Portada :: Espaa :: Inmigracin
(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-07-2018

El PSOE y sus polticas migratorias: esa vieja costumbre de encerrar

Pablo 'Pampa' Sainz
El Salto

Fue el Gobierno del PSOE el que en julio de 1985 sancion la ley que por primera vez en democracia prevea la detencin del extranjero con carcter preventivo o cautelar mientras se tramitaba su expulsin. Repasamos 33 aos de polticas migratorias destinadas a rechazar, encerrar y expulsar personas


El efecto Diazepan del recibimiento del Aquarius ha pasado y las cmaras del circo meditico se apagaron. La ilusin de un cambio real en las polticas migratorias vuelve a ser un papel empapado por las aguas de la gran fosa comn mediterrnea. Ahora que la realidad nos vuelve a pegar sin reparo en cada imagen que nos llega y la emocin deja paso al raciocinio, quiz sea el momento de denunciar que los centros controlados que se acaban de acordar en la cumbre europea sobre migracin no son ms que la aplicacin de las polticas de siempre, escondidas otra vez detrs de lenguajes confusos revestidos de humanitarismo. Lo propios hechos, la gestin migratoria que en las ltimas tres dcadas ha defendido el ahora partido de gobierno, permiten al menos hacernos dudar sobre las reales intenciones que ocultan.

Fue el Gobierno del Partido Socialista Obrero Espaol (PSOE) el que en julio de 1985 hace 33 aos sancion la ley que por primera vez en democracia prevea la detencin del extranjero con carcter preventivo o cautelar mientras se tramitaba su expulsin. Hasta all, el antecedente ms cercano era la ley franquista de Peligrosidad y Rehabilitacin Social, para encerrar a los inmigrantes considerados peligrosos.

Aquel ao de 1985 el Estado espaol firm el acta de ingreso a la Unin Europea y pas a ser la frontera sur de Europa. La nueva legislacin pareci ser una de las imposiciones para formar parte de ella. El encierro mximo se estipul en 40 das y deba ser en centros de detencin o en locales que no tengan carcter penitenciario.

Centros de internamiento

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) se abrieron en Madrid, Valencia, Zaragoza y Las Palmas. Para 1988 ya eran seis, y en esas fechas se produjo el primer naufragio de una patera frente a nuestras costas: 18 jvenes marroques perdieron la vida intentando llegar a la playa de los Lances, en Tarifa.

En Madrid el CIE funcion en los subsuelos de la comisara de Moratalaz, donde decenas de personas migrantes fueron hacinadas en calabozos. En todos los centros empezaron a sucederse protestas. En 1991 en esos stanos se inici una sonada huelga de hambre, acompaada desde afuera por un ayuno en la sede del Club de Amigos de la UNESCO. Y en el centro de La Verneda, en Barcelona, nueve migrantes fueron heridos tras una revuelta con quema de colchones.

Sin embargo no fue hasta 1996, meses antes de finalizar el mandato de Felipe Gonzlez, cuando el Gobierno sancion un reglamento que atenu las condiciones de encierro, pero no disminuy el espritu represivo de las polticas migratorias. En simultneo, orden la reconstruccin de la valla entre Ceuta de Marruecos.

El Partido Popular (PP), entre reformas y contrarreformas, ampli las dimensiones de la valla, las moderniz y levant la que separa a Melilla de Nador. Tambin acentu las viejas diferencias jurdicas entre legales e ilegales. En 2003 fue el Tribunal Supremo el que invalid 13 artculos de un nuevo reglamento aprobado apenas dos aos antes.

Hasta esa resolucin y su transposicin a la ley, derechos fundamentales como los de asociacin, reunin, sindicacin o manifestacin estaban expresamente vedados a las personas consideradas ilegales. Tenan prohibido asistir a movilizaciones como las del No a la Guerra o el Nunca Ms. Nias y nios migrantes se quedaban fuera de las competencias deportivas oficiales de sus escuelas y colegios por no tener papeles. Hace solo 15 aos, ese mundo sin derechos era el que el bipartidismo reservaba para la migracin irregular.

La asuncin de un nuevo Gobierno socialista (2004) coincidi con una situacin de repunte de llegadas de migrantes por la frontera sur. La primera respuesta de Jos Luis Rodrguez Zapatero fue instalar concertinas, las cuchillas que en sucesivos aos causaron heridas mortales a varios migrantes y mutilaciones a muchos ms. Como ahora el ministro Fernando Grande Marlaska, en 2007 el Ejecutivo socialista anunci su retirada, una operacin meditica que no implic una eliminacin completa de esos dispositivos.

