propuso bajar los salarios y lo consigui. Insignes economistas han sostenido que bajar los salarios nominales no es posible por la resistencia de los asalariados a aceptarlo. Tal fue la contundencia del Gobierno del PP que lo consigui en cuatro de los seis aos que estuvo en el poder. En trminos reales, es decir, descontando la inflacin, ya que el euro de 2011 vala ms que el de 2018, los salarios han descendido casi continuamente. Ahora son un 5 por ciento ms bajos que cuando Rajoy tom el poder.

Esa devaluacin salarial no ha consistido slo en congelar o abaratar los sueldos de los que trabajan, sino tambin en algo mucho ms impactante, y de consecuencias ms graves. La Reforma Laboral del PP ha facilitado, y sigue facilitando, porque an est en vigor, despedir de manera mucho ms fcil. De ese modo se ha sustituido una parte de los empleos para contratar seguidamente a parados con salarios notablemente ms bajos. Entre 2012 y 2016, el Ministerio de Empleo tiene registrados ms de un milln de despidos de trabajadores fijos. Gran parte de ellos fueron sustituidos por trabajadores que cobraban casi la mitad.

Esos nuevos asalariados eran nuevos cotizantes a la Seguridad Social que deban contribuir a pagar la pensiones de los jubilados. La consecuencia de esta devaluacin salarial ha tenido su reflejo en las cuentas de la Seguridad Social. Sus ingresos han sido ao tras ao menores de los presupuestados. Al aumento de jubilados, unos 230.000 cada ao, por trmino medio, slo en el rgimen general, se ha sumado la incapacidad recaudatoria por la bajada de sueldos. Lo han pagado los pensionistas presentes, con subidas raquticas que no han compensado el encarecimiento del coste de la vida. Y lo pagarn tambin, si esto no se remedia, los pensionistas futuros. Un factor de sostenibilidad del sistema, elaborado por el Gobierno sin apoyo de la oposicin, supondr, de llevarse a cabo, una reduccin de la cuanta a percibir por los nuevos jubilados.

Reconstruir sobre las ruinas debera consistir en primer lugar en recuperar significativamente los salarios. No slo con aumentos anuales, que lgicamente no pueden ser explosivos, sino derogando la Reforma Laboral. Primero, para que el despido, y la consiguiente sustitucin por otro asalariado, no se utilicen como la estrategia empresarial para bajar costes. El despido debe volver a tener causas muy justificadas ente los tribunales y recuperar el principio tuitivo, protector, hacia el trabajador de la legislacin laboral. Segundo, recuperar el poder negociador de los sindicatos, limitando la posibilidad de que la parte empresarial se descuelgue de una parte del convenio, por ejemplo que no aplique la subida salarial comprometida. Tambin se debe recuperar la ultraactividad de los convenios, que sigan vigentes mientras no se pacte otro. Y volver a dar prioridad a los convenios sectoriales frente a los de empresa.

Las dificultades de la Seguridad Social llevaron al PP a gastarse prcticamente todo su Fondo de Reserva, la llamada hucha de las pensiones. Estaba pensada para momentos puntuales y se ha empleado como recurso continuado. Por ello, antes de irse Rajoy se ha visto obligado a prestar este ao y el pasado 10.000 millones de euros de los Presupuestos del Estado para pagar pensiones, pero a costa de ms deuda. Si es indispensable ms dinero, debe establecerse transitoriamente un impuesto a la banca como han defendido el PSOE y Podemos. Tambin los sindicatos, aunque dudan de que sea suficiente si se aplica como remedio definitivo.

Finalmente no debe aplicarse en 2019, como est previsto, el llamado factor de sostenibilidad para calcular la cuanta de las nuevas pensiones a partir de ese momento. Consiste en tener en cuenta la esperanza de vida, adems de los aos y la cuanta cotizados. Por tanto supone una pensin ms baja que las anteriores. Y, por supuesto, volver al principio establecido en el Pacto de Toledo de subida de las pensiones de acuerdo con la inflacin.

Economa: el precariado

En Espaa se ha desarrollado un sistema de incentivos perversos que nos han llevado a un modelo productivo que no busca la especializacin productiva en producciones de alto valor aadido, en bienes superiores, sino en la reduccin de costes y la precariedad laboral. En parte por la regulacin de la reforma laboral, en parte por estar mal resuelto este tema en el Estatuto de los Trabajadores, promueve este autntico precariado dependiente del sector pblico y privado, as como dinmicas de competencia desleal entre empresas. Las propias administraciones pblicas han fomentado estas prcticas, para ajustar sus propias cuentas.

Uno de los grandes focos de precariedad laboral, y con un sesgo de gnero bastante claro, son los procesos de externalizacin de parte de las actividades de las empresas a travs de redes de subcontratacin, cuyo ltimo objetivo es desvalorizar el trabajo: esta es la nica poltica industrial desarrollada en los ltimos aos.

Las facilidades para el descuelgue del convenio de empresa de los convenios sectoriales, el intento de terminar con la ultractividad, la descausalizacin en la prctica de la contratacin temporal, la creciente desproteccin del trabajador en despidos individuales y colectivos son las vigas maestras de la reforma laboral del 2012, y cuestiones que tambin estn en la del 2010, que hay que eliminar.

