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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-07-2018

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos present el informe "El derecho a la vivienda en Mlaga: un derecho fundamental a la intemperie"
La situacin del alquiler en Mlaga es insostenible

Rebelin

El Sindicato de Inquilinas de Mlaga alerta de la situacin de vulnerabilidad que sufre la ciudadana por la especulacin y la falta de proteccin de su derecho a una vivienda digna


El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Mlaga presenta los principales resultados de su informe El derecho a la vivienda en Mlaga: un derecho fundamental a la intemperie, en el que muestra las principales vulnerabilidades que sufren las vecinas de Mlaga que quieren alquilar. La presentacin de los resultados tuvo lugar en la sede de la Asociacin Pro Derechos Humanos de Andaluca.

Una de las portavoces del colectivo, Ruth de Frutos, explica que frente a la necesidad de visibilizar la situacin de vulnerabilidad que sufren las arrendatarias en la ciudad, un grupo de inquilinas y personas afines han comenzado a analizar el estado de la vivienda en Mlaga: estamos muy preocupadas por el aumento de los alquileres y el cambio que est sufriendo la ciudad en los ltimos aos. El parque de atracciones que se est promoviendo desde algunas instancias est afectando directamente al modelo de vida sostenible que queremos seguir viviendo las familias que vivimos en Mlaga.

El boom del alquiler en Mlaga y sus efectos para la ciudadana

La renta media bruta anual por hogar de Mlaga es una de las ms bajas de Espaa y sus niveles de desempleo, a pesar de la mejora de las ltimas cifras, es muy superior a la media nacional. Sin embargo, los alquileres han subido notablemente en los ltimos aos.

Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas ha explicado que el precio de los alquileres se increment en la ciudad malaguea un 15,4 %2 entre los aos 2016 y 2017. En mayo de 2017, tras meses de crecimiento, el alquiler medio mensual de un piso de 100 m en la capital de la Costa del Sol se situaba en los 803 euros. Esto equivale, sin incluir otros gastos como el pago de fianzas y de suministros bsicos, a 9.536 anuales, es decir, el 39,26 % de la renta bruta de un hogar medio.

El alquiler vacacional y el mercado turstico son una de las razones por las que Mlaga, con 1.393 euros de media, se sita como la cuarta provincia donde el precio del alquiler es ms alto en Espaa, por detrs de Islas Baleares (1.522 ), Madrid (1.549 ) y Barcelona (1.603 ) contina el portavoz.

Las familias malagueas se ven obligadas a abandonar sus hogares, cambiar de casa y construir de cero todas sus rutinas por el aumento de la especulacin con un derecho fundamental y la falta de proteccin de las autoridades pblicas.

El turismo masivo, unido a los nuevos mtodos para el alquiler furtivo mediante pisos tursticos ilegales o alegales, ha generado que la ciudadana malaguea se vea obligada a huir de centros en los que vivan tradicionalmente, generando un efecto en cascada en otros barrios.

Frente a las viviendas con fines tursticos (VFT) registradas en la Junta de Andaluca, existe un gran nmero de VFT sin regular, por lo que son consideradas ilegales. Este mercado, as como tambin el de las VFT legales, se ha visto favorecido por el surgimiento de plataformas digitales que agilizan el negocio, expone Machuca mientras ensea los grficos en una presentacin.

Curro Machuca explica que no existen cifras exactas de cuantas VFT se ofertan en internet, pero se han contabilizado 5.262 anuncios en la capital malaguea solo en la plataforma online AirBnB8, segn los datos analizados en mayo de 2018 por la consultora independiente Inside AirBnB. Estas ms de 5.000 viviendas con fines tursticos no han parado de crecer en la capital malaguea en los ltimos meses y contrasta con las 2.600 VFT registradas en la Junta, lo que genera un impacto perjudicial en el acceso a las viviendas asequibles en la ciudad.

El caso de plataformas digitales como AirBnB demuestra que, a diferencia de la visin ampliamente extendida, son principalmente grandes propietarios los que alquilan viviendas completas por largas temporadas a turistas, la mayora extranjeros, lo que impide a las vecinas y vecinos competir con unos precios que exceden sus posibilidades.

De ellos, las personas vulnerables son las ms agredidas por esta situacin. Familias monoparentales, unidades familiares con menores o personas ancianas a su cargo y jvenes no pueden asumir el aumento de los precios.

Los desahucios, la forma ms abrupta de atentar contra las inquilinas

En Mlaga se produjeron 1.078 lanzamientos12 durante 2017, segn el ltimo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los Efectos de la crisis econmica en los rganos judiciales, publicado en marzo de este ao. Del total de los lanzamientos judiciales, 566 correspondieron al impago de alquileres, lo que supone el 52,5 %. Esta tendencia demuestra que los desahucios por impago de alquiler ya han superado a los desahucios por impago de hipotecas, segn afirma el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

La Ley de Arrendamientos Urbanos, el centro del huracn

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sus sucesivas modificaciones ha supuesto una merma de los derechos de las personas arrendatarias, que pueden ser expulsadas de sus residencias solo con ser avisadas con un mes de antelacin. Ello rompe todas las posibilidades de construccin de futuro a medio y largo plazo, generando an ms precariedad en las esperanzas de vida de las vecinas.

Frente a todos estos abusos, un grupo de arrendatarias de Mlaga ha creado un Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, al igual que otras ciudades como Madrid y Barcelona, con el objetivo de visivilizar el problema, asistir y proteger los intereses de las personas que viven o quieren vivir de alquiler y demandar las siguientes necesidades bsicas.

Simona Frabotta, otra de las portavoces del Sindicato de Inquilinas enuncia las principales demandas del colectivo:

1. Contratos ms largos. Reivindicamos la derogacin/modificacin de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) para cambiarla por una que establezca contratos de arrendamiento estables de seis aos, cuando la persona propietaria sea particular, y de doce aos, cuando se trate de grandes propietarias, renovables automticamente si no hay una necesidad familiar por parte de la parte arrendadora.

2. Precios accesibles para la ciudadana. Demandamos la creacin de un ndice de precios de alquiler, de forma consensuada entre las distintas partes interesadas, vinculado al coste de la vida.

3. Regulacin de los honorarios que reciben los intermediarios. Los honorarios deben ser abonados por quienes contratan los servicios, con carcter general la persona propietaria.

4. Fin de los privilegios fiscales a las Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin Inmobiliaria (SOCIMI). Este tipo de sociedad inmobiliaria no paga el impuesto de sociedades por los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres. Una ventaja que ningn otro tipo de empresa o persona fsica disfruta.

5. Paralizacin de los desahucios sin alternativa habitacional y obligacin de realojo por las administraciones.

6. Movilizacin de viviendas vacas y creacin de un parque de VPO para los colectivos vulnerables.

7. Regulacin del mercado de viviendas tursticas. Exigimos la moratoria de las licencias de apartamentos tursticos hasta el consenso de un nuevo marco legal garantista con los derechos de la ciudadana local. Y el incremento de los recursos destinados a la inspeccin y sancin de los alquileres tursticos ilegales.

Por ltimo, Adrin Broncano, otro de los portavoces del Sindicato de Inquilinas visibiliza la importancia de la formacin de este grupo de afectadas por la subida de los alquileres y el acompaamiento legal que se est haciendo de los casos que llegan a todas las reuniones de este grupo que nace con un claro compromiso con los derechos a la vivienda.


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