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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-07-2018

La UE sabotea el tratado sobre las empresas trasnacionales y los derechos humanos

Eduardo Camn
CLAE/Rebelin


La Unin Europea persiste en sabotear el trabajo del grupo intergubernamental encargado de la elaboracin de un instrumento jurdicamente vinculante sobre las empresas transnacionales. Las ONG, como es el caso del CETIM, denuncian una proposicin de la UE destinada a terminar con el proyecto de convenio que regula las actividades de las multinacionales en las Naciones Unidas.

Los aspectos financieros vinculados a los nuevos avances tecnolgicos y gestionados desde el modelo neoliberal, sustancialmente desigual, constituyen la actual fase histrica de la globalizacin. Son el teln de fondo sobre el que actan las empresas transnacionales. Por lo tanto, podemos definir que la actividad poltica y econmica de las empresas transnacionales se convierte en el eje central de la globalizacin neoliberal.

La tica de la democracia

El 26 de junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableci con la resolucin 26/9 un grupo de trabajo intergubernamental de composicin abierta sobre las empresas transnacionales y a otras empresas con respecto a los derechos humanos a fin de elaborar un instrumento jurdicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta resolucin es de vital importancia para colmar una laguna importante en el sistema internacional.

En efecto, aunque las empresas que tengan actividades operacionales con carcter transnacional estn implicadas en delitos y en violaciones de los derechos humanos, suelen escaparse de las acciones judiciales debido a la complejidad de su estructura jurdica y a la falta de mecanismos judiciales eficaces. Por consiguiente, urge garantizar el acceso a la justicia para las vctimas considerando a estas empresas responsables de sus actos y de su inaccin para prevenir y reparar las violaciones de los derechos humanos y los daos al medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor 

Ahora bien, cabe destacar que, desde la creacin de este grupo de trabajo intergubernamental, y a pesar de sus declaraciones en favor de los derechos humanos, la Unin Europea y sus distintos Estados miembros no han apoyado este proceso de negociacin histrica.

De hecho, los Estados miembros de la Unin Europea votaron en contra de la creacin de este grupo de trabajo intergubernamental en 2014; boicotearon algunas sesiones de trabajo y consultas; y multiplicaron las intervenciones en las que cuestionaban el mandato de este grupo de trabajo y la legitimidad de la presidencia ecuatoriana.

Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2017, en los debates presupuestarios en torno al programa del ao 2018-2019, la Unin Europea cuestion la celebracin de la 4 sesin de trabajo prevista para octubre de 2018, a pesar de lo clara que es la resolucin 26/9.

Ms recientemente, el 14 de junio de 2018, los Estados miembros de la Unin Europea se pronunciaron con una sola voz, a travs del representante de la Unin Europea, para volver al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para establecer la direccin futura del trabajo, para cuestionar el carcter vinculante de este instrumento internacional, para interrogarse,una vez ms, sobre la legitimidad de la presidencia ecuatoriana, y para oponer este instrumento a los Principios rectores de la ONU de 2011, mientras que los propios

Principios rectores contemplan la adopcin de normas vinculantes a nivel nacional e internacional para su correcta aplicacin. En recientes debates bilaterales, la Unin Europea y varios de sus Estados miembros tambin cuestionaron la presencia de organizaciones de la sociedad civil en las negociaciones.

Las 36 organizaciones firmantes del presente llamamiento solicitan a la Unin Europea y a sus distintos Estados miembros que pongan fin a estas estrategias de obstruccin, que aceptan el mandato de este grupo de trabajo intergubernamental y la presencia esencial de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso, y que participen de manera activa y constructiva en la elaboracin de un tratado internacional jurdicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas que tengan actividades operacionales con carcter transnacional, como lo especifica claramente la resolucin 26/9.

Las tres anteriores sesiones de negociaciones y las cuatro consultas realizadas por Ecuador durante la primavera de 2018 con vistas a la publicacin de una primera versin de dicho tratado posibilitaron que emergiera un amplio consenso en torno a algunos elementos.

Este tratado jurdicamente vinculante debe:

1. Referirse a, sea cual sea su objeto social y su modo de creacin, control o de propiedad, las empresas cuya actividad operativa tenga un carcter transnacional.

2. Garantizar la primaca de los derechos humanos y del medio ambiente sobre las normas en materia de comercio y de inversin.

3. Hacer que las empresas y sus dirigentes sean responsables (en derecho civil, penal, ambiental, administrativo) del respeto de los derechos humanos y de la prevencin de los abusos y de las violaciones que se deriven directa o indirectamente de sus actividades, a lo largo de toda su cadena de valor (ya sean sus ramas, filiales, subcontratistas, proveedores, afiliados, cocontratantes, financiadores, etc.).

4. Introducir una obligacin de vigilancia, o un mecanismo similar de duty of care, a fin de poder exigir la responsabilidad legal de las empresas matrices y de las empresas contratantes en la prevencin de los abusos y los delitos contra los derechos humanos.

5. Reconocer, a eleccin de la vctima, y en virtud del principio 25 de los Principios de Maastricht, la competencia judicial de la jurisdiccin donde se haya producido el dao; de la jurisdiccin donde la empresa contratante est registrada o domiciliada; de una jurisdiccin tercera donde la entidad ejerza la mayor parte o una parte sustancial de sus actividades; y de cualquier otra jurisdiccin que se ocupara del caso en aras de la competencia universal cuando tal violacin contravenga una norma imperativa del derecho internacional.

6. Establecer un mecanismo internacional o una corte internacional para evitar la denegacin de justicia, facilitar la cooperacin judicial entre Estados, y ayudar a las vctimas a recurrir a los rganos jurisdiccionales nacionales o internacionales adecuados.

Estos puntos fueron mencionados a menudo en las consultas informales organizadas por la presidencia del grupo de trabajo durante los ltimos meses. Son objeto de un amplio consenso dentro de los movimientos sociales y de las ONG que realizaron debates en profundidad sobre este tema.

La Unin Europea no quiere saber nada de un Tratado de Naciones Unidas para obligar a las empresas transnacionales (ETN) a respetar los derechos humanos. A mediados de diciembre, en Nueva York, su delegacin simplemente propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas suprimir la financiacin del Grupo de Trabajo intergubernamental, que se rene desde hace tres aos en Ginebra, encargado de elaborar normas vinculantes que regularan la actividad de los grandes grupos econmicos internacionales.

Una maniobra que suscit una reaccin inmediata de una amplia coalicin de ONG al interior de la Campaa mundial para reivindicar la soberana del pueblo, desmontar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad. Entre ellas, el Centro Europa-Tercer Mundo en Ginebra (CETIM), FIAN, mediante La Va Campesina y el Transnacional Institute.

La UE ha hecho todo durante tres aos para sabotear los trabajos del Grupo de Trabajo del Consejo de los derechos humanos de las Naciones Unidas.

Estamos obligados de hacer sonar la alarma y denunciar la actitud hipcrita de las instituciones de Bruselas, que llaman por una parte al respeto de los derechos humanos, y sabotean iniciativas en este sentido cuando se oponen los intereses de sus multinacionales, afirma Melik zden, director del CETIM.

Esta actitud es todava menos comprensible a los ojos de las ONG como el Parlamento Europeo, el cual se pronunci en 2016 en favor del proyecto de Tratado de las Naciones Unidas. Vase en particular, el prrafo 48 de la Resolucin del Parlamento Europeo adoptada el 14 de abril de 2016 sobre el sector privado y el desarrollo. (2014/2205 (INI)), propuesto hace tres aos por Ecuador. Una posicin contraria a la de la Comisin Europea, rgano ejecutivo de la UE.

Por el momento, sin embargo, el Grupo de Trabajo intergubernamental de Naciones Unidas sobre las ETN no estara en peligro: Es poco probable que un consenso se alcance en la Comisin de la Asamblea general encargada de las cuestiones presupuestarias para suprimir su financiacin, explica Melik zden.

Por un lado, ms de 3.400 Acuerdos y Tratados protegen las inversiones a nivel global, estableciendo marcos jurdicos vinculantes. Y esto es lo que ofreceran, si lograran implantarse, el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos y la Unin Europea (TTIP), o bien el Tratado de Libre Comercio con Canad (CETA).

Pero, por otro lado, no existen mecanismos del mismo rango que obliguen a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Pareciera que parte de la ventaja comparativa de un pas se ubicara en el hecho de que no es muy exigente en el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales o el medio ambiente . La nica proteccin con la que se cuenta son los cdigos voluntarios que radican en los informes de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

En otras palabras: se espera que las empresas se autorregulen. Empero, algunos expertos en el tema a nivel internacional apuntan al carcter sistemtico de la violacin de los Derechos Humanos y daos medioambientales por parte de las transnacionales. Las personas y comunidades afectadas en los pases empobrecidos rara vez cuentan con la posibilidad de acceder a la justicia.

Los derechos humanos son la tica de la democracia porque constituyen esas reglas sin las cuales el juego mismo de la convivencia carece de contenido valorativo e ideal y resulta indigno, inferior a nuestra condicin moral comn y no merece la pena por tanto de ser jugado. Bronceados polticos de la costa mediterrnea, fosa comn de las pateras de la inmigracin del Siglo XXI van a hablar de derechos humanos?


Eduardo Camn, Periodista uruguayo, miembro de la Asociacin de Corresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la )


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