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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-07-2018

La Ley Mordaza cumple tres aos y ni uno ms

Vctor Arrogante
Rebelin


El 1 de julio de 2015, entraba en vigor una de las leyes ms represivas que se ha aprobado en Espaa, desde la entrada en vigor de la Constitucin en 1978; la Ley de Seguridad Ciudadana, ms conocida como ley mordaza, por lo que significa contra la protesta y el derecho a la libertad de expresin e informacin. Fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular y el rechazo de la oposicin. Hubo otra, la anterior Ley Orgnica 1/1992, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley de patada en la puerta, siendo ministro del Interior del PSOE, Jos Luis Corcuera.

El pleno del Tribunal Constitucional anul el precepto de la ley Corcuera, por el que se permita a los policas entrar y registrar un domicilio sin autorizacin del juez cuando persiguen delitos de narcotrfico. Qued anulado el artculo 21.2, por considerarlo directamente contrario al artculo 18.2 de la Constitucin, El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podr hacerse en l sin consentimiento del titular o resolucin judicial, salvo en caso de flagrante delito.

La ley mordaza es una amenaza que recorta derechos y atenta contra la libertad de expresin; ha provocado que se haya perdido calidad democrtica en Espaa. El 26 de marzo de 2015, el Congreso −con mayora absoluta del PP− dio luz verde a la aprobacin de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el rechazo unnime de la oposicin. Pocos meses despus, la mayora de los grupos la recurrieron al Tribunal Constitucional. Segn la ley, lo que antes figuraba como falta, ahora es una infraccin administrativa con multas, que puede oscilar entre muy grave (de 30.001 y 600.000 euros), grave (de 601 a 30.000 euros) y leve (de 100 a 600 euros). Con esta ley, el PP que persegua limitar el derecho de manifestacin.

La Ley de Seguridad del PP, ha dejado un balance de 47.980 multas por faltas de respeto y/o consideracin a los agentes de la Polica. La Guardia Civil y Polica han multado a 48 personas cada da por este motivo durante los ltimos tres aos. Los ltimos seis meses de 2015, fueron sancionadas 3.130 personas. En 2016, la cifra de sanciones se triplic y ascendi a 19.497. En 2017 la cifra volvi a crecer hasta las 20.722 sanciones y en los tres primeros meses de 2018, las multas se quedaron en 4.631. En total, 47.980 multas, una media de 48 multas al da. A 31 de diciembre de 2016, el Estado haba recaudado 131.470.206 euros por aplicar la dichosa ley.

Amnista Internacional ha recogido ms de 65.000 firmas para acabar con esta perversa ley. Los derechos de reunin, expresin e informacin no estn garantizados, ya que la ley no introduce mecanismos de control adecuados a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El director de AI, Esteban Beltrn, ha sealado que, tanto la ley mordaza como la reforma del Cdigo Penal, estn sirviendo para procesar penalmente o sancionar administrativamente, por utilizar expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresin e informacin.

Ni las movilizaciones en contra ni los recursos ante el Constitucional han logrado detener la aplicacin de la ley. Colgar en Internet fotografas de la polica en accin, es considerado como una falta grave. Dificultar operaciones de desahucio concentrndose frente a las casas de los afectados o impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales es castigado. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonmicos, es considerado como una perturbacin grave de la seguridad ciudadana. Desobedecer o resistirse a la autoridad y no identificarse y no colaborar con las fuerzas de seguridad en la averiguacin de delitos o en la prevencin de acciones, tambin es castigado.

Solo el PP se ha mostrado contrario a una reforma en profundidad que el propio Pedro Snchez calific de urgente en el discurso de la mocin de censura que le convirti en Presidente. Sobre la mesa hay dos proposiciones. Una, presentada por el PSOE, que pide la derogacin de la ley mordaza y vuelta a la ley Corcuera de 1992. La segunda, propuesta por el PNV, plantea trabajar sobre el texto de la actual y modificar sus preceptos ms polmicos. Todo est bloqueado en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Snchez, ha mostrado su compromiso para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Antes, cuando su partido estaba en la oposicin, fue uno de los que se sumaron al recurso que presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal Constitucional, para derogar ocho artculos. Ahora, con Snchez liderando el Gobierno, el compromiso ha sido impulsar la derogacin urgente de los artculos recurridos, que limitan desproporcionadamente los derechos de reunin y manifestacin y la libertad de expresin. Nada se ha dicho de la derogacin de otros artculos de la ley no recurridos, que tambin vulneran derechos fundamentales.

La libertad de expresin y manifestacin no son derechos cualesquiera, sino que son derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y declaraciones internacionales recogen y la Constitucin espaola reconoce y protege. Derecho de reunin y manifestacin pacifica, as como expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio.

La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad ciudadana, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crtica al gobierno. Si no tenamos bastante con el Cdigo Penal, que criminaliza la protesta, mediante duras penas de crcel, con la ley mordaza pretenden arruinar a quienes protestamos. Cuando un gobierno se desentiende de proteger los derechos fundamentales que la Constitucin promueve, la ciudadana, desprotegida, adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna. La manifestacin de la protesta pacfica nunca puede ser penalizada como lo pretendi el gobierno del PP.

La solucin no es volver a la ley de la patada en la puerta. El objetivo de este tipo de leyes debe ser salvaguardar los derechos y no acotarlos, con la Administracin como juez y parte. Tanto la ley mordaza como la ley Corcuera comparten el espritu de restringir derechos y libertades fundamentales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Informacin (PDLI), ha advertido que si la derogacin del supuesto ncleo duro de la ley, se limita a los artculos recurridos ante el Tribunal Constitucional, se mantendrn en vigor artculos muy lesivos para los Derechos Fundamentales.

La Proteccin de la Seguridad Ciudadana no puede ser una excusa para continuar con leyes de Orden Pblico. Eso no es compatible con la democracia. Ni un da ms en vigor de la ley mordaza; hay que derogarla

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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