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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-08-2018

La ciudad colombiana afronta tasas de pobreza del 66% con uno de los principales puertos de Amrica Latina
Buenaventura: desarrollismo y resistencias de la poblacin negra

Enric Llopis
Rebelin


Una pgina Web patrocinada por el Ministerio de Turismo recomienda la visita al muelle turstico de Buenaventura -ciudad de 407.000 habitantes del Pacfico colombiano, en el departamento del Valle del Cauca- con destino a las playas de Bocana y Piangita, o a las islas de Gorgona y Malpelo. El turista puede avistar, entre julio y noviembre, ballenas yubarta y acercarse a la reserva forestal de los ros Escalerte y San Cipriano. Aunque todava operan las pandillas de la droga, la tasa de asesinatos se sita por debajo del promedio nacional y la ciudad est cambiando para atraer turistas, segn un reportaje de The New York Times del 13 de julio. Al turismo se agregan las nuevas infraestructuras. Por ejemplo el proyecto de conexin Pacfico-Orinoqua, una carretera de 1.490 kilmetros que conectar Buenaventura con Puerto Carreo (Oriente del pas), penetrar en 350 municipios y requiere para su ejecucin unas inversiones de 8.000 millones de dlares.

En el Puerto de Buenaventura tambin est prevista la construccin de la Planta Regasificadora del Pacfico, pendiente de licitacin, a la que se asocia el gasoducto Buenaventura-Yumbo y el proyecto Puerto Solo, un complejo de 150 hectreas en la baha bonaverense, con cuatro terminales que podrn recibir y almacenar gas natural, crudo y gas licuado del petrleo (propano y butano). En marzo de 2017 se inaugur el Puerto Industrial Aguadulce, con una inversin superior a los 600 millones de dlares y la participacin de las multinacionales ICTSI de Filipinas y PSA International de Singapur. Adems, en 2017 el Puerto de Buenaventura se situ en la posicin nmero 19, dentro del listado de 20 principales por movimientos de carga en contenedores en Amrica Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL; en la ratio aparece como el segundo de Colombia, tras el de Cartagena (el Ministerio de Trabajo inform que, entre 2012 y 2016, impuso multas de 14.000 millones de pesos -4,7 millones de dlares- por incumplimiento de la normativa laboral al sector portuario de Buenaventura).

Pero las inversiones, el crecimiento y la competitividad tienen un reverso. Los afrodescendientes -4,3 millones segn el Censo General de 2005- representan el 10,6% de la poblacin colombiana. En Buenaventura alcanzan el 83,6%, por lo que se trata de uno de los municipios con mayor peso de la poblacin afro del pas. Mientras el puerto increment en 2017 las toneladas movilizadas (un 41% ms que el ao anterior) y alcanz los 16 millones, la realidad era otra en la calle. En 2016 el 41,5% de los hogares de Buenaventura se consideraba pobre (frente al 17,5% de Bogot) y el 26% no tena acceso a alcantarillado, segn la Encuesta Nacional de Calidad de Vida; el promedio de gasto por familia en Colombia es de 1,9 millones de pesos mensuales (630,4 dlares), segn la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares 2016-2017, pero en Buenaventura es de 1,4 millones de pesos (491,4 dlares).

El Perfil productivo publicado en 2013 por el Ministerio de Trabajo y la ONU seala que la pobreza multidimensional afectaba al 66,5% de los hogares de Buenaventura; el hacinamiento crtico en las viviendas, al 25,3%; el 49% careca de aseguramiento en salud; el 24%, de acceso a fuente de agua mejorada; el 94,3% de las familias estaba sujeta al empleo informal y al 69% les afectaban los bajos logros educativos. Otra cuestin es la corrupcin poltica y empresarial. Hace cuatro meses la Polica Nacional detuvo al alcalde, Jorge Elicer Arboleda, y a varios funcionarios municipales, asesores y contratistas por presuntas irregularidades en los contratos para la reforma del hospital. Adems la Fiscala orden en junio la detencin del exalcalde, Bartolo Valencia, por un supuesto ilcito en la adjudicacin de las obras del centro recreacional Acuaparque; en 2015 el exmandatario ya fue capturado por la gestin irregular del programa de cupos escolares. Otro extitular de la alcalda, Jos Flix Ocor, result condenado en 2015 a 18 aos de crcel por corrupcin asociada a la compra de unos terrenos.

