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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-08-2018

Honduras
Caso Berta Cceres: no quieren que se siente un precedente de justicia

Giorgio Trucchi
Alainet


A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.

Del 10 al 28 de septiembre se llevar a cabo en Honduras el debate oral y pblico contra ocho personas acusadas de participar en la preparacin y ejecucin del asesinato de la dirigente indgena lenca Berta Cceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, as como directivos de la empresa Desarrollos Energticos S.A. (DESA), titular de la concesin para construir el proyecto hidroelctrico Agua Zarca.

Durante aos, el Copinh [1] -organizacin de la cual Cceres fue coordinadora- ha luchado con ahnco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construccin Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generara graves impactos ambientales, en especial al ro Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto gener enfrentamientos y divisiones. La zona de Ro Blanco, Intibuc, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecucin y represin, que Berta Cceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el Copinh como los familiares de la dirigente indgena asesinada aseguran que an no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real [2], Bertha Ziga, actual coordinadora del Copinh e hija de Berta Cceres, habl de la importancia del juicio. No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autora intelectual del crimen. Ms bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que est exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histrico que va a dar una seal importante contra la injusticia. Queremos -continu Ziga- que este juicio no sea solo justicia para Berta, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el pas. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecucin y represin que quedan en la impunidad, manifest durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureas. Antes bien, en los ltimos meses se ha desatado una ofensiva meditica tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se est dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indgena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrat recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo [3] -sobre el asesinato de Cceres- realizado por el GAIPE [4]. El objetivo sera sembrar dudas sobre la posible vinculacin de la empresa con el brutal asesinato.

La investigacin del Grupo de expertos internacionales concluy que existan pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificacin, ejecucin y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisin de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefiri no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dlares a DESA.

"DESA mantiene la ilegal concesin de 50 aos sobre el ro Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que est en suspensin esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsin definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compaeras y compaeros asesinados", explic el Copinh en un comunicado [5].

La decisin de no cerrar el proyecto hidroelctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sera parte de una ofensiva mucho ms amplia, que incluye pseudo biografas de Berta Cceres y textos que tienen el propsito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias lneas de investigacin.

Tampoco ha parado el trabajo de manipulacin y ataque contra las comunidades de Ro Blanco, as como el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas para dividir a la poblacin y mantener vivo el conflicto, seala el Copinh en la nota.

La organizacin indgena lenca alert tambin sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Pblico (MP) de entregar la informacin del caso a los representantes legales de la familia de Cceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha informacin. La falta de acceso a la informacin se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compaera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los mximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia, denunci el Copinh la semana pasada.

La informacin que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cceres y el Copinh. Tambin oculta la informacin de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podra revelar posibles vnculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo ao en que asesinaron a Berta Cceres, Honduras fue sealado por la organizacin britnica Global Witness [6] como el pas ms peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan


Dos aos despus, el nuevo informe de la organizacin britnica A qu precio?[7] seala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes. Se trata de la cantidad ms alta jams registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios ms vinculado a los ataques, seguido por la minera y la industria extractiva. Tambin hubo un aumento considerable de los asesinatos mltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponan a proyectos agrcolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del ao anterior.

Amrica Latina es la regin ms peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta regin. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), Mxico (15) y Congo (13) encabezan la trgica lista de asesinatos. Mxico fue el pas que registr el mayor aumento del nmero de vctimas mortales en comparacin con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valenta de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminucin de los asesinatos. Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparacin con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represin de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalizacin, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupcin sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemtico caso de Berta Cceres fue ignorada por los fiscales, se lee en el informe.

La Misin de Apoyo contra la Corrupcin y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organizacin de Estados Americanos (Oea), est investigando vnculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroelctricos, incluido Agua Zarca. El informe seal tambin que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras document 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos [8] en ese pas en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparacin con aos anteriores [9], advirti Global Witness.

Negocios irresponsables


Para la organizacin britnica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, ticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letana de crmenes contra activistas el ao pasado. "Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minera, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible, increp.

Gobiernos cmplices

La colusin o la inaccin de los gobiernos ha permitido la impunidad sistmica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta ms violaciones de derechos humanos. Los gobiernos suelen ser cmplices de los ataques. Uno de los hechos ms impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes polticos y en alianza con la industria, seala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos ms. A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situacin. Pero su discurso y sus promesas an no se ha traducido en polticas convincentes y cambios concretos.

Ante esta situacin, Global Witness pidi a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

Tambin exigi apoyo y proteccin para defensores y defensoras en riesgo, as como garantizar la investigacin, captura y castigo para los responsables de los ataques. Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, as como el deber legal) de marcar una gran diferencia, concluye el informe A qu precio?.

Notas


[1] Consejo Cvico de Organizaciones Populares e Indgenas de Honduras
[2] https://rmr.fm/noticias/mil-voces-343/
[3] https://www.alainet.org/es/articulo/188982
[4] Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
[5] https://copinh.org/2018/07/la-empresa-asesina-desa-mantiene-la-concesion-y-sigue-operando-el-proyecto-agua-zarca/
[6] https://www.globalwitness.org/en/
[7] https://www.globalwitness.org/documents/19393/Defenders_report_spanish-7.pdf
[8] http://www.rel-uita.org/honduras/crecen-ataques-defensoras-derechos-humanos/
[9] https://www.alainet.org/es/articulo/192712


Fuente: ALAI

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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