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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-08-2018

Poder policial y judicial: tal para cual

Varios autores/as
Rebelin


Hace tan solo unos das el Gobierno respondi negativamente a una solicitud que, a peticin de Sanfermines-78: gogoan!, realizaron distintos grupos parlamentarios (Unidos-Podemos, ERC, EH Bildu, Compromis) recabando el Informe policial sobre los Sanfermines de 1978. De su existencia qued constancia en el Boletn del Congreso del 19 de julio de ese ao y al mismo se refirieron de forma expresa en sus intervenciones ante la Comisin de Interior diversas personas como el mismo presidente de la Comisin, el ministro Martn Villa, distintos parlamentarios (Urralburu -PSN-, Saavedra - Minora Catalana-,..) y numerosos medios informativos (El Pas, ABC,..)

La respuesta dada por el Gobierno rezuma por igual parquedad y cinismo: "En relacin a la solicitud formulada, se indica que no hay en los registros constancia del informe requerido". Pues bien, cmo es posible que del Informe elaborado ad hoc por el Ministerio del Interior en aquellos das, referido a una actuacin policial que produjo una persona muerta en Iruea y otra en Donostia, once heridas de bala y cientos de lesionadas no exista constancia alguna en los Registros policiales ni en el Congreso de los Diputados ni en el Ministerio del Interior? Y, caso de ser esto as, quines han sido responsables de su desaparicin?

La misma solicitud haba sido formulada con anterioridad al Gobierno del PP, habindose recibido idntica respuesta. Se pone de manifiesto as que la desvergenza poltico-policial es como la energa, que ni se crea ni se destruye, sino nicamente se transforma. El PP y el PSOE dan continuidad de esta forma, a la actitud de aquel gobierno de UCD que en 1978 tergivers hechos, ocult pruebas y boicote las investigaciones judiciales abiertas. Cuarenta aos despus, seguimos igual.

A los pocos das de todo esto, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado sentencia sobre la Ley foral de reconocimiento y reparacin de las vctimas por actos de motivacin poltica provocados por grupos de extrema derecha o violencia policial. De sus ocho artculos, cinco y medio han sido anulados, al igual que tres de sus cuatro disposiciones adicionales y su nica disposicin transitoria. La razn principal de la sentencia se halla en la Comisin de Reconocimiento y Reparacin creada por la Ley, a la cual se atribuan funciones de averiguacin de hechos delictivos a fin de reconocer la condicin de vctimas a quienes lo fueron.

Para el TC tales funciones son anticonstitucionales pues suplantan el papel exclusivo que en este mbito tienen los Tribunales: "No son posibles en nuestro Estado de Derecho actuaciones del poder pblico directa y especficamente dirigidas a la investigacin criminal si no se realizan bajo la direccin o el control inmediato del Poder Judicial". "La calle es ma", afirm Fraga Iribarne siendo ministro del Interior. Algo parecido a lo que ahora afirma el TC: escarbar en las cloacas del Estado es propiedad exclusiva del Poder Judicial.

Pero qu pasa con los cientos de casos de torturas denunciadas en el Pas Vasco en las ltimas dcadas ante los que la Judicatura se ha negado a practicar investigacin alguna? O cuando sentencias, como las relativas a la masacre de Gasteiz del 3 de marzo de 1976, o Sanfermines de 1978, miran para otro lado y no ven indicio alguno de delito? Habr que plegarse ante semejantes arbitrariedades y complicidades polticas y judiciales?

Hace 40 aos, el entonces ministro del Interior, Martn Villa, afirm sobre los sucesos de Sanfermines: "Lo nuestro son errores, lo de ellos crmenes". Los jueces tomaron nota y sentenciaron que aquella barbarie policial fue debida a confusiones y malas interpretaciones. Ahora, hace tan solo un mes, el tambin ministro del Interior, Grande Marlasca, ha afirmado: "La nica verdad es la judicial", y sus seoras han cogido la idea y han redactado esta sentencia. En resumen, los ministros del Interior dictan y los jueces ponen las firmas y menbretes judiciales.

La Justicia espaola est siendo cuestionada hoy a nivel internacional como nunca lo ha estado en las ltimas dcadas. La querella argentina contra el franquismo por crmenes de lesa humanidad, los Informes de los Relatores de Derechos Humanos de la ONU, las sentencias del Tribunal europeo sobre torturas y la reciente dictada en Alemania en el caso Puigdemont, hablan a coro sobre los continuos despropsitos judiciales y la impunidad para con las violaciones de derechos humanos cometidas en el Estado espaol

La sentencia del TC va a ser, en este contexto, una herramienta ms en manos del Gobierno de turno para oponerse, sabotear y perseguir cualquier tipo de investigacin internacional o institucional relativa a violaciones de derechos humanos achacables al Estado. En vez de sanear a fondo instituciones policiales y judiciales que siguen teniendo buena parte de sus races ancladas en aquel rancio franquismo, las ms altas instancias judiciales (TC, TS, AN) proceden a enrocarse y a huir hacia atrs para evitar que nada de lo anterior salpique a la propia Judicatura, al Gobierno o a la Polica a su servicio.

Se busca as cerrar a cal y canto las puertas que en los ltimos aos se han abierto en el terreno de la recuperacin de la memoria histrica. En este sentido, y habida cuenta los aires jurisprudenciales que corren ("todo sigue siendo ETA", "todo es rebelin y sedicin", "todo es odio",...), esta sentencia pronto ser esgrimida no solo contra iniciativas similares de cualquier Parlamento autonmico, sino tambin contra Ayuntamientos, Universidades y asociaciones de memoria histrica, a fin de obstaculizar cualquier paso por muy fundamentado que sea, en el camino de la Verdad.

Por supuesto, la respuesta a lo anterior no pasa por aceptar los lmites cada vez ms estrechos marcados por el Gobierno y su Judicatura, mucho ms an cuando sta utiliza en sus actuaciones no dos, sino siete varas de medir distintas segn que se sea falangista o rapero, mosso de escuadra o guardia civil, independentista o unionista, de Altsasu o Algeciras, monarca o plebeyo, civil o polica, mujer feminista u obispo misgino, currante o banquero, yerno de rey o fontanero. La investigacin de estos delitos de Estado es algo demasiado importante como para dejarla en exclusiva en manos de esta Justicia.

Por eso de lo que se trata es de multiplicar todo tipo de iniciativas sociales, polticas e institucionales (querellas municipales, comisiones de la verdad, investigaciones acadmicas, actividades culturales, movilizaciones sociales,..) para ensanchar an ms las puertas abiertas y recurrir, si fuera preciso, a prcticas de desobediencia civil e institucional. La necesidad de extender y profundizar las exigencias de Verdad, Justicia y Reparacin es hoy ms ineludible que nunca.

Sin Verdad no puede darse la Justicia ni la Reparacin, y esta sentencia del Tribunal Constitucional, junto con la persistente inanicin de los tribunales durante estos cuarenta aos, no hace sino sellar la puerta a la Verdad y por lo tanto a la Justicia y a la Reparacin.

No obstante, somos optimistas, claro que s, lo mismo que lo fueron las madres de la Plaza de Mayo y los grupos de derechos humanos en Argentina cuando todo era all impunidad y leyes de punto final y obediencia debida. Tambin aqu, como all, saltarn un da los cerrojos institucionales y legales y veremos desfilar por los Juzgados a los responsables de tanta ignominia padecida en las ltimas dcadas. En Argentina, tan solo en 2017, hubo 198 condenas por crmenes de lesa humanidad. El TC debera tomar nota de ello y cambiar su actitud. En vez de obstaculizar iniciativas institucionales tendentes a conseguir la Verdad, Justicia y Reparacin, tendra, ms bien, que validarlas, protegerlas y, de alguna manera, ponerse al frente de ellas.

Xabier Barber, Helena Bengoetxea, Ramn Contreras, Sabino Cuadra, Xabier Daz, Miren Egaa, Hodei Garcia de Azilu, Mikel Juriko, Amaia Kowach, Rubn Marcilla, Antonio Salinas, Josu Txueka, Piru Zabalza, Presen Zubillaga. Miembros de Sanfermines-78: gogoan!

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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