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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-08-2018

La bomba ambiental de Piera

Francisco Herreros
Red Digital


Conforme al plan de entablar pocas legislaciones, pero relevantes para completar el modelo de neoliberalismo estratgico, Piera acaba de despachar el proyecto que busca modernizar el Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, y la institucionalidad ambiental.

Con la astucia y desvergenza habituales en Piera, el proyecto declara como objetivos reducir del componente poltico en el procedimiento de calificacin ambiental; ampliar los espacios de participacin ciudadana; permitir mayor acceso a la justicia ambiental y solucionar aspectos histricamente controversiales, cuando en realidad su propsito apunta a despejar el camino a la inversin en proyectos de naturalez bsicamente extractivista.

La historia oficial

El boletn informativo de la Cmara de Diputados seala de modo textual:

El proyecto del Gobierno que viene a modernizar el Sistema de Evaluacin Ambiental (SEIA) fue formalmente ingresado a trmite legislativo a la Cmara de Diputados y dado a conocer en la cuenta de la Sala de la Corporacin en el da de hoy.

La iniciativa legal contempla entre sus normas una reduccin del componente poltico en el SEIA, la ampliacin de los espacios de participacin ciudadana y un acceso igualitario a la justicia ambiental.

El mensaje presidencial reconoce la importancia del SEIA como instrumento de gestin ambiental en Chile, especialmente al incorporar esta temtica a los proyectos o actividades que deben ser evaluados. Pero observa, sin embargo, que a 20 aos de su entrada en vigencia y a ocho de la ltima gran reforma, su institucionalidad ha cado en la crtica ciudadana.

La propuesta (boletn 11952) se plantea modernizar el SEIA, introduciendo normas que garanticen el desarrollo sustentable, promueva la participacin ciudadana y entregue mayor confianza a todos los actores de la sociedad.

Tal como se indica en el proyecto de ley, un primer objetivo es acortar al mnimo las instancias de decisin poltica, modificando para ello la conformacin de la Comisin de Evaluacin Ambiental de naturaleza regional. As se plantea crear tres comisiones macrozonales integradas por autoridades conocedoras de las materias sobre las que debern pronunciarse y por actores tcnicos, restringiendo el factor poltico.

Otra modificacin busca elevar el estndar tcnico de los procesos de evaluacin por medio de la creacin de tres direcciones macrozonales: Norte, con sede en Antofagasta; Centro, con sede en Santiago; y Sur, con sede en Valdivia.

Adems, se elimina la instancia de reclamacin ante el Comit de Ministros o el director ejecutivo del Servicio de Evaluacin Ambiental, contemplndose un recurso de reclamacin judicial ante los tribunales ambientales; y se establece un recurso de aclaracin especial, para efectos que los proponentes de proyectos y la ciudadana que particip en el procedimiento puedan acudir ante el mismo rgano que dict el acto, a fin de aclarar pasajes obscuros del acto administrativo.

El proyecto tambin contempla la ampliacin de los espacios de participacin ciudadana y procura un acceso igualitario a la justicia ambiental.

Hasta aqu, el boletn generado por el departamento de comunicaciones de la Cmara de Diputados. Representa, por as decirlo, la historia oficial.

Extractivismo de contrabando

Sin embargo, tratndose de un proyecto estratgico de Piera, es ms importante lo que oculta que lo que dice.

En primer lugar, es verdad que la institucionalidad ambiental ha cado en el descrdito ciudadano. Pero es necesario precisar la naturaleza y la direccin de la crtica.

Los empresarios se irritan ante cualquier dictamen de la institucionalidad ambiental que afecte sus intereses, y le enrostran resoluciones de motivacin poltica, que perjudican la inversin, el desarrollo, y por supuesto, la generacin de trabajo. En sus furibundas invectivas y declaraciones, jams mencionan los derechos atropellados, el deterioro de la calidad de vida y las prdidas econmicas de comunidades y organizaciones sociales cuya cultura, costumbres y economa son trituradas por los los grandes proyectos extractivistas.

La crtica de las comunidades y organizaciones sociales, por el contrario, acusa a la institucionalidad ambiental por flccida, pro empresarial y remisa de su obligacin de proteger el medio ambiente y los derechos econmicos polticos y sociales de las personas, comunidades y organizaciones locales, en los lugares donde se instalan los proyectos.

Esta confrontacin ser inevitable; ms bien es su consecuencia, mientras persista en el pas el actual modelo de desarrollo, extractivista, monoplico, rentista y exportador de recursos naturales, sin adicin nacional de valor por medio de la industrializacin y el trabajo complejo.

En segundo lugar, es relevante consignar que el tema ambiental es abordado por siete de las doce medidas pro inversin anunciadas por Piera, con pompa y cara de circunstancia, el pasado 14 de mayo; entre ellas tres relativas a la modernizacin del Servicio de Evaluacin, SEA.

Estas son:

Reducir significativamente los tiempos de aprobacin de los proyectos de obras hidrulicas que hoy da toman aos, evitando la innecesaria doble aprobacin por unidades del mismo ministerio, como es el caso de la Direccin de Aguas y la Direccin de Obras Hidrulicas.

Permitir que se constituyan garantas, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones martimas.

Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas que hoy da toma mucho tiempo y a veces genera mucha incertidumbre.

Permitir que Sernageomin mantenga actualizado el catastro de concesiones mineras usando las publicaciones de los boletines oficiales de minera de forma tal de que todos sepan cuales son las concesiones mineras que estn otorgadas o en trmite.

Permitir que los planes de prevencin y descontaminacin puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes para que se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigacin en aquellas fuentes que son las ms dainas.

Facilitar al Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no estn fundados para evitar que esta proliferacin de opiniones sin fundamentos que a la larga lo nico que hace es que a los proyectos de inversin les tome aos poder lograr los necesarios permisos de evaluacin ambiental.

Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluacin ambiental puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente para saber si es pertinente o no dicha evaluacin

Reforzar al SEA con una ventanilla nica respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar para la evaluacin de un proyecto de inversin y no tener ventanillas mltiples muchas veces contradictorias que dificultan y encarecen la inversin en nuestro pas.

El solo enunciado de las medidas denota la intencin de remover obstculos de ndole ambiental a la inversin, a pretexto de proteger el medio ambiente o ampliar los espacios de participacin ciudadana; o si se prefiere, desarrollo sustentable en clave pierista.

La primera revisin del proyecto ratifica de manera rotunda su intencionalidad instrumental de fomento de la inversin, mediante una compleja y vasta maniobra que, adems de desactivar la actual institucionalidad ambiental, apunta a:

a) apartar toda intervencin pblica en el terreno ambiental, y concentrarla en tres direcciones macroregionales, dotadas de facultades casi omnmodos, contra cuyas resoluciones es de dificultad extrema recurrir o apelar, como no sea en el rbitraje descrito en el punto c;

b) neutralizar la participacin ciudadana, mediante la alambicada figura de participacin anticipada, que la circunscribe a un dilogo inicial obligatorio, que puede convocar el proponente es decir, la empresa, cuyo producto final es un documento sin ningn poder vinculante; que primero debe aprobar la direccin macrozonal correspondiente, y ratificar el Tribunal Ambiental, luego de lo cual el empresario o inversor queda en posesin de una Resolucin de Calificacin Ambiental casi inexpugnable;

c) dejar librados los conflictos entre las empresas y las comunidades a los tribunales ambientales; instancia arbitral que el proyecto del Gobierno eleva a rganos con las condiciones jurdicas y tcnicas necesarias para resolver esta clase de controversias, tambin de extremadamente compleja apelacin, y

d) convertir una Resolucin de Calificacin Ambiental favorable en un derecho prcticamente inalienable.

De aprobarse esta agresiva legislacin, los impactos del extractivismo en el medio ambiente quedarn patentados por ley, ante la impotencia ciudadana.

En este primer embate, resta por ver si la estrategia pre-legislativa de Piera ya cuenta, sotto voce, con los votos precisos para aprobarla, provenientes de sectores neoliberales y conservadores de partidos denominados y autodefinidos como de centroizquierda.

Impostura neoliberal

La naturaleza pro empresarial y la filosofa neoliberal del proyecto se advierten desde los primeros antecedentes que lo fundamentan, ejemplo de lo cual es este prrafo de antologa:

La consagracin del derecho de propiedad reconocido en la Carta Fundamental, de que la conservacin del patrimonio ambiental constituye uno de los aspectos de la funcin social de la propiedad, y por tanto se pueden imponer limitaciones al dominio en razn de ella.

En otras palabras, concibe la institucionalidad ambiental en relacin de subordinacin con el derecho de propiedad.

En segundo trmino, resalta el ataque sistemtico a lo poltico, en oposicin a la apologtica exaltacin de lo tcnico, concepcin maniquea y a histrica, que a pesar de su ausencia de fundamentos y comprobacin emprica, caracteriza e impregna a todas las legislaciones de cuo neoliberal, partiendo por las modernizaciones de principios de la dcada de los 80, principalmente en educacin, trabajo, salud y previsin, que estn en la base de los conflictos sociales del Chile actual.

De hecho, la retrica de este proyecto de Sebastin Piera es esencialmente idntica a la utilizada por su hermano Jos, autor de tres de esas modernizaciones.

Esta supuesta relacin antittica entre lo poltico y lo tcnico es uno de los fundamentos conceptuales de la arquitectura ideolgica del neoliberalismo. En ella, lo poltico representa lo perverso, lo arbitrario y lo ineficiente. En contraste, lo tcnico aparece revestido de cualidades como neutralidad, idoneidad y eficiencia.

El examen crtico de esta mistificacin neoliberal muestra dnde apunta y qu implica.

Primero, se encuadra dentro de los ensimos mecanismos, legislaciones y medidas administrativas, para alejar al Estado, y al aparato pblico en general, de la actividad econmica, a pretexto del crecimiento, la inversin y la eficiente asignacin de recursos. En trminos marxistas, se trata de un amplio repertorio de disposiciones que tienen por objeto remover cualquier obstculo a la libre acumulacin del capital.

