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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-07-2018

La Justicia espaola se asla

Jordi Nieva Fenoll
El Peridico


De todas las opciones que estaban encima de la mesa, el magistrado instructor de la causa del procs ha tomado la peor de las posibles para cualquiera de los sujetos implicados y desde cualquiera de los puntos de vista. Se ha decidido el rechazo de la entrega de Puigdemont por malversacin y retira i ncomprensiblemente las solicitudes de entrega o extradicin contra el resto de huidos.

Con todo ello se produce lo siguiente: se condena sin juzgarles a Puigdemont y al resto de imputados en el extranjero a un destierro de al menos 20 aos, hasta que prescriba el delito de rebelin en Espaa (artculo 131.1 del Cdigo Penal). Adems, los procesados que colaboraron con la Justicia espaola seguirn privados de libertad y sern juzgados ojal que no condenados con la mxima dureza posible, mientras observan impotentes cmo un tribunal alemn de primer nivel descarta el delito de rebelin de su ex presidente por el que ellos, la mayora como subordinados de ese ex presidente, sern juzgados . Y pasando del plano jurdico al poltico, se da alas a los acusados para que sigan intentando internacionalizar el conflicto cataln y constituyan incluso instituciones paralelas a las existentes en Catalua.

Mientras tanto, la situacin poltica catalana sigue bloqueada, caminando a ninguna parte, porque la existencia de presos enturbia cualquier negociacin y propicia el tacticismo de algunos de los procesados que estn fuera de Espaa. Lo nico que se consigue es que Puigdemont no vuelva a ser presidente, pero no s si ese empeo mereca la pena visto el cmulo de desgracias anteriores. Adems, ese resultado se habra materializado con la inhabilitacin derivada de la condena por malversacin, o incluso por desobediencia. Por cierto, que Puigdemont fuera presidente o no es algo completamente ajeno a la funcin judicial; al margen de la condena, claro est.

Con respecto a la Justicia espaola, la imagen internacional que queda es extraordinariamente comprometida. Ya observamos atnitos cmo en diciembre de 2017 se retiraron unas eurordenes por temor a que se rechazara la existencia del delito de rebelin. Despus se reactivaron precipitadamente en un momento poltico comprometidsimo en Catalua: el intento de investidura como presidente de uno de los reos. Ms tarde, la Justicia belga consider que las solicitudes del magistrado espaol contenan defectos de forma, lo que no era realmente cierto, como vino a reconocer expresamente el tribunal alemn y dijimos algunos en su momento. Finalmente, el tribunal de Schleswig-Holstein sentenci que no haba delito de rebelin pese a los esfuerzos argumentativos del magistrado espaol, pero concedi la entrega por malversacin. Y finalmente dicho magistrado, de oficio, sin consulta oficial previa a nadie ni al Ministerio Fiscal, renuncia a la euroorden que l mismo haba solicitado y que le ha sido concedida. Claro est, no exactamente como la haba solicitado, pero es que eso no estaba en su mano, sino en la de los jueces del Estado en el que se detuvo al reo, porque as lo establece pacficamente el Derecho internacional. Se comprender que la fotografa que queda de todo lo sucedido es extraordinariamente precaria.

Y es que, insisto, queda totalmente al margen del poder de disposicin de un juez de instruccin la decisin de no perseguir un delito que est investigando, porque ello es esencialmente contrario al Cdigo Penal; es decir, al principio de legalidad. Adems, se apoya en un fundamento jurdico errneo, puesto que arguye que la interpretacin de la Comisin Europea sobre su manual de la euroorden le permite obrar as, lo que no se ajusta del todo a la realidad. Lo que dice ese manual es que si el Estado extranjero rechaza la euroorden , el juez nacional puede decidir mantenerla con respecto al resto de estados de la Unin Europea, lo que es lgico, puesto que la decisin de los jueces de un Estado no puede vincular a todos los dems. Pero es que en este caso s se ha concedido la entrega, es decir, justo lo contrario. Por tanto, no estaba en su poder rechazarla, pero al ser un magistrado del Tribunal Supremo y no conocer superior salvo que sus compaeros de Sala decidan desmentirle, lo que es poco probable, nadie protestar por esta decisin. Est por ver si Alemania, u otro Estado europeo, presenta una queja a este respecto ante la Comisin Europea, puesto que rechazar una entrega que pidi el propio magistrado porque no viene exactamente como la peda s quebranta decisivamente el mecanismo de la orden europea de detencin y entrega. No sera extrao algn pronunciamiento al respecto de las instituciones europeas, porque lo sucedido es particularmente grave.