Una de las respuestas populares consisti en el Paro Cvico de Buenaventura, iniciado en mayo de 2017 y sostenido durante 22 das. Frente al abandono estatal, el Comit del Paro Cvico para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio integrado por ms de un centenar de organizaciones populares, comunidades negras, indgenas, estudiantes, docentes y trabajadores informales, entre otros- reivindicaba la declaracin de zona en estado de emergencia econmica, social y ecolgica. La resistencia pacfica, en la que participaron 200.000 personas, culmin con un acuerdo el seis de junio, por el que el Gobierno se comprometi a un plan de desarrollo especial a 10 aos. La agenda de movilizaciones inclua una marcha contra el desempleo, un cacerolazo por la salud y la reapertura del hospital departamental, la quema de recibos de servicios pblicos, una marcha por el territorio y la celebracin del da de la afrocolombianidad. Organizaciones de derechos humanos hicieron un seguimiento del paro a travs de una Comisin y la publicacin de boletines. Desde el inicio, la madrugada del 16 de mayo, existe una actitud sistemtica por parte de la Fuerza Armada de grabar a la poblacin con vdeos y fotografas tomadas a los rostros, informaron.

El 19 de mayo tras la muerte accidental de un polica y la suspensin de las negociaciones con el Gobierno, el colectivo de defensores denunci el tratamiento de guerra contra la poblacin civil, principalmente por el Escuadrn Mvil Antidisturbios (ESMAD). En uno de los puntos de concentracin, La Delfina, alertaron de situaciones de pnico, zozobra y terror psicolgico. El Comit inform que, al final de la jornada, se haban producido 200 detenciones, 45 de ellas judicializadas y la muerte de un joven estudiante por impacto de bala.

En el sector de La Delfina se registraron 15 heridos por las bombas de gases lacrimgenos (en el sector del Pial arrojadas a quemarropa) y disparos de la polica con armas de fuego (el 28 de mayo, con seis heridos graves). En los das siguientes, efectivos de la Fuerza Pblica (tambin vestidos de civil) dispararon con arma de fuego contra las comunidades, se produjeron allanamientos de viviendas campesinas sin orden judicial, ataques e invasiones a resguardos indgenas y territorios afro y el lanzamiento de gases lacrimgenos (desde un helicptero, en barrio Isla de la Paz) contra casas de madera, lo que provoc casos de asfixia severa.

A los 17 das del paro, la cifra de heridos se elevaba a 320, de los que 167 eran graves y una decena con arma de fuego. Segn la Comisin de Derechos Humanos, el centro de salud del Barrio La Independencia se llen de gases lacrimgenos lanzados por el ESMAD en los alrededores, lo que afect a pacientes y trabajadores. En el contexto de la represin, Telesur recogi unas declaraciones de la defensora de Derechos Humanos, Deyanira Estupin: Buenaventura es un territorio estratgico para la economa mundial y los pobladores estorbamos en estos territorios, que estn siendo vaciados demogrficamente para la expansin portuaria.

Tras la firma de los acuerdos en junio, en los que el Gobierno se comprometa a una inversin de cerca de 500 millones de dlares, el Comit del Paro Cvico denunci seguimientos a lderes hasta sus viviendas por individuos no identificados, adems de intimidaciones y amenazas a vctimas de la represin que tramitaban denuncias; la Comisin denunci ante la Fiscala General el caso del joven Fabin Andrs Murillo, quien haba participado activamente en el paro y el 20 de junio fue objeto de disparos y torturas policiales.

El pasado 27 de enero fue asesinado Temstocles Machado, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y uno de los dirigentes del paro; la revista Semana resalt su participacin en las marchas convocadas en Buenaventura durante los ltimos aos, contra la violencia, la pobreza o la falta de agua, as como en las reuniones con el Gobierno por el Paro Cvico. El 10 de febrero las organizaciones de defensores continuaban alertando de persecuciones y hostigamientos, sistemticos, por unidades de la polica y el Cuerpo Tcnico de Investigacin (CTI) de la Fiscala; mencionaron el ejemplo de Mara Miyela Riascos, miembro del Comit del Paro Cvico y de Pastoral Social. El sacerdote John Reyna, integrante del Comit y director de la Pastoral Social de Buenaventura, fue amenazado de muerte, al igual que los lderes sociales Orlando Castillo y William Mina.

En el paro de mayo y junio particip de manera destacada el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia. En 1992 se celebr en Tumaco (Nario) la primera Asamblea Nacional de Comunidades Negras. Segn su pgina Web, el PCN se organiza en tres equipos de trabajo Medelln, Bogot y Magdalena Medio- y cuatro Palenkes (comunidades de los esclavos negros huidos de las haciendas). Entre los principios del PCN destaca la reafirmacin de la identidad cultural, la defensa de los territorios ancestrales y la reparacin histrica por el crimen de lesa humanidad que implic la esclavitud y sus secuelas (algunas fuentes apuntan que entre los siglos XV y XVI ms de 12 millones de esclavos fueron desplazados de frica a Amrica). Mary Cruz Rentera Mina, coordinadora del Equipo de Gnero y Generacin del Palenke Regional El Kongal (Buenaventura), particip en un Encuentro de Defensoras organizado en Valencia por la ONG Alianza por la Solidaridad. En Colombia se asocia la mujer negra a persona incapaz, que baila bonito, sirvienta y smbolo sexual; sin embargo nosotras trabajamos, nos organizamos para la participacin y cuidamos a las familias con la sabidura que nos ensearon nuestras abuelas, afirma; cada da ms mujeres son vctimas de la violencia sexual en los hogares.

En el periodo 2010-2015, durante el conflicto armado, 835.437 mujeres fueron vctimas de algn tipo de violencia sexual en Colombia, segn la encuesta de la campaa Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra (2017); Buenaventura se situaba, tras Medelln, como la ciudad con mayor prevalencia. El informe realizado por 14 ONG y asociaciones de mujeres concluye que las mujeres negras y las menores de 24 aos son las que presentan mayor riesgo. Otro dato significativo es que el 78% de las vctimas no denunciaron las agresiones. Hay prcticas que proceden del conflicto, subraya Mary Cruz Rentera; por ejemplo mujeres negras a las que empalan, cortan los senos y desaparecen, y peor an si son lideresas.

La activista del PCN recuerda casos de sealamientos, secuestros y desapariciones como el de la lideresa afrodescendiente en el Consejo Comunitario del Ro Cajambre (Buenaventura), Ana Julia Rentera, y su marido en 2011; se la llevaron un da en la vereda Guayabal y no sabemos nada de ella, se opona a la minera ilegal. O la detencin -ordenada por la Fiscala General de la Nacin, el pasado 20 de abril- de Tulia Maris Valencia y su hija Sara Liliana Quionez, lideresas en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (CCAMF) en el municipio de Tumaco, integrantes del PCN y desplazadas forzosas en Cali.

Se da la circunstancia que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haba otorgado, un mes antes, medidas cautelares de proteccin a la Junta de Gobierno del CCAMF, al estar considerada objetivo militar por grupos ilegales. Es mentira que Colombia sea hoy un territorio de paz, concluye Mary Cruz Rentera. El instituto Indepaz contabiliz 173 asesinatos de lderes sociales durante 2017 en Colombia, por 116 el ao anterior. En el primer trimestre de 2018 fueron 56 los defensores y lderes asesinados. Entre otras, Yolanda Maturana, liquidada por unos encapuchados en su casa del municipio de Pueblo Rico (Risaralda); fue presidenta de la Asociacin de Amigos de la Fauna y la Flora (AFOAS) y denunci la minera ilegal en el Choc y la contaminacin de las fuentes de agua.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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