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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-07-2018

Defensores de DDHH interponen amparo contra decretos que privatizan el agua

Rebelin


Comit Digna Ochoa interpone demanda de amparo vs 10 decretos promulgados el 6 de junio de 2018 que abren puertas a privatizacin de aguas nacionales y violentan derechos humanos de la sociedad mexicana.

Representantes de este Comit de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comit Digna Ochoa) interpusieron el da de ayer en los juzgados de distrito y juicios federales en la ciudad de Tuxtla Gutirrez una demanda para requerir el amparo y proteccin de la justicia federal ante actos violatorios de los derechos constitucionales y humanos en contra de la sociedad mexicana por parte Congreso de la Unin al aprobar y expedir reformas de la fraccin II del artculo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, devenida inconstitucional y atentatoria de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales y del Presidente Enrique Pea Nieto por la promulgacin de 10 decretos para eliminar las vedas de 300 cuencas hidrolgicas lo que consideramos, as como de acciones violatorias por parte de la SEMARNAT, CONAGUA

Este recurso de amparo fue presentando el da de ayer justo el ltimo da para vencerse el trmino constitucional recayendo para trmite en el Juzgado Cuarto de Distrito y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, y se suma a las acciones de demanda de amparo interpuesta por compaeros y compaeras de la Asociacin Nacional de Abogados Democrticos (ANAD) quienes han interpuesto amparos en la ciudad de Mxico.

Sealamos que con la promulgacin de estos decretos que abren puertas a la privatizacin de las aguas nacionales se violentan los Artculos 1, 2, 4 prrafo cuarto, quinto y sexto, 14,16, 27 prrafos quinto y sexto, 29 prrafo segundo, 39 y dems relativos de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; artculos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 25 y 30 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de la Organizacin de las Naciones Unidas; artculos 1, 2, 3 del Pacto Internacional de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales; artculos 1, 2, 3, 4, 8, 24, 25 y 29 de la Convencin Americana de Derechos Humanos Pacto San Jos, Costa Rica; artculo 11 del Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador; Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo y dems relativos de la normativa internacional, y la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

Este recurso de amparo est sustentando en el inters legtimo que tenemos como defensores de los Derechos Humanos y al violentarse Derechos Humanos y Constitucionales con estos decretos as como ciudadanos mexicanos que habitamos en una de las cuencas mencionadas en los decretos promulgados por el Presidente Enrique Pea Nieto, que en el caso del Estado de Chiapas comprende En el caso de Chiapas, se encuentra contemplada la Regin Hidrolgica No. 30 Grijalva-Usumacinta, la cual segn datos oficiales se localiza al Sureste de nuestro pas, est limitada al Norte por el Golfo de Mxico; al Este por la Repblica de Guatemala, al Noreste por la Regin Hidrolgica No. 31 Yucatn Oeste, al Sur por la Regin Hidrolgica No. 23 Costa de Chiapas y al Oeste por la Regin Hidrolgica No. 29 Coatzacoalcos. Geogrficamente est comprendida entre los paralelos 1455 y 1835 de latitud Norte y los meridianos 91 20 y 94 15 de longitud Oeste. La figura 1, muestra su ubicacin geogrfica a nivel nacional-regional.

Manifestamos que la defensa que hacemos de los derechos humanos nos atae individual y colectivamente, pues son derechos que disfrutamos individualmente y que pertenecen a todos los integrantes de la colectividad, de la sociedad toda. La vulneracin de los mismos afecta a infinidad de personas que resultaran vulneradas en sus derechos, si no hay quien propugne por su defensa y respeto. En este sentido, tanto la ley de amparo como las tesis de jurisprudencia que sustentamos en el amparo nos legitiman para actuar, toda vez que con los actos reclamados, las autoridades sealadas como responsables estn violentando de derechos humanos fundamentales que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a una colectividad, cuya afectacin es indivisible, y de no impugnarlos se haran negatorios para la colectividad humana, para la sociedad toda. 

Sealamos que las autoridades responsables, con la expedicin, promulgacin y refrendo de los decretos impugnados por el que se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales y se suprimen las vedas que se haban establecido en las cuencas hidrolgicas que mencionan los decretos violan los derechos humanos y garantas constitucionales establecidas en los artculos 1, 4, 14, 16, 27, 73 fracciones XXIX-G y XXIX-L, 89 fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos as como lo dispuesto en el artculo 1 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Econmicos y Culturales suscrito por Mxico.

El artculo 1 constitucional, reformado el 10 de junio de 2011, establece en su parte conducente:

ARTCULO 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarn de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucin y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, as como de las garantas para su proteccin, cuyo ejercicio no podr restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucin establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarn de conformidad con esta Constitucin y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccin ms amplia.

Todas las autoridades, en el mbito de sus competencias, tienen la obligacin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deber prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los trminos que establezca la ley.

Este nuevo paradigma constitucional ha establecido la mxima proteccin de los derechos humanos que reconozca la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa internacional aplicable, que implica la obligacin de las autoridades estatales de todos los niveles y competencias, de promover respetar proteger y garantizar el goce, disfrute y ejercicio de los derechos humanos, buscando siempre la mxima proteccin de la persona humana y conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en su caso la de investigar, reparar y sancionar la violacin de dichos derechos.

Expresamos que conforme a lo establecido en el artculo 1 constitucional, tanto el derecho de acceso, disposicin y saneamiento de agua para consumo personal y domstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible agua como el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas deben no slo ser respetados por el Ejecutivo Federal, sino que debe instrumentarlos en el orden jurdico nacional como un principio inquebrantable; esto es, debe hacerlos efectivos y eficaces. Lo anterior, para lograr el desarrollo y bienestar, as como la vida digna, no solo de los quejosos, sino de todos los habitantes del pas, que sin discriminacin alguna deben disfrutar de todos los derechos humanos fundamentales.

Coincidimos con activistas, defensores, abogados y acadmicos que han expresado que estos decretos abren la puerta totalmente a la privatizacin de las aguas propiedad de la nacin y que est diseada para entregar este vital recurso a industrias mineras, cerveceras, refresqueras, hidroelctricas privadas entre otras.

Sealamos  que los pueblos indgenas, tenan el derecho a ser consultados a travs de procedimientos adecuados en los casos en que por leyes o decretos pudieran resultar perjudicados conforme al Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, para emitir cualquier regulacin sobre la explotacin, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que integran el hbitat de los pueblos indgenas, como en el caso que nos ocupa, debi llevarse a cabo una consulta previa a dichos pueblos, lo que no se realiz.

Y aunque el gobierno electo del Sr. Andrs Manuel Lpez Obrador y su equipo de transicin han anunciado que revertirn estos decretos que privatizan las aguas nacionales en beneficio del gran capital nacional y transnacional, asumimos nuestro deber como defensores de Derechos Humanos y actuamos responsablemente para interponer este recurso de amparo que ha sido decretado y promulgado en el gobierno del Presidente Enrique Pea Nieto.



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