Pero la pregunta que queda es: podan los jueces alemanes obrar como lo han hecho? Desde luego que s, y su actuacin ha sido ajustada a Derecho. Basta leer el artculo 2.4 de la Decisin Marco relativa a la orden europea de detencin. En dicho artculo se dice expresamente que los jueces alemanes tenan que determinar si los hechos que justifican la emisin de la orden de detencin europea eran constitutivos de un delito segn el Derecho alemn. Y eso es justo lo que han hecho. No modifican en absoluto el relato que les lleg del juez espaol. Tienen en cuenta los numerosos elementos de juicio al respecto que ste les remiti. Y prescindiendo de la retrica emotiva del relato que no es jurdica, concluyen que el delito no existi, y no porque no se den cuenta de que los hechos pudieran haber quebrantado el orden constitucional espaol , como afirma el magistrado Llarena. Claro que se dan cuenta. Lo que sucede es que, como he explicado reiteradamente en muchas ocasiones (aqu y aqu), no existe el elemento decisivo de la existencia del delito de rebelin: la violencia; y no cualquier violencia, sino la insurreccional.

Algo querr decir, por cierto, que el magistrado retire todas las eurordenes y no se arriesgue a plantear una cuestin prejudicial al respecto ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, porque, como razona el magistrado, era descabellado desde cualquier punto de vista. No es cierto, en cambio, que el tribunal alemn hubiera debido plantearla. Al contrario, sus decisiones son recurribles ante el Tribunal Supremo alemn, al contrario de lo que afirma el magistrado, por lo que el Tribunal de Schleswig Holstein no era un rgano de ltima instancia. Y adems, no exista duda alguna que justificara el planteamiento de la cuestin. Ni siquiera lo solicit la Fiscala alemana, como es lgico. El tribunal alemn ha actuado de modo impecable, y hay que decirlo claro de una vez por todas.

Lo que posiblemente sucede es que no se desean ms pronunciamientos adversos de los jueces europeos que pudieran perjudicar el proceso en Espaa contra los procesados encarcelados. Pero, con ello, la Justicia espaola incurre en un aislacionismo impropio de la Unin Europea. Se atrinchera en defensa de la persecucin de unos hechos que slo son delito de rebelin desde la consideracin emocional de los mismos por una parte de la poblacin espaola , alarmada por la fallida, inefectiva y, por dems, absurda declaracin de independencia de Catalua, banalizada por sus propios promotores desde el minuto cero. Un esencial respeto por la presuncin de inocencia debera llevar a levantar la acusacin de rebelin sobre el resto de procesados.

Por otra parte, ese aislacionismo puede tener muy corto recorrido. De producirse una condena, algn da llegar este proceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en esa inevitable sede se analizar si es conforme a la imparcialidad judicial que un magistrado de la misma sala del Tribunal Supremo que va a juzgar se haya hecho cargo de la instruccin. Se analizar si fue respetuosa con el derecho a la libertad personal haber aplicado la dursima prisin provisional sobre los reos. Y, finalmente, se analizar si la condena fue respetuosa con el derecho a la presuncin de inocencia, habida cuenta de todos los endebles sustentos ya explicados de la supuesta rebelin. Ojal una esencial llamada al sentido comn, la norma jurdica ms bsica, impida todo este probable devenir.

Fuente: http://agendapublica.elperiodico.com/la-justicia-espanola-se-aisla/

 



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