Portada :: Amrica Latina y Caribe
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-06-2018

La activista y exiliada Yolanda Oquel denuncia la criminalizacin de las defensoras del territorio en Guatemala
En La Puya las mujeres nos pusimos al frente, como barricadas humanas

Enric Llopis
Rebelin


La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacfica La Puya comenz su oposicin al proyecto minero El Tambor, que incluye la extraccin de oro y plata en los municipios de San Jos del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendi el proyecto, cinco aos despus que el Ministerio de Energa y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razn es que no se realiz una consulta previa a las poblaciones indgenas, segn lo establecido en el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT).

Exmingua es filial de la firma estadounidense Kappes Cassiday & Associates, que en 2012 adquiri las participaciones de la canadiense Radius Gold Inc. Ante la paralizacin de la iniciativa, denominada Progreso VII Derivada- en mayo de 2018 la minera Exmingua anunci la intencin de presentar una demanda en un procedimiento de arbitraje internacional- contra el Estado de Guatemala por 300 millones de dlares. La demanda de indemnizacin se fundamentara en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamrica y la Repblica Dominicana.

El pasado 11 de junio ms de 50 organizaciones sociales de Guatemala e internacionales remitieron una carta al embajador de Estados Unidos en el pas centroamericano, Luis Arreaga, en la que sealaban la continua interferencia del Gobierno de los Estados Unidos y las amenazas de demandas internacionales. Adems de a la mina de oro El Tambor, la misiva hace referencia a las minas de plata El Escobal, emplazadas en el municipio de San Rafael Las Flores (Santa Rosa), en el sureste de Guatemala. Segn la compaa que explota el yacimiento, Tahoe Resources (con oficinas en Canad, Estados Unidos y Per), se trata de la tercera mina de plata ms grande del mundo. En julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendi provisionalmente la licencia de explotacin otorgada en 2013 a la subsidiaria guatemalteca Minera San Rafael (Minerasa), por no realizarse las consultas previas a las comunidades Xinca. La carta de las organizaciones populares denuncia que representantes del Departamento de Comercio y congresistas estadounidenses, as como la Embajada de Estados Unidos en Guatemala han realizado esfuerzos extraordinarios para que el litigio, pendiente del fallo de la Corte de Constitucionalidad, se resuelva a favor de las empresas.

En enero de 2017 el Ministerio de Energa y Minas de Guatemala contabilizaba 307 licencias mineras vigentes (270 de explotacin y 37 de exploracin) y 599 solicitudes en trmite (420 de exploracin, 173 de explotacin y seis en fase de reconocimiento). El informe de 2017 de la Organizacin No Gubernamental UDEFEGUA documenta 493 agresiones/ataques (incluidos 52 asesinatos) contra defensores de los derechos humanos, 230 ms que en 2016.

El documento resalta que el 26,7% de las agresiones se concentran en cinco departamentos (de la Regin Occidente) Huehuetenango, El Quich, Quetzaltenango, Solol y Totonicapn- de los 22 en que se organiza el pas; Huehuetenango es el segundo departamento en nmero de agresiones a defensores (105), por detrs de Guatemala (210). Los ataques en la regin tienen como objeto principal a la poblacin indgena, por sus demandas en torno al derecho a una consulta libre, previa e informada y al derecho sobre el territorio y un ambiente sano, sostiene la ONG. Adems, entre 2012 y 2017 UDEFEGUA registr 239 acciones de criminalizacin contra mujeres defensoras de los derechos humanos.

Uno de los casos que cita el informe es el de Yolanda Oquel, lideresa de la Resistencia Pacfica La Puya hasta 2015, y que como consecuencia de su activismo recibi amenazas de muerte va telefnica en abril de 2017. En junio de 2012, la dirigente del Frente Norte del rea Metropolitana (FRENAM) tambin fue herida de bala, al tirotearla dos individuos cuando regresaba de una protesta contra el extractivismo minero en la aldea La Puya. Un ao despus se registraron disparos frente a la casa donde Oquel resida con su familia. En 2012 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicit al Estado de Guatemala medidas para garantizar la integridad fsica de la activista y su ncleo familiar. Sin embargo, tuvo que afrontar las denuncias por parte de extrabajadores de Exmingua. La defensora, que todava lleva una bala alojada cerca de la columna vertebral, fue una de las judicializadas por la resistencia pacfica en La Puya, acusada por la fiscala de presunta detencin ilegal, coaccin, lesiones leves y amenazas. Madre de tres hijos, desde enero de 2018 y por un ao se halla en Catalua, acogida al programa de proteccin de Amnista Internacional.

Nuestro pas est en el ojo de las multinacionales, en muchos casos se trata de las mismas empresas y accionistas slo que cambian de nombre; en el comienzo del Corredor Seco (por las escasas precipitaciones) y a 20 kilmetros de la capital nos impusieron este megaproyecto, que representaba la puerta de entrada a otras iniciativas mineras; lo hicieron sin consultar a las comunidades y dicindonos que la gente ya haba vendido los terrenos, son las estrategias habituales, explica Yolanda Oquel en un acto organizado por el Comit de Solidaridad CEDSALA en Valencia. En julio de 2015 la Resistencia Pacfica La Puya celebr una victoria, cuando un juzgado de lo civil constituido en Tribunal de Amparo fall a favor de los alcaldes comunitarios de San Pedro Ayampuc, y orden detener los trabajos de construccin en el Proyecto minero Progreso VII Derivada.

El dos de marzo de 2012 comenz el plantn (acampada) a un lado de la carretera de entrada al proyecto minero, seala un estudio de 2014 publicado por el colectivo ecologista Madreselva. La madrugada del ocho de mayo, aade el estudio, la empresa y 400 policas intentaron introducir las mquinas perforadoras de pozo, pero se enfrentaron a mujeres tendidas en el suelo que rezaban y cantaban. En diciembre la Resistencia evit con el apoyo de observadores en materia de derechos humanos- otro intento de desalojo policial; seis dirigentes del movimiento resultaron detenidos. As, durante ms de dos aos, las activistas impidieron la irrupcin de las mquinas. Segn Yolanda Oquel, nos organizbamos en turnos de 24 horas sin caer en provocaciones; enviaron a centenares de policas antimotines para desalojarnos ilegalmente; al comienzo la presencia de las mujeres fue escasa, pero en los ltimos intentos de desalojo las mujeres se ponan al frente, como barricadas humanas Y hoy cuentan sus experiencias. Al comenzar los turnos de resistencia, haba compaeros que pensaban que ellas iban a La Puya slo para cocinar, o los esposos les negaban el dinero para trasladarse a las reuniones, pero esto lo fuimos cambiando.

En julio de 2013 tres balas por la espalda y dos disparos de gracia terminaron con la vida de Santos Fidel Ajau, activista de Resistencia La Puya; haba recibido amenazas de personas que participaron en los hostigamientos organizados por Kappes Cassiday & Associates, denunciaron las comunidades de San Jos del Golfo y San Pedro Ayampuc. Tambin informaron que la empresa contrat, como gerente de operaciones, a un exteniente que particip en las agresiones a los activistas. El 23 de mayo de 2014 cerca de 500 agentes de la Polica Nacional Civil, que custodiaban el acceso de la maquinaria, desalojaron de modo violento a los resistentes. Durante una hora y treinta minutos, observaron los voluntarios de Peace Brigades International-Guatemala, los antimotines utilizaron de manera indiscriminada gases lacrimgenos, palos y piedras contra los integrantes del plantn, que resistan pacficamente con cantos y rezos. Adems de los arrestados, heridos y lderes sometidos a juicios penales, ese da se denunci la destruccin de enseres y cosechas de maz.

Yolanda Oquel forma parte de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzkat). Las mujeres que luchamos contra el sistema, las empresas y el patriarcado llevamos mucho dolor en nuestros cuerpos y espritus, afirma. En la Red participa tambin la defensora y feminista comunitaria Lorena Cabnal, de la etnia Xinca y cofundadora de la Asociacin de Mujeres Indgenas de Santa Mara de Xalapn (Jalapa), que particip desde los inicios en las luchas contra la minera metlica. En 2011 se pronuncia el destierro de mi persona de la comunidad; eso va a ser una de las prdidas muy fuertes; el hecho de verme caminar con mi hija de territorio en territorio, porque tuve un mandato patriarcal y no lo cumpl, afirm Lorena Cabnal en una entrevista publicada por la agencia Cimacnoticias. Asimismo la defensora defiende, frente al patriarcado ancestral, el Feminismo Comunitario: La sanacin csmica-poltica de los cuerpos en relacin con la tierra para armonizar; en otros trminos, la recuperacin y defensa de nuestro territorio cuerpo-tierra. Con Yolanda Oquel y Lorena Cabnal comparte lucha y experiencias Aura Lolita Chvez, lideresa Kiche que en junio de 2017 fue amenazada, junto a otros activistas, por una decena de individuos armados cuando se aproximaban a Santa Cruz del Quich. Antes de sufrir las intimidaciones, haban parado un camin con maderas procedentes de talas ilegales en los territorios indgenas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter