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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-07-2018

"Lawfare", las crceles de la poltica latinoamericana

Jorge Elbaum
CLAE / El Cohete a la Luna


El martes 3 de julio la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador orden la captura del ex Presidente Rafael Correa bajo la acusacin de ordenar el secuestro de un delincuente ecuatoriano, Fernando Balda, dentro del territorio de Colombia. Segn la informacin oficial difundida por la secretaria de comunicaciones del gobierno de Lenn Moreno, la orden de detencin ser presentada a la brevedad a Interpol para solicitar su detencin en Bruselas, donde vive actualmente con su familia el lder de la organizacin Revolucin Ciudadana.

La solicitud del ms alto tribunal ecuatoriano se efectiviz cuatro das despus de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concluyera su visita a Quito y segn los medios hegemnicos locales anunciara el fin de diez aos de tensas relaciones entre ambos pases, el exacto periodo en el que Correa instrument una poltica autnoma de los mandatos provenientes de Washington. La solicitud de detencin coincide, tambin, con la recepcin efectuada por el actual presidente de los tcnicos del FMI raleados durante el ltimo decenio y el anuncio de privatizacin de funciones que otrora realizaba el Banco Central, como la gestin y el control del dinero electrnico.

La visita de Pence es concordante, adems, con la liberalizacin de las importaciones que provoc una cada del 21 por ciento del supervit comercial y el consecuente deterioro del tejido productivo. Otra de las azarosas concurrencias es el anuncio notificado por Moreno de limitar la denominada ley de plusvala que impeda la especulacin econmica y financiera sobre tierras en zonas urbanas, para impedir que los pobres se vean obligados a abandonar el centro de las ciudades.

Tambin fue (aparentemente) azaroso el anuncio sobre la potencial prdida del estatus de asilado de Julian Assange, el ciber-activista que se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, desde que Correa se lo concediera. El gobierno de Moreno restringi hace meses a pedido de Estados Unidos. la comunicabilidad de Assange para evitar que contine con su poltica de democratizar la informacin de los centros de poder internacional, desde el interior de la delegacin diplomtica.

Adems, el ltimo 5 de julio la cancillera de Ecuador inform que el seor Assange debe de llegar a un entendimiento con las autoridades britnicas. Ecuador es un facilitador. Indudablemente Mike Pence fue convincente. Antes de abandonar Ecuador felicit a Moreno por su compromiso en la lucha contra la corrupcin evidenciado en el encarcelamiento con una pena de seis aos de crcel de su vicepresidente electo, Jorge Glas, quien se encuentra actualmente detenido en la crcel 4 de Quito, acusado de recibir sobornos de la empresa brasilea Odebrecht.

La causa contra Glas se inici a partir de un informe provisto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que se consignaban pagos por 33,6 millones de dlares, provenientes de la empresa brasilea, a las arcas de funcionarios y empresarios entre 2007 y 2016.

La documentacin enviada por Washington arrib a los tribunales ecuatorianos pocos meses antes de la campaa electoral de 2016. La difusin de esas denuncias benefici electoralmente a la formula derechista de Guillermo Lasso y Andrs Pez, quienes a pesar de las ayudas del norte no lograron derrotar a la Alianza Pas, cuya frmula la compartan Moreno y Glas.

El vicepresidente electo, fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Correa cuando el gobierno expuls de territorio ecuatoriano a la empresa brasilea Odebrecht, en 2008, por incumplimiento de las normas en el contrato para la construccin de la represa hidroelctrica de San Francisco.

En diciembre de 2016, cuando los documentos provenientes de Washington fueron conocidos en Quito, los analistas internacionales se interrogaban sobre la obvia contradiccin que supona recibir recompensas ilegales y al mismo tiempo expulsar a quienes se supona que eran los coimeros (por no cumplir contratos pblicos).

La causa judicial por la que se ha pedido la captura de Rafael Correa se inici a partir de la denuncia del abogado Fernando Balda, que fue condenado en 2010 por injurias y calumnias contra un funcionario cercano a Correa. El mismo Balda fue sentenciado tiempo despus a 12 meses de crcel por atentar contra la seguridad del Estado. En ambos casos, para evadir la crcel, huy a Colombia, siendo un prfugo de la justicia ecuatoriana entre 2009 y 2010.

