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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-07-2018

El dirigente del SAT Andrs Bdalo participa en un acto organizado por los sindicatos alternativos en Valencia
El campo andaluz no ha cambiado respecto a la II Repblica y el franquismo

Enric Llopis
Rebelin


He trabajado en el campo con ocho aos y laborado en las tierras del seorito. El juez de vigilancia penitenciaria concedi en septiembre de 2017 el tercer grado (rgimen de semilibertad) al secretario de Accin Sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Andrs Bdalo, cuando llevaba un ao y seis meses en la prisin de Jan II. Exconcejal de Jan en Comn, Andrs Bdalo, de 45 aos, fue condenado en octubre de 2015 a tres aos y seis meses de prisin por la Audiencia Provincial de Jan. Los hechos juzgados remiten a septiembre de 2012, cuando activistas del sindicato se encerraron en la Casa de la Cultura de Jdar (Jan), para reivindicar un Plan de Empleo Pblico por los escasos das de trabajo de la campaa de la vendimia. Diariamente los jornaleros salan del encierro, con pancartas, en marcha por las calles de este municipio agrcola de 12.000 habitantes. Adems, a varios sindicalistas se les cit a declarar en el Ayuntamiento, regido por el PSOE, por un expediente sancionador relacionado con el uso pblico de la megafona.

El SAT denunci persecucin poltica en la sentencia, ya que en ningn caso se produjo violencia fsica sino un momento de tensin. El juez consider que exista un delito de atentado con la agravante de reincidencia; Adems de Andrs Bdalo, otros tres sindicalistas fueron condenados a un ao de prisin. En un comunicado posterior al fallo de la Audiencia Provincial, el sindicato subray las declaraciones contradictorias en el juicio entre miembros de la Guardia Civil y de la Polica Local; y alert de la criminalizacin de las luchas sociales y sindicales: El SAT es el sindicato ms represaliado de Europa, con cerca de un milln de euros en multas, peticiones de crcel de 600 aos y cerca de 500 sindicalistas procesados. La organizacin se comprometa, en este contexto, a continuar reivindicando la no violencia activa como mtodo de lucha.

En abril y mayo de 2016 se organizaron marchas a la crcel de Jan y desde Jdar hasta Madrid para pedir la libertad de Andrs Bdalo; 16 militantes del sindicato, incluido el exportavoz del SAT, Diego Caamero, iniciaron una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid. En febrero de 2017 tres mil personas se manifestaron en Jan por la amnista para Bdalo, con la participacin de ciudadanos llegados de otros puntos de Andaluca, Madrid, Catalua, Murcia y el Pas Valenciano. Luchar por nuestros derechos no es un delito, fue la consigna. Asimismo Izquierda Unida, Podemos, EH-Bildu, organizaciones populares, sindicales y cargos pblicos adems de los ayuntamientos de Jan y Jdar- pidieron el indulto del sindicalista, que su familia respald con 5.000 firmas. Constituido en 2007, El SAT se define como un sindicato a pie de tajo, alternativo, de clase y anticapitalista. Actualmente tambin defiende la libertad de Bdalo con una rifa contra la represin, cuyo premio es un viaje a Cuba o el equivalente en metlico.

El activista nacido en beda (Jan) ha participado en un acto organizado por Intersindical Valenciana y la Coordinadora Obrera Sindical (COS), en colaboracin con la CGT y la CNT, en la Sociedad Coral El Micalet de Valencia. En conversacin previa al acto, recuerda que el prximo 24 de julio est citado en el Juzgado de Paz de Jdar; el motivo es la querella que contra l ha anunciado el gerente de la empresa Aguas de Jdar SA, Antonio Llergo. En esta sociedad mixta, gestora del servicio municipal del agua, comparten la propiedad el Ayuntamiento de Jdar, gobernado por el PSOE, y Aqualia, empresa cabecera para la gestin hdrica del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuyo principal accionista es el magnate Carlos Slim. FCC ha aprobado la venta del 49% de Aqualia al fondo de inversin australiano IFM Global Infrastructure por 1.024 millones de euros. El 17 de julio una manifestacin promovida por el SAT con el apoyo de IU recorri el municipio para denunciar, segn el cartel de la convocatoria, abusos en la factura del agua. Encabez el acto una pancarta con el lema Aguas de Jdar y Aqualia nos roban, el PSOE consiente.

