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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-07-2018

Rechazo unnime a la intervencin de las Fuerzas Armadas

Red Eco Alternativo


Aumento de la violencia, construccin de enemigos internos, rompimiento de acuerdos democrticos, represin como respuesta a la conflictividad social son algunas de las consecuencias que traer aseguran los organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales y polticas el plan de reforma de las Fuerzas Armadas decretado por el gobierno de Cambiemos. Para el jueves 26 de julio ya se convoc a una movilizacin frente al Ministerio de Defensa de la Nacin en rechazo.

El plan de reforma de las Fuerzas Armadas fue anunciado este lunes por Mauricio Macri en un acto realizado en Campo de Mayo. All el presidente dijo que las fuerzas iban a comenzar a colaborar en tareas de seguridad interior.

24 horas ms tarde el decreto ya estaba publicado en el boletn oficial, a pesar que desde distintos sectores de la oposicin exigieron que las modificaciones sean debatidas previamente en el Congreso.

El decreto 683/2018 de Defensa Nacional modifica entonces la resolucin 727/06 y deroga el 1691 que restringa la actuacin de las Fuerzas Armadas (FFAA).

En el nuevo decreto se establece que las FFAA sern empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberana, la integridad territorial o la independencia poltica de la Repblica Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresin externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas".

Se explica que el Instrumento Militar de la Defensa Nacional est conformado por el Ejrcito, la Armada y la Fuerza Area y se seala: tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definicin de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolucin del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, segn lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional".

Segn el decreto, las Fuerzas Armadas deben enfrentar las agresiones de origen externo las cuales "no solo son de carcter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en l, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar". En este sentido, se manifiesta que esta medida "no implica clausurar los lmites existentes entre los mbitos adjudicados por el ordenamiento jurdico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior".

El gobierno adems derog el decreto 1691/06 firmado por Nstor Kirchner, que impeda que los militares actuaran en seguridad interior.

Haciendo historia

Para la Comisin Provincial por la Memoria (CPM), la intervencin de las FFAA en la seguridad interior est asociada, en la memoria del pueblo argentino, a los crmenes de lesa humanidad cometidos durante la ltima dictadura cvico-militar: la misma estuvo amparada en lo que se llam la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos para todo el continente latinoamericano. Desde el retorno de la democracia en 1983, gobiernos de distinto signo poltico trabajaron, en consonancia con el reclamo popular, para establecer diferencias en materia de seguridad interior y defensa nacional.

En este sentido, la CPM enumer las leyes que fueron determinando esos lmites. Estas son la de Defensa Nacional de 1988 (sancionada por el gobierno radical de Ral Alfonsn) y la de Seguridad Interior de 1991 (sancionada durante el gobierno justicialista de Carlos Menem), adems del decreto 727 de 2006 (durante la gestin del presidente Nstor Kirchner)

Puede corroborarse, entonces, que la prohibicin para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transicin democrtica por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores polticos. El gobierno de Macri ha roto con estos grandes acuerdos y hoy esos marcos institucionales se ven seriamente amenazados, expresaron desde la CPM.

La letra implcita

La Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos realiz un exhaustivo y crtico anlisis del decreto (1). All explica por ejemplo que la Ley de Seguridad Interior solo permite el apoyo logstico de las FFAA a las operaciones de seguridad interior en situaciones excepcionales de crisis y la utilizacin de elementos de combate nicamente si se declara previamente el Estado de Sitio.

Agrega que el decreto introduce cuestiones que colisionan frontalmente con el marco normativo que rige la Defensa Nacional en nuestro pas: Establece una integracin operativa a las funciones de apoyo logstico a las Fuerzas Federales de Seguridad completamente ajena al marco legal vigente.

Reorienta el accionar de las FFAA a la custodia de las fronteras, las aguas jurisdiccionales y otros objetivos estratgicos, funcin que hace por lo menos 25 aos cumplen las Fuerzas Federales de Seguridad bajo la rbita del Ministerio del Interior y subsiguientes transferencias de competencias.

Mediante la derogacin del art. 23 del Decreto 727/06 y del Decreto 1691/06 se ampla el concepto de agresin exterior (eliminando que sta debe tener su origen en una fuerza armada de Estado extranjero) otorgando un margen de discrecionalidad a la actuacin de las FFAA, confundindose con objetivos de la Seguridad Interior y contradiciendo resoluciones de la ONU (pese a tambin afirmar lo contrario).

