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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-08-2018

Ro Blanco, una sentencia histrica para los derechos de la Naturaleza

Alberto Acosta
Rebelin


 Cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es tambin a la razn, y cualquier cosa que sea contraria a la razn es absurda (Baruch Spinoza, 1632-1677)

La decisin de la Corte Provincial de Justicia de Azuay de suspender en segunda instancia la minera en Ro Blanco, tomada el viernes 3 de agosto del presente ao, marca un hito histrico. La larga lucha de las comunidades de la zona, en particular de Molleturo en la provincia del Azuay, comienza a dar frutos. Poco a poco la resistencia de los comuneros fue creando conciencia en la provincia y especialmente en su capital, lo que provoc una potente reaccin en el marco de la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Pramos de Cuenca.

Ya el 1 de junio anterior, el juez Paul Serrano, atendiendo los pedidos de accin de proteccin y medidas cautelares de las comunidades locales, dispuso suspender las actividades de la minera china Ecuagoldmining. Y desde entonces, frente a una comunidad que defenda la vida, se aceler la arremetida de la empresa y sobre todo del gobierno a favor de levantar dicha suspensin, encabezada -como era de esperar- por la ministra de Minera y tambin por el ministro del Ambiente, algo que ya no sorprende si se considera su campaa a favor del extractivismo responsable, sea minero o petrolero .

El punto medular radica, como en muchos otros emprendimientos mineros, en que al proyecto aurfero Ro Blanco, uno de los cinco proyectos considerados estratgicos, se le impuls atropellando derechos a diestra y siniestra. Es decir, se impuso la minera en contra de las comunidades, sin importar las afectaciones a la Naturaleza.

No olvidemos que la extraccin de recursos demanda violencia. La violencia no es consecuencia de la minera, sino una condicin necesaria para su existir. Estas son normalmente actividades impuestas sin considerar sus impactos nocivos, sean sociales, ambientales, polticos, culturales e incluso econmicos. Lo vemos en otros lugares del pas: Cordillera del Cndor en Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Intag en Imbabura.

La sentencia ratificatoria reconoce la importancia de la zona empezando por destacar la declaratoria d el Macizo del Cajas como parte de la red mundial de Reservas de Bisfera de la UNESCO , desde 2013. Esta inclusin - como reconoce la sentencia - se debi a que el rea tiene las condiciones fsicas, biolgicas y socioeconmicas que un espacio geogrfico debe tener para acceder a dicha declaratoria y, por tanto, requiere ser protegido. Esta Reserva de la Biosfera abarca las vertientes pacfica y atlntica de la Cordillera de los Andes y est conformada por las zonas ncleo, de amortiguamiento y de transicin. Con una extensin total de casi un milln de hectreas incluye territorio de las provincias de Azuay, Caar, El Oro y Guayas. Es decir, posee pramos, humedales, manglares y ecosistemas marinos. Debido a sus condiciones geogrficas y climticas, en este territorio existe una exuberante diversidad biolgica: en la zona ncleo se halla el Parque Nacional Cajas que cuenta con 71 especies endmicas, de la cuales 16 son nicas de la zona. Adems, existe una gran dinmica econmica, que incluye cultivos, plantaciones y otras actividades manufactureras. Se trata de una regin con una poblacin aproximada de un milln de personas.

Esta ratificacin sienta un precedente jurdico histrico al defender varios derechos constitucionales: el Buen Vivir / sumak kawsay, los Derechos Humanos, los derechos territoriales y comunitarios, los Derechos de la Naturaleza. Se reconoce que el Estado no garantiz el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indgenas y menos an el consentimiento expreso en una regin que resiste a la minera por ms de 20 aos; un hecho repetido en la mayora de proyectos mineros del pas.

Incluso se rescata el resultado del referndum del 4 de febrero de 2018, cuando en la quinta pregunta se consult si Est usted de acuerdo con enmendar la Constitucin de la Repblica del Ecuador para que se prohba sin excepcin la minera metlica en todas sus etapas, en reas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? El pronunciamiento favorable a esta pregunta fue contundente tanto a nivel nacional como en la parroquia Molleturo (donde cerca del 70% de la poblacin respondi S). Un resultado que, segn la sentencia, sostiene la prohibicin, sin excepcin, de la minera metlica en las reas protegidas. Y, como indica la misma sentencia, el Parque Nacional Cajas es un rea protegida.

La sentencia avanza ms en su racionamiento y establece la necesidad de superar el utilitarismo antropocntrico para dar paso a visiones biocntricas, que constituyen la base de los Derechos de la Naturaleza . Desde su aprobacin constitucional, la cristalizacin de estos derechos ha sido compleja, pero se avanza, entendiendo que estos derechos constituyen una puerta de entrada a otro mundo posible . As, en dicho documento se establece que:

Los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos internacionales e incluso dentro de las legislaciones internas de cada pas, tuvieron en un momento determinado una visin completamente antropocntrica del derecho ambiental. Pero hoy en da, se habla de otro tipo de posicin del derecho ambiental con la denominada biocntrica o ecocntrica, la cual considera que el ser humano, no constituye el nico ser que necesita proteccin y es importante. Todo ser vivo e incluso la propia tierra o naturaleza, son entidades que merecen respeto y proteccin por parte del sistema jurdico de un pas. En este sentido se dice que el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano no tiene como nico objetivo, otorgar al ser humano sus condiciones necesarias para su desarrollo de vida; sino que tambin a travs de este reconocimiento lo que se busca es la conservacin y proteccin del medio ambiente. La naturaleza debe ser vista como un conjunto en donde cohabitan distintos ecosistemas, seres vivos, recursos naturales, y el ser humano; quien es tambin parte de ese sistema y por lo tanto al ser parte de un todo, debe proteger el lugar donde vive; esta posicin biocntrica o ecocntrica lo reconoce nuestra Constitucin al otorgarle derechos a la naturaleza y al considerarlo al ser humano como parte de ella.

La importancia de estos derechos rebasa nuestras fronteras. Eduardo Gudynas resalta en estos mismos das la relevancia internacional de los Derechos de la Naturaleza aprobados constitucionalmente en Montecristi:

La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez aos del primer paso en esa direccin, que ocurri con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. All se utiliz una frmula novedosa no slo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Aquella formulacin gener tanto crticas como escepticismos, y su aplicacin padece debilidades, pero sirvi como ejemplo. Y es as que en la ltima dcada no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en Amrica Latina (Bolivia, Colombia y Argentina), como en otros continentes (India y Nueva Zelandia, por ejemplo). [1]

Y la sentencia sobre Ro Blanco da un paso ms que -sin duda- aumenta su significado histrico, al defender el derecho al Buen Vivir afirmando que

no podemos pasar por alto que el Ecuador mediante la vigencia de la nueva Constitucin decidi constituir una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad pero en armona, en la bsqueda del buen vivir (sumak kawsay), definido como: Sumak.- significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realizacin; y kawsay.- es la vida, en referencia a una vida digna, en armona y equilibrio con el universo y el ser humano, en sntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida .

Cabra aadir que este proyecto minero tampoco cumpli con el Mandato Constituyente nmero 6 , conocido como mandato minero, expedido en Montecristi el 18 de abril de 2008. En esa disposicin constitucional -entre otros puntos irrespetados por los gobiernos de Correa y de Moreno- se prohbe toda minera que afecte fuentes y nacimientos de agua. Es decir, no puede haber minera en pramos, ros, lagos y lagunas, humedales, manglares, selvas y bosques primarios Algo vital pues, a ms de agua y biodiversidad, se juega la vida de las comunidades y el mismo futuro del Ecuador.

Realmente ste es un triunfo importante. Es una forma potente de reconocer la fuerza del espritu de Montecristi, en donde hace diez aos se redact una Constitucin, aprobada mayoritariamente en las urnas por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de 2008, y que ha sido cuestionada desde sus inicios por conservadores de todo tinte ideolgico, que desde hace algunos aos claman por una nueva constituyente; reclamo al que se suman las fuerzas del corresmo en retirada.

Esta decisin sumada al lento proceso de descriminalizacin de los defensores de los Derechos Humanos y de la Pachamama, como sucede con los perseguidos en Saraguro- est en lnea con otros triunfos de similar trascendencia registrados en este mismo tiempo:

- Otra resolucin judicial, de resonancia planetaria y por igual histrica es la de la Corte Constitucional del Ecuador , expedida el 27 de junio y dada a conocer el 10 de julio del presente ao. La Corte rechaz la accin de proteccin interpuesta por la transnacional Chevron-Texaco ratificando la sentencia en su contra por daos sociales y ambientales ocasionados en la Amazona ecuatoriana durante el tiempo que oper entre 1964 y 1992. La transnacional petrolera est obligada a pagar una indemnizacin de 9.500 millones de dlares.

Con esta resolucin se cierra la batalla jurdica en las cortes ecuatorianas. Desde hace 25 aos las comunidades indgenas y de colonos afectadas por la transnacional vienen exigiendo justicia, en un proceso lleno de cortapisas por parte de la empresa en contubernio con gobiernos ecuatorianos , incluyendo el gobierno de Correa [2] . Es una lucha que continua en instancias internacionales y que llegara, como habran afirmado los directivos de la empresa segn Pablo Fajardo, uno de los abogados histricos de los afectados-, hasta las fronteras del infierno .

Con este proceso de construye paso a paso lo que constituye como lo anot en el ao 2011- un triunfo de la Humanidad :

Esta sentencia, en suma, supera el mbito amaznico. Rebasa lo que tarde o temprano tendr que pagar Texaco. Su accionar, como lo hara dcadas ms tarde la BP y otras tantas empresas extractivistas en diversas partes del planeta, afect a toda la Humanidad.

Esta sentencia, por lo tanto, constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminacin provocada por la actividad petrolera y minera, que se sostiene por la combinacin del poder poltico con el poder transnacional sobre el discurso que alienta la explotacin del petrleo (y ahora en Ecuador de la minera a gran escala) como base para conseguir el desarrollo; discurso que sostiene una poltica de ocultamiento de la realidad, intimidacin de quienes se oponen, de humillacin y olvido para las vctimas

Con esta sentencia emerge con fuerza la necesidad de una justicia ecolgica global que haga realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en el mundo. La vigencia de estos Derechos exige la existencia de marcos jurdicos internacionales adecuados, teniendo en consideracin que los problemas ambientales son temas que ataen a la Uumanidad en su conjunto. Por lo tanto esta sentencia en contra de la Texaco representa un triunfo de la Humanidad.

- Otro caso importante se registr tambin en la Amazona. El juez de la Unidad Multicompetente del cantn Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbos, Jorge Sacancela, fall a favor de la comunidad amaznica Cofn Sinangoe y la Defensora del Pueblo de Sucumbos, que interpusieron una Accin de Proteccin para frenar la minera de oro dada en sus territorios.

El juez, como se puede leer en la respectiva sentencia , declar, entre otros puntos, la vulneracin del derecho a la consulta previa, libre e informada, disponiendo la inmediata suspensin de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha, adems de las que estn en trmite, y que ocupan un total de ms de 31 mil hectreas aledaas al parque Nacional Cayambe Coca y al territorio de la comunidad Cofn. El juez argument que de iniciarse acciones de prospeccin, exploracin o explotacin minera, los derechos al agua, territorio y vida de la comunidad Ai Cofn de Sinangoe y de las comunidades indgenas y colonas que habitan en las riberas del ro Aguarico, se veran gravemente comprometidas

Mensaje directo

- Incluso la eliminacin de las enmieRdas constitucionales -impuestas inconstitucionalmente por el corresmo en 2015- se suma a estos logros. Con su eliminacin producida a travs de una controvertida resolucin de la Corte Constitucional- se recupera el derecho constitucional de la ciudadana y de los gobiernos autnomos descentralizados para plantear consultas populares sobre temas de inters. Un ejemplo fue la consulta planteada por el Colectivo Yasunidos, colectivo perseguido por el corresmo; derecho constitucional que pretendi echar abajo Rafael Correa, el gran promotor de los extractivismos, con las mencionadas enmiendas del 2015.

A pesar de estos logros, las pesadas amenazas de los extractivismos siguen latentes. Sus defensores contraatacarn con fuerza. Tan es as que ya se comienza a esgrimir una serie de leguleyadas por parte del Ministerio del Ambiente para intentar debilitar el fallo de segunda instancia sobre el proyecto minero Ro Blanco, en la medida que se habra confundido rea protegida con bosque protector. Pero por ahora podemos decir que parecera soplar aires de autonoma en la justicia ecuatoriana... algo impensable en la poca del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa, quien ya habra dispuesto la sancin y/o destitucin de los jueces que dictaron estas sentencias.

En sntesis, vivimos una hora histrica. Debemos redoblar las luchas, cosechando los enormes esfuerzos desplegados por diversas comunidades que -por aos- defienden la vida y resisten a las presiones de los intereses mineros transnacionales, aupados sobre todo por los gobiernos de Rafael Correa y Lenn Moreno. Sin duda una lucha desigual, pero donde la esperanza nunca decae. Una lucha donde solo la accin poltica sostenida detendr el festn minero del siglo XXI , y permitir construir un Ecuador democrtico.-



Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Exministro de Energa y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la Repblica.

NOTA: Este artculo incluye las sentencias respectivas: caso Ro Blanco, caso Chevron-Texaco, caso Cofanes.

[1] Bajo estas consideraciones los Derechos de la Naturaleza pueden y estn actuando como un elemento adicional para la defensa del territorio, es el caso de la accin pblica para impedir la construccin de la Hidroelctrica en Bello Monte, en Brasil. En la demanda se seal que, teniendo como referente expreso la Constitucin de Ecuador, poda ser ms didctico claro y oportuno aplicar los Derechos de la Naturaleza por la destruccin del territorio de Xingu. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL com Pedido de Liminar em face de: Norte Energia S/A (NESA) concessionária de Uso de Bem Público para exploração da UHE Belo Monte, CNPJ/MF 12.300.288/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco F, Lote 12, salas 706/708 (parte), Edifício Via Capital, Brasília/DF, CEP 70.041- 906.

[2] Recordemos que para lograr la colocacin de bonos soberanos en el mercado financiero internacional, en agosto de 2016, Rafael Correa presion a los afectados por la Chevron-Texaco para que levanten el embargo sobre los recursos que legalmente les corresponda. La Chevron-Texaco le haba ganado a Ecuador el 2016 en un arbitraje (dentro de aquellos sistemas perversos con los que las transnacionales aseguran sus intereses). As que, por la presin de Correa, en lugar de que los afectados en la Amazona reciban su dinero, el Estado termin pagando a la transnacional 112 millones, incluyendo intereses . Ese dinero por disposicin judicial -en un pas soberano, se entiende-, debi ir a los afectados..., pero no, Correa -que deca enfrentar a la Chevron-Texaco con una millonaria campaa de propaganda - les conmin a los afectados por la empresa petrolera para que ese dinero vaya a la transnacional, para que el gobierno va colocacin de bonos pueda seguir manteniendo la fachada de una economa en recuperacin. Su peregrino argumento fue el evitar que Chevron quiebre al pas .

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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