Portada :: Ecuador
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-07-2018

La orden de prisin a Rafael Correa y las denuncias de corrupcin

Pablo Ospina Peralta
Rebelin


Despus de ganar ampliamente la consulta popular en febrero de este ao, mientras cae en las encuestas de opinin, y con la reciente aprobacin de una ley econmica que profundiza la direccin pragmtica y ortodoxa en economa que vena advirtindose desde 2014, el gobierno de Lenin Moreno aceler el paso en el desmonte del control que Rafael Correa haba dejado sembrado en las principales instituciones del Estado. El Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social transitorio nombrado a propuesta de Lenin Moreno con el mandato de evaluar, eventualmente destituir y nombrar interinamente a nuevos funcionarios pblicos para reemplazar a los designados durante el corresmo, ha actuado con la velocidad de un rayo fulminante. [1] Destituy y reemplaz al Defensor de Pueblo que no acept someterse a la evaluacin; nombr al nuevo Fiscal General del Estado luego de que el legislativo lo destituyera en un juicio poltico relmpago en medio de acusaciones mutuas con Jos Serrano, entonces presidente de la Asamblea Nacional, que tambin perdi la presidencia pero mantuvo su curul legislativa; ampli polmicamente sus atribuciones para evaluar y destituir al Consejo de la Judicatura que haba funcionado como la estructura decisiva del control del sistema judicial por parte de la funcin ejecutiva. [2]

El colapso del control de Rafael Correa sobre el sistema judicial se expres rpida y sorpresivamente. Dos ejemplos ilustrativos. Primero, a inicios de junio, el juez civil Pal Serrano acogi la accin de proteccin interpuesta por las comunidades y determin la suspensin de las actividades mineras en el proyecto Ro Blanco, en Molleturo, en la Sierra sur del pas. [3] Esta decisin judicial es tanto ms sorprendente cuanto que el gobierno de Lenin Moreno ha expresado su completo respaldo a las actividades mineras metlicas de gran escala y sus voceros ambientales haban manifestado que la operacin minera de esta empresa era un ejemplo de pulcritud. Semejante decisin judicial no solo era inconcebible durante el gobierno anterior sino que revela que el actual gobierno tampoco controla plenamente los jueces puesto que es una decisin contraria a la poltica oficial.

El segundo ejemplo tiene ms pesadas implicaciones polticas. El nuevo Fiscal General interino, Edwin Pal Prez Reina, decidi imputar a Rafael Correa por un caso de secuestro al opositor de derechas Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012. [4] Con posterioridad, el 3 de julio, la jueza del caso decidi dictar orden de prisin preventiva contra Rafael Correa mientras es investigado por su participacin en el secuestro. La orden es innecesaria y constituye un uso abusivo de la figura de la prisin preventiva: haba medidas alternativas disponibles mientras persiste la investigacin judicial. Era posible dejarlo defenderse en libertad hasta la sentencia, con lo que la orden de captura internacional tendra mayores oportunidades de aplicarse. Pero la situacin actual podra derivar ms bien en la suspensin indefinida del juicio, el asilo poltico en Blgica y las consiguientes dificultades del ex mandatario para actuar en la poltica ecuatoriana sin las incomodidades de tenerlo preso a pocos kilmetros de Quito.

Ms all de las derivas posibles del juicio, la importancia del caso trasciende las fronteras ecuatorianas. La imputacin penal al expresidente se asocia al cambio de escenario poltico en Amrica latina, la crisis de los progresismos con su cspide de intensidad y horror en Nicaragua y Venezuela, el ascenso de nuevas o viejas derechas, y la ofensiva judicial contra varios dirigentes de la dcada pasada como Luiz Incio Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, o Cristina Fernndez de Kirchner en Argentina. El propio Rafael Correa se ha apresurado a acusar a sus acusadores de arbitrariedad, de agentes del imperialismo, y de buscar cualquier excusa para apresarlo y sacarlo del escenario poltico ecuatoriano. Algo similar a lo que se adujo en el caso del apresamiento y condena del ex-vicepresidente del Ecuador y amigo personal de Correa, Jorge Glas Espinel, condenado por asociacin ilcita en una de las secuelas de la telenovela de Odebrecht en tierras latinoamericanas.