Abandonados en el desierto

En el medio, en aquel 2005 dos de los episodios ms graves en nuestra triste historia. En el verano el cerrojo fronterizo y la devolucin y entrega de inmigrantes a la Polica marroqu se convirti en escndalo internacional cuando se supo que Marruecos estaba abandonando a miles de personas en el desierto. Detenidos en redadas masivas o devueltos por Espaa, hacinados, sin agua ni comida, con las manos esposadas, decenas de jvenes subsaharianos asomaban llorando por las ventanillas de los buses que los trasladaban a las arenas del Shara.

A pesar de las denuncias de Mdicos Sin Fronteras, la ahora presidenta del Consejo de Estado y por entonces vicepresidenta del Gobierno, Mara Teresa Fernndez de la Vega, sigui defendiendo que la devolucin de inmigrantes a Marruecos entraba dentro de la legalidad y que estos reciban un trato humanitario. Las organizaciones comprobaran, tiempo ms tarde, que decenas de estos chicos murieron de sed deambulado en medio de la nada. Los cuerpos disecados, semienterrados en las dunas, volvieron a estremecer.

El segundo, de igual o mayor dramatismo ocurri entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2005: once migrantes fueron asesinados por disparos de la Polica en dos intentos de salto de la valla, uno en Ceuta y otro en Melilla. De inmediato, Fernndez de la Vega responsabiliz a la Polica marroqu, obviando que las fuerzas militares y policiales de Marruecos estaban y estn financiadas en gran parte con fondos europeos para hacer el trabajo sucio en nuestra frontera sur.

Tambin se produjo la mayor regularizacin de poblacin migrante en situacin irregular. La burbuja inmobiliaria y de la construccin estaban en plena expansin y, como haba sucedido con el Gobierno popular de Jos Mara Aznar entre 2000 y 2001, era necesario sumar mano de obra barata, muy barata. Ms de medio milln de personas pasaron a tener permiso de trabajo y residencia. Permisos precarios, a un ao, con la obligacin de cotizar la mayora de los meses para poder renovar por un ao ms y luego por dos. Un sistema de exclusas que obliga a aceptar empleos precarios, a veces de autntica esclavitud, con el nico objetivo de no perder lo que tanto ha costado, en especial en el trabajo de hogar, donde se emplean miles de mujeres migrantes.

En 2006, con la llamada crisis de los cayucos el relato oficial alarmista se impuso. Avalancha, marea, oleada, mafias, fueron algunos de los adjetivos que, como en la actualidad, encabezaron los titulares de prensa. El discurso del miedo termin justificando ms medidas represivas de control social: nuevos CIE, aumento de redadas en nuestras calles, millonarios dispositivos de control de fronteras (FRONTEX, SIVE, etc.) y convenios con los principales pases emisores: aceptar la repatriacin de sus ciudadanos se convirti en condicin indispensable para recibir ayudas.

El Plan frica I y II impulsado por Zapatero para el periodo 2006-2011 ancl su justificacin en esos discursos del miedo, la prevencin del terrorismo y una supuesta intencin de luchar contra la pobreza en los pases de origen. En letra pequea y en espritu, la idea de reforzar la presencia empresarial espaola en el continente africano, en detrimento de las economas locales. La seguridad energtica estaba en juego, y los recursos nacan all, donde salan las pateras. Las coincidencias con el presente vuelven a ser al menos sospechosas.

La ecuacin era fcil: pases como Mauritania y Marruecos se comprometan a frenar la emigracin, comprar los sistemas de seguridad fronteriza fabricados en Europa, aceptar la penetracin de multinacionales de la UE y firmar tratados de pesca. A cambio sus gobiernos recibiran crditos, donaciones, ayudas al desarrollo y, sobre todo, evitaran denuncias por su constante violacin de derechos humanos.

Guantanamito espaol

El ejemplo ms claro de esta externalizacin de fronteras fue la cole Six de Nadib, Mauritania, la antigua escuela que con fondos de cooperacin fue reconvertida en una crcel para detener a las personas sospechosas de querer emigrar a Espaa. A aquel espacio sin ley los socialistas lo llamaron Centro de Acogida, y la gestin de la Cruz Roja Espaola le dio el barniz necesario de humanidad. Organizaciones como Amnista Internacional y la Comisin Espaola de Ayuda al Refugiado (CEAR) no tardaron en denunciar la vergenza de sostener el llamado Guantanamito espaol.