Enseguida, se trata del secuestro de la democracia, a cambio de la promesa del desarrollo, que a semejanza de la metfora de El Castillo de Kafka, ms se aleja conforme mayor empeo en acercarse.

En efecto, lo que para los neoliberales constituye peyorativamente la categora de lo poltico, para la democracia representativa es el corolario del sufragio universal, en la medida en que elige los cargos pblicos por votacin popular; a la inversa del mbito de lo tcnico, que no elige nadie, aparte del tiempo que le toma al sistema acadmico conferirle esa distincin; esplndidamente remunerada por los intereses que sirve, y por tanto, subordinado a ellos de manera irrevocable.

En tercer lugar, es una impostura entre absurda y bastarda, sin ningn correlato con el mundo real.

Por definicin, toda norma, medida, legislacin o resolucin que afecte el inters de una comunidad, cualquiera sea su alcance, es esencialmente poltica; por encima de lo tcnico, cualquiera sea su complejidad. A la inversa, ninguna ley, disposicin u ordenanza, adoptada en nombre de la razn tcnica, dejar de influir en -y estar condicionada por- la esfera poltica.

En un ejemplo pertinente al tema, por cuanto es sabido que Piera tiene inters directo en l, una Resolucin de Calificacin Ambiental favorable al proyecto Dominga, en la nueva institucionalidad ambiental, por ms que se justifique y encubra en la razn tcnica, no dejara de ser esencialmente poltica, y en este caso, por partida doble.

En el texto del proyecto, esta falacia aparece en varios prrafos; a saber:

Que la calificacin ambiental de los proyectos se decida en instancias consideradas netamente polticas, como el Comit de Ministros, ha terminado por minar toda aspiracin de que los procesos de evaluacin de impacto ambiental se realicen en base a consideraciones eminentemente tcnicas (pg. 2).

Acto seguido:

En los ltimos aos hemos visto como la falta de confianza en el SEIA ha hecho que la ciudadana y los titulares de proyectos consideren que, en algunos casos, las resoluciones de calificacin ambiental aprueban o rechazan proyectos por razones que no son estrictamente tcnicas, o bien, estiman que los proyectos son aprobados sin considerar suficientemente la opinin de las comunidades o sin realizar una acabada evaluacin de todos los impactos que se producirn en el medio ambiente.

A mayor abundamiento:

Ya en el mensaje de la ley N 20.417 se hizo referencia a similares deficiencias de la institucionalidad ambiental en su generalidad, sealando en lo que se refiere al SEIA, dificultades en cuanto a i) la intervencin de la autoridad poltica en cuestiones que son eminentemente de decisin tcnica, como tambin ii) a nivel regional, la institucionalidad ambiental ha sido contradictoria con el modelo transversal (pg. 4).

Sin otro fundamento que los prrafos citados, el mensaje del proyecto formula el primero de sus cuatro objetivos en los siguientes trminos:

i) reducir del componente poltico en el procedimiento de calificacin ambiental (pag. 4).

Los otros objetivos son, segn el texto del proyecto:

ii) ampliar y mejorar los espacios de participacin ciudadana; iii) permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental; y, iv) solucionar legalmente aspectos histricamente controversiales.

Enseguida:

Como bien se ha sealado, uno de los problemas que ciertas instituciones pblicas deben enfrentar, radica en que decisiones de carcter tcnico se adoptan dentro de un marco discrecional, por instituciones con una fuerte constitucin poltica(pg 5).

La reduccin del componente poltico en el SEIA se persigue por varas vas, tanto explcitas como implcitas. Entre las primeras:

Acotar al mnimo esas instancias de decisin poltica, modificando la conformacin de la Comisin de Evaluacin Ambiental de naturaleza regional, en tres comisiones macrozonales conformadas por autoridades conocedoras de las materias sobre las que debern pronunciarse, y por actores tcnicos, restringiendo el factor poltico.

Este prrafo equivale a una confesin de partes: las decisiones ambientales, si el proyecto de Piera se transforma en ley, las tomarn autoridades designadas -y no electas, como se ver a continuacin- dos profesionales seleccionados a travs del Sistema de Alta Direccin Pblica, y un miembro designado por el Presidente de la Repblica.

El hecho de que las autoridades y el representante del Presidente, sean designados por el Poder Ejecutivo, la mayor instancia de la administracin del Estado, electa por sufragio universal, bastara para desvirtuar la ridcula pretensin de disociar la esfera de la poltica, y reemplazarla por la decisin tcnica.

Centralizacin en nombre de la descentralizacin

En virtud del artculo 84, el Servicio de Evaluacin Ambiental se dividir territorialmente en tres direcciones macrozonales:

La Direccin Macrozonal norte, tendr asiento en la comuna de Antofagasta y tendr competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapac, de Antofagasta, de Atacama y Coquimbo.

La Direccin Macrozonal centro, con asiento en la comuna de Santiago, tendr competencia territorial en las regiones de Valparaso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo OHiggins y del Maule.

La Direccin Macrozonal sur, con asiento en la comuna de Valdivia, tendr competencia territorial en las regiones del uble, Biobo, de La Araucana, de Los Ros, de Los Lagos, de Aysn del General Carlos Ibez del Campo, y de Magallanes y de la Antrtica Chilena.

El artculo 86 establece que los proyectos sern calificados por una Comisin de Evaluacin Macrozonal, presidida por el Director Macrozonal, e integrada por el Gobernador Regional, el Secretario Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente y el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Economa, Fomento y Turismo de la regin en que se ejecutar el proyecto; dos profesionales seleccionados a travs del Sistema de Alta Direccin Pblica, y un miembro designado por el Presidente de la Repblica.

La nica autoridad elegida en votacin democrtica que participar en las decisiones ambientales, es el futuro Gobernador Regional, que reemplazar al Intendente cuando la ley de descentralizacin administrativa entre en rgimen.

Uno de los dos profesionales deber tener ttulo de abogado, haber ejercido la profesin, a lo menos, diez aos y haberse destacado en la actividad profesional o acadmica especializada en materias de Derecho Administrativo o Ambiental; el segundo de ellos, ser un licenciado en Ciencias con especializacin en materias medioambientales y deber contar con, a lo menos, diez aos de ejercicio profesional en materias relativas al medio ambiente.

El integrante designado directamente por el Presidente de la Repblica, ser de su exclusiva confianza.

La competencia de estas direcciones macrozonales es omnmoda y excluyente. El inciso 1 del artculo 1 seala:

Todos los permisos ambientales sectoriales que de acuerdo con la legislacin vigente deban emitir los rganos de la Administracin del Estado respecto de proyectos sometidos al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, sern otorgados por la Comisin de Evaluacin Macrozonal establecida en el artculo 86, mediante la Resolucin de Calificacin Ambiental favorable que as lo disponga, quedando exentos de toda otra tramitacin sectorial posterior (pag 10).

Como es frecuente, tratndose de cualquier cosa que provenga de Piera, resalta un notable divorcio entre lo que se dice y lo que se hace.

As, esta fuerte concentracin del Servicio de Evaluacin Ambiental se justifica en nombre de la descentralizacin y una desconcentracin territorial eficiente (pag. 6); mientras que como ventajas de sta, el proyecto enumera la eliminacin de factores de disparidad en los criterios y tendiendo, de aquella manera, a la tecnificacin y, en consecuencia, una mejor administracin del SEIA; en tanto que la calificacin de un mayor nmero de proyectos de la misma naturaleza, permitir a los funcionarios de cada macrozona alcanzar una mayor especializacin sobre la materia, y adoptar criterios uniformes para la evaluacin y calificacin de stos (pg 7).

Esa argucia justificativa ser difcil de lograr, teniendo en cuenta que las disposiciones presupuestarias del proyecto informan que la planta de personal del Sistema de Evaluacin Ambiental se reducir a 30 funcionarios a nivel nacional cuando entre en rgimen, a partir del tercer ao de la publicacin de la ley, 10 por cada direccin macrozonal.

Otra modificacin en orden a alcanzar el objetivo de reducir la pretendida injerencia poltica en el SEIA a su mnima expresin, es la eliminacin de la instancia recursiva administrativa dispuesta en la ley N 19.300; lo cual implica la supresin de la instancia de reclamacin ante el Comit de Ministros o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluacin Ambiental, y se reemplaza por recurso de reclamacin ante los tribunales ambientales, cuyas implicanciones se analizarn cuando corresponda.

Como seala Francisco Cabrera, Presidente de la Federacin de Trabajadores del Medio Ambiente, en una columna de opinin, al revs de lo que plantea el mensaje, el proyecto implica la eliminacin de las direcciones regionales, es decir, la desaparicin del nico contrapeso de carcter tcnico a la decisin poltica dentro del proceso de evaluacin ambiental:

Se trata de la eliminacin de una historia de ya ms de veinte aos, desde donde han madurado una serie de profesionales que se han transformado en especialistas en las diferentes materias de evaluacin. De dnde recopilar la informacin para la evaluacin de proyectos la Oficina Macrozonal si no es de esos especialistas, que no solo lo son respecto de diferentes disciplinas profesionales, sino que tambin son conocedores del territorio, de su dinmica, sus actores, sus problemas? Se pretende externalizar este trabajo? El proyecto no lo deja para nada claro, pero la instalacin de esta incertidumbre es por s sola una mala seal.

Blindaje de las Resoluciones de Calificacin Ambiental

Con la misma finalidad, el texto del proyecto se limita a amontonar obstculos a cualquier otra autoridad administrativa que no sean las tres direcciones macrozonales, en el control y supervisin de las consecuencias ambientales de un proyecto de inversin.

Tras un nivel de detalle en la redaccin del proyecto, abrumador y desusado, si es que no indito, aparecen disposiciones como estas, orientadas a blindar las Resoluciones de Calificacin Ambiental:

En contra de la Resolucin de Calificacin Ambiental slo proceder reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental (pag. 17).