Balda sufri en 2012 un intento de secuestro en Bogot por el que culp a integrantes de los servicios de inteligencia ecuatorianos. Tres meses despus, en octubre de 2012, Balda fue deportado por Colombia hacia su pas natal para dar cumplimiento a las dos sentencias de prisin inconclusas por fuga.

En el marco de un evidente acuerdo jurdico-poltico, los gobiernos de Colombia y Ecuador se complotaron para endosarle el intento de secuestro de Balda a Correa, partiendo de la sola declaracin testimonial sin ms pruebas de un agente policial que se desempeaba en la Direccin General de Inteligencia de Ecuador (Ral Chicaiza), que se encuentra detenido a disposicin de la justicia de Quito. Correa ha rechazado los cargos, como una farsa en el marco de una operacin de lawfare (utilizacin de la justicia como herramienta de persecucin poltica, o guerra jurdica).

Ecuador, Brasil, Argentina

 

El neoliberalismo latinoamericano ha operativizado un nuevo dispositivo orientado a perseguir a los lderes sociales y/o polticos que se oponen al pensamiento nico, diseado en los centros financieros internacionales, como aptos y funcionales para la supervivencia de sus intereses estratgicos. La judicializacin de la poltica se viabiliza y desarrolla en los pases cuya cultura poltica no permite en la actualidad la ejecucin paramilitar de dichos activistas opositores, como sucede habitualmente en Colombia, Mxico u Honduras, donde semanalmente se asesina referentes sociales. El lawfare existe por lo tanto donde no se puede, an, desaparecer o asesinar. Es un recurso que suple el exterminio.

Las caractersticas de la judicializacin poltica represiva se asientan en una dictadura de los jueces que se asumen a s mismos como una supra-institucin que no puede ser evaluada por la sociedad civil ni rectificada por ninguno de los otros poderes.

Los socios estratgicos del lawfare son los principales medios de comunicacin (generalmente monoplicos, como el Grupo Clarn en Argentina, la Red O Globo en Brasil o Televisa en Mxico), crecientemente articulados con las redes sociales, cuya Big Data es monitoreada por centrales de inteligencia, como queda en evidencia con el escndalo Cambridge Analytica/Facebook. El objetivo es la desaparicin del enemigo poltico del neoliberalismo, que se instrumenta inicialmente mediante la deslegitimacin al interior de la opinin pblica, como paso previo a su judicializacin.

El sambenito o comodn lingstico, asociado a la cruzada contra los dirigentes polticos (que se atreven a enfrentarse a la lgica rentista y especulativa) es la afamada corrupcin. Pasan a ser corruptxs todxs aquellxs que demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las empresas o las corporaciones. Son pasibles de ser judicializados quienes reivindican lo pblico por sobre lo mercantil y quienes establecen poltica de desarrollo productivo como modelos sustitutos a las aperturas comerciales, que tienden a destruir tejidos productivos locales.

Sern vctimas prioritarias del lawfare quienes consideren que hay un territorio de lo poltico asociado a lo valorativo, superior a la eficiencia y la lgica tecnocrtica de los expertos (formados habitualmente en microclimas favorables a intereses transnacionales).

El lawfare es la superacin de la imparcialidad jurdica. Es el estado de excepcin al servicio de la lucha contra la centralidad del Estado y la poltica (equiparables ipso facto a corrupcin) y la defensa del sentido comn neoliberal, auto percibido como una forma de naturalidad que los populistas (progresistas, izquierdistas, justicialistas, keynesianos, etc.) desafan. Para sus detractores los dirigentes populares no hay presuncin de inocencia porque los medios se encargan de instalar la culpabilidad con insistencia diaria y sistemtica. Eso permite encarcelar preventivamente (incluso sin peligro de fuga) o instruir una causa simplemente con la denuncia testimonial de cualquier ciudadano, e imponer jueces ad hoc destruyendo todo protocolo de jurisdiccin.

En Argentina, la dirigente social Milagro Sala permanece detenida hace tres aos por una causa que juzga el lanzamiento de huevos al entonces diputado Morales, hoy gobernador de Jujuy. En ese gravsimo atentado, Sala no estuvo presente. Sin embargo, para su detencin fue vital el testimonio de un empleado de Morales, quien indic que Milagro alent ese lanzamiento de huevos. Julio De Vido diputado nacional electo y ex ministro de Cristina Kirchner permanece detenido por promover mejores condiciones de vida a los trabajadores de Rio Turbio y por supuestos sobreprecios en la adquisicin de gas licuado.

En ambos casos las evidencias fueron sustentadas en peritajes reconocidos como incorrectos o fraudulentos (uno de los peritos, David Cohen, fue procesado por aportar datos falsos para incriminar a los funcionarios), a pesar de lo cual no le han concedido an la excarcelacin.

Cristina Kirchner acumula tres causas estrafalarias: una ligada al memorndum de entendimiento con Irn (votado en el Congreso por ms de dos centenas de legisladores de las dos Cmaras), la muerte del fiscal Nisman (en la que se busca transformar a costa de violentar incluso las evidencias fcticas un suicido en un homicidio) e imputaciones (risibles) ligadas a la gestin de los hoteles familiares, en el sur del pas, que estaban a cargo de administradores autnomos. Carlos Zannini (ex Secretario Legal y Tcnico) y Luis DEla (dirigente social) permanecieron 100 das en prisin preventiva por el primero de los delitos imputados a CFK. Fernando Esteche permanece encarcelado por esa misma causa, sin fecha de inicio del juicio oral y pblico.

En Brasil, Lula fue condenado a 13 aos de prisin en el marco de una causa conocida como Lava Jato, en la que se lo acus de corrupcin pasiva por la tenencia de un apartamento triplex en Guaruj, cuya titularidad pertenece a otra persona, lugar en el que nunca vivi ni habit ningn da de su vida. Para condenarlo, el juez de primera instancia Sergio Moro tuvo en cuenta la evidencia de un mail y un testimonio y desech a 73 testigos que negaron la ocupacin del departamento por parte de Lula. La contracara de esta escena es que el mximo responsable del esquema de corrupcin al interior de Amrica Latina por coimas distribuidas por valores superiores a los 300 millones de dlares, Marcelo Odebrecht, CEO de su empresa, permanece en arresto domiciliario desde el 17 de diciembre ltimo gracias a delaciones premiadas brindadas a la justicia.

Tcticas de guerra

El lawfare tiene particularidades en relacin con la prisin preventiva. La mayora de las constituciones de Amrica Latina la habilitan en la etapa de instruccin tan solo cuando el acusado puede obstruir la investigacin de la causa de la que es imputado o si existe una posibilidad de fuga. La supervivencia del neoliberalismo ha necesitado tergiversar esa doctrina para encarcelar preventivamente como mensaje meditico disciplinador (un ex vicepresidente en pijama y esposado pasa a expresar el xtasis del lawfare comunicacional). En todos los casos de las detenciones preventivas incluso la causa por la que est detenido Lula, dado que an no hay sentencia firme, porque est presentada la apelacin los jueces no han explicado los motivos que justifican dichas detenciones en el marco de los potenciales peligros de fuga u obstrucciones de las investigaciones. Ergo: marche preso.

El concepto de lawfare fue generado por el general estadounidense, asesor del Pentgono, Charles Dunlap, quien lo defini como la tctica para utilizar la ley como medio para lograr un objetivo militar. Se trata de transformar cdigos legales en balas. El lawfare es menos letal, ms econmico, pero en muchas oportunidades ms efectivo qie acciones militares planificadas. Su principio deviene de tratar de dar una apariencia de legalidad a la excepcionalidad, a la persecucin y al hostigamiento. Es ajeno al sistema democrtico porque lo sustituye. Elige quin no tiene que participar en l y quin debe ser excluido. Promueve el descrdito meditico a travs de la utilizacin del tiempo jurdico: la condena no es lo importante sino el trayecto; puede resultar inocente pero la instruccin debe ocupar las primeras planas para deslegitimar una carrera y sobre todo el vnculo del dirigente con los sectores sociales ms desfavorecidos, sobre el que hay que imponer el mximo de inversin comunicacional meditica y de redes sociales.

Jorge Elbaum: Socilogo, doctor en Ciencias Econmicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la ). Artculo publicado en elcohetealaluna.com.



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