Andrs Bdalo subraya que el poder nos acusa porque le molestan nuestras acciones. Entre otras, la entrada de 200 activistas del SAT en establecimientos de la firma Mercadona en el municipio de cija (Sevilla) y Carrefour, en Arcos de la Frontera (Cdiz), para expropiar carros con alimentos y productos de primera necesidad y repartirlos en comedores sociales. Los medios de comunicacin titularon con expresiones como robo y asalto. Los hechos ocurrieron en agosto de 2012, cuando Andaluca registraba segn la Encuesta de Poblacin Activa (EPA)- una tasa de paro del 34%, diez puntos por encima de la media estatal (24,6%). El segundo Informe del Observatorio de Desigualdad de Andaluca (junio de 2018), integrado por una veintena de ONG, sindicatos e investigadores universitarios, seala que en 2016 el 35,4% de la poblacin andaluza tena unos ingresos inferiores al umbral de pobreza, frente al 22,3% del estado espaol y el 17,3% de la UE-28. Por la accin en Mercadona (cuyo principal accionista y presidente es Juan Roig, empresario con una fortuna de 3.800 millones de euros) han sido encausados una veintena de militantes del SAT, entre otros Andrs Bdalo, que estn pendientes de juicio.

Bdalo acumula 40.000 euros en multas durante una dcada, segn informa, por la ocupacin de fincas de grandes terratenientes, cortes de carreteras y movilizaciones pacficas; tambin fue detenido por la Guardia Civil en febrero de 2014, a instancias del juzgado de Baeza (Jan). La detencin se produjo tras la denuncia de un empresario agrcola, en el contexto de lucha por la finca La Rueda-Casa Baja, ubicada entre los trminos municipales de beda y Baeza y propiedad del BBVA. En octubre de 2012 el SAT ocup simblicamente esta finca de olivar, de 580 hectreas, para reivindicar su explotacin en rgimen de cooperativa. En mayo de 2013 fue ocupada de nuevo por jornaleros y activistas, que iniciaron tareas de limpieza; las tierras, destac el SAT, llevaban ms de tres aos paradas. En un comunicado el sindicato jornalero seal que el despliegue policial y de efectivos de la Guardia Civil superaba en ms del triple el nmero de trabajadores.

Una de las batallas histricas del SAT es la ocupacin de la finca de Las Turquillas, de la que es titular el Ministerio de Defensa en el trmino municipal de Osuna (Sevilla). Se trataba de que una parte de las 1.200 hectreas de tierra la mayora en baldo- pudieran gestionarlas cooperativas de jornaleros. En el verano de 2012 fue ocupada la finca por el SAT, y desalojada 18 das despus por la Guardia Civil; por estos hechos el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca conden en noviembre de 2013 al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Snchez Gordillo; al entonces portavoz del SAT, Diego Caamero, y a los sindicalistas Juan Vega y Jos Rodrguez a una pena de siete meses de prisin por un delito de desobediencia a la autoridad (del que fueron absueltos por el Tribunal Supremo en 2014) y a 1.200 euros de multa por usurpacin de inmueble. En mayo de 2013 cerca de 400 activistas entraron con los mismos objetivos en la finca. Un nuevo intento de ocupacin, y posterior desalojo policial, se produjo en julio de 2014.

Otro frente en el que los jornaleros del SAT han invertido energas y tesn es la finca Somonte -de 400 hectreas en el trmino municipal de Palma del Ro (Crdoba)-, propiedad de la Junta de Andaluca y que 500 trabajadores en paro ocuparon por primera vez el cuatro de marzo de 2012. Esta finca abandonada sale maana a subasta, por lo que una treintena de personas de Posadas, Palma del Ro y otros pueblos se han quedado en la finca para comenzar a trabajarla, explic el SAT en un primer comunicado. Un mes y medio despus la Guardia Civil realiz el primer desalojo, al que sigui otra ocupacin por un centenar de jornaleros.

En marzo de 2013 el SAT hizo balance del primer ao de trabajo colectivo en Somonte, que se tradujo en la siembra de 55 hectreas de trigo, 20 de girasol, dos de garbanzos, una de patatas, ajos, cebollas, coles y acelgas, 200 olivos, 1.500 encinas y se pusieron en riego por goteo cinco hectreas de tierra, entre otros avances; ms trabajo y vida que en 50 aos de explotacin por los terratenientes y la Junta de Andaluca, resumi el sindicato campesino. Entre junio de 2016 -cuando los expresidentes de la Junta Chaves y Grin, del PSOE, fueron procesados por el caso de los ERE- y junio de 2017, los jornaleros fueron desalojados en tres ocasiones de la finca pblica por la Guardia Civil. Otra cuestin es el itinerario judicial. Ocho militantes del SAT fueron absueltos en julio de 2017 por el juzgado de Posadas (Crdoba) de presuntos delitos relacionados con estas ocupaciones, y otros 48 jornaleros el pasado mes de febrero. La Junta de Andaluca ha recurrido contra la decisin judicial.

