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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-08-2018

Dos detalles relevantes en medio de un caos contenido

Domingo Sanz
Rebelin


Podemos llamar caos contenido a una coyuntura en la que, aunque los semforos funcionen, nadie se atreve a apostar sobre lo que seguir en pie y lo que no de aqu a un ao, incluso menos. Si no est de acuerdo, retroceda hasta la Semana Santa pasada y pregunte a los Snchez, Rajoy o Casado que era lo que imaginaban que estaran haciendo a principios de este mismo verano. Precisamente por la confusin que rodea a muchos acontecimientos en circunstancias como la que vivimos, a veces no reparamos en todos los significados que desvelan.

Comenzaremos con el auto de la jueza que ha instruido, hasta donde legalmente poda, el ya denominado Caso Casado. Como es sabido, el nuevo lder del PP est protegido por uno de esos aforamientos que tantas ventajas han proporcionado a los delincuentes pertenecientes a unas lites que en Espaa son muchos ms que en las democracias que nos miran del resto de Europa. Pero lo relevante en este caso, y que no ha sido destacado en los medios tal como se merece, es que la jueza hace mencin a unas declaraciones pblicas de Casado que se refieren expresamente a algunas de las pruebas que han aparecido durante la instruccin. Ayer, jueves, uno de los tertulianos maaneros de la SER afirmaba que, en virtud de no recuerdo qu reforma legal, la magistrada Rodrguez-Medel podra haber citado a declarar a Casado a pesar de su blindaje contra la Justicia que s rige para el resto de contribuyentes. Ekaizer sostuvo que, si lo hubiera hecho, la guardia pretoriana del sucesor de Rajoy se habra lanzado a degello contra la instruccin. Desde aqu, sin quitar razn al probablemente mejor conocedor de lo que pasa en el poder judicial en Espaa, yo sostengo que la jueza ha considerado que, cuando una persona est hablando de blanco o negro, o de tener o no tener un ordenador, si la respuesta es SI, tiene que ser SI en cualquier sitio, sea ante la prensa o ante un tribunal. Con ello, ha demostrado tanto respeto por las palabras de Pablo Casado como responsabilidad les exige en cualquier circunstancia.

El resultado, en este momento, es que el sospechoso lder se haya ante la tesitura de reconocer que minti a todo el mundo sobre su ordenador o, si dijo la verdad, debe proceder a entregar al Supremo la prueba de su inocencia. La feliz conclusin que podemos extraer es que, tras tantos decenios de hipocresa por parte de polticos exigiendo a los contrarios que digan la verdad, resulta que un simple Juzgado de Instruccin, el nmero 51 de Madrid, ha conseguido, con cuatro lneas en un auto dirigido al Tribunal Supremo, meter ms miedo en el cuerpo a los bocazas que cobran del erario pblico que todas las leyes juntas aprobadas en el Congreso de los Diputados, en algunas de las cuales se han dedicado a consagrar los privilegios de sus seoras y colegas contra el vulgo que los elige cada cuatro aos. Nos hayamos ante un ms que interesante aviso a navegantes que, probablemente, ahorrar al ciudadano de a pie muchos momentos futuros de vergenza ajena cuando escuche o lea lo que dicen los polticos, pues quizs se lo piensen antes de hablar. Y cmo no recordar que don Jos Castro solo fue, tambin, un juez de Instruccin de Palma de Mallorca, evidencia contra la que nadie puede asegurar que, si el Tribunal Supremo hubiera tenido que investigar el caso que ms famoso ha hecho al juez recin jubilado, Urdangarin estara ahora mismo en la crcel y la hermana del rey hubiera terminado siendo condenada, aunque solo lo haya sido a ttulo lucrativo.

El segundo detalle relevante de hoy, sobre el que tambin se han eludido las reflexiones ms incmodas, ha sido la declaracin del prior del Valle de los Cados, afirmando que consentir la exhumacin del cadver de Franco, pero solo si lo ordena personalmente Felipe VI. Rpidamente, algunos de los tertulianos ms espabilados se han apresurado a salvar al rey de tal compromiso afirmando que firmar ese decreto, como todos los dems, y que eso es equivalente a lo que pretende el prior. Lo primero que me pregunto es si estos habituales del debate creen que el tal prior es tonto, y tambin que lo somos los millones de personas que los escuchamos diariamente.

Al margen de lo anterior, no parece que las actuaciones del nuevo rey le hayan granjeado excesivo respeto entre quienes sin duda le defienden. Tiene lgica, pues a la vista de como se dej abusar por Rajoy tras el estruendoso fracaso que supuso para su gobierno la celebracin del referndum del 1 de octubre, la nica conclusin posible es que este rey no se respeta ni a s mismo ni a la institucin que representa. No creo que haya nadie que pueda sostener que Catalunya estara hoy un milmetro ms lejos de lo que ya est de Espaa si Felipe VI le hubiera dicho a Rajoy que eso era asunto del Gobierno y que, por tanto, no pronunciara el discurso del 3 de octubre.

Hay que tener en cuenta los detalles que construyen el respeto que cualquier personaje pblico se va ganando entre quienes le rodean. Si a lo anterior aadimos el feo fesimo que el propio Rajoy le haba hecho al rey al no trabajarse la investidura tras las elecciones del 20D, pues saque usted mismo la nica conclusin evidente.

Adems de este enfoque sobre la maldad del prior, si finalmente el gobierno consiguiera sacar ese cadver y la monarqua no fuera derrotada, por casualidad, pues de otra manera no parece posible, antes de cuatro dcadas ms, una nueva confusin, sutil y pertinaz, volver a infectar nuestra memoria colectiva, tan maltratada a lo largo de la historia. Siempre aparecer quien defienda que fue Felipe VI quien consigui derrotar al franquismo, esa especie de enfermedad mental espaola imposible de curar.

Ahora que sabemos quin era el padre de Felipe VI, como no recordar que desde el 23 de febrero de 1981 para millones de personas fue el, y nadie ms que l, quien aquella noche salv una democracia recin estrenada, pero que ahora muchos le aaden con reparos.

Y al constatar la manera tan aviesa que tiene de burlarse en pblico del rey y del gobierno alguien como el prior del Valle de los Cados, nos viene a la cabeza como los militares Armada, Milans del Bosch, otros y tambin los de la trama civil vinculada, con tal de salvar la herencia ms valiosa del cruel Francisco Franco, la Monarqua, guardaron silencio sobre lo mucho que saban de la implicacin de Juan Carlos I en el plan para acabar con Adolfo Surez, alguien que entonces ya no era un poltico nombrado por ese mismo rey, sino que haba sido elegido en dos ocasiones consecutivas en unas urnas, las de 1977 y 1979, en las que todos los espaoles haban podido votar libremente. Un plan que se le termin yendo de las manos al rey y desemboc en aquel golpe de estado de opereta, pero que result esencial para que regresara el miedo.

La prueba del triunfo a cara y a cruz de Juan Carlos I y los de Tejero, con suerte dispar, pero todos dispuestos a salvar lo principal cerrando el paso a una democracia que podra haberse desatado, es que hoy, tantos aos despus, la descomposicin de aquel consenso en el alambre es de tal calibre que cualquiera puede rerse del gobierno enseando los mismos fantasmas de siempre, y aunque la mayora parlamentaria sea antifranquista, nadie se atreve a poner el cartel de liquidacin por reforma total en la fachada del viejo entramado.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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