Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-07-2018

Asesinarn a los ocho millones que votaron por la paz?

Joaqun Gmez
Agencia Prensa Rural


Es una verdad incontrovertible que la clase que detenta el poder en una sociedad dividida en clases, cuando sus privilegios estn amenazados y es consciente que ya con el pueblo se le han agotado todas las formas de engao habidas y por haber en su indesmayable intento por perpetuarse en el poder; cuando hoy da ninguna de las maniobras demaggicas que antes le funcionaron a las mil maravillas, le dan resultado, un sector de esta clase poltica dominante, el ms atrasado; el ms reaccionario, no encuentra otra forma de frenar el desarrollo de las leyes objetivas de la historia, sino borrando de la vida a todos aquellos que considera sus adversarios polticos, en quienes ve a los portadores del cambio social.

En el caso colombiano, existe un sector cuyas caractersticas coinciden con el grupo anteriormente referenciado, convencido de que las contradicciones de clase en Colombia han alcanzado un nivel tan alto, que la Fuerza Pblica dentro y en base a la legalidad constitucional, ya no puede ni est en capacidad de defenderle sus intereses de clase, razn sta por la cual, se ve en la necesidad de crear una fuerza ilegal (paramilitares) como complemento de la Fuerza Pblica institucional, para que realice el trabajo sucio: asesinar a lderes sociales; a defensores de los derechos humanos; a excombatientes de las FARC reincorporados a la vida civil, etc.

Esta fuerza (paramilitares) es sostenida, financiada y sus crmenes direccionados polticamente por el maridaje como resultado de la comunidad de intereses, de los sectores ms retrgrados: algunos terratenientes, contados empresarios, ciertos ganaderos, algunos narcotraficantes y una parte de altos oficiales de la Fuerza Pblica, tanto retirados como activos. Su actividad criminal es amparada y coordinada con elementos de la Fuerza Pblica.

El ejemplo ms doloroso, pero al mismo tiempo ms vergonzoso, de cmo acta esta fuerza fue el exterminio fsico de 5.000 integrantes de La Unin Patritica. Un movimiento poltico que surgi a la luz de Los Acuerdos de La Uribe en 1986, durante el gobierno del presidente Belisario Betancourt, donde al igual que hoy, el Ejecutivo se comprometi con toda la institucionalidad a brindarle a los integrantes de este nuevo movimiento la necesaria seguridad jurdica y fsica, para que pudieran hacer poltica en igualdad de condiciones con los integrantes de los partidos tradicionales: Liberal y Conservador.

Todo lo anterior, no dej de ser solo una buena intencin del presidente Betancourt, con el agravante que la mayora de los crmenes contra La UP, incluyendo los magnicidios, fueron realizados por agentes de seguridad del Estado, crmenes estos calificados como Terrorismo de Estado, porque fueron precisamente los escoltas estatales que le puso el gobierno a cada uno de los lderes del Nuevo Movimiento para que velaran por la integridad fsica de los mismos, los que realizaron la inteligencia para el exterminio fsico de sus protegidos.

Fue un genocidio poltico lo cometido contra La UP, por el nico crimen de querer forjar una Colombia donde cupiramos todos sin distingos de origen social, raza, credo religioso o poltico. Pero no, los cavernarios de ayer, que son los mismos de hoy, a sangre y fuego desvanecieron la esperanza de las grandes mayoras. Y lo ms llamativo, por no decir lo ms extrao, fue que todos estos crmenes de Estado fueron cubiertos bajo un espeso e impenetrable manto de impunidad que se conserva hasta nuestros das.

En un ao han sido vilmente asesinados 311 lderes sociales; y en los ltimos 6 meses van 104, sin incluir los ms de 80 asesinatos de reincorporados y familiares de Las FARC. La orga de sangre sigue imparable, y los autores intelectuales de la misma continan como siempre, intocables.

Hace pocos das el presidente Santos tom una serie de medidas en un intento fallido por poner fin a las sistemticas y escandalosas muertes de los lderes sociales, muertes stas, que al parecer comenzaron a sensibilizar a una sociedad de por s ya adormecida, pero los hechos se estn dando de tal forma, que es imposible ignorarlos, y peor an, justificarlos. Ante este festn de la muerte el mundo entero est escandalizado.

Y digo que es un intento fallido del Presidente Santos, porque no toca la verdadera causa de estas muertes. A esta prctica perversa se le pone fin, no reforzando los esquemas de seguridad de los protegidos, como contempla una de las medidas tomadas por el Presidente, sino tomando el toro por los cuernos, es decir, desenmascarando pblicamente a los autores intelectuales y financiadores de estos grupos de gatilleros, los que solo viven de matar y para matar.

Tanto el Presidente Juan Manuel Santos como su Vicepresidente el general Naranjo, saben quines son los autores intelectuales y financiadores de estos grupos. La pregunta es, Por qu no hacen pblico sus nombres; por qu no los capturan; por qu no los judicializan? El Fiscal Nstor Humberto Martnez tambin sabe quines son. Porque si no lo supiera, no hubiera puesto tanto empeo en limar las aristas de La JEP, que obligaban a los que han tenido relacin directa o indirecta (autores intelectuales y financiadores) con el conflicto armado, a presentarse de manera obligatoria a La JEP. El Fiscal dispuso que la presentacin de los terceros a La JEP no fuera obligatoria, sino voluntaria.

Si mal no entend, se est convocando a todos los defensores y amantes de la paz con justicia social, a movilizarse el 7 de agosto en todo el pas, como seal de protesta por esta racha de crmenes de lderes sociales. Considero que sera importante que la gente lleve pancartas con los nombres de los autores intelectuales y financiadores de los grupos paramilitares; los nexos de estos ltimos con militares activos y en retiro; con polticos corruptos y algunas trasnacionales.

Tampoco es un secreto que mucha gente de la amenazada sabe con certeza de dnde le proviene la amenaza que luego terminar en muerte. Si callamos nos matan y si hablamos tambin. Entonces es necesario organizarnos para que vayamos sealando y denunciando ante el pas y el mundo a los autores intelectuales, financiadores y beneficiarios de estos crmenes.

Si desde ya no se toman medidas colectivas, oportunas y de contencin, esta estela de muertes no la parar nadie. Porque los autores intelectuales de esta poltica de exterminio ya han dado suficientes pruebas de que no se detienen ante nada ni ante nadie con tal de defender sus mezquinos intereses, as les toque matar no a 5.000 como lo hicieron con La UP, sino a los 8 millones de colombianos que se expresaron en las urnas, y que estn comprometidos con la poltica de paz, respetando, desarrollando e impulsando los Acuerdos de La Habana.

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article23320



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter