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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-07-2018

Sobre la inseguridad pblica

J. Carlos R. Acosta
Rebelin


Desde la Declaracin de Caracas de 1980, producto del Sexto Congreso de las Naciones Unidas para la Prevencin del Delito y Tratamiento del delincuente, la ONU reconoca que la efectividad de los sistemas de justicia penal y de las polticas orientadas a la prevencin del delito dependen de los progresos que se realicen en el mundo para mejorar las condiciones sociales y para elevar el nivel de calidad de la vida (https://bit.ly/2KW7Yd0). Han pasado ya casi 40 aos desde aquella declaracin hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas, y las polticas y sistemas de justicia parecen haber hecho caso omiso de lo sealado (para variar).

Recientemente, algo similar se ha dicho en Mxico: el Programa Nacional para la Prevencin Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 indica que muchos de los factores que pueden propiciar los actos delictivos estn relacionados con las condiciones de marginacin, precariedad y violencia social en las que vivimos. No es fortuito el mal gusto, lo clasista y lo tendencioso de la presentacin de su diagnstico, ya que presenta las condiciones deplorables de existencia (representados en una pirmide que va desde lo individual hasta la estructura social en general), como lo determinante en la posibilidad de incidencia delictiva. Parte, pues, de unas condiciones de existencia que se presentarn como algo natural o normal, sin explicacin. No aparece ah la responsabilidad del Estado. Desaparecen, por arte de magia, los llamados delincuentes de cuello blanco (en un intento eufemstico de borrar lo repulsivo de sus crmenes) y, por lo tanto, su responsabilidad en la generacin de las condiciones miserables de existencia en la que sobreviven ms del 80 por ciento de la poblacin en el pas.

Sin embargo (desde la perspectiva liberal), aun cuando el Estado apareciera como responsable en el diagnstico mencionado, las polticas o medidas implementadas contra la delincuencia deberan orientarse a erradicar las condiciones de marginacin, precariedad y violencia de existencia de la poblacin. Es decir, en su lenguaje, las polticas contra la delincuencia deberan ser integrales. Pero incluso en su diagnstico est claro que los programas que han aplicado ni son integrales, ni atienden esas condiciones de existencia! El Estado mismo echa a la basura el supuesto diagnstico y se ha limitado a implementar (sin fundamento alguno) medidas de corte represivo, no preventivo.

Con esto ltimo, lo que se ha conseguido es precisamente todo lo contrario: a partir de la puesta en marcha de la llamada guerra contra el narcotrfico la violencia y la delincuencia han incrementado; se lanzan cifras espeluznantes de ms de 230 mil muertes en los ltimos dos sexenios, feminicidios, narco fosas, expansin y surgimiento de nuevos crteles, complicidad de los cuerpos policiales y autoridades de todos los niveles, secuestros, y el lamentable etctera. Ya en junio de 2011 la Comisin Global de Poltica de Drogas de la ONU, reconoca el fracaso" de la guerra global contra las drogas y de sus polticas represivas orientadas a reducir la oferta y el consumo (https://bit.ly/2m6fBzr). Todo esto sin mencionar el alarmante incremento de la pobreza y los escndalos de desvos millonarios a travs de los programas sociales.

No es otra la historia a nivel local en todo el pas. El fracaso constante ha sido la marca en los niveles estatal y municipal. Los actores tradicionales en el combate a la delincuencia siempre han sido el legislador o la polica, con resultados por todos conocidos: que van desde la criminalizacin de la poblacin (con sus reglamentos que justifican de manera ambigua el uso de la fuerza fsica) hasta aumentar el nmero de elementos del cuerpo policial, sus unidades mviles o el armamento. Actualmente se han incorporado las tecnologas como el uso de cmaras de video vigilancia o el espionaje en redes sociales y dispositivos electrnicos. Sin embargo, medidas como esas solamente atienden de forma represiva el crimen, y no de manera preventiva. Se carecen de las polticas integrales necesarias que atiendan las condiciones sociales que influyen en la delincuencia y no solo sus manifestaciones.

Ante ya casi medio siglo de medidas represivas en el combate a la delincuencia cabe preguntar: qu ocurre en las administraciones locales que continan aplicando polticas que no ofrecen los resultados prometidos?, es ceguera, falta de responsabilidad o existen otros intereses de por medio? Fomentar la delincuencia genera grandes ganancias para los implicados como en las guerras, pero por otro lado terror y muerte para sus vctimas. El estado de violencia que nos envuelve en el pas no puede ser simplemente el producto de polticas improvisadas, sino que tiene forma de algo completamente premeditado.


Si un individuo produce a otro un dao fsico tal, que el golpe le causa la muerte, llamamos a eso homicidio: si el autor supiera de antemano, que el dao va a ser mortal, llamaremos a su accin asesinato premeditado. Pero si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal que, necesariamente, caen vctimas de una muerte prematura y antinatural, de una muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada y de la maza; si impide a millares de individuos las condiciones necesarias para la vida si los coloca en un estado en que no pueden vivir, si los constrie, con el brazo fuerte de la ley, a permanecer en tal estado hasta la muerte, muerte que debe ser la consecuencia de ese estado: si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos millares de individuos deben caer vctimas de tales condiciones y, sin embargo, deja que perdure tal estado de cosas, ello constituye, justamente, un asesinato premeditado, como la accin del individuo, solamente que un asesinato ms oculto, ms prfido, un asesinato contra el cual nadie puede defenderse, que no lo parece, porque no se ve al autor, porque es la obra de todos y de ninguno, porque la muerte de la vctima parece natural y porque no es tanto un pecado de accin como un pecado de omisin. Pero ello no deja de ser un asesinato premeditado.

F. Engels, La situacin de la clase obrera en Inglaterra, 1845.

 



J. Carlos Rico Acosta Socilogo

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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