La CADH retoma las leyes que regulan la defensa nacional y la seguridad interior y en este sentido seala que llama la atencin la utilizacin del concepto de colaboracin de las FFAA en la Seguridad Interior: expuesto por Macri en la conferencia y que, pese a que no lo menciona el decreto, revela su verdadera intencin de darles rol activo en la seguridad interior) es completamente ajeno a la norma que regula la materia. De hecho, s est contemplado en la Ley de Seguridad Interior (art. 25) para la actuacin conjunta de diversos cuerpos policiales (por ejemplo, dos fuerzas federales o una federal y otra provincial). Se trata de una coordinacin que solo es posible entre organismos de la misma naturaleza jurdico-poltica, esto es, abocados a la seguridad interior. Pero no resulta viable -menos por decreto- la extrapolacin de un concepto propio de la seguridad interior al mbito de la defensa nacional, mxime -como se explicar ms adelante- cuando ambas reas se encuentran explcitamente separadas y demarcadas por el ordenamiento legal vigente.

Finalmente, la CADH asegura que se est ante un claro retroceso en materia de delimitacin de la seguridad interior y la defensa nacional: particularmente en lo que hace al reingreso de las FFAA al mbito de la seguridad interna por la va de la reasuncin de facultades policiales que la evolucin legislativa de la Democracia fue paulatinamente sustrayendo del mbito castrense, por la novedosa integracin operativa de las FFAA a las FFSS -vedada por la Ley de Seguridad Interior- y un ampliacin discrecional de los objetivos militares que abren la puerta para la reaparicin del concepto de enemigo interno.

Indefiniciones decretadas

Son varios los que hicieron hincapi en la falta de precisiones que contiene el texto del decreto. Tal es el caso del legislador porteo del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, quien consider que detrs del concepto genrico de que las FFAA pueden intervenir si se afecta la "vida y la libertad de sus habitantes", queda establecida la posibilidad de que el gobierno recurra a ellas ante una gama indeterminada de hechos, que pueden incluir cuestiones referidas a la protesta social: Es sabido que para la doctrina imperante en el gobierno una huelga o una manifestacin popular afectan la libertad de los habitantes (). Otro aspecto muy grave que establece el decreto es la custodia de las FFAA de los llamados objetivos estratgicos. Estos no figuran en el decreto sino que el listado ser confeccionado por (los ministros de Seguridad y Defensa) Patricia Bullrich y Oscar Aguad. Dentro de estos objetivos es muy probable que se incluyan los pozos petroleros y yacimientos de gas, como Vaca Muerta, una zona cruzada por fuertes conflictos sociales. Lo mismo vale para las zonas mineras de la Cordillera de los Andes. El despliegue de las FFAA en esas zonas representar una militarizacin brutal de la seguridad interior".

El Grupo Convergencia XXI, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupacin respecto a cmo se definirn las agresiones externas que menciona el decreto: quin y con qu criterios y alcance se definir la intervencin militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logstico a las fuerzas de seguridad; as como qu es un objetivo estratgico, fundamentalmente en relacin a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestin de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no estn preparadas.

Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir polticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy estn siendo desmanteladas en muchos pases. Estas polticas en ningn caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas nuevas amenazas. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupcin de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarizacin de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese pas. Las derivaciones polticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la regin. La decisin del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por dems alarmante.

En igual sentido, desde la CPM se preguntaron: Las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel son la muestra ms clara de la orientacin de esta poltica de seguridad y su resultado ms dramtico. Estos son los objetivos estratgicos de la seguridad interior como reza el decreto? El conflicto social y la protesta son las nuevas amenazas? Este es el terrorismo del que debemos defendernos los argentinos? Volvern las FFAA a hacer inteligencia para definir a los enemigos internos?

Inconstitucionalidades inconsultas

El Movimiento por la Paz, la Soberana y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) tambin se pronunci respecto a que las Fuerzas Armadas Argentinas no deben

inmiscuirse en temas de Seguridad Interior, entre otros argumentos porque se trata de un accionar inconstitucional: La Constitucin establece a lo largo de su articulado claramente las diferencias entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, comenzando por el Prembulo que los menciona como fines distintos el consolidar la paz interior y proveer la defensa comn. En su Art 23, se establecen las diferencias para la concurrencia de los requisitos de la declaracin del Estado de Sitio, uno correspondiente a la Seguridad Interior conmocin interior- y otro referido a la Defensa Nacional -ataque exterior-; en el Art 75 es muy claro en lo que respecta a la distribucin constitucional de competencias del Poder Legislativo respecto de la Seguridad Interior y la Defensa Nacional; en el Art 99 respecto de la atribucin de competencias presidenciales en relacin a la Seguridad Interior y la Defensa Nacional est igualmente detallado y demarcado.

Apenas se conoci la intencin del gobierno de Cambiemos de implementar las modificaciones al rol de las Fuerzas Armadas a travs de un decreto, desde distintos sectores reclamaron que este plan sea debatido en el Congreso de la Nacin. En este sentido, el Grupo Convergencia XXI, ILSED y el CELS sealaron: El camino elegido por el gobierno elude el debate social y poltico sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude tambin cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una verdadera reforma del sistema de defensa nacional. Es una decisin unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadana, instala un clima de incertidumbre e implica una regresin democrtica. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten ms seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisin unilateral, inconsulta y monopartidista.

