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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-07-2018

Comenzaron a hacer trizas los Acuerdos de Paz

Pedro Santana Rodrguez
Alai


Por las paradojas del destino el da 27 de junio del ao 2017 las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, culminaban el proceso de dejacin de armas. Segn el presidente Juan Manuel Santos desde el inicio del desarme y hasta su culminacin en esta fecha, las FARC haban entregado 7.132 armas. Con este motivo se realiz un acto de finalizacin de la entrega de las armas en la vereda Buenavista del municipio de Mesetas (Meta) y en al acto tambin estuvo Rodrigo Londoo, Timochenko, mximo jefe de la entonces guerrilla en proceso de desarme.

Ahora, el 27 de junio del ao 2018 como una paradoja del destino, como dijimos antes, el uribismo logr la aprobacin en el genuflexo Congreso de la Repblica, de dos artculos en la ley de procedimientos de la Justicia Especial para la Paz, JEP, que no tienen otro propsito que el de obstaculizar el proceso, iniciar el camino de hacer trizas los acuerdos como las alas ms radicales del uribismo han pregonado desde el inicio del mismo, ponerle palos a la rueda de la historia. A esta entrega de armas se sum la entrega a la Misin de las Naciones Unidas que supervis el proceso de desarme de ms de 900 caletas que contenan diversos tipos de material de guerra. Para desinformar y sin aportar ninguna prueba, los uribistas en el relato construido para oponerse al proceso minimizan este hecho trascendental del proceso poniendo en duda que las FARC hayan entregado todo el arsenal de guerra acumulado en sus ms de 50 aos de lucha guerrillera.

Los beneficios del proceso y sus logros ms evidentes estn relacionados con la entrega de las armas, el cese de la confrontacin armada que ha ahorrado por lo menos 3000 vidas y miles de lisiados y heridos en la confrontacin. Durante este ao, ha dicho la directora del Hospital militar solo se han atendido 37 integrantes de la Fuerza Pblica, cuando en los aos de la confrontacin este hospital atenda centenares y los muertos se contaban por igual. Se ha avanzado en el desminado de 228 de los 673 municipios en que se han sembrado minas antipersonales y se han reducido en ms del 95% las vctimas producidas por estos artefactos de guerra. En el ao 2006, por ejemplo, se registraron 1232 vctimas de las minas antipersonales. As mismo se ha avanzado en la erradicacin de cultivos de coca y 123177 familias se han registrado para ser beneficiarias del programa de sustitucin voluntaria de estos cultivos ilegales. Hasta la fecha se han vinculado formalmente al programa 77659 familias que se mantienen en el programa pese a la falta de recursos suficientes y a las dificultades de este ambicioso programa.

En los procesos de elaboracin de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial se han vinculado de manera directa 248000 personas entre campesinos, grupos tnicos, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales de 169 municipios priorizados. Se prev all una inversin inicial de 95000 millones de pesos en obras para estos municipios.

Otro logro significativo es el ingreso de ms de doce mil guerrilleros y de integrantes de sus redes de apoyo a la vida civil, fueron acreditados por el Gobierno y con incumplimiento y retrasos, estas personas ahora han sido afiliadas al sistema de salud (11.687) y a los fondos de pensiones (8.845). Los secuestros han cado drsticamente y de contera se han realizado durante este ao tres procesos electorales en paz. Ningn puesto de votacin tuvo que ser trasladado por problemas de orden pblico o amenazas de los grupos armados. Una consecuencia directa fue el aumento importante de las tasas de participacin electoral. En las elecciones para el Congreso de la Repblica realizadas el 11 de marzo sta tasa aumento en un 5% y en la primera y segunda vuelta presidencial se increment en un 13%.

