Portada :: Amrica Latina y Caribe
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-08-2018

Las activistas Lolita Chvez (Guatemala) y Yanira Cortez (El Salvador) denuncian las agresiones a las defensoras y al medio ambiente
Nos persiguen por sealar al neoliberalismo, el racismo estructural y el patriarcado

Enric Llopis
Rebelin


Asesinada en enero de 2017 en su casa, en la ciudad de Mataquescuintla (Jalapa), Laura Leonor Vsquez Pineda fue una de las lderes del Comit en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores hasta 2014. Particip en la resistencia pacfica frente al proyecto minero de oro y plata San Rafael (El Escobal), propiedad de la canadiense Tahoe Resources; la activista fue detenida en 2013 durante el estado de sitio de 30 das decretado en municipios de Jalapa y Santa Rosa que rechazaban las actividades de la minera, suspendidas hace un ao por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; a Laura Leonor Vsquez se la someti a un proceso de criminalizacin que la mantuvo siete meses en prisin, inform la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras.

En septiembre de 2017 fue asesinada Celedonia Zalazar Point, jueza comunitaria y defensora del territorio en la comunidad de Tungla (municipalidad de Prinzapolka, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua). El atentado, en el que muri tambin su marido, podra estar relacionado con un conflicto sobre la propiedad territorial entre colonos e indgenas, advirti la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres. En el contexto de violencia contra la poblacin indgena Miskita en la Costa Caribe Norte, fueron liquidados en noviembre de 2016 Bernicia Dixon Peralta y su familia. Laura Leonor Vsquez y Celedonia Zalazar figuran en el listado de 207 defensores del territorio eliminados en 2017, que publica la ONG Global Witness en el informe A qu precio? El 60% de las vctimas luchaban por los derechos ambientales en Amrica Latina.

Aura Lolita Chvez es lideresa del Consejo de Pueblos Kiche por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio (CPK) de Guatemala. La activista maya ha tenido que abandonar el pas por las amenazas recibidas: Eso de que quien nada debe, nada ha de temer ser en otros lugares, porque los juicios en Guatemala son un lugar tremendamente racista, afirma en un Encuentro de Defensoras organizado en Valencia por la ONG Alianza por la Solidaridad. Aunque tambin se constatan victorias. En julio de 2016 el Tribunal A de Mayor Riesgo de Ciudad de Guatemala orden la puesta en libertad de siete lderes indgenas que haban permanecido entre uno y tres aos en prisin preventiva; el encierro responda a la participacin en protestas contra la construccin de presas hidroelctricas en el departamento de Huehuetenango, tras las que se hallaban los intereses de la empresa Hidro Santa Cruz SA, subsidiaria de la espaola Ecoener-Hidralia; en diciembre de 2016 Ecoener-Hidralia anunci que se retiraba del proyecto y abandonaba Guatemala.

Segn Lolita Chvez Ixcaquic, no slo nos persiguen por estar contra una transnacional, tambin por denunciar el neoliberalismo, el racismo estructural y los sistemas patriarcales; somos seres csmicos, esto lo hemos mamado, no se nos ha enseado en escuelas y academias sino en las comunidades; adems no hablamos de fronteras, sino de colores, cuerpos y vestimentas plurales; tampoco utilizamos expresiones como medio ambiente y recursos naturales; no es cosa slo de la empresa de Florentino, todo es ms complejo. Florentino Prez es presidente del Real Madrid y del grupo ACS, que a travs de una de sus filiales el grupo Cobra- participa en las obras de construccin del complejo hidroelctrico Renace en los ros Cahabn y Oxec, en Alta Verapaz; la transnacional propietaria de Renace es Corporacin Multiinversiones (CMI); el lder maya Qeqchi y opositor al macroproyecto, Rogelio Cac, fue detenido el 30 de julio en Cobn, inform el peridico Prensa Comunitaria. Otro de los lderes, Bernardo Caal Xol, afronta dos procesos penales y se halla en prisin preventiva.

En junio de 2017 Lolita Chvez y otras activistas del CPK fueron objeto de intimidacin, amenazas de agresiones sexuales y de muerte, segn denunci Front Line Defenders; diez sujetos armados las persiguieron y efectuaron disparos al aire, cuando las defensoras escoltaban un camin con madera ilegal que pretendan entregar a las autoridades municipales de Santa Cruz del Quich. El CPK se enfrenta a la tala incontrolada de rboles por parte de las empresas madereras, para lo que stas utilizan al Instituto Nacional de Bosques (INAB). Ya en 2005, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorg medidas cautelares de proteccin que ha de materializar el Estado de Guatemala- a Lolita Chvez y otros 10 lderes comunitarios; segn el organismo de la OEA, habran sido amenazados por el alcalde de Nebaj (Quich) para que cesaran las denuncias sobre irregularidades en la gestin de la alcalda.

Chvez Ixcaquic proviene del Movimiento de Mujeres: Se me ha calificado de bruja, guerrillera y loca. Algunos de los ataques verbales le llegaron, incluso, de los compaeros de las organizaciones populares. Reivindica movimientos y miradas plurales, somos vidas con historias y memorias, no estadsticas. En una entrevista reciente en Resumen Latinoamericano, la activista inform del secuestro y ejecucin el 27 de julio de Juana Raymundo, joven maya ixil e integrante del Comit de Desarrollo Campesino (CODECA) en Nebaj. Pero la lucha contina. Por ejemplo, la resistencia comunitaria a las represas de la compaa Energa y Renovacin SA en San Mateo Ixtatn (Huehuetenango).