El porqu

Un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Lnea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S. Capital, APDH La Matanza, emiti un comunicado en el que expresaron que el verdadero propsito del Poder Ejecutivo es incrementar los niveles de represin interna con el falso argumento de proteger objetivos estratgicos, construir un enemigo interno, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que se desarrollan en todo el pas para enfrentar las polticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante: El ajuste brutal en marcha, en consonancia con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional, afecta gravemente derechos fundamentales de nuestro pueblo. El rechazo creciente que esas polticas provocan en la sociedad tendr como nica respuesta la represin.

En el mismo sentido, la CTA Autnoma consider que detrs de la excusa de combatir el terrorismo y el narcotrfico, se esconde la decisin de este Gobierno de esgrimir el garrote contra la creciente conflictividad de nuestra sociedad producto de la profundizacin de la injusticia social y econmica.

Mara del Carmen Verd, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represin Policial e Institucional, seal que con este decreto Cambiemos le abre la puerta al ingreso de personal militar y de inteligencia extranjero, y quiere instalar bases norteamericanas en el pas: A una semana de cumplirse un ao de la desaparicin forzada y asesinato de Santiago Maldonado, el gobierno redobla la apuesta, recargada por el acuerdo con el FMI, que le ordena avanzar en un ajustazo contra el pueblo. Lejos de ser usadas para una defensa de intereses soberanos contra el imperialismo, las fuerzas armadas, ahora volcadas a la represin interna, vienen a garantizar los mandatos de la burguesa. No es simple casualidad que esta decisin de gobierno se anuncie a horas de que Macri hiciera de anfitrin a los pases del G20. Cambiemos le abre la puerta al ingreso de personal militar y de inteligencia extranjero y quiere instalar bases norteamericanas en el pas para garantizar a fondo su modelo de entrega y saqueo, agreg.

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia afirmaron que no se puede dejar que este plan avance: El gobierno que dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile; el gobierno que respald a la Prefectura ante el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel; el gobierno que reprimi a trabajadores, legisladores y vecinos con cacerolas, que se oponan a la Reforma Previsional; el gobierno que reivindica la teora Chocobar y el gatillo fcil; el gobierno que desde su asuncin niega el genocidio, impulsa el 2x1 para crmenes de lesa humanidad y respalda la prisin domiciliaria de los genocidas; nos dice que su manera de modernizarse para los tiempos que vienen es volver a habilitar a las FFAA para la represin interna, como en pocas de la dictadura.

Antes de Cambiemos

Eduardo Soares, integrante de la Gremial de Abogadxs afirm que la decisin del gobierno de Mauricio Macri merece todo el repudio, pero remarc que no se puede considerar que fue el actual presidente quien inici la intervencin de las FFAA: Hubo un decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner y su ministra de Defensa, Nilda Garre; continuado luego por Agustn Rossi. Salvo que se nos diga que no existi, a esa operacin la llamaron Escudo Norte, y consisti en enviar fuerzas del Ejrcito a las zonas de frontera para colaborar con la Gendarmera. Eso efectivamente se hizo y posibilit sacar cientos de gendarmes de las fronteras y enviarlos al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario, etc. () De manera que, cualquier repudio, quizs debiera incluir o hacerse extensivo al Gobierno peronista del kirchnerismo que fue el inventor, tanto de la Ley Antiterrorista, como de la operacin Escudo Norte que incluy la participacin del Ejrcito en tareas de apoyo a la Gendarmera.

En la calles

El rechazo generalizado al decreto 683/2018 podr verse este jueves 26 de julio, a partir de las 17, en la movilizacin convocada por distintos organismos de derechos humanos frente al Ministerio de Defensa de la Nacin, ubicado en Azopardo 250 de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia llam para este mismo jueves a acompaar la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, a las 15.30; y realizar luego, a las 17, un acto donde se leer un documento en contra de la presencia de militares en las calles y para decir basta de ajuste y represin por parte de Macri y el FMI.

El repudio tambin se visibilizar el prximo mircoles 1ero de agosto, en el marco de la concentracin que se har en Plaza de Mayo al cumplirse el primer aniversario de la desaparicin de Santiago Maldonado.

Nota:

(1) FFAA Y Seguridad Interior: El Decreto N 683/2018 Expone El Poco Apego Por Las Reglas Que La Democracia Exige

http://cadh.org.ar/ffaa-y-seguridad-interior-el-decreto-n-683-2018-expone-el-poco-apego-por-las-reglas-que-la-democracia-exige/

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/gobierno/24510-rechazo-un%C3%A1nime-a-la-intervenci%C3%B3n-de-las-fuerzas-armadas



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