Ya desde 2004, Consuelo Rum defenda e impulsaba estas polticas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La recin nombrada por Pedro Snchez al frente de la Secretara de Estado de Migraciones ocup el mismo cargo durante la gestin Zapatero, en coincidencia con Alfredo Prez Rubalcaba en el Ministerio de Interior. Un tndem inflexible ante las crticas a las denuncias contra los CIE y los controles dentro y fuera de nuestro territorio.

En 2008 el PSOE volvi a demostrar hacia dnde apuntaban sus intenciones en la gestin de fronteras. La aprobacin de la Directiva del Retorno, ms conocida como Directiva de la Vergenza, cont con el apoyo de todo el arco popular y de 19 de los 21 eurodiputados del zapaterismo. La ampliacin del internamiento en CIE hasta 18 meses, la posibilidad de deportar a menores de edad, el encierro de migrantes sin necesidad de orden judicial y la deportacin a terceros pases fueron algunas de las medidas rectoras de aquella normativa europea fuertemente criticada.

Cupos de detenciones

A principios de 2009 el escndalo de los cupos de detenciones migrantes dej una vez ms la poltica socialista al desnudo. Al menos 12 comisaras de Madrid tenan un mnimo mensual de detencin de sin papeles. En Chamartn, 100; en Puente de Vallecas, 75; en Hortaleza, 70. Rubalcaba lo neg, pero los sindicatos policiales lo confirmaron y admitieron que haba das libres como premio a quienes cumplan con esta caza al inmigrante. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito, deca una nota interna de la Comisara de Vallecas que se haba filtrado a la prensa. No quedaban dudas.

Ese mismo ao, el Ejecutivo socialista sac adelante la cuarta modificacin a la Ley de Extranjera en ocho aos, y la nueva Ley de Asilo. En la primera destac el aumento de internamiento en CIE a 60 das. Dos argumentos falsos sirvieron como excusa: que la directiva del retorno los obligaba y que los 40 das eran insuficientes para materializar la expulsin. Ni el aumento tuvo incidencia en la estadstica de expulsiones, ni la directiva fijaba un tiempo mnimo de encierro, sino que restringa los mximos. Rubalcaba, en tanto, sac de su galera discursiva las expulsiones cualificadas, supuestamente se encerraba y expulsaba solo a migrantes con antecedentes penales. Todo el mundo saba que no era cierto, pero ese argumento aos despus sera recuperado con fuerza por los ministros populares.

Una buena medida fue la creacin de la figura de los jueces de control, que en algunos casos sirvi para exigir por va judicial garantas mnimas en estas crceles. Haba pasado casi un cuarto de siglo desde la creacin de los CIE y, por ejemplo en el de Madrid, las personas encerradas eran obligadas a orinar y defecar en un rincn de la celda porque se les prohiba acceder a los baos en horario nocturno.

Tambin sirvi para el ingreso de las ONG, aunque en parte se utiliz para la pseudoprivatizacin de los servicios y, sobre todo, para que el Gobierno se legitimara ante las denuncias de las organizaciones sociales. En este momento Cruz Roja Espaola, que creo que merecer el mayor respeto de su seora, est en el CIE de Madrid, respondi el 20 de junio de 2011 el segundo de Interior, Antonio Camacho, al cuestionamiento de un legislador.

Desde aquellos aos Cruz Roja es la entidad que presta el servicio de asistencia social y humanitaria en la mayora de los CIE, lo cual no ha evitado que se produzcan muertes como la de la congolea Samba Martine en diciembre de 2011 en el Centro de Aluche y por cuyo fallecimiento hay varios mdicos imputados. Estaba enferma desde hace tres semanas, declar la entonces coordinadora de la entidad. Pero nadie hizo lo suficiente para exigir que Samba fuera trasladada a un centro de salud y, quiz, evitar su muerte.

Pocas semanas despus (ya con el PP en el poder), en el CIE de Zona Franca, Barcelona, falleca el joven de Guinea Conakry Idrissa Diallo. Era la tercera muerte all, luego de la de Jonathan Sizalima y Mohamed Abagui, acaecidas en 2009 y 2010, respectivamente.

Este tipo de convenios continan. El ltimo que puede encontrarse en el Portal de Transparencia es del 8 de noviembre de 2017. La ONG recibe 1.125.000 euros por su colaboracin. Decenas de contratos por su colaboracin en frontera, Centros de Estancia Temporal (CETI) y otras dependencias vinculan al Estado con la entidad.

Ley de Asilo

La Ley de Asilo tambin trajo novedades restrictivas que han clausurado la posibilidad de vas seguras de acceso al Estado espaol para miles de personas, obligndolas a recorrer tortuosas distancias, un camino que muchas veces termina en la inevitable muerte. No solo cerr la posibilidad de solicitar proteccin internacional a los ciudadanos de los pases de la Unin, sino que, sobre todo, las embajadas espaolas en el extranjero dejaron de recibir y tramitar solicitudes de asilo. Tambin se limit la proteccin a las personas que sufren persecucin por motivos de gnero. El reglamento de la ley, que deba sancionarse en seis meses, sigue sin existir nueve aos despus.

Coincidiendo con estas medidas, el Gobierno de Zapatero restringi el acceso a la pennsula de quienes solicitaran proteccin en Ceuta y Melilla, hasta tanto su solicitud no tuviera una resolucin. La presentacin de solicitudes cay en forma abrupta e incluso hubo quienes renunciaron a ellas por ser un obstculo para salir.

Si algo faltaba para cerrar definitivamente las puertas a quienes quisieran pedir proteccin en el Estado espaol fue la medida adoptada por el Ejecutivo en octubre de 2011. Cuando 28 personas de origen sirio procedentes de Argelia y rumbo a otros destinos aprovecharon el trnsito en Barajas para pedir asilo, la respuesta no se hizo esperar: el Gobierno socialista impuso la exigencia de visado de trnsito aeroportuario para toda persona originaria de aquel pas.

Apenas cinco meses antes el diario britnico The Guardian desvelaba que barcos de la OTAN haban negado auxilio a una embarcacin con 72 personas que haba partido de Libia rumbo a Italia, 61 de ellos (20 mujeres y 2 nios) murieron a causa del hambre y la sed. Como este viernes, que un centenar (entre ellos, tres bebs) perdi la vida por la negativa de las autoridades libias e italianas de pedir ayuda a los barcos de rescate de las ONG presentes en la zona.

Luego volvi el PP al Gobierno y sus justificaciones de las devoluciones en caliente hasta pretender ampararlas con la llamada Ley Mordaza. La matanza del Tarajal (Ceuta) en 2014 y el concepto de frontera mvil que el ministro Jorge Fernndez Daz intent imponer. Ms ac en el tiempo la apertura improvisada de la no inaugurada crcel de Archidona (Mlaga) como CIE. La represin policial de antidisturbios a las protestas de los inmigrantes encerrados y la poco clara muerte del joven argelino Mohammed Bouderbala, que apareci ahorcado tras haber sido castigado a 16 horas de aislamiento.

Centros de sufrimiento e impunidad policial

Las polticas migratorias implementadas en los ltimos 33 aos no pueden menos que instalar dudas sobre los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre europea. Los nuevos centros controlados parecen ser un eufemismo de los viejos CIE. Quiz la de Archidona sea la experiencia que ms se aproxime a lo que se est pensando, y su corta y triste historia demuestra que es un camino alejado de cualquiera garanta de cumplimiento de los derechos humanos. Como los define el exjuez de control de Madrid Ramiro Garca de Dios, se trata de centros de sufrimiento e impunidad policial.

Abrir las embajadas sera el primer paso para no llegar a crear plataformas ni centros de seleccin de personas. En todo caso, ms all del reconocimiento jurdico que tienen quienes son susceptibles de proteccin internacional, es indigno no empezar a defender un discurso de defensa de los legtimos derechos de todas las personas en movimiento, en detrimento de la diferenciacin cada vez ms salvaje y racista entre refugiadas y los llamados migrantes econmicos.

Como sociedad es inadmisible aceptar la creacin mesinica de cualquier tipo de estructura represiva que sirva para elegir entre unos seres humanos y otros. No debemos ser parte de esta especie de solucin final que se atribuye la potestad de sealar quines pueden vivir y quines sern condenados otra vez al laberinto de la muerte entre desiertos y mares.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/migracion/el-psoe-y-sus-politicas-migratorias-esa-vieja-costumbre-de-encerrar


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter