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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-08-2018

Uribe, el retorno del paramilitarismo, el futuro de Duque y Colombia

Camilo Rengifo Marn
Rebelin


El expresidente y actual senador lvaro Uribe Vlez, sindicado de nexos con el paramilitarismo y el narcotrfico, afronta un proceso judicial por manipulacin y soborno de testigos que est en manos de la Corte Suprema de Justicia CSJ.

La citacin a indagatoria a Uribe por parte de la CSJ es un hecho judicial y poltico de gran trascendencia, ya que visibiliza los mltiples casos en que el expresidente, su hermano Santiago y muchos de sus amigos y colaboradores, aparecen relacionados con la conformacin y las acciones criminales de grupos paramilitares desde la dcada de los aos 1990.

Crmenes que han recrudecido en las ltimas semanas, a escasos das de la asuncin presidencial de Ivn Duque, un ahijado poltico de Uribe, con el asesinato de campesinos y lderes y lideresas sociales, hechos que el gobierno se ha abstenido de esclarecer hasta el momento.

Esta situacin es consecuencia del fallo en su contra a la denuncia que instaur en esa misma Corte contra el senador del Polo Democrtico Ivn Cepeda Castro.

El analista Fernando Dorado seala que ste es un acontecimiento que marca la vida poltica del pas porque el expresidente notific su renuncia al Senado para afrontar con dignidad su defensa cuando la CSJ ratific esa decisin. A partir de all pululan en los medios de comunicacin y entre la gente del comn las conjeturas sobre el futuro de Uribe, del nuevo gobierno y del pas.

Los sectores leales a Uribe, con apoyo de la prensa hegemnica, han cerrado filas detrs de su figura, mientras que para otros es el fin del proyecto poltico del uribismo-paramilitarismo, que podra hacer fracasar desde el vamos el gobierno de Duque, mientras los institucionalistas confan en que la CSJ, un rgano plural, puede y debe asumir su juzgamiento, garantizando el fortalecimiento del estado de derecho.

El senador Ivn Cepeda, del Polo Democrtico, afirm que continuar el proceso sobre los falsos testigos y seal que Uribe est llevando a cabo una campaa tenebrosa contra la Corte Suprema de Justicia, a la que no respeta. Anunci que llevar este caso a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y que pedir una visita del relator especial de la Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, y constate la persecucin en contra de los magistrados.

Gustavo Petro, excandidato centroizquierdista a la presidencia afirma que la renuncia presentada por Uribe al Senado es una jugada para evadir la investigacin de la Corte Suprema, un intento que ya han hecho muchsimos parlamentarios parapolticos. Un mtodo de evasin de la justicia que parte del anlisis: que jueces y fiscales de menor jerarqua que los que hay en la Corte Suprema son ms influenciables y comprables.

Y as, ese tipo de procesos tan duros como el del vnculo de un gran poltico entre comillas al narcotrfico y al asesinato logra salir impune, como ha sucedido. Tenemos un 97% por ciento de impunidad en estos casos, del aparato que ha asesinado a centenares de miles de colombianos, aadi.

Y lo peor, es que hay una parte de la sociedad colombiana, acicateada durante dcadas por el ocultamiento de la verdad y las falsas noticias de la prensa hegemnica, cree que eso estuvo bien, que eso es lo que tienen que hacer los gobernantes: con tal de matar comunistas bienvenido sea que nos gobiernen los narcotraficantes y que rompan los principios bsicos del derecho de gentes y de la democracia.

Segn Petro, e l Congreso es soberano de aceptar o no renuncias y si stas son irrevocables hay un plazo de un mes para que sea aceptada. El Congreso puede, la pregunta es quiere?, agrega Petro en una entrevista con Semana, donde afirma que la bancada parlamentaria del llamado Centro Democrtico se acaba sin Uribe. Casi podramos decir que Duque como presidente existe por Uribe.

Varios analistas sealan, asimismo, que en lugar de defender la institucionalidad (promociona la inocencia de Uribe) irrumpe en las competencias de la Corte Suprema: un jefe de Estado no puede hacer eso a menos que quiera declarar a Colombia una tirana, que era la sospecha y la denuncia que hicimos en plena campaa electoral cuando como candidato se atreva a hablar de una reforma a la justicia en pos de supeditarla al Gobierno, seal Petro.

Siendo diputado, en 2005, denunci a varios dirigentes polticos de ser inspiradores, cmplices o gestores de grupos paramilitares y denunci, entre ellos, al embajador de Colombia en Chile y a un jefe de las Autodefensas detenido en Caracas por planear un atentado contra el presidente Hugo Chvez.

Dos aos despus denunci al paramilitarismo en Antioquia cuando se divulg la foto de Santiago Uribe, hermano de lvaro, con los narcotraficantes hermanos Ochoa en un grupo paramilitar que se llamaba La Escopeta, y despus de Los Erre, en la regin de Titirib, responsables de la masacre de centenares de jvenes, algunos de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de Medelln: tiraban sus cadveres a una represa llena de cocodrilos para que desaparecieran los restos.

La investigacin se la ha encomendado la Corte Suprema de Justicia a la Fiscala a una sala de interceptaciones legales. Uribe logr tener incidencia en esa sala y destruir parte de las pruebas contra l.

Y ante el hecho y la evidencia constatada por la Corte Suprema de destruccin al interior de la Fiscala de piezas procesales es que toma la decisin de tener un organismo de interceptaciones diferente bajo sus rdenes. Segn investigaciones de prensa, la Fiscala cont con colaboraciones judiciales de cuerpos de inteligencia, eventualmente el MI-6 britnico.

Nuevas masacres y amenazas

En la tarde del ltimo lunes un grupo de hombres encapuchados y en motos, arremetieron con armas de fuego contra un grupo de campesinos que se encontraban en un local en el casco urbano del municipio El Tarra. Entre los nueve campesinos asesinados se encontraba el presidente de la Junta de Accin Comunal del kilmetro 84, Frederman Quintero que a su vez era presidente del Comit Veredal de la Asociacin Campesina del Catatumbo .

Los pobladores no se explican cmo siendo el Catatumbo una de las regiones que cuenta con ms de 15 mil integrantes de la fuerza estatal entre militares y policas, no se hubiese evitado o detenido a los responsables que cometieron la masacre a plena luz del da.

En la ciudad de Florida (Valle del Cauca) el 27 de julio se denunci un panfleto que reitera amenazas - proferidas por paramilitares que dicen pertenecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) - contra 11 lderes y lideresas sociales que integran organizaciones campesinas e indgenas, y contra otros procesos organizativos como Marcha Patritica y las Zonas de Reserva Campesinas.

La red de medios alternativos y populares denunci que entre los amenazados se encuentra el lder campesino Jos Otero, y seal que lo preocupante de estas amenazas es que evidencian un trabajo de inteligencia detallado de las actividades de las lideresas y lderes declarados objetivo militar. Saben, por ejemplo, quines han denunciado los hechos en la Fiscala y Defensora del Pueblo, y quines permanecen o han abandonado sus territorios de origen.

Es claro que el paramilitarismo acta en Valle y Cauca, y que utiliza nombres fachada como guilas Negras o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, utilizando diversas estructuras armadas para cumplir su cometido, sin que a la fecha el Estado tome medidas para evitar los cientos de asesinatos contra lderes y lideresas sociales, algo que se agrava por su postura de negar la existencia de la estrategia y poltica paramilitar en pas.

Camilo Rengifo Marn. Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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