En El Salvador, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias, Agnes Callamard, seala en un informe del cinco de febrero que cada 19 horas una mujer es asesinada en el pas centroamericano. Adems, a partir del ao 2014 la polica ejecut a 103 supuestos miembros de pandillas; este nmero aument a 591 en 2016, con 119 heridos. La Relatora aade que recibi denuncias sobre la existencia de escuadrones de la muerte que operan dentro de la Polica, en algunos casos confirmadas por funcionarios e investigaciones oficiales. La CNN inform el 30 de mayo de que Estados Unidos ha financiado y equipado a unidades de lite de la polica salvadorea que supuestamente ha ejecutado a pandilleros. Por otra parte, una veintena de organizaciones de derechos humanos remitieron en mayo una carta al presidente Snchez Cern, en la que protestaban por los desalojos en la comunidad de El Espino, en el municipio de Antiguo Cuscatln (La Libertad). Los desalojos forzosos de 77 familias integradas por 190 personas, entre ellas 50 menores, podran considerarse como violaciones de los derechos humanos por parte de agentes estatales y municipales, segn las ONG.

En el acto de Alianza por la Solidaridad ha participado Yanira Cortez, procuradora adjunta para el Medio Ambiente entre 2003 y 2016 en la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. La activista destaca la importancia de la lucha contra la privatizacin del agua y su defensa como bien pblico y derecho humano, segn estableci Naciones Unidas en 2010. La mayora parlamentaria derechista, encabezada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), promueve actualmente una ley para privatizar la gestin del agua. Frente al bloque conservador, el Gobierno del Frente Farabundo Mart de Liberacin Nacional (FMLN) defiende la gestin pblica. Las organizaciones populares rechazan la mercantilizacin y critican que la propuesta de Ley Integral del Agua incluya, como ente rector, a una Autoridad Hdrica en la que estn mayoritariamente representados los intereses empresariales de la Asociacin Nacional de la Empresa Privada (ANEP)- y corporativos. El 16 de junio tuvo lugar en San Salvador una caminata contra la privatizacin, convocada por ms de 70 organizaciones sociales, cuatro marchas el cinco de julio y bloqueos de carreteras el 19 del mismo mes.

La Administracin Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informa que la cobertura de agua potable alcanza al 96% de la poblacin urbana y al 42,7% en el medio rural (mayo 2017), mientras en enero el Gobierno present el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. En abril de 2016, el ejecutivo decret el Estado de Emergencia en San Salvador y la Alerta Nacional para atender la situacin de desabastecimiento hdrico, atribuida a los efectos del cambio climtico. Yanira Cortez recuerda una de las luchas ms relevantes, la impulsada contra la sobreexplotacin del estratgico acufero de Nejapa municipio situado a 20 kilmetros de la capital- por la empresa embotelladora de Coca Cola en El Salvador, Industrias La Constancia (filial a su vez de la multinacional cervecera SABMiller).

La presin -nacional e internacional- de los movimientos sociales y las comunidades hizo que la subcontrata de Coca Cola diera un paso atrs, en febrero de 2016, en el proyecto de ampliar las instalaciones; 30.000 personas estaban amenazadas de quedarse sin agua al sobrepasarse la capacidad de recarga del acufero, denunciaron en junio de 2015 Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua; por cada litro de refresco producido en la planta, inform la ONG, se gastan 2,5 litros del agua del acufero. Adems, el negocio de la embotelladora coexiste con la precaria situacin de 700 familias que reciben un suministro de agua intermitente y muy caro.

En abril de 2016 el Tribunal Latinoamericano del Agua (no vinculante), de cuyo jurado formaba parte Yanira Cortez, dio la razn a las comunidades. Los movimientos sociales lograron otra victoria en marzo de 2017, al aprobar el Congreso de El Salvador la Ley de Prohibicin de la Minera Metlica, que incluye las actividades de exploracin, extraccin, explotacin y procesamiento. El pas centroamericano fue el primero del mundo en establecer tal prohibicin. Sin embargo, los colectivos ambientalistas temen que la actual mayora en el Congreso de ARENA pueda derogar esta legislacin.

Otro punto sobre el que llama la atencin Yanira Cortez es la explotacin de la caa de azcar. Segn el Banco Central de Reserva de El Salvador, el valor de las exportaciones de azcar en bruto principalmente a Taiwn, China y Estados Unidos- ascendi en 2017 a 187,2 millones de dlares, un 49,2% ms que en 2016; este captulo supone el 3,2% de las exportaciones totales de El Salvador (en 2009, ao de crisis, las ventas al exterior del endulzante natural se quedaron en 88,2 millones de dlares). El sector azucarero representa en torno al 2,7% del PIB y suma 7.000 productores de caa.

El periodista Edgardo Ayala, corresponsal de la Agencia IPS en El Salvador, escribi en julio de 2016 el artculo Industria del azcar amarga a comunidades rurales salvadoreas, en el que subraya el historial de impactos ambientales negativos por la actividad de las grandes empresas; por ejemplo, el uso intensivo de agroqumicos, las quemas controladas de follaje para facilitar la corta, inundando con holln las poblaciones vecinas, as como la tala y quema de rboles para expandir el cultivo caero. En otro artculo publicado en IPS, Edgardo Ayala aada la extraccin intensiva de agua del subsuelo para regar los sembrados. Cita asimismo un anlisis del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre el incremento de la superficie del cultivo de caa de azcar entre 2000 y 2010, que super las 30.000 hectreas, principalmente en los departamentos de San Miguel, Sonsonate, La Paz, San Vicente, Usulutn y Chalatenango. Dos familias los Wright y los Regalado- controlan el 75% del mercado azucarero, destac en el canal TVX Luis Bettaglio, presidente de la asociacin de productores Asprocaa.

Imgenes: foto 1 Resumen Latinoamericano; foto 2 Brigadas Internacionales de Paz-Guatemala

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter