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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-08-2018

Negociar con los crteles del narcotrfico en Mxico?

Ricardo Orozco
Rebelin


El pasado martes 7 de agosto, en Ciudad Jurez, Chihuahua, la plataforma de gobierno encabezada por Andrs Manuel Lpez Obrador llev a cabo el primer Foro por la Pacificacin y la Reconciliacin Nacional (Foro Escucha), de diecisiete proyectados adems de veinticuatro consultas especficas por sectores poblacionales como personas en situacin de reclusin, migrantes, refugiados, comunidades indgenas. El propsito de realizar dichos eventos es, de acuerdo con el presidente electo y su gabinete, el generar un espacio de dilogo en el que sea posible identificar propuestas que respondan a las prioridades de cada sector poblacional y regin, en torno a la pacificacin y de Mxico y la reconciliacin nacional entre sus habitantes.

La idea detrs de este ejercicio de dilogo es en realidad sencilla: el gobierno electo parte del entendido de que, en las tres administraciones federales anteriores, el andamiaje estatal y su maquinaria gubernamental fueron actores contribuyentes al agravamiento de las condiciones de violencia que han asolado a la poblacin durante dieciocho aos: ya sea porque se hizo uso activo del ejercicio de la violencia en contra de la ciudadana por medio de instituciones como en ejrcito, la marina y los distintos cuerpos policiacos o, en su defecto, tanto porque Estado y gobierno fueron omisos ante la profusin de la misma como porque Estado y gobierno optaron por eliminar del espacio de discusin, de planeacin e implementacin de polticas pblicas para atajar al crimen organizado y los actos violentos con l vinculados, a los principales afectados por el fenmeno en cuestin.

De ah que si bien es cierto que a la par del incremento de hechos violentos en Mxico aument sustancialmente, tambin, el nmero de espacios y mecanismos diseados para realizar diagnsticos constantes, permanentes sobre la situacin de violencia en la que viven los mexicanos y las mexicanas en su cotidianidad, los Foros Escucha estn buscando diferenciarse de todo ensayo y error anterior o similar apelando a dos hechos concretos. El primero tiene que ver con la concepcin de los Foros Escucha como espacios en los que, esta vez, es la ciudadana, las victimas sobre todos, quienes tienen el rol central en la discusin. El segundo, por su parte, tiene que ver con el entendido de que estos dilogos s van encaminados a construir una agenda programtica que tenga como fin, por lo menos en principio y en trminos vagos, la implementacin de una amnista para quienes el crimen organizado ha capturado en sus redes y el Estado ha abandonado, reprimido o criminalizado.

Expuestas as las cosas, en teora s hay variaciones importantes del presente ejercicio respecto de otros realizados desde que la guerra en contra del narcotrfico fuera lanzada a finales del sexenio de Vicente Fox Quezada, y relanzada con una nueva proyeccin espacial y blica al comenzar la administracin de Felipe Caldern Hinojosa. Ya de entrada, el que el enfoque que ahora est primando sea el de la pacificacin y la reconciliacin nacional, antes que las perspectivas de seguridad pblica y nacional, es un cambio sustancial que en realidad va ms all de un simple cambio de palabras para tratar el mismo tema con estrategias similares.

Colocar en el centro de la discusin el mantenimiento de un tejido social robusto, orientado hacia la construccin de vnculos sociales, polticos, econmicos y culturales que permitan a los individuos dejar de percibir a los otros como enemigos a los que hay que violentar y/o exterminar no es, despus de todo, algn tipo de variante de los argumentos que desprecian todo cuanto suceda a la ciudadana siempre y cuando la estabilidad de los intereses instalados en el andamiaje estatal no se vea afectada por esos hechos. Abordar el problema de la violencia en Mxico como una cuestin de pacificacin y de reconciliacin entre los habitantes es una cuestin que no transita por el despliegue de los aparatos represivos del Estado, ni mucho menos. Antes bies, es una ptica que privilegia la puesta en marcha de programas y polticas encaminadas a la recuperacin de un sentido de valor por la vida y la humanidad.

Algunos problemas serios, profundos, no obstante lo anterior, se presentan en este esfuerzo por atajar el paso a la avasallante violencia que se vive en el pas. El primero de ellos y el ms es importante es, sin duda, que al no tenerse presente la diferencia fundamental que existe entre violencia social y violencia criminal, la plataforma de gobierno de Lpez Obrador est partiendo de la ilusin de que al solventarse la primera la segunda se ver minada, disminuida, controlada. Y lo cierto es que ello no es as.

El hecho que mejor representa esta deficiencia en el diagnstico del presidente electo y su gabinete es que los dilogos propuestos tienen como interlocutores principales a los sectores poblacionales correctos: la ciudadana, antes que la burocracia del Estado, por un lado; y a las vctimas de un sinnmero de crmenes (muchos de ellos cometidos por el propio Estado, como en los casos de desaparicin forzada, homicidios extrajudiciales, tortura), por el otro. La cuestin es, no obstante, que ser interpelado e interpelar a estos sectores abona en algo a contener a la expansin de la violencia social, ms deja de lado, intocada, a la violencia criminal.

Y es que, en efecto, en la violencia social, a diferencia de la criminal en donde el mvil de la misma es una suerte de amalgamiento entre un ejercicio de poder especfico y grandes mrgenes de acumulacin y concentracin de capital, por la va de actividades delictivas; los sujetos no tiene como motivantes primeros, fundamentales, ni la pretensin de ejercer un tipo de poder orientado al sostenimiento de ventajas de mercado dentro de la actividad comercial criminal ni el desarrollar esa misma actividad criminal como un fin en y por s mismo. La violencia social, por lo contrario, se define por mrgenes muy amplios y muy profundos de interiorizacin y normalizacin de distintas formas y ejercicios de violencia que, en ltima instancia, son los causantes tanto de una desvalorizacin de la vida, en general; y de la vida social, en particular; cuanto de la aceptacin del ejercicio mismo de la violencia como un tipo de recurso legitimo para que cualquier individuo se relacione con sus pares.

Por eso, de cierto modo, el que los Foros por la Pacificacin y la Reconciliacin Nacional se estn enfocando en la ciudadana que da a da tiene que lidiar con enfrentamientos armados, con secuestros, con homicidios y feminicidios, con asaltos, con torturas, con desmembramientos, con asesinatos en masa, con desapariciones, hace tanto sentido: porque, al final del da, lo que se busca es lidiar con los grados de interiorizacin y normalizacin de la violencia que ya experimenta la propia sociedad, aunque no se ella misma la autora material e intelectual de las balaceras, los descuartizados, las disoluciones en cido o los desollamientos.

El caso aqu es que aunque lidiar con la violencia social es relativamente fcil (sin menospreciar la magnitud y la complejidad del problema), toda vez que su tratamiento incluye una serie de correcciones materiales: polticas, econmicas, culturales, por medio de las cuales los habitantes logren desarrollar su vida sin carencias y en el marco de vnculos comunitarios slidos; enfrentarse con la abrumadora tarea de atajar o siquiera controlar (ya no se hable de disminuir) la violencia ejercida por el crimen organizado, en general; y por los carteles del narcotrfico, en particular; no pasa por correcciones de polticas pblicas como esas, pues los motivantes de su actuar se encuentran en esos intersticios entre poder y acumulacin/concentracin de capital que por las vas no-criminales el mercado legal les niega.

Un ejercicio que quiz arroja una mejor visibilizacin sobre las deficiencias de origen de la estrategia de Lpez Obrador para pacificar y reconciliar a los mexicanos y las mexicanas consigo mismos, tiene que ver con voltear a observar los casos histricos en los que otras sociedades de Amrica y del resto de las periferias globales han tenido que atravesar por procesos similares: ya sea por causa de un conflicto armado con un enemigo extranjero, por el desarrollo de conflictos armados internos del tipo de guerrillas o guerras civiles y similares o derivados.

Los casos de Centroamrica (El Salvador, Nicaragua y Guatemala), entre los aos setenta y ochenta del siglo XX, por ejemplo, son buenos referentes que muestran las diferencias, las tensiones y los intersticios presenten en dinmicas y mecanismos de pacificacin y reconciliacin nacional entre violencia social y violencia criminal. Y es que, si se los observa en conjunto, ms all o al margen de las particularidades propias de cada suceso, lo que se alcanza a apreciar con nitidez es que en cada evento fue necesario ir ms all del tratamiento de la violencia social y negociar, en estricto, con esos otros actores que no formaban parte de ese ejercicio de violencia, sino de otros ms especficos.

En todos ellos, por supuesto, es posible encontrar actos criminales: matanzas, asesinatos en masa, desapariciones, torturas, descuartizamientos. Sin embargo, no es el determinar si los grupos que cometan dichos actos son equiparables, hoy, a los crteles del narcotrfico en Mxico (en realidad no hay similitud alguna) el tema de la discusin. Ms bien, lo que aqu importa es reconocer que en los casos de pacificacin de Centroamrica, los actores responsables de esa violencia que no era, en estricto, violencia social: la Contra, en Nicaragua; el Movimiento de Liberacin Nacional y las Patrullas de Autodefensa Civil, en Guatemala; La Fuerza Armada de El Salvador, en El Salvador; fueron parte fundamental de las negociaciones, si bien no para lograr una pacificacin y una reconciliacin nacionales, s para detener la escalada de la violencia.

Ahora bien, el punto determinante aqu es que, en todos estos ejemplos, el campo de disputa en cuestin tena que ver con el ejercicio de un poder pblico, estatal-gubernamental, y no con el desarrollo de actividades comerciales de carcter delictivo, como el trasiego de estupefacientes, la trata de personas, la venta de rganos, el trfico de armas, etctera. Para Centroamrica, estas actividades fueron, en algn momento y no en su totalidad, mecanismos temporales de financiamiento, de poder y/o de posicionamiento estratgico frente al enemigo. Sin embargo, no eran un fin en y por s mismas, que exigieran de cada actor dar continuidad al desarrollo de las mismas con independencia de quien resultase vencedor en la disputa por el control del Estado y su aparato de gobierno.

Ello, por supuesto, facilit el llegar a puntos de negociacin en los que ambos bandos se hicieron concesiones lo suficientemente importantes como para detener el conflicto armado en el que se haban involucrado: posiciones en los poderes del Estado, celebracin de elecciones a modo, concesiones empresariales, ejecucin de polticas pblicas por encargo, gobiernos nacionales compartidos (lo que eufemsticamente se llama pesos y contrapesos). Es decir, el ejercicio del poder pblico, aqu, se consolid como el instrumento por medio del cual se hizo posible que cada bando consiguiera, en mayor o en menor medida, hacerse de las ventajas competitivas que mejor les funcionaran y que mejor mantuviesen y potenciasen sus intereses.

Por eso, en el caso de Mxico, lo que permanece como un vaco en la estrategia de Lpez Obrador para pacificar al pas es el nulo reconocimiento de que si bien lidiar con la violencia social apuntalando correcciones a causas estructurales de la misma, como la desigualdad, la corrupcin, el empobrecimiento la represin y criminalizacin estatal es un necesario e insorteable primer paso para reducir los alcances del crimen organizado en el tejido social, ello no basta para reducir la profusin de violencia causada por los crteles del narcotrfico (y otras agrupaciones del crimen organizado), tanto en sus disputas intracrteles e intercrteles como en las que conciernen a su resistencia a las acciones gubernamentales orientadas a minar sus intereses.

De entrada, los mrgenes de acumulacin y concentracin de capital involucrados en las actividades a las que se dedican los crteles del narcotrfico son lo suficientemente amplios y voluminosos como para que un par de polticas sociales y econmicas del gobierno central les represente una salida fcil y redituable de su negocio. Y en seguida, los espacios de poder conquistados a lo largo de tres sexenios son tan densos que aceptar un simple desplazamiento de ellos no slo pone en juego ese poder conquistado, sino la estructura misma de la red criminal en escalas locales, nacionales, regionales e internacionales.

En cierto sentido, si se tuviese que mesurar cuantitativa y cualitativamente el impacto que causan, por un lado, la violencia social; y por el otro, la violencia criminal; lo primero que se obtiene es que si bien la primera es ms densa y difusa, la segunda es la que en la cotidianidad tiene un impacto condicionante aunque coyuntural la mayor parte de las veces, en los grados de interiorizacin y normalizacin de niveles de violencia cada vez ms atroces, ms inhumanos. No es la cotidianidad de la violencia social, despus de todo, en donde se experimentan desollamientos, decapitaciones, incineraciones pblicas, disoluciones en cido y ejecuciones colectivas. Estos distintos grados de crueldad (inhumanidad, si se quiere) slo se experimentan ah en donde otras formas de violencia son las que avasallan a la poblacin; y en donde las actividades del crimen organizado en su modalidad de crteles del narcotrfico juegan un rol central en su socializacin.

Quiz est dems hacer mencin de ello por lo evidente que es el hecho en s mismo, pero es claro que aunque s es necesario sanar el dolor de la sociedad mexicana, brindarle paz y unidad (social antes que nacional), con sanarla, con pacificarla y unirla no se van a resolver ni las disputas al interior de los crteles ni las que se dan entre crteles antagnicos ni las que se desprenden de su batalla en contra de los intereses gubernamentales que los debiliten. Menos an detendr el uso geopoltico que potencias globales (Estados Unidos) confieren a la guerra continental contra el narcotrfico, como mecanismo de control regional; su utilizacin por parte del propio andamiaje estatal-gubernamental para fragmentar a la sociedad o su empleo al servicio de los grandes capitales para deshacerse de las resistencias a las que se enfrentan.

La pregunta de fondo que sigue vigente y an sin responder en todo esto es, entonces, vamos a negociar con los crteles del narcotrfico?

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Anlisis de la Poltica Internacional

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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