Otro macrojuicio es el previsto contra 38 jornaleros del SAT que un juzgado de Sevilla ha suspendido hasta junio de 2019. La acusacin hace referencia a la ocupacin, en noviembre de 2008, de la finca agrcola de La Jarilla en San Jos de la Rinconada (Sevilla), donde el SAT convoc una huelga segn explic la organizacin- contra la decisin empresarial de no contratar a dos cuadrillas de jornaleros que haban decidido afiliarse al sindicato; 114 aos de crcel y 153.000 euros de multas para 38 sindicalistas. Basta de represin, fue el lema de las convocatorias de apoyo.

Las movilizaciones, como la del 21 de julio hasta la prisin de Archidona (Mlaga), tambin se han producido para respaldar a Fran Molero, militante del SAT de 29 aos que lleva dos meses encerrado en la crcel malacitana, tras una condena a cinco aos de prisin y 16.000 euros de multa. Molero particip en 2013 en una manifestacin convocada en Madrid por Rodea el Congreso, en la que fue detenido. El SAT ha pedido un nuevo juicio, ya que el realizado no cumpli con las mnimas garantas procesales y democrticas. Uno de los ltimos represaliados es scar Reina, portavoz nacional del sindicato jornalero, a quien la Guardia Civil detuvo el dos de julio por orden de la Audiencia Nacional, acusado de un presunto delito de injurias a la corona; unas horas despus el sindicalista fue puesto en libertad. El pasado 13 de junio Reina fue asimismo detenido por los comentarios en las redes sociales sobre la monarqua y las Fuerzas de Seguridad del Estado, realizados desde diciembre de 2016.

Coordinado por Eurostat y difundido por el INE, el Proyecto Urban Audit sobre ciudades espaolas con ms de 20.000 habitantes apunta que nueve de los 10 municipios con menor renta media anual por habitante en 2015 estn en Andaluca. Tambin son andaluzas 12 de las 15 ciudades con una mayor tasa de paro en 2017. En La cuestin agraria en la historia de Andaluca. Nuevas perspectivas (Centro de Estudios Andaluces, 2014), el historiador Manuel Gonzlez de Molina subraya las desigualdades a largo plazo en el campo andaluz; as, 5.400 fincas concentraban en 1930 el 43,2% de las tierras agrarias, mientras que en 2010 eran 5.980 las fincas que acaparaban el 55% de las tierras. El profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla aade que las explotaciones familiares se sitan por debajo del 70% del total, peso que han perdido en favor de las sociedades mercantiles. Asimismo, el 20% de los titulares de las fincas acumulan el 80% de las ayudas de la Poltica Agraria Comn (PAC); en marzo de 2016, eldiario.es inform en un artculo (La UE reparte 250 millones en subvenciones agrcolas entre 60 ricos espaoles) que dos familias andaluzas Mora Figueroa Domecq (49,7 millones de euros) y Domecq (36,6 millones de euros)- lideraban la ratio de fortunas espaolas que ms subvenciones agrarias percibieron desde 2008.

La situacin no ha variado nada respecto a la II Repblica y el franquismo, explica Andrs Bdalo; porque el manijero (encargado) del cortijo, que es el PSOE, ha estado dndoles los mismos privilegios que la dictadura; aqu continan la Casa de Alba, los Bohrquez, el Duque del Infantado, el Marqus de Minidilla. Son la misma burguesa, las mismas tierras y apellidos. Se apoyan en las subvenciones de la PAC, sin otorgarle utilidad alguna a las fincas; me he encontrado hace poco con gente que se levanta a las cuatro de la maana para cortar ajos, a 40 grados y por 25-30 euros al da; las criaturas van al tajo con las linternas, como los mineros, para poder ver los ajos y cortarlos; esto hay que verlo, en Andaluca existe la esclavitud del siglo XXI; hay, sobre todo en el medio rural, una situacin de emergencia social, gente que est comiendo gracias a Critas y Cruz Roja.

En estas circunstancias, el SAT ocup en abril de 2017 una finca de 74 hectreas de olivar propiedad del BBVA en las faldas del cerro de San Cristbal, a seis kilmetros de Jan, a la que llam Cerro Libertad para reivindicar la amnista de Andrs Bdalo. El pasado 19 de abril la Guardia Civil desaloj a los jornaleros, que respondieron con una nueva ocupacin. En junio de 2017, cuando en la finca abandonada durante cinco aos los campesinos haban sembrado la tierra, desvaretado los olivos y reformado el cortijo, 20 militantes del SAT fueron juzgados por la ocupacin; 19 fueron absueltos y una de las activistas, Mara Montvez, secretaria de Organizacin del SAT en Jdar, condenada a pagar una multa de 180 euros.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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