En cuanto a los recursos administrativos, slo proceder el recurso de aclaracin o rectificacin que podr presentar el titular de un proyecto o actividad ante la Direccin Ejecutiva del Servicio dentro de los treinta das siguientes a la notificacin de la resolucin cuya aclaracin o rectificacin se solicita, con el slo fin de realizar una revisin material y de congruencia que permita aclarar la resolucin recurrida en esos trminos, sin que ello importe una revisin de la evaluacin de impacto ambiental (ibdem).

Artculo 17.- Los rganos de la Administracin del Estado no podrn, ya sea de oficio o peticin de interesado, ejercer la potestad invalidatoria del artculo 53 de la ley N 19.880 respecto de las resoluciones de calificacin ambiental, de las resoluciones que resuelvan el procedimiento del artculo 25 quinquies, as como cualquier otra resolucin dictada dentro del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (pg. 15).

El objetivo evidente de este complejo entramado legal apunta a dificultar en grado extremo, si es que no eliminar, y en todo caso disuadir, la revisin de una Resolucin de Calificacin Ambiental.

Aunque el texto no lo menciona expresamente, el destinatario evidente de esta poda de poderes de fiscalizacin y control, es la Superintendencia del Medio Ambiente, el ms poltico de los organismos pblicos encargados de proteger el medio ambiente, dotado de facultades fiscalizadoras y sancionatorias.

En trminos simblicos, el hecho de que, pese a su importancia dentro de la institucionalidad ambiental, aparezca mencionada solo tres veces en el proyecto, y en todas ellas, en un rol subordinado, es suficientemente ilustrativo. A modo de ejemplo:

Artculo 25 quinquies: La Resolucin de Calificacin Ambiental que calific ambientalmente favorable una Declaracin o un Estudio de Impacto Ambiental, podr ser revisada, excepcionalmente, a peticin del titular o de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando ejecutndose el proyecto, las variables ambientales evaluadas en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental y de acuerdo al monitoreo efectuado, hayan resultado en alguno de los efectos, caractersticas o circunstancias contemplados en el artculo 11 de la presente ley, o bien, en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental, cuando las variables ambientales, sean o no parte del plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relacin a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones (pg. 17).

En trminos prcticos, si a eso se reducen sus facultades, es evidente que queda fuera de juego.

Placebo de participacin

Conforme a la tcnica habitual de Piera, de invertir el sentido de lo que dice, en funcin de lo que hace, o viciversa; en el segundo objetivo declamado en el proyecto, ampliar y mejorar los espacios de participacin ciudadana, la suplantacin de soberana popular se encubre bajo una, por decir lo menos, peculiar participacin ciudadana anticipada, instancia formalmente recargada, pero desprovista de capacidad decisoria.

El texto del proyecto la presenta como uno de sus elementos ms innovadores.

Respecto de su inspiracin, el texto declara que busca avanzar en la concrecin del Principio 10 de la Declaracin de Ro sobre Medio Ambiente y Desarrollo el cual establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participacin de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda, y agrega:

Los Estados debern facilitar y fomentar la sensibilizacin y la participacin de la poblacin poniendo la informacin a disposicin de todos.

El proyecto toma tan a pecho esta participacin anticipada, que la torna obligatoria. As, el artculo 25 octies, establece:

Los proyectos o actividades en que la intencin del proponente sea evaluarlos a travs de un Estudio de Impacto Ambiental, debern someterse a una etapa de participacin ciudadana en forma previa a su ingreso al procedimiento de evaluacin ambiental, lo cual deber ser informado al Servicio de Evaluacin Ambiental, y que tendr por objeto generar un proceso de dilogo temprano entre comunidad y proponente, con la finalidad de generar un acta y eventuales acuerdos como resultado de dicha participacin, todo lo cual deber ser incorporado en un documento denominado Trminos de Referencia Ambientales, los que servirn de base para la preparacin y presentacin del Estudio de Impacto Ambiental respectivo, que deber someterse al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, conforme a las reglas de la presente ley (pag. 19).

Resalta de inmediato la intencin de reducir el conflicto ambiental a la relacin institucional ultra normada y estandarizada, entre el proponente, lase el empresario o el inversor, y la ciudadana, concepto que implica mltiples identidades e intereses; como si fuera una relacin de entre iguales, con la misma capacidad de negociacin.

En esencia, el mismo subterfugio discursivo mediante el cual el capital subyuga al trabajo, incluso a la cuadra de la etapa histrica actual.

La orientacin de la medida emerge con esta, no ya peculiar, sino extravagante disposicin:

Una vez expresada por el proponente la decisin de sometimiento a la etapa de Participacin Ciudadana Anticipada, la realizacin ser obligatoria.

Una contradiccin que oscila entre el diablo con piel de oveja y el lobo vendiendo cruces.

El artculo 25 decies agrega:

El proponente deber publicar en el Diario Oficial y en un diario o peridico de la capital de la regin o de circulacin nacional, segn sea el caso, una convocatoria para participar en la primera reunin. Desde la ltima publicacin previamente indicada, comenzar a regir el plazo para la participacin ciudadana anticipada, el que no podr ser mayor a 18 meses.

O sea, las comunidades y sus organizaciones dispondrn como plazo mximo un plazo de ao y medio para darse por notificados del dilogo impuesto por una contraparte que no han buscado, conocer el problema, estudiarlo, entenderlo, ponerse de acuerdo, negociar intereses locales y/o inmediatos, establecer una estrategia y participar en estos dilogos con un proponente que sabe lo que quiere y como lograrlo, y por tanto impone los tiempos de este dilogo temprano, incluyendo, desde luego, la fecha de la convocatoria.

El incordio concluye en un ampuloso documento denominado Trminos de Referencia Ambientales, que debe observar el siguiente protocolo:

a) La descripcin de la propuesta inicial del proyecto o actividad;

b) Una sistematizacin de las actuaciones efectuadas;

c) Listado de los participantes o sus representantes, segn corresponda;

d) Las materias identificadas como de importancia ambiental por los organismos que participaron en la etapa y sus recomendaciones para la evaluacin;

e) Las preocupaciones manifestadas por los actores involucrados;

f) El listado de comunidades identificadas en el rea de eventual impacto de la propuesta inicial del proyecto o actividad;

g) El resultado de la etapa de Participacin Ciudadana Anticipada con sus eventuales acuerdos voluntarios;

h) Las eventuales modificaciones efectuadas por el Proponente a su propuesta inicial de proyecto o actividad luego de la etapa de Participacin Ciudadana Anticipada, incluyendo localizacin, diseo, tecnologa u otros y;

i) El aporte econmico y social del proyecto definitivo que se va a presentar a evaluacin, as como su contexto ambiental.

Dos aspectos resaltan de ese listado.

Primero, el punto g) aclara que los acuerdos son voluntarios, pero, en lo principal, el punto i) cuando formaliza el aporte econmico y social del proyecto, lo que hace es mercantilizar la relacin entre el proponente y las comunidades. Y cuando eso sucede, gana el proponente, por definicin.

Ese es, precisamente, el motivo de tanta diligencia del proponente para iniciar el proceso de participacin ciudadana anticipada.

En primer lugar, para encapsular la participacin ciudadana en un procedimiento formalmente irreprochable, pero con una capacidad de empuje menor a la de un tallarn cocido, por parafrasear a Keynes.

Luego, para reducir la participacin ciudadana a la suscripcin del documento, y separarla de las instancias decisorias; escenario exclusivo de las direcciones macrozonales y los tribunales ambientales.

Esto queda patentado en el segundo prrafo del artculo 25 decies:

La Participacin Ciudadana Anticipada, concluir con un acta suscrita entre los representantes de los partcipes de la etapa que contenga eventuales acuerdos como resultado de dicha participacin y los desacuerdos, en caso que los hubiere, lo que deber ser incorporado en un documento denominado Trminos de Referencia Ambientales.

El siguiente acpite contribuye a aclarar cualquier duda sobre la orientacin del proyecto:

Una vez protocolizados, los Trminos de Referencia Ambientales, debern ser elevados en consulta al tribunal ambiental competente para su autorizacin. Una vez autorizados, el documento protocolizado y la copia autorizada de la resolucin del tribunal ambiental, debern ser presentados ante el Servicio de Evaluacin Ambiental, para su registro y conocimiento, del cual se publicar su extracto en el Diario Oficial (pg 21).

Y eso sera todo. Hasta ah llega la participacin ciudadana.

El documento Trminos de Referencia Ambientales, es exactamente eso, una referencia entre muchos antecedentes, que no obliga ni condiciona las decisiones de los organismos competentes; es decir, la Comisin de Evaluacin Macrozonal y los Tribunales Ambientales,.

Ms an, cuando el blindaje concebido para eludir el control administrativo pblico opera con tanta o mayor eficacia contra la participacin ciudadana real.

Sin perjuicio, naturalmente, de la desigualdad esencial de una relacin social, donde el proponente tiene el monopolio de la informacin, disgrega a la comunidad mediante su capacidad de cooptacin, y dispone de ilimitados recursos tcnicos y financieros para litigar en tribunales, lo cual inclina en su favor la balanza de la tuerta y macilenta diosa de la justicia chilena, en proporciones estadsticamente abrumadoras.

El procedimiento es tan seguro, desde el punto de vista de los intereses que busca privilegiar el proyecto, que se abre a cualquier proceso de evaluacin ambiental, sea que ingrese al SEIA va Declaracin o Estudio de Impacto Ambiental. El texto lo proyecta como la ampliacin de la participacin ciudadana en materias ambientales:

De esta manera, se elimina una de las ltimas restricciones existentes, que circunscriba la participacin solo a las Declaraciones de Impacto Ambiental con cargas ambientales (pg 9).

En el caso de una ms que probable decisin ambiental favorable al extractivismo, las comunidades afectadas podrn patalear lo que quieran, pero estar formalmente establecida su participacin en el proceso, lo cual reducir sustancialmente la legitimidad de sus alegaciones, cualquiera sea la tribuna; tanto ms cuanto que en la mayora de los casos, los conflictos ambientales generan divisiones y disputas por intereses contrapuestos en las comunidades, a menudo incentivados y estimulados por el proponente, que distribuye bulas, granjeras, prebendas y sinecuras a aquellas personas u organizaciones que se abanderan tras el proyecto, las ms de las veces a pretexto de las fuentes de trabajo.