El presenta anlisis presenta un bosquejo de las evidencias judiciales y las inferencias lgicas en las que se basan las acusaciones a Rafael Correa y a Jorge Glas. La implicacin poltica de tal bosquejo es clara: la valoracin poltica sobre las administraciones de Correa, Lula o Fernndez no puede ser la misma si son culpables que si son inocentes de los delitos de los que se les acusa. Las izquierdas no pueden permitirse ser indiferentes ante la corrupcin y los abusos de poder. Por lo tanto, hay que sopesar la informacin disponible, evaluarla y extraer un juicio de valor. Pero el trabajo no termina all: hay que interpretar el resultado en su contexto son los actos de corrupcin algo secundario o aislado, espuriamente magnificados por los opositores polticos de derechas? Propondr al final una interpretacin del significado poltico y social de los actos de corrupcin en los gobiernos progresistas a partir del caso ecuatoriano.

Salvador de Baha y Bogot

Antes de ser vicepresidente entre 2013 y 2017, Jorge Glas fue el encargado plenipotenciario del gobierno para los sectores estratgicos de la economa. Como tal, se encarg de las negociaciones con prestamistas y empresas para la financiacin de la construccin de ocho represas hidroelctricas, fue el responsable poltico de varias inversiones multimillonarias en el sector petrolero (como una nueva refinera en Manab y la repotenciacin de la vieja refinera de Esmeraldas) y dirigi muchas otras inversiones menores. Como vicepresidente, continu con las mismas responsabilidades ahora enmarcadas en lo que se llam en la jerga gubernamental el cambio de la matriz productiva.

Aunque Glas est mencionado en muchsimos casos de presunta corrupcin, solo ha sido condenado por el caso Odebrecht, [5] donde se lo imput por asociacin ilcita, un cargo relativamente menor, por el que fue condenado en diciembre de 2017 a 6 aos de prisin. La sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia solicit continuar las investigaciones por otros cargos adicionales como cohecho, concusin, trfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos. [6] Cules son las evidencias en las que se bas la decisin judicial? En esencia, las delaciones de los funcionarios de Odebrecht permitieron ubicar el rastro de depsitos y entregas en efectivo por 14 millones de dlares a Ricardo Rivera, to materno del ex vicepresidente, entre 2012 y 2016. [7] Uno de los funcionarios de Odebrecht pudo, adems, grabar conversaciones con el Contralor General del Estado (juez de cuentas del Estado, encargado de la pulcritud del uso de los fondos pblicos) donde admita haber recibido dinero en efectivo para apoyar a la empresa y con el propio Ricardo Rivera donde se le escucha pedir fondos para la campaa de vidrio (por Glas). Jorge Glas aduce que los fondos no llegaron a cuentas a su nombre, que no era el encargado de firmar contratos y que su to us su parentesco para cometer ilcitos de los que no tena conocimiento.

Estas defensas son poco crebles. El rastro de la vinculacin de Glas proviene de los testimonios concordantes de todos los funcionarios pblicos de que el vicepresidente en funciones era el principal responsable poltico de esas inversiones y de las negociaciones contractuales. De hecho, Glas admiti que recibi a los funcionarios de la empresa que pedan su intervencin para agilizar los pagos. En dos preguntas decisivas, la fiscal encargada del caso le pregunt: 76. En el mbito de sus funciones decida usted, en su calidad de vicepresidente, a qu empresa se le debe pagar los montos que se les debe pagar a ellas? JG: No, eso lo manejaba el Ministerio de Finanzas con las entidades ejecutoras. 77. Entonces, por qu razn el funcionario de Odebrecht asisti a su despacho para solicitar el pago y evitar paralizaciones?. [8] Fuera de formalismos intrascendentes, su influencia en los contratos es muy difcil de negar. Respecto al uso de su nombre en vano, el gran problema es que Ricardo Rivera no era ministro; ni siquiera funcionario pblico. A qu otro ttulo podra haberle pagado Odebrecht los 14 millones de dlares de los que hay rastros ciertos? Recordemos que no los recibi por adelantado y en una sola cuota sino por goteo durante cuatro aos Con qu autoridad poda Rivera influir en las decisiones contractuales y cumplir con la multinacional brasilea? No se conoce ninguna otra relacin familiar o de amistad de Ricardo Rivera con algn otro funcionario influyente del gobierno de Rafael Correa. Si Jorge Glas no fue su contacto para facilitar los negocios del gigante bahiano, quin fue?

El caso Balda tambin le debe una parte importante de sus evidencias documentales al hecho de que proviene de un proceso judicial en otro pas. En lugar de Brasil, Colombia. Fernando Balda fue inicialmente un colaborador de Rafael Correa en la campaa electoral de 2006 y cumpli funciones menores en los primeros aos de su administracin. Posteriormente se convirti en un acrrimo opositor al gobierno y se asoci al Partido Sociedad Patritica (PSP), de ideologa amorfa, pero con fuertes vinculaciones con los servicios de seguridad e inteligencia, tanto policiales como militares, del pas y el exterior. Esos vnculos seran fundamentales para el acopio de documentos que usara luego en el juicio que abri en Ecuador para aclarar su intento de secuestro. Antes del secuestro en Colombia particip en reuniones en Medelln con crculos cercanos a lvaro Uribe Vlez. La trayectoria opositora de Balda (que lo llev incluso a ser diputado alterno del PSP) se caracteriz por audaces denuncias de corrupcin y acusaciones personales que lo llevaron a enfrentar tres denuncias penales y a ser sentenciado al menos dos veces. En febrero de 2013 fue sentenciado a un ao de prisin en Ecuador por atentar contra la seguridad del Estado por difundir correos electrnicos en los que se deca que exista una central de espionaje del gobierno. [9]

Cuando Balda estaba en Bogot eludiendo una de sus condenas, se produjo un intento de secuestro el 13 de agosto de 2012, frustrado por un taxista que vio cmo cuatro hombres suban a la fuerza a un individuo a una camioneta, llam a la polica y sigui junto a otros taxistas a la camioneta en fuga. [10] En el juicio abierto en Colombia se determin que los cuatro secuestradores haban sido reclutados en Puerto Tejada, departamento del Valle (cerca de Cali, en el sur del pas), llevados a Bogot y contratados por dos ecuatorianos que resultaron ser agentes de inteligencia. El agente encargado incluso alquil a su nombre la camioneta usada en el secuestro (un error explicable quizs por la necesidad de justificar los gastos en Ecuador). Este agente, el sargento Luis Ral Chicaiza, resultar decisivo en la pista de evidencias que lleva hasta Rafael Correa. [11] No solo Chicaiza ha declarado que habl personalmente con Rafael Correa dos veces sobre el secuestro sino que, ms importante, el expediente judicial guarda los cheques que se usaron para pagar a los secuestradores contratados en Colombia. [12] La Contralora General del Estado entreg a la Fiscala un informe de uso de gastos de inteligencia donde han sido identificados hasta ahora 43 mil dlares (Chicaiza dijo que recibi en total 60 mil) para la ejecucin de la operacin secuestro (es el nombre del operativo en los archivos de inteligencia) entre los que se encuentran los cheques cobrados por Chicaiza. [13]

