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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-07-2018

Organizaciones presentan informe a la Comisin de la Verdad sobre crmenes contra defensoras y defensores

Minga


El Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo Cajar, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales ECCHR, la Corporacin Jurdica Yira Castro -CJYC, la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz -CIJP, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos GIDH y el Programa Somos Defensores,

presentan este 5 de julio un informe a la Comisin para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repeticin, sobre la situacin de las personas que defienden los derechos humanos y el territorio.

El informe ser entregado a la Comisin de la Verdad en el marco del foro "Retos y propuestas frente a los ataques a personas que defienden los derechos humanos y el territorio en Colombia", que se llevar a cabo este 5 y 6 de julio, de manera conjunta con la Defensora del Pueblo y el ECCHR, y contar con la participacin como observadores de Brigadas Internacionales de Paz, organizacin humanitaria que acompaa a personas defensoras en su trabajo en terreno.


El informe documenta 10 casos de los ltimos cuatro periodos de gobierno, dos de lvaro Uribe y dos de Juan Manuel Santos, que sealan la existencia de patrones en los asesinatos, amenazas, atentados y campaas de estigmatizacin contra defensoras y defensores, lo que permite concluir el carcter sistemtico y generalizado de estos ataques, as como la impunidad generalizada en la que se mantienen estos casos donde no existen condenas en firme, y donde las investigaciones no apuntan a los determinadores de los hechos.

Mientras que en los ocho aos del gobierno Uribe la caracterstica de los ataques fue la persecucin y estigmatizacin contra defensores que precedi a amenazas, atentados y asesinatos, en el de Santos se resaltan los crmenes del ESMAD, en particular por el uso de armas letales en protestas sociales. La caracterstica comn es la inoperancia de la justicia en la cual la Fiscala General de la Nacin juega un papel crucial y se hace corresponsable cuando no investiga patrones ni a quienes se benefician de estos crmenes.

Los casos incluidos en el informe, y que tambin fueron presentados previamente ante la Corte Penal Internacional, ejemplifican el carcter de crimen de lesa humanidad de estos ataques,son los de Soraya Gutirrez Argello, abogada defensora de derechos humanos e integrante del Cajar, vctima de atentado, amenazada, torturada psicolgicamente durante el gobierno de lvaro Uribe Vlez por el extinto organismo de inteligencia DAS; Mario Castro Bueno, defensor de derechos humanos del Meta detenido, desaparecido y asesinado por paramilitares en 2002; Orlando Valencia y Manuel Ruiz, lderes de la comunidad de Jiguamiand y Curvarad asesinados en 2005 y 2012 respectivamente por paramilitares actuando en alianza con integrantes de la fuerza pblica.

Tambin el de Ana Teresa Yarce, defensora de derechos humanos de la Comuna 13 de la ciudad de Medelln integrante de la Asociacin de Mujeres de las Independencias, detenida arbitrariamente y asesinada por paramilitares actuando en alianza con agentes de la polica; el de Luis Miguel Gmez Porto lder comunitario, defensor de derechos humanos de los Montes de Mara, en Sucre, judicializado sin fundamento y asesinado en 2007; el de Miguel ngel Gonzlez Gutirrez, integrante de la Corporacin Accin Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueo, Cauhucopana, en Puerto Nuevo It asesinado en 2008 por integrantes del Batalln Calibo y presentado como integrante de la guerrilla muerto en combate; Alejandro Casamachn Hernndez, lider indgena de la Provincia del Norte en el Cauca, vctima de un atentado por parte del Escuadrn Mvil Antidisturbios ESMAD, en 2015; David Ravelo Crespo, defensor de derechos humanos en Barrancabermeja, acusado por un crimen que no cometi y judicializado sin fundamento, desde el 2007 lucha por demostrar su inocencia; y Adn Alberto Pacheco, sindicalista y activista social en Barranquilla, asesinado en el 2005 por paramilitares.

Desde el 1 de noviembre de 2002 hasta noviembre de 2017, cuando se concluy la investigacin para la comunicacin a la CPI que sirvi como base para el informe, y segn cifras del Programa Somos Defensores, se haban asesinado a 610 defensores, y ms de 4.300 haban sido vctimas de ataques. En los ltimos aos estos ataques se han incrementado en ms de 100%.

Por estas razones, las organizaciones le piden a la Comisin de la Verdad tener en cuenta este informe para establecer las causas estructurales as como los determinadores de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y el territorio, para que mediante un proceso amplio y deliberativo adopte recomendaciones sobre medidas que garanticen la superacin y la no repeticin de hechos como los aqu documentados, y los que se siguen presentando actualmente en el pas.


Fuente original: http://www.asociacionminga.org/index.php/noticias/derechos-humanos/1154-organizaciones-presentan-informe-a-la-comision-de-la-verdad-sobre-crimenes-contra-defensoras-y-defensores



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