No obstante, el uribismo con diversas artimaas y estrategias, ha minimizado estos logros y si bien su discurso ha ido variando desde la campaa electoral de 2014, en que ofreci levantarse de la mesa de negociaciones porque el Gobierno de Santos supuestamente estaba entregando el pas a la guerrilla hasta la reciente campaa en que ofreci mantener el proceso pero hacerle ajustes a su implementacin en aras de lograr una mejor paz. Una y otra vez el hoy presidente electo Ivn Duque Mrquez seal en la campaa que no eran enemigos de la paz sino que queran una paz sin impunidad y que pusiera en el centro las reivindicaciones de las vctimas a la verdad, la justicia, la reparacin y las garantas de no repeticin. Insisti una y otra vez, que no haran trizas, el proceso y que los ajustes tendran el propsito de hacer un proceso ms legtimo.

Los ataques van al centro del proceso mismo

Pero una cosa son los discursos de reconciliacin y otra cosa son los hechos. Aprovechando el trmite de la ley de procedimientos que es lo que restaba para que la Justicia Especial para la Paz, JEP, pueda entrar en pleno funcionamiento, las nuevas mayoras del Congreso afectan al gobierno como producto del reacomodo oportunista de los partidos que hoy lo respaldan, presentaron ms de 20 proposiciones de reforma y esos mismos Congresistas que hace pocos meses aprobaron esta jurisdiccin hoy trabajan por su debilitamiento y amenazaron con no aprobar esta ley para que el nuevo Congreso lo hiciera. Sin romperse ni mancharse esos mismos congresistas, dado que el nuevo Congreso solo se instalar el prximo 20 de julio, en la sesin del 27 de junio aprob dos artculos que atentan de manera grave contra los alcances de la justicia para la paz en dos temas centrales: el papel de esta jurisdiccin en los procesos de extradicin contra miembros de la guerrilla de las FARC que hayan incurrido en delitos trasnacionales despus del primero de diciembre de 2017, da que entraron a regir los acuerdos y en la comparecencia de los militares incursos en delitos relacionados con el conflicto armado.

El artculo 54 de la ley de procedimientos de la JEP 54 seala: La Seccin de Revisin verificar que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradicin sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podr practicar pruebas.

En ningn caso, la JEP podr pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradicin.

Lo que busca es imponer a los jueces de la JEP un control formal de la fecha sin que pueda entrar en el acervo probatorio en que se sustenta la solicitud de extradicin. En ese mismo da la Corte Constitucional en sentencia para resolver un conflicto de competencias instaurado por la Fiscala en contra de la JEP, seal que la JEP deber atenerse a las normas establecidas en el Cdigo de Procedimiento Penal vigente relacionadas con la extradicin de nacionales y ratific que es la fiscala la que debe proceder a la orden de detencin cuando hay una solicitud de extradicin y que si se trata de miembros de organizaciones en procesos de paz, la Fiscala General desde la solicitud de extradicin debe enviar todo el material que la sustenta a la JEP, cosa que el Fiscal General no ha hecho en el proceso de extradicin del jefe guerrillero Jess Santrich solicitado en extradicin por una Corte de los Estados Unidos por un presunto delito de narcotrfico.

En este fallo adems la Corte Constitucional sealo que la JEP no tiene atribuciones para suspender los procesos de extradicin y que los procedimientos que ella ponga en prctica deberan ser consignados en una ley expedida por el Congreso. Pero el Congreso de la Repblica quiso ir y de hecho fue ms all al pretender en este artculo aprobado, que el papel de la JEP es simplemente ser la entidad que debe constatar la fecha de ocurrencia de la posible comisin del delito. Limita de esta forma y facilita la extradicin por posibles montajes que se hagan en contra de los antiguos jefes de la guerrill,a con lo cual se genera incertidumbre en las filas exguerrilleras y en sus antiguos comandantes. Esto a todas luces debilita el proceso de Paz en un sistema judicial en que ha predominado el control formal de la Corte Suprema de Justicia para conceder extradiciones principalmente hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotrfico como ya lo hizo con 14 jefes paramilitares el 13 de mayo del ao 2008.

El segundo artculo busca limitar los alcances de la JEP con respecto a los militares que ya se han sometido a esta jurisdiccin especial. El artculo 75 de la ley aprobada por el Congreso seala al respecto. Los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, iniciarn o continuarn su trmite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podr solicitar de manera expresa que el proceso contine y en ese caso se utilizarn los procedimientos aprobados por sta ley.

Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrn mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor entes de entrada en vigencia de esta ley y podrn igualmente solicitarlos y les sern concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes.

El Gobierno Nacional y el Congreso tendrn dieciocho meses para presentar y aprobar dicho procedimiento.

La aprobacin de este artculo estuvo precedida por un pronunciamiento enrgico de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y del director General de la Polica Nacional que en carta dirigida a la delegada del Centro Democrtico y cabeza de la negociacin en el seno del Congreso, Paloma Valencia, en la que sealaron que ellos haban tomado parte del diseo de los contenidos de la ley de procedimientos y en general de la JEP en relacin con el tratamiento que esta jurisdiccin debera dar a los militares y que solicitaban que el proyecto fuera aprobado como ya haba sido aprobado en la Cmara de Representantes pues de no hacerlo generara adems de inseguridad jurdica la posibilidad de que la Corte Penal Internacional interviniera. Sealaron que con base en la ley 1820 de 2016 y en virtud de los tratamientos especiales all consignados al da de hoy (27 de junio) 2159 miembros de la Fuerza Pblica han sido incluidos en los listados que elabora el Ministerio de Defensa Nacional para obtener los beneficios que otorga esta ley, y de ellos 1.578 soldados y policas han recuperado transitoria y anticipadamente su libertad condicionada al compromiso de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz(JEP), contribucin a la satisfaccin de los derechos de las vctimas dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y NO Repeticin (SIVJRNR). Fue esta y no otra la razn para establecer en la ley que quienes quieran seguir en la JEP pueden hacerlo de manera voluntaria debilitando la propuesta inicial de congelar durante 18 meses o ms el proceso ya iniciado.

Es importante resear esta fractura entre los mandos de las Fuerzas Armadas y el uribismo. En realidad como lo seal el excandidato Gustavo Petro con esta ley Han sacrificado a los militares y policas por salvar la impunidad de Uribe. Comenzaron a hacer trizas la paz y la reconciliacin de los Colombianos. Y razn no le falta a Petro lo que teme el uribismo es la verdad que los militares sometidos a esta jurisdiccin entreguen a la justicia sobre las atrocidades cometidas por los mandos y los responsables del gobierno en crmenes de guerra y delitos de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales de ms de 4000 jvenes llamados eufemsticamente como falsos positivos y que comprometen al gobierno de Uribe.

Los artculos fueron aprobados con evidentes fallas en su trmite, fueron introducidos en las plenarias de Senado y Cmara sin que se hubiesen considerado en los debates de la Comisiones primeras de ambas cmaras legislativas violando el principio de consecutividad en su discusin y adems se apartan del fallo de la Corte Constitucional que aprob esta Jurisdiccin Especial de Paz. Al pretender ir ms all de lo que estableci este acto legislativo en su reglamentacin tambin contendra fallas en sus contenidos. Esto deber definirlo en ltima instancia la Corte Constitucional.

El presidente podra objetar estos dos artculos ante la Corte Constitucional con lo cual obligara a que este Tribunal se pronunciara de fondo sobre ellos para que despus de la revisin que haga y si encuentra fundadas las objeciones lo devuelva al Congreso para que este haga los ajustes necesarios. La pregunta es si Santos se atrever a la objecin que sera lo ms lgico para que de una vez se zanje este debate, y se decida y se cuente con un marco normativo en firme. La otra va es la demanda de estos artculos ante la Corte Constitucional. Esta va es ms lenta, ms demorada.

Lo que queda claro es que la estrategia de hacer trizas los acuerdos ha sido puesta en marcha por el uribismo con la aprobacin del presidente electo Ivn Duque Mrquez. El proceso se encuentra en serio riesgo y ahora ser la movilizacin ciudadana en su defensa la que podr garantizar su cumplimiento. Sern aos de confrontacin y movilizacin entre quienes hacer trizas los acuerdos y quienes pensamos que los acuerdos se deben cumplir para salir de esta infame guerra.



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