El monto de los gastos del operativo vuelve inverosmil la lnea de defensa que ha venido esgrimiendo Rafael Correa desde su primera declaracin en el juicio: que fue un caso de abuso policial. [14] Si fue una operacin sin autorizacin, por qu se desembolsaron los fondos? Es completamente inverosmil que un sargento de la polica pueda diligenciar por su cuenta el pago de 43 mil dlares sin autorizacin superior y rdenes expresas. La desesperacin de Chicaiza por el avance del juicio en Bogot lo llev a escribir una carta dirigida a Rafael Correa en septiembre de 2015 (dice haberle escrito al menos cinco), es decir, cuando ste contaba con la plenitud de su autoridad. En esa carta, con sello de recibida por la presidencia de la repblica, le pide ayuda para afrontar el juicio tomando en cuenta que todo lo hizo por la seguridad del Estado y siguiendo rdenes superiores. [15] Si no hay razones lgicas para que un sargento se involucrara personalmente en un operativo tan costoso y consiguiera las autorizaciones de pago sin apoyo de alguna alta autoridad, la nica posibilidad alternativa a las rdenes de Rafael Correa sera que por su cuenta, sin conocimiento del presidente de la repblica, el Secretario Nacional de Inteligencia, el Director Nacional de Inteligencia de la Polica o el Ministro de Gobierno ordenaran el secuestro. Algo muy poco verosmil pero no imposible.

El juicio est todava en marcha y no se han hecho pblicas todas las piezas de evidencia. Pero lo que est disponible es muy difcil de desvirtuar. Otra lnea argumental de la defensa de Rafael Correa ha sido afirmar que los agentes fueron presionados por la Fiscala para involucrarlo. Pero en realidad, no es necesario forzarlos. Los agentes tienen inters propio en descargar su responsabilidad personal en una orden superior. El problema es que en este caso, con los desembolsos de sumas tan importantes de dinero pblico plenamente identificados, es imposible descartar la existencia de una orden superior. Finalmente el argumento de que no hay pruebas directas de la orden de Rafael Correa es dbil: nadie puede esperar una orden escrita, firmada y con fe de recepcin para una operacin de esta naturaleza.

En varios crculos de las izquierdas latinoamericanas y mundiales se desestiman estas acusaciones de corrupcin o de abuso de poder en los gobiernos progresistas como parte de un complot de las derechas. Fernando Balda es, en efecto, un personaje oscuro; pero no se lo poda secuestrar con fondos pblicos. Por eso era importante sealar en los dos casos que afectan a los dos principales dirigentes de la revolucin ciudadana, Rafael Correa y Jorge Glas, cules son las piezas de evidencia y las inferencias lgicas ms importantes que apuntan a su responsabilidad poltica y personal directa. Puede haber quien considere insuficientes las evidencias que incriminan a los altos dirigentes polticos ecuatorianos por la falta de la orden escrita en un caso y por la falta de las cuentas de banco con el dinero a su nombre en el otro. Pero puede haber tambin quienes piensen que incluso si estas acusaciones son ciertas, se trata de hechos aislados, secundarios o intrascendentes para juzgar los mritos o el carcter de los gobiernos progresistas. Es hora de poner estos hechos en un marco de interpretacin general.

Interpretaciones

La hiptesis que quiero defender se basa en la conviccin de que muchos de los casos de denuncias de corrupcin y abuso de poder (seguramente no todos) que se han hecho pblicos contra el gobierno de Rafael Correa son ciertos. De hecho, en el ltimo ao prolifer una abundante cantidad de informacin judicial y administrativa sobre viejas y nuevas denuncias de corrupcin o de abuso de poder que tienden a confirmar que no se trata de algo episdico, ocasional o circunstancial. [16] As, pues, si se trata de un aspecto estructural en la caracterizacin del gobierno de la revolucin ciudadana, hay que precisarlo.

La historia de Amrica latina y del capitalismo mundial est plagada de procesos de acumulacin originaria de capital gracias al control del aparato del Estado por parte de grupos econmicos nuevos o previamente excluidos. [17] Un caso especialmente claro y bien estudiado es el de Guatemala, caracterizado histricamente, al menos desde fines del siglo XIX, por una importante rotacin de elites empresariales alimentada constantemente por nuevos grupos de militares que acumulaban tierras, negocios o contactos gracias a sus puestos de mando en el aparato de gobierno del pas. [18] Otro caso bien documentado es el de Mxico, bastante estudiado por la radical sustitucin de elites vivida durante la revolucin mexicana, pero perpetuada por los mecanismos semi-mafiosos de acumulacin ligada al funcionamiento del PRI. [19]