Este camino no habra que renunciar a recorrerlo a travs del marco tripartito del dilogo social, contando con las organizaciones empresariales. Seran cambios mucho ms estables y tiles para la mayora social. Ms que una derogacin que nos lleve a la legislacin laboral del ao 2007 o del 2009 (donde convivamos con tasas de temporalidad de ms del 30% que fueron el preludio de un aluvin de despidos ante la crisis, no lo olvidemos), se trata de una derogacin por elevacin. Se trata de la construccin de un marco laboral ms democrtico, ms moderno, ms equilibrado, menos segregador y que incentive comportamientos virtuosos y no perversos, como ocurre actualmente.

Medio Ambiente y Cambio Climtico: el desmantelamiento

Durante la primera legislatura, con una mayora absoluta en ambas cmaras legislativas, el PP desmantel una buena parte de la legislacin ambiental existente. La segunda, entre 2016 y 2018, ha estado caracterizada por el bloqueo sistemtico de las iniciativas presentadas por otros grupos polticos, de manera que se han impedido avances significativos en materia ecosocial.

Uno de los principales retrocesos de la primera legislatura fue la reforma de la Ley de Costas, que supuso la privatizacin de una parte significativa del litoral as como la desproteccin de la costa para permitir actividades econmicas que, a menudo, tienen gran impacto ecolgico.

En el plano energtico destaca el freno al desarrollo de las energas renovables y la instauracin del llamado impuesto al sol que, contraviniendo las directrices europeas, ha limitado la instalacin de paneles solares en pueblos y ciudades de todo el territorio. Adems se dio un fuerte impulso a las prospecciones petrolferas en alta mar, facilidades al fracking y se afianz una reforma energtica que ha dado un enorme poder al oligopolio elctrico, permitindoles marcar la poltica energtica en funcin de sus intereses.

El ministro de Energa, lvaro Nadal, fue un verdadero adalid en el empeo de prolongar la vida de las centrales de carbn, las ms contaminantes, a veces incluso con el rechazo de las compaas propietarias.

La actuacin positiva en temas de cambio climtico tambin ha sido muy escasa: adems de las restricciones a las renovables mencionada, se cre un comit de expertos sin ninguna mujer y hecha a la medida de los intereses de los propietarios de las nucleares y plantas de carbn y gas. El resultado fue que, una vez pasados los peores momentos de la crisis econmica, las emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto a crecer y a da de hoy no existe una ley contra el cambio climtico.

En temas relacionados con la calidad del aire, Espaa ha sido el nico pas que no ha emprendido ninguna accin legal contra el fraude de los fabricantes de vehculos disel, y en la Comisin Europea ha defendido las posiciones tolerantes con la industria del automvil que mantendr los niveles de contaminacin durante varios aos ms.

En la misma lnea se han mantenido durante ambas legislaturas la promocin de un modelo agrcola intensivo, explotador de recursos y de personas, y un abandono claro de las polticas de proteccin de la biodiversidad.

Al hablar de agua, hay que reconocer que se han desarrollado los planes de cuenca con algunos aspectos positivos y se han creado reservas fluviales, pero se ha mantenido la sobreexplotacin del agua, con incrementos de regados inviables si consideramos la reduccin de caudales en los cauces ligados al cambio climtico,

En materia de residuos, el Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido bloqueando la instalacin de sistemas de devolucin y retorno de envases, que permitiran reducir drsticamente estos residuos. Por otro lado, la estrategia de economa circular y cierre de ciclos presenta una gran falta de ambicin.

A todo esto hay que sumar la ausencia de una autntica fiscalidad ambiental, las trabas para el acceso a la justicia (costas, tasas), y las medidas aprobadas para limitar o evitar la movilizacin ciudadana (leyes mordaza), que se han utilizado profusamente para reprimir protestas ecologistas y de todo tipo de movimientos sociales.

Cultura: castigo, desinters y olvido

A los recortes que sufri el sector cultural en Espaa desde 2011 (cerca del 30% de reduccin en los PGE), hay que sumar una mezcla perversa de castigo (el improductivo y por tanto incomprensible IVA cultural y digital), desinters (ninguna medida alternativa de financiacin, como el mecenzago, para paliar la prdida de financiacin pblica directa) y olvido (ni siquiera las medidas a coste cero, como las cuotas de pantalla para promocionar y proteger al sector, fueron contempladas). Recortes, castigos, desinters y olvido, tapados por la sola y vaca reivindicacin de la marca Espaa, ajena a las necesidades del sector pero til, quiz, como valor promocional para el Gobierno.

Una dcada nefasta para el sector cultural que va a necesitar de un largo camino que, sin embargo, puede empezar a recorrerse aqu y ahora: bajada inmediata del IVA cultural y digital, ley de mecenazgo que permita autonoma financiera al sector, desarrollo del recin aprobado Estatuto del artista, un nuevo acuerdo para una comisin mixta entre Cultura y Fomento que permita, por fin, destinar el nunca aplicado 1,5% de la obra pblica al desarrollo de nuestro patrimonio histrico y, sin duda tambin, una ley audiovisual que, como en nuestro entorno europeo, establezca cuotas para la exhibicin de nuestra produccin cultural. Quedar mucho por hacer, pero este sera un buen comienzo.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180620/Firmas/20293/herencia-gobierno-pp-rajoy-legado-juridico-catalu%C3%B1a-economia-mujeres.htm



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