Sobre este proceso de participacin anticipada, reflexiona Cabrera:

Quin ser el garante para que ese proceso de PAC anticipada no se transforme en un sistema de trueque y de ofertas monetarias entre el titular del proyecto y comunidades con precarios sistemas de vida? Cmo podremos asegurar que no habr compra de dirigentes vecinales para favorecer determinado proyecto? Sobre quin garantizar que dicha PAC anticipada se preocupe de la evaluacin ambiental de los proyectos y de la proteccin ambiental del territorio, la propuesta es menos clara an, dejando, de nuevo, al nico organismo especializado que puede hacerse cargo de esta materia, el Servicio de Evaluacin Ambiental, postergado a un segundo plano.

Y si la opinin de la ciudadana es tan importante a travs de la PAC, por qu esta no se define como vinculante o, por lo menos, se define algn instrumento en donde la ciudadana pueda instalar su opinin? Eso sera pensar en una solucin de fondo.

Sin embargo, lo que est detrs de la propuesta no es darle ms atribuciones y derechos a la ciudadana para que incida en la elaboracin de los proyectos, sino que el enfoque del Gobierno est puesto en darles ms facilidades a los inversionistas para acelerar la implementacin de sus proyectos y agilizar sus trmites, independientemente de la calidad de estos. Aqu radica la preocupacin del Comit de Ministros. Sus verdaderas intenciones no estn puestas en otorgarle gobernanza al territorio, sino que en terminar con los dolores de cabeza que le da la participacin ciudadana a los inversionistas.

Algn defensor del proyecto postular ue aquel sector que se sienta perdedor, puede recurrir a los tribunales ambientales. Seguro, pero eso mismo puede hacerlo hoy, de forma que en ese aspecto, el proyecto de Piera no quita ni pone rey.

Circula la leyenda acerca de cierto antagonismo entre los hermanos Jos y Sebastin Piera. Pero, ms all de frivolidades farandulescas, de ndole familiar, muestran una indiscutible sintona y versacin en todas las asignaturas que configuran el neoliberalismo estratgico.

Entre ellas, la capacidad de prestidigitacin que oculta la acumulacin por desposesin descrita por Harvey, en nombre del crecimiento, la inversin, la oferta de trabajo y el bienestar de las familias.

De aprobarse la ley, producto de esta esta tcnica importada a Chile por los hermanos Piera, y por virtud de la paradoja, la participacin ciudadana terminar convertida en el elemento legitimador de los mega proyectos extractivistas que destruirn su calidad de vida.

La judicializacin del conflicto ambiental

El tercer objetivo declarado en el proyecto, permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental, consiste bsicamente en desplazar facultades fiscalizadoras y sancionatorias desde el modelo de autoridad supervisora hacia los tribunales ambientales:

Se elimina la instancia de reclamacin ante el Comit de Ministros o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluacin Ambiental, contemplndose un recurso de reclamacin judicial ante los tribunales ambientales, para que sean estos rganos, creados especialmente con las condiciones jurdicas y tcnicas necesarias para resolver esta clase de controversias, los llamados a resolverlas. As, la decisin final quedar en manos de un tercero imparcial, dotado de los conocimientos necesarios, y que han logrado reconocimiento por el trabajo que han desempeado todos estos aos (pg 7).

Se crea un recurso de reclamacin directo ante los tribunales ambientales, para cualquier persona que se sienta directamente afectada en un inters legtimo ambiental, de carcter especfico, producto de la dictacin de una resolucin de calificacin ambiental. Adems, se permite recurrir de reclamacin ante cualquier acto administrativo de carcter ambiental en donde la ley que regule dicho instrumento establezca un reclamo de ilegalidad. De esta forma, se consagra el recurso de reclamacin ante los tribunales ambientales como la va recursiva idnea, resolviendo las controversias suscitadas con la dictacin de la ley N20.600 al respecto, relativas al criterio jurisprudencial de la invalidacin propia e impropia (pg 10).

El papel preponderante que la estrategia de Piera le asigna a los tribunales tambin asoma en el hecho de que la jurisdiccin territorial de las direcciones macrozonales replica y se superpone a la de los tribunales ambientales.

Es fcil deducir la intencin y el sentido de la maniobra.

Condicionado por una doctrina positivista en grado de fundamentalismo, y una legislacin erigida en funcin de la defensa del derecho de propiedad, el Poder Judicial chileno ha sido un aliado histrico y estratgico del bando conservador, las fuerzas del estatus quo, los partidos de derecha, los gremios empresariales, las cpulas uniformadas, los prelados religiosos, los poderes fcticos, la academia neoliberal y el sistema meditico.

As, no es extrao que el mismo da en que se redactaban estas lneas, uno de los diarios del duopolio se condola de que el monto de inversin privada ingresada a trmite ambiental retrocedi en 62% en el primer semestre, respecto de ao anterior.

Evidentemente, Piera confa en que la judicatura ambiental no ser la excepcin. Para los intereses que representa, posee varias ventajas que justifican la eleccin.

En primer lugar, opera sobre el mito legitimador del principio de igualdad ante la ley. Luego, es formalmente independiente. Y tercero, es un rgano tcnico, en el sentido de Piera; no sujeto a las reglas del juego democrtico, y que reproduce sus autoridades de modo autnomo.

En la tradicin marxista, el Poder Judicial es el instrumento del Estado para preservar el dominio del capital.

Cualquier analisis honesto, debe admitir que, en los tribunales chilenos, existen diversas condiciones, prcticas, hbitos y subterfugios que anulan en los hechos el principio de igualdad ante la ley.

De compleja estructura tcnica y conceptual, y con un ancho campo de interpretacin subjetiva, es evidente que en, el mbito judicial, salen favorecidos los litigantes de mayores recursos, que pueden pagar los mejores abogados y especialistas, pre constituir pruebas, sobornar testigos, comprar imagen favorable, aceitar periodistas e incluso corromper policas y funcionarios del Poder Judicial.

Una especie de deja vu de que todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos ms iguales que otros, Orwell dixit.

Basta para demostrarlo la escandalosa impunidad en los casos Penta y SQM, donde hasta el Ministerio Pblico prest la colaboracin necesaria para garantizar la impunidad de esos delitos de cuello y corbata, acaso entre los ms graves y escandalosos de nuestra historia republicana.

Desde el momento en que arbitra el derecho de propiedad, trabaja en los hechos para la clase poseedora, lo cual tambin anula su supuesta independencia.

En el mayor desafo institucional de su historia, cuando tena al frente la dictadura de Pinochet, claudic vergonzosamente de su obligacin constitucional de defender derechos tan fundamentales como la propia vida, y mostr la fragilidad de su independencia.

An hoy, la anarqua tcnica del Poder Judicial, permite que jueces superiores concedan beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, en abierto desafo al derecho internacional.

Desde el punto de vista tcnico, el hecho de que la doctrina judicial chilena desconozca, y en todo caso relativize, el principio de la jurisprudencia, salvo los auto acordados de la Corte Suprema, abre amplios espacios al abuso, la arbitrariedad y la corrupcin.

Esta independencia invocada por Piera es la que torna a los jueces superiores en una suerte de arbitrarios diocesillos, que distribuyen bolos y castigos sin responder ante nadie; como no sea el color del dinero.

Bomba ambiental

Es evidente que en la actual coyuntura poltica, este proyecto tiene posibilidades no menores de convertirse en ley; lo que induce a reflexionar sobre sus consecuencias.

Es posible , e incluso probable que, una vez en rgimen, esta ley destrabe una parte importante de los 475 proyectos, por US$ 56.835 millones, en proceso de calificacin ambiental.

En eso radica, precisamente, no solo el peligro, sino tambin el error original del proyecto de Piera.

A diferencia del pastor de Suetonio, que esquila las ovejas en lugar de devorarlas, lo que persigue el proyecto de ley para modernizar el Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, es despejar el camino para que los inversores financien proyectos de naturaleza extractivista, siendo completamente irrelevante que ese resultado llegue por efecto de razones tcnicas o politicas.

Inspirado de manera inquiebrantable en la doctrina de las ventajas comparativas, lo que har el proyecto de Piera, en caso de convertirse en ley, es profundizar el modelo primario exportador de la economa chilena, con graves consecuencias ambientales y sociales, sin perjuicio de reforzar la desigualdad en la redistribucin del ingreso, el perfil rentista y el anclaje en polticas econmicas inmediatistas que eventual y temporalmente pueden estimular el crecimiento, pero que jams conducirn al desarrollo, ni menos al denominado desarrollo sustentable, que incorpora variables de proteccin ambiental y justicia social.

Con la orientacin de este proyecto, Piera desoye, una vez ms, las prevenciones de agencias internacionales y organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que hace tiempo vienen mostrado creciente preocupacin por la excesiva dependencia del modelo chileno de la exportacin de recursos naturales, y recomendando una diversificacin de la matriz productiva, con nfasis en la agregacin de valor a nivel local, lo cual, entre otras ventajas, expande la oferta de trabajo.

Pero para el mediocre, rentista e insaciable empresariado local, y qu decir del capital transnacional, resulta mucho ms cmodo invertir en la actividad extractivista, que exige poco trabajo local, corto tiempo de maduracin, rentabilidad inmediata asegurada y muy poco riesgo, como no sean bajas en los precios internacional de los commodities, que enfrentan simplemente cerrado los proyectos, y reabren una vez pasada la crisis.

No es accesorio recordar que Chile es uno de los pocos pasea en el mundo donde los inversionistas no pagan por las denominadas externalidades negativas, sean ellas de tipo social o ambiental. Eso explica la ligereza con que Piera y los suyos plantean legislaciones tan agresivas con el medioambiente, y encima de jacten de ello. Pero no resulta aceptable que lo hagan en nombre del desarrollo sustentable. Eso es, conceptualmente, una de las trampas tpicas de Piera.

Piera obra como lo hace no por mala persona, ms all de que es ms malo que el natri, ni para enriquecerse, porque ya es tan rico, que no bastaran ni 50 generaciones para gastