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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-08-2018

Paraguay
Curuguaty: justicia, verdad y reparacin

Ignacio Gonzlez Bozzolasco y Montserrat H. Fois
Nueva Sociedad


El pasado viernes 31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay revoc la condena de campesinas y campesinos sin tierra que haban sido sentenciados por el caso conocido como la Masacre de Curuguaty. El trgico suceso acontecido el 15 de junio de 2012 tuvo como resultado la muerte de 17 personas, adems de la destitucin del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo. La absolucin de los campesinos vuelve a poner el foco en la masacre. An no se sabe que sucedi pero algo est claro: en el medio est el problema de la tierra.

El pasado viernes 31 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay revoc la condenda de 11 campesinas y campesinos sin tierra que haban sido sentenciados por el caso conocido como la Masacre de Curuguaty . En un histrico fallo judicial, los magistrados hicieron lugar al recurso de casacin presentado por la defensa, votando de forma unnime por la nulidad de la sentencia. El argumento central de la resolucin fue la falta de elementos que prueben la responsabilidad penal de los acusados y las acusadas , echando por tierra todas las ambigedades, suspicacias y hasta falsos alegatos esgrimidos por la fiscala a lo largo de su acusacin.

El trgico suceso acontecido el 15 de junio de 2012 tuvo como resultado la muerte de 17 personas, adems de la destitucin del entonces presidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012).

Los orgenes del conflicto

 

Como ya han sealado diversos estudios especializados, Paraguay se encuentra entre los pases ms desiguales del mundo en la distribución de tierras . Los grandes propietarios con ms de 500 hectreas constituyen solo el 2,6% del total, concentrando el 85,5% de las tierras . En un contexto como este, la movilizacin y lucha fue siempre la nica va para la obtencin de las mismas por parte del campesinado. Como afirma la referente campesina Perla lvarez: No hay asentamiento o comunidad en este pas que haya nacido sin una ocupacin previa . Por tanto, las luchas en torno a las 1.748 hectreas de  Marina Kue , que derivaron posteriormente en la Masacre de Curuguaty, no escaparon a esta dinmica.

Desde el ao 2004, las organizaciones campesinas de Curuguaty haban desarrollado gestiones ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) , solicitando el inicio de los trmites correspondientes para destinar las tierras de Marina Kue a la reforma agraria . Las mismas, ubicadas en el municipio de Curuguaty a 300 kilmetros al noreste de la capital paraguaya, estuvieron en constante conflicto judicial por poco ms de una dcada.

Como seala la historiadora Margarita Durn , en el ao 1967 dichas tierras fueron entregadas por la Industrial Paraguaya S.A. al Estado paraguayo para que fueran usufructuadas por la Armada. As, en el ao 2004, el Poder Ejecutivo decret su transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para ser destinadas a la reforma agraria. Pero esta transferencia no lleg a concretarse debido a que la firma Campos Moromb, de la familia del fallecido poltico colorado Blas N. Riquelme , plante en los tribunales una demanda de usucapin aduciendo la ocupacin del terreno desde el ao 1970. Si bien la empresa consigui una sentencia favorable en el 2005, la resolucin fue muy conflictiva atendiendo a que la usucapin se dio con argumentos falsos, tal como apunta la profesora Durn.

En el ao 2009, la Procuradura General de la Repblica present una accin de nulidad, buscando revertir la sentencia que favoreci a Campos Moromb . En 2012, ante el rechazo de la nulidad por parte del juzgado, la Procuradura apel dicha accin ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, hasta el momento pendiente de resolucin. Por su parte, la empresa busc una solucin apresurada donando parte del inmueble al Estado en carcter de Parque Nacional, siendo aprobada por el Congreso en 2015. De esta forma, dicho inmueble dejara de ser plausible de uso para la reforma agraria. Colocando as a todo este conflicto en un territorio plagado de contradicciones jurdicas .

La masacre y sus derivaciones

 

Durante el largo proceso de disputa judiciales, el conflicto entre las organizaciones campesinas, las autoridades y los organismos de seguridad fue la constante. El da 15 de junio de 2012, un nuevo operativo policial pretendi allanar el campamento de campesinos y campesinas sin tierra, en el cual se encontraban unas 60 personas. Las tensas tratativas que tuvieron lugar entre los ocupantes y 324 efectivos policiales acab en una balacera, cuyo origen an resulta desconocido. El lamentable resultado de este acontecimiento fue la muerte de 17 personas, 11 campesinos y 6 policas.  

El desenlace inmediato de la Masacre de Curuguaty fue la interrupcin abrupta del gobierno del entonces Presidente Fernando Lugo. El lbelo acusatorio utilizado para su destitucin le imput el incurrir en mal desempeo de sus funciones, suscitar inestabilidad poltica e incitar una lucha de clases sociales que trajo la masacre como resultado final. Ese acontecimiento le sirvi como mvil principal a la oposicin liderada por el Partido Colorado, en alianza con el Partido Liberal y otros sectores, para lograr el desplazamiento del poder del Presidente Lugo y de las fuerzas progresistas que lo apoyaban.

El juicio del caso tuvo lugar entre los aos 2015 y 2016, dando como resultado la condena de 11 campesinos hallados culpables por el homicidio de 6 policas. No obstante, durante el juicio no fue esclarecido el origen del primer disparo, ni el asesinato de los campesinos. Pese a ello, la fiscala bas su acusacin en la tesis de que los campesinos armados con escopetas de caza emboscaron a ms de 300 efectivos policiales usando de cebo a mujeres y nios para crear un clima de confianza.

La relevancia de la absolucin y las reacciones

Desde su origen, el caso Curuguaty fue objeto de denuncias por parte de los diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y polticas del pas. Constituye, sin dudas, uno de los ms claros y graves casos violacin de derechos humanos, garantas legales y constitucionales en la historia reciente del Paraguay.

Como denunci la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), existieron evidencias claras de un juicio ilegal y parcial . La relacin del entonces fiscal de la causa, Jalil Rachid, con la familia Riquelme propietaria de la empresa Campos Moromb, as como la investigacin de la muerte de los policas pero no las de los campesinos son claros indicios de un proceso viciado de parcialismo. Se suma a lo sealado la desaparicin de pruebas clave para la causa, como fueron la filmacin realizada desde un helicptero de la Polica Nacional y las pruebas cientficas que revelaran el tipo de proyectiles alojados en los cuerpos de los cados.

El proceso judicial plagado de irregularidades es, adems, una muestra de cmo las profundas desigualdades sociales y econmicas tienen su correlato en el desigual acceso a la justicia en Paraguay. Los testimonios recogidos por organismos de derechos humanos sobre el caso Curuguaty dan cuenta de torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, la absolucin permite evidenciar los lmites que encuentra la arbitrariedad judicial ante la indignacin, protesta y lucha de las personas y organizaciones que tomaron la defensa de las vctimas campesinas como bandera de justicia.

Asimismo, la absolucin de las personas condenadas por la Masacre de Curuguaty tiene importantes derivaciones polticas. No solo cuestiona el proceso llevado a cabo por jueces y fiscales que intervinieron en la causa, sino que afecta la ya mermada credibilidad de los polticos que promovieron el juicio poltico en contra del presidente Lugo alegando su responsabilidad en el desenlace fatal. Por sobretodo, dej en evidencia la defensa acrrima de los intereses latifundistas por parte de los agentes estatales, judiciales y parte de los medios de comunicacin del pas.

Sin embargo, fiscales, legisladores y polticos no tardaron en reaccionar ante el fallo de la Corte Suprema que anul la sentencia. El senador oficialista Javier Zacarias Irn, sali al paso acus ando de delincuentes a quienes estuvieron ese 15 de junio de 2012 en Curuguaty , seguro de que deban volver a la crcel. La Fiscala General, por su parte, respald a los fiscales que llevaron adelante esta causa fundamentando que se produjeron atropellos a la propiedad privada y atentados contra la vida.

Qu pas en Curuguaty?

El caso Curuguaty seguir siendo, por mucho tiempo, una profunda y dolorosa herida en la historia reciente del pueblo paraguayo. El Estado tiene todava enormes deudas en materia de derechos humanos y ms an con los sectores ms vulnerables de la sociedad, a quienes el acceso a la justicia y las garantas procesales les son negados.

Sin dudas, el reciente fallo es un haz de justicia en medio de tanta arbitrariedad. No obstante, sigue firme la exigencia de justicia, verdad y reparacin por las muertes de los 11 campesinos, adems de una investigacin imparcial de las muertes de los policas. En definitiva, permanece ms vigente que nunca la pregunta que viene repicando con insistencia desde los tristes sucesos de junio de 2012: qu pas en Curuguaty?

Fuente: http://nuso.org/articulo/curuguaty-justicia-verdad-y-reparacion/



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