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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-06-2018

La ignominiosa propuesta de reparacin de congresistas de la 'Unin Democrtica Independiente' ​

Paulina Acevedo Menanteau
Observatorio Ciudadano


Recientemente los diputados de la UDI (Unin Democrtica Independiente) Javier Macaya, Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Osvaldo Urrutia ingresaron al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca extender los beneficios de reparacin otorgados por el Estado a las vctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura a viudas de Carabineros, de la Polica de Investigaciones y de Gendarmera fallecidos en actos de servicio.

En lo especfico, la mocin de los parlamentarios promueve homologar a estos casos las disposiciones de la ley 19.992 de 2004 que establece pensiones de reparacin a vctimas de violencia poltica y violaciones de derechos humanos, conocida como Ley Valech; de la ley 191.23 de 1992 que crea la Corporacin de Reparacin y Reconciliacin y establece pensiones de reparacin para familiares directos de la vctima ( cnyuge sobreviviente, la madre de los hijos naturales del causante, y los hijos menores de 25 aos de edad, sean legtimos, naturales o adoptivos ); y de la ley 19.980 de 2004, que hace modificaciones a esta ltima ampliando beneficios y estableciendo nuevos, entre otros mbitos, en materia de educacin.

En cuanto a la fundamentacin, en el texto de la iniciativa legal los parlamentarios sealan que la consagracin de la extensin de estos beneficios constituye un acto de justicia para estos ejemplares servidores pblicos, y que los derechos humanos son, por esencia, universales y consustanciales a la naturaleza humana, y no responden a una ideologa poltica o social alguna. Solicitando al momento de su presentacin que Presidente de la Repblica, Sebastin Piera, patrocine la iniciativa y remita al Parlamento un proyecto que disponga los recursos necesarios para poder materializar la propuesta.

Al respecto, se hace indispensable establecer que si bien es posible y est dentro de las facultades parlamentarias postular iniciativas de ley, como puede ser el establecimiento de indemnizaciones en los casos referidos, la ceguera ideolgica de estos congresistas, que avalaron los crmenes de la dictadura cvico militar, o tal vez su ignorancia sobre el alcance de los derechos humanos en materia de justicia transicional, les impide ver lo ignominioso de su planteamiento.

En efecto, estos diputados no pueden equipar el delito de homicidio que terceros puedan cometer contra funcionarios como los descritos, el cual se encuentra tipificado en la justicia penal ordinaria, a la accin sistemtica, concertada y premeditada de violencia poltica donde es el propio Estado el que lleva a cabo actos de secuestro, tortura, asesinato y desaparicin que el derecho internacional de los derechos humanos ha establecido constituyen delitos de lesa humanidad.

Ms an, al hacerlo, son estos mismos parlamentarios quienes violan derechos fundamentales, comprometen las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos y transgreden la Constitucin Poltica de la Repblica, que en su artculo 5 inciso 2, establece como lmite al ejercicio de la soberana el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Agregando que es deber de los rganos del Estado, de los que stos forman parte en tanto miembros del Poder Legislativo, respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitucin, as como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Entre estos tratados, se encuentran aquellos que han consagrado la tipificacin de los crmenes de lesa humanidad, tanto en tiempos de paz como de guerra, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a la cual el Congreso Nacional adhiri en el ao 2009. En otras palabras, este intento de homologacin oficiosa de delitos comunes a crmenes que tienen un status distintivo a nivel internacional y en el nivel interno, fijando medidas de reparacin sobre los primeros que han sido establecidos especficamente para estos ltimos, constituye una flagrante violacin a los derechos humanos de las vctimas en Chile de crmenes cometidos por el Estado, que son imprescriptibles e inadmistiables, y al deber que recae en los parlamentarios de promover y respetar estos derechos.

Ello, adems, en los hechos, resulta en nueva afrenta para quienes perdieron a familiares directos durante la dictadura, y que de manera incansable han buscado por ms de cuatro dcadas verdad y justicia para estos crmenes que lesionan a la humanidad toda.

Finalmente, permitir que un proyecto como el ingresado prospere, implicara un retroceso sustancial en el proceso de justicia transicional llevado adelante en el pas y frente a la necesidad de fijar las bases para que nunca ms en Chile se produzca una traumtica experiencia de transgresin al Estado de derecho como la vivida. Asimismo, sera una regresin en el camino que an se recorre hacia la consolidacin de una democracia plena y de una sociedad respetuosa de sus diferencias, polticas, sociales o de cualquier otro orden, tanto para las generaciones presentes como futuras.

 

 Paulina Acevedo Menanteau, Periodista y comunicadora en Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano

 

@PaulinaAcevedoM

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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