La hiptesis puede formularse brevemente: durante la revolucin ciudadana hubo una parcial sustitucin de elites por la que un grupo de elites advenedizas asociadas al manejo de los contratos con el Estado y a la intermediacin con el capital internacional pretendi hacer su propio proceso de acumulacin originaria desde el Estado que le permitiera luego integrarse entre los grupos empresariales consolidados. Los viejos y grandes grupos econmicos modernos del Ecuador no estuvieron excluidos del Estado pero perdieron las vas expeditas de acceso a la toma de decisiones con que haban contado tradicionalmente durante los gobiernos neoliberales del cambio de siglo. En su lugar debieron enfrentarse a la intermediacin de estos advenedizos (y de una serie de tecncratas inexperimentados) y buscaron adaptarse a las circunstancias de manera pragmtica. [20]

La corrupcin y la instalacin de mecanismos relativamente desconocidos en las tradiciones ecuatorianas de abuso de poder [21] se reforzaron mutuamente conforme se afianz la hegemona de las nuevas elites advenedizas dentro del gobierno de Rafael Correa. Sin el sistema institucionalizado de abuso de poder era menos viable la impunidad de los grupos de elites advenedizas en los negocios con los fondos del Estado. El afianzamiento del poder de estas elites vena creciendo dentro del gobierno de la revolucin ciudadana desde cuando menos el ao 2011 pero qued definitivamente afirmado luego de las elecciones del ao 2013. El rpido descalabro que ha sufrido ese grupo en el ltimo ao est dando paso a una recomposicin del poder que podremos evaluar mejor en los prximos meses. Quiz estas observaciones puedan aplicarse ms all del Ecuador. Quiz los progresismos latinoamericanos del nuevo siglo puedan ser mejor interpretados si los vemos como un juego de conflictos, desplazamientos y alianzas entre viejas elites empresariales y nuevas elites advenedizas en trance de consolidarse y convertirse en viejas.



[1] Este Consejo nombra directa o indirectamente a muchos altos funcionarios segn la Constitucin de 2008. Los principales funcionarios que deban ser evaluados inicialmente eran el procurador general del Estado, el defensor pblico, el defensor del pueblo, los superintendentes de bancos, compaas, economa popular y solidaria, control del poder del mercado, de territorio y suelo, de comunicacin, los vocales del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, los miembros de la Conferencia de Soberana Alimentaria, los magistrados de la Corte Constitucional, los miembros del consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, los representantes de los afiliados activos y jubilados al Directorio del Biess, los delegados a los Consejos de Igualdad y los defensores de audiencias y lectores de los medios de comunicacin social.

[2] La Judicatura es el rgano con autoridad administrativa en la funcin judicial: nombra los jueces, vigila administrativamente sus acciones y ha destituido no menos de 350 jueces entre 2013 y agosto de 2017, la mayora de los cuales por la figura del error inexcusable, cfr. 350 jueces han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura desde el 2013, El Universo, 10 de octubre de 2017, Disponible en . https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/10/nota/6423814/350-jueces-han-sido-destituidos-judicatura-2013

[3] La sentencia por la suspensin de la actividad minera de Ro Blanco se resume en cuatro puntos, El Comercio, 6 de junio de 2018, disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/sentencia-suspension-mineria-rioblanco-azuay.html

[4] Rafael Correa ha insistido que se trata de un fiscal nombrado a dedo. Ha hecho carrera en la fiscala y es ahora fiscal provincial del Carchi. Fue uno de los mejor puntuados en el concurso para fiscales provinciales en 2016 por el Consejo de la Judicatura que gozaba de la confianza de Correa. Sin embargo, no fue el mejor puntuado sino el tercero, cfr. RESOLUCIN: Consejo Transitorio posesiona a Pal Prez Reina como Fiscal General del Estado (e), Ecuador Inmediato, 3 de mayo de 2018, disponible en http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818836456&umt=consejo_transitorio_posesiona_a_paul_perez_reina_como_fiscal_general_del_estado_e

[5] La compaa Odebrecht, formada en 1944 en Salvador de Baha, tuvo 15 contratos por 4.409 millones de dlares desde el ao 2007 por los cuales Contralora ha emitido 31 informes con glosas y rdenes de reintegro por 144 millones de dlares (Gabriela Quiroz, Odebrecht recibi USD 4 409 millones del Estado por 15 contratos en Ecuador, El Comercio , 2 de junio de 2017, Disponible en http://www.elcomercio.com/datos/proyectos-odebrecht-ecuador-recursos-publicos.html . La compaa haba sido expulsada del pas en 2009 por fallas en la construccin de la presa hidroelctrica San Francisco y regres al pas luego de 2010 en parte por la mediacin (presin) del gobierno de Lula.

[6] Tribunal condena a Jorge Glas y a su to y abre la puerta a ms indagaciones, El Comercio , 14 de diciembre de 2017, Disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/tribunal-condena-jorgeglas-ricardorivera-odebrecht.html

[7] Las delaciones del encargado de los negocios de Odebrecht en Ecuador que involucran a Glas fueron publicadas en Guilherme Amado, Delator da Odebrecht pagou US$ 14 mi de propina e grampeou vice do Equador , en O Globo, 3 de agosto de 2017, Disponible en https://oglobo.globo.com/brasil/delator-da-odebrecht-pagou-us-14-mi-de-propina-grampeou-vice-do-equador-21667592?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar ; sobre las transferencias realizadas por Odebrecht a Rivera a travs de sus empresas fantasma, transferencias que en los documentos internos de la empresa estaban codificadas con nombre to, cfr. Marieta Campaa, Asistencia menciona transferencias al to, Expreso , 20 de octubre de 2017, disponible en http://www.expreso.ec/actualidad/caso-odebrecht-ricardorivera-transacciones-jorgeglas-LD1746195

[8] Todas las preguntas del interrogatorio fiscal a Jorge Glas estn reproducidas en Las 77 preguntas que la Fiscala hizo a Jorge Glas por el caso Odebrecht, El Comercio , 16 de agosto de 2017, Disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/preguntas-fiscal-dianasalazar-jorgeglas-odebrecht.html

[9] Balda recibe sentencia de un ao, El Telgrafo, 27 de febrero de 2013, disponible en https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/balda-recibe-sentencia-de-un-ano ; sobre la trayectoria y los juicios de Balda, cfr. Balda forj su trinchera poltica con las denuncias y su fino look, El Comercio, 22 de octubre de 2012, disponible en http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/balda-forjo-trinchera-politica-denuncias.html

[10] Luego de este intento de secuestro en agosto, el gobierno de Colombia extradit a Fernando Balda por pedido de las autoridades ecuatorianas, en octubre de 2012. Fue entonces cuando Balda cumpli la sentencia de un ao en Ecuador.

[11] Su trayectoria ha sido descrita en Chicaiza: el agente que hunde a Rafael Correa, Plan V, 11 de junio de 2018, disponible en http://www.planv.com.ec/historias/politica/chicaiza-el-agente-que-hunde-rafael-correa

[12] Las declaraciones de Chicaiza ante la jueza del caso han sido resumidas en La verdad de Ral Chicaiza, el agente que denunci a Correa, Plan V , 24 de junio de 2018, disponible en http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-verdad-raul-chicaiza-el-agente-que-denuncio-correa

[13] En sus declaraciones ante la jueza del caso, Chicaiza llor cinco veces recalcando que haba sido utilizado por los polticos del momento y que solo cumpli profesionalmente con su trabajo. Agradeci al expresidente Correa porque mientras l estuvo en el poder jams se lo judicializ y siempre brind respaldo poltico e institucional. Se quej de que no hubo apoyo econmico y para defenderse tuvo que vender sus carros, la casa, perdi a la familia, Marieta Campaa, La Fiscala recibe los testimonios anticipados de Chicaiza y Falcn, Expreso, 20 de junio de 2018, disponible en http://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-fiscalia-casobalda-chicaiza-seinain-falcon-BE2237012 ; sobre los cheques y la operacin secuestro, cfr. Informe de la SENAIN revela existencia de la "Operacin Secuestro, El Universo, 18 de junio de 2018, disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/18/nota/6817832/informe-senain-revela-existencia-operacion-secuestro . En la operacin hay un solapamiento de agentes, cuentas y responsabilidades entre la Secretara Nacional de Inteligencia (SENAIN), bajo autoridad directa del presidente de la repblica, y la Direccin General de Inteligencia (DGI) de la Polica Nacional, bajo la autoridad del Ministro de Gobierno. Al parecer los agentes eran de la DGI pero la operacin fue coordinada por la SENAIN.

[14] Versin rendida por el economista Rafael Correa a travs de videoconferencia, El Universo, 13 de junio de 2018, disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/13/nota/6808082/version-rendida-economista-rafael-correa-traves-videoconferencia

[15] La carta est reproducida en Chicaiza, el agente., Plan V, op. cit.

[16] La Comisin Nacional Anticorrupcin, formada en el ao 2015 a iniciativa de las centrales sindicales y la CONAIE ha compilado informacin de abundantes denuncias y calcula que en los diez aos de corresmo el dinero potencialmente involucrado en corrupcin llegara a la astronmica suma de 35 mil millones de dlares (cfr. Ms de $ 35 mil millones se estima perjuicio al pas, El Universo, 14 de diciembre de 2017, disponible en https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/14/nota/6525505/mas-35-mil-millones-se-estima-perjuicio-pais Una importante y bien documentada compilacin de los casos conocidos en Museo de la corrupcin, En Plan V, disponible en http://museocorrupcion.planv.com.ec . Para la argumentacin que sigue poco importa si fueron 35 mil millones o nicamente 3 mil. Sobre los abundantes casos de abuso de poder, ver los ms recientes informes sobre derechos humanos en Ecuador en Gina Benavides y Carlos Reyes (eds.) 2018. Horizonte de los Derechos Humanos. Ecuador 2014-2016. Quito: Universidad Andina Simn Bolvar; Francisco Hurtado Caicedo y Raphael Hoetmer (coords.) 2018. Abusos de poder contra defensores y defensoras de los derechos humanos, del territorio y del ambiente. Informe sobre Extractivismo y Derechos en la regin Andina. Bogot́, La Paz, Lima, Quito y Bruselas: Asociacin Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Broederlijk Delen / Colectivo de Abogados José lvaro Restrepo (Cajar) / Centro de Documentacin e Informacin Bolivia (Cedib) / Comisin Ecumnica de Derechos Humanos (Cedhu).

[17] Ben Ross Schneider 2004. Business Politics and the State in Twentieth-Century Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

[18] Marta Elena Casaus Arz 1992. Guatemala: linaje y racismo. San Jos de Costa Rica: FLACSO; ver tambin Robert Williams1994. States and Social Evolution. Coffee and the Rise of National Governments in Central America . Chapel Hill y Londres: The University of North Carolina Press, especialmente pp. 164-174.

[19] Ben Ross Schneider, op. cit., pp. 59-92.

[20] La presencia de tecncratas y de grupos de intermediarios de los contratos con el estado en la coalicin dominante durante el corresmo ha sido explicada ms detalladamente en Pablo Ospina Peralta 2017. Traicin e infidelidad: los dioses tambin lloran. Informe de coyuntura. Diciembre. Quito: Comit Ecumnico de Proyectos. Publicacin digital disponible en http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5968/1/Ospina%2c%20P.-CON-026-Traicion.pdf

[21] Por supuesto, el Ecuador ha tenido histricamente distintas formas institucionalizadas de abuso de poder. No puede ser de otra forma en una sociedad tan jerarquizada y con tantos rezagos coloniales. Sin embargo, la forma estrictamente centralizada, disciplinaria y judicializada que adquiri durante el gobierno de Rafael Correa, es bastante nueva.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter