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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-07-2018

Nicaragua ante la represin desenfrenada

Mnica Baltodano
Nueva Sociedad


A pesar de las mesas de dilogo, el gobierno de Daniel Ortega sigue reprimiendo los nicaragenses. Antiguos sandinistas le dan la espalda y los movimientos sociales toman las calles. Sin embargo, la explosin popular frente a la represin encuentra a la poblacin desarticulada y desorganizada. El tejido social ha sido pulverizado por las polticas neoliberales y por la persecucin abierta o solapada del gobierno. Los partidos polticos estn reducidos y desacreditados. Y la reconstruccin del tejido social parece absolutamente necesaria frente a los desafos planteados en el pas.

La represin del gobierno de Daniel Ortega contra estudiantes y poblacin civil desarmada que sigue protestando ha dejado, hasta el 25 de junio, 285 asesinatos, ms de 1,500 heridos y aproximadamente 156 desaparecidos Despus del 24 de abril, fecha en que el gobierno acept las bases del Dilogo Nacional, sus fuerzas represivas perpetraron 225 asesinatos ms. Este dato ilustra que para Ortega el dilogo es tan solo una estratagema para ganar tiempo. Adems de las multitudinarias marchas en Managua y otros departamentos del pas, los pobladores fueron levantando tranques y barricadas en carreteras y calles de las ciudades. Los primeros en atrincherarse fueron los habitantes del combativo barrio indgena de Monimb en Masaya. Buscaban tambin contener la ola de quemas y saqueos promovidos por el rgimen. Los campesinos, dirigidos por la lder campesina Francisca Ramrez, iniciaron los tranques en Nueva Guinea que luego se extendieron en todo el pas. Los tranques son un mecanismo de defensa frente a la represin, pero tambin un instrumento de presin ante la indecisin de los empresarios de realizar un paro nacional indefinido. En los tranques y barricadas hacen guardia mujeres, jvenes y pobladores armados nicamente de morteros caseros, asistidos por su vecindario. La masividad de la participacin ciudadana es tal que, en varias ciudades, llegaron a cercar estaciones de polica, obligando a los efectivos a abandonar los poblados.

El 30 de mayo, da tradicional de la madre nicaragense, se realizaron marchas simultneas en las ciudades. Ms de 300.000 nicaragenses desfilaron en Managua encabezados por el movimiento Madres de Abril que agrupa a familiares de las vctimas de las masacres. Casi al finalizar, francotiradores y policas dispararon contra la multitud: 20 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridos. La poblacin respondi con ms trincheras. Al comenzar el mes de junio se contabilizaban ms de 160 tranques y cientos de barricadas.

El Dilogo Nacional

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) escogi a los participantes de la Mesa de Dilogo que se sentaran frente al gobierno. Se trataba de los grandes empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSEP) y la Cmara de Comercio Americana de Nicaragua, de una delegacin de estudiantes y de integrantes de la sociedad civil (un representante del movimiento campesino, uno de la Costa Caribe, y otro del movimiento sindical autnomo). El Dilogo realiz su sesin inaugural el 16 de mayo. Desde entonces hasta la fecha, los avances son relativamente modestos porque no ha cesado la represin y el gobierno elude abordar la Ruta de la Democracia propuesta por la Conferencia Episcopal. Ese documento propone el adelanto de las elecciones para el 31 de marzo del 2019. Adems, promueve reformas previas a la Ley Electoral y el cambio de las autoridades electorales. El gobierno apuesta a imponer el cronograma que vena elaborando desde 2017 con el secretario general de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sealado de parcializarse a favor del gobierno en elecciones pasadas. El cronograma llevara a Ortega a terminar su espurio mandato en 2021.

El presidente descalifica a quienes exigen su salida anticipada como golpistas, y se presenta como vctima de un complot internacional. A este discurso se han unido algunos partidos de izquierda en Amrica Latina, incapaces de distinguir la retrica pseudorrevolucionaria de Ortega de sus prcticas neoliberales. Ms an, asumen una posicin ticamente condenable al justificar en la prctica los asesinatos de casi 300 nicaragenses.

Derechos Humanos

El 22 de junio la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present el informe final de su visita a Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. El demoledor informe fue rechazado de plano por el gobierno de Ortega que, a su vez, obtuvo el respaldo de Venezuela. La mayora de los dems pases demandaron el cese de la represin. En el informe puede leerse lo siguiente:

Los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participacin en las manifestaciones y que sigui un patrn comn, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemtica; el uso de grupos parapoliciales con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales; obstculos en el acceso a la atencin mdica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participacin en las manifestaciones; un patrn de detenciones ilegales arbitrarias a jvenes y adolescentes que participaban pacficamente en protestas y personas que transitaban en vas pblicas en las zonas de los incidentes; el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la mayora de las personas detenidas, llegando algunos de estos a alcanzar el umbral de tortura; la difusin de propaganda y campaas de estigmatizacin, medidas de censura directa e indirecta; intimidaciones y amenazas contra lderes de movimientos sociales; y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto.

La CIDH hizo quince recomendaciones, pero el gobierno se ha negado a cumplir con todas ellas. De hecho, solo ha cumplido con la instalacin del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la aceptacin del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), y la invitacin al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lamentablemente, no es posible ser demasiado optimista sobre los resultados del trabajo de estos equipos. Mientras Ortega siga al frente del gobierno, todas las instituciones bajo su control conspirarn contra la eficacia de las investigaciones de estos organismos. En el caso del GIEI, trabajar al lado del Ministerio Pblico, una institucin totalmente controlada por Ortega. Hasta hoy no existe ninguna apertura de caso contra los autores de los crmenes del gobierno y, por el contrario, se ha inculpado a inocentes como chivos expiatorios mientras crecen los expedientes contra los luchadores sociales.

La recomendacin ms importante de la CIDH desmantelar los grupos parapoliciales no solo no se ha cumplido, sino que Ortega los ha expandido desplegando un ejrcito irregular letal que opera en complicidad con la polica.

El papel de Estados Unidos

El gobierno estadounidense sostena hasta hace muy poco tiempo una relacin cercana con el gobierno de Ortega. El mandatario nicaragense le otorgaba paz y estabilidad. Sin embargo, la relacin ha cambiado. Washington ha comenzado a expresar preocupacin por lo que est ocurriendo y, sobre todo, por los resultados de la crisis. Por ello empujan una salida suave que no debilite su situacin en la regin. No les preocupan ni los derechos humanos y civiles ni la corrupcin. Su apuesta est centrada en sus propios intereses. El 9 de junio, Caleb McCarry, experto en temas de transicin que trabaj para el gobierno de George W. Bush, visit Nicaragua como enviado del poderoso presidente del Comit de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker. Asimismo, antes de la reunin del Consejo Permanente de la OEA, el embajador Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante ese organismo, realiz una visita de 24 horas a Nicaragua y se entrevist con la CEN, integrantes del Dilogo y con Daniel Ortega. Se ha filtrado que EEUU intenta presionar a Ortega con el adelanto de las elecciones a cambio de inmunidad (es decir impunidad) para su familia.

La represin se recrudece y se extiende

Desde el 11 de junio, el gobierno increment la represin a travs de lo que se ha llamado operacin limpieza. Se trata de una verdadera oleada ofensiva con grupos combinados de policas, fuerzas antimotines y civiles fuertemente armados y encapuchados. Estos grupos, adems de disparar indiscriminadamente y destruir las barricadas, realizan allanamientos de domicilios y capturas de muchachos y muchachas basadas en listas proporcionadas por los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), grupos partidarios que forman parte de las estructuras oficiales desarrolladas por el gobierno.

El 16 de junio estas fuerzas combinadas incendiaron una vivienda con la familia entera adentro quedando carbonizados 4 adultos y dos nios, una de dos aos y otro de tres meses. Los sobrevivientes denunciaron que el incendio fue provocado por estos grupos ligados al gobierno, porque el dueo del inmueble, donde adems haba una fbrica de colchones, no permiti que un francotirador se apostara en el tercer piso de la vivienda. Imgenes de policas y sicarios progubernamentales quedaron registradas en videos de una cmara de seguridad de un negocio vecino. Asimismo, a punta de balas han desmontando una parte de los tranques y las barricadas, provocando numerosos muertos y heridos. En las ciudades impera de facto la suspensin de las garantas constitucionales y el toque de queda. Los grupos de encapuchados se ubican a cualquier hora y en cualquier lugar practicando registros, detenciones y sembrando el terror en los ciudadanos.

Correlacin de fuerzas y lucha popular

Las elecciones de noviembre de 2016 fueron claramente fraudulentas y la abstencin fue superior a 60 %. La ilegitimidad del gobierno se confirm en una encuesta de la consultora CID Gallup realizada entre el 5 y 15 de mayo, que indica que 63 % de la poblacin opina que Ortega debe dejar el poder, y 67% opina lo mismo de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La poblacin est decidida a expulsar a la pareja del poder y paga altos costos en vidas y sacrificio. El impacto de la crisis sobre la economa es demoledor. Numerosos negocios han cerrado y se han perdido ms de 200.000 empleos.

En medio del incremento represivo, diversas organizaciones cvicas lanzaron la propuesta de la desobediencia civil, en particular la de los grandes contribuyentes. Sin embargo, el empresariado duda. El 14 de junio, las cmaras empresariales realizaron, por fin, un paro nacional de 24 horas que result todo un xito. La gente presiona por un paro indefinido combinado con la desobediencia civil y la lucha de calles para forzar a la pareja a dimitir. La explosin popular frente a la represin encontr al pueblo de Nicaragua desarticulado y desorganizado. El tejido social ha sido pulverizado por las polticas neoliberales y por la persecucin abierta o solapada del orteguismo. Los partidos polticos estn debilitados y desacreditados. Por lo tanto, reconstruir el tejido social es un desafo.

La delegacin participante del Dilogo se ha agrupado como Alianza Cvica por la Justicia y la Democracia pero tambin se ha venido construyendo la Articulacin de Movimientos Sociales que aglutina a estudiantes autoconvocados, expresiones territoriales del Movimiento 19 de Abril, poblacin movilizada en tranques y barricadas, movimientos de mujeres y feministas, movimientos campesinos, organizaciones de Derechos Humanos, pueblos indgenas y comunidades afrodescendientes, ambientalistas, movimientos defensores de la diversidad sexual y medios de comunicacin, entre otros. La Articulacin ha planteado que toda ruta hacia la democratizacin deber partir de la salida inmediata de la pareja presidencial del poder y la instalacin de un gobierno de transicin que disee los pasos para elegir cuanto antes una Asamblea Constituyente y un nuevo gobierno.

La suerte est echada. Como dice la consigna repetida hasta el hartazgo: Ortega perdi al pueblo y el pueblo perdi el miedo. Sin embargo, todava falta recorrer un camino para que el pueblo, hoy martirizado, vea resolver esta contienda a su favor.

* Mnica Baltodano, excomandante guerrillera del FSLN. Jug un rol importante durante la etapa insurreccional de 1978-79 contra la dictadura somocista. Fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MRS) y diputada en la Asamblea Nacional de Nicaragua entre 2007-2011. Tom distancia de la delegacin parlamentaria del MRS. Junto a otros militantes histricos del sandinismo, ella es una opositora radical al rgimen Ortega-Murillo. (Redaccin de Correspondencia de Prensa)

http://nuso.org/



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