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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-07-2018

La reforma rural que Santos (tampoco) consolid

Colombia Plural


La Colombia rural no es un pas para las personas, sino para las vacas. De los 43 millones de hectreas con uso agropecuario, 34,4 se dedican a la ganadera y slo 8,6 millones sirven para cultivar alimentos aunque de stas una buena parte cosecha alimentos que se convierten en gasolina-. Segn Oxfam, en su reciente estudio Radiografa de la Desigualdad [1] , un milln de hogares campesinos colombianos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. Adems, Colombia es la triste campeona en concentracin de la propiedad de la tierra: el 1% de los propietarios posee el 81% de total de la tierra del pas.

En la negociaciones de La Habana entre el Gobierno y las FARC la denominada Reforma Rural Integral ocup un lugar central pero, una vez que cay el teln del Teatro Coln de Bogot tras la firma del acuerdo una densa niebla invisibiliz, de nuevo, el sempiterno problema del pas alrededor de la tierra.

En el segundo informe sobre la implementacin [2] de los acuerdos preparado por el CINEP y por el CERAC (Centro de Recursos para el Anlisis de los Conflictos) para los Verificadores Internacionales (Jos Mujica y Felipe Gonzlez) muestra que el presidente saliente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, ha sido incapaz de avanzar en el punto uno del acuerdo tras ms de un ao y medio de implementacin.

La aprobacin normativa, necesaria como base de la posterior implementacin, ha sido incompleta y no se utilizaron al mximo las posibilidades que brindaba el mecanismo legislativo especial previsto para el primer ao. As, solo una ley, la de innovacin agropecuaria, fue aprobada por el Congreso, y otras, entre ellas la propia ley de tierras, que debe modificar la legislacin vigente en la materia (Ley 160 de 1994) no ha sido an presentada ante el Congreso, aunque sus diferentes versiones han generado una amplia polmica en la que se aprecian intereses y posiciones divergentes en un pas donde el control de la tierra, ha sido sinnimo de poder poltico, econmico y social, se asegura en el informe. Hace unos meses, en abril, Jaime Forero lvarez, director del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle, aseguraba que el Censo Nacional Agropecuario ya reflejaba con detalle lo ocurrido durante el conflicto: los terratenientes se han apropiado, en primer lugar, de la tierra despojada a los campesinos. En segundo lugar, han usurpado baldos pertenecientes a la nacin, reas de ecosistemas sensibles que por ley deben estar en conservacin y tierras que antes eran recursos de uso comn.

Y los terratenientes siguen tranquilos. En este ao y medio no se sac adelante la ley del Sistema de Catastro Multipropsito y, por tanto, cualquier proceso serio de redistribucin de tierras o de ordenamiento de las tierras es imposible. Tampoco sali adelante durante el llamado fast track el Proyecto de ley sobre baldos en Zonas de Reforma Forestal o el de creacin de la Jurisdiccin Agraria.

Dicen los expertos que han elaborado el segundo informe de implementacin que es particularmente grave la falta de desarrollo legal en cuanto a la implementacin del catastro multipropsito, puesto que es la herramienta que permite avanzar en muchos aspectos: darle seguridad jurdica a la tenencia de la tierra a los pequeos y medianos campesinos, contribuir a dirimir conflictos sobre uso del suelo, ser la base para adoptar medidas de ordenamiento territorial y contribuir a ordenar y a hacer ms eficiente el recaudo municipal.

Los esperados y congelados PDET

De lo que se avanz, parece difcil sacar conclusiones porque el papel lo aguanta todo pero la realidad sigue esperando. El Decreto-Ley 902 de 29 de mayo de 2017, que adopta el procedimiento para el acceso y formalizacin de tierras y crea el Fondo de Tierras, y el Decreto-Ley 893 de 28 de mayo de 2017, que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son hechos cumplidos, pero su puesta en marcha no cumple con las expectativas. Sin embargo, la velocidad de la Reforma es la de la tortuga. Hasta el pasado jueves 12 de julio no dio el visto bueno al Decreto-Ley 902 la Corte Constitucional y la sentencia tumba la denominada Jurisdiccin agraria, que, segn el informe sobre la implementacin, es vital para contribuir a regularizar y proteger los derechos de propiedad y dar acceso a la justicia y solucin de conflictos en materia agraria a los habitantes del campo.

Por ejemplo, en cuanto a los PDET, el cronograma inicial que prevea la conclusin del ejercicio de planeacin para cada una de las zonas en mayo de 2018, ha sido modificado por dificultades en la implementacin, que pasan por el proceso de concertacin con grupos tnicos como, en algunos casos puntuales, por dificultades de orden pblico; al 4 de mayo de 2018 no se haba concluido la fase municipal en ningn municipio y solo en 120 se haban realizado reuniones de por lo menos un grupo motor. Las zonas PDET en las que no se haba realizado este paso, previo a la fase municipal, son Pacfico Medio, Catatumbo, Choc y Urab Antioqueo, las cuales agrupan 34 municipios; en 16 municipios ms, de los cuales 9 estn en 5 la subregin de Pacfico Nariense, tampoco se haban realizado reuniones del grupo motor. El nuevo cronograma espera finalizar los 16 Planes de Accin para la Transformacin Regional PATR- a mediados de septiembre de 2018. Evidentemente, ese plazo tampoco se va a cumplir en pleno cambio de gobierno.

De hecho, Verdad Abierta confirmaba con la Agencia de Renovacin del Territorio (ART), entidad encargada de coordinar la construccin de los PDET, que en el transcurso de agosto slo estarn listos cinco Programas: Montes de Mara, Sur de Crdoba, Sur del Tolima, Sur de Bolvar y Arauca. Los once restantes, de acuerdo con la Agencia, quedarn en la segunda de las tres etapas que rigen el mecanismo de participacin (veredal, municipal y subregional). La ART estima que, de continuar el ritmo del proceso, en septiembre prximo deberan estar terminados los PDET de Choc, Catatumbo, Urab, Putumayo, y Pacfico y Frontera Nariense; en octubre, los de Alto Pata-Norte del Cauca y Sierra Nevada-Perij; y en noviembre, los de La Macarena-Guaviare, Cuenca del Cagun y Piedemonte Caqueteo, Pacfico Medio, y Bajo Cauca y Nordeste Antioqueo.

CINEP y CERAC apuntan varios factores que amenazan o ponen a prueba estos objetivos que se persiguen con los PDET: el primero, es la capacidad de la institucionalidad, que, en un medio con diversos intereses sobre los territorios, priorice realmente la voz y las apuestas de la comunidad, ejercicio en el cual se juega buena parte de la legitimidad de la implementacin del Acuerdo. Esta dificultad se une con una segunda, que es la ya tradicional dificultad para la articulacin de sectores y entidades pblicas diversas, con competencias en distintos niveles territoriales y con distintos ritmos institucionales, en funcin del enfoque territorial del Acuerdo. Finalmente, hay incertidumbre frente a un nuevo gobierno y la posibilidad de concluir los procesos en curso y de respaldar el ejercicio de planificacin y sus resultados concertados.

Los PDET eran una pieza fundamental de la Reforma Rural Integral porque pretendan recoger los planes de desarrollo propios de los territorios y comenzar a pensar el pas desde las periferias al centro, y no al revs. Adems, se concentran en 170 municipios de los ms golpeados por la guerra. Las noticias no son buenas, porque el informe tambin considera que el enfoque tnico y el de gnero que estaban reseados en los acuerdos slo han sido tenidos en cuenta de forma parcial y, en todo caso, insuficiente.

[1] https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf

[2] http://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/segundo-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia-para-los-verificadores-internacionales-felipe-gonzalez-y-jose-mujica-a-f-6-3-2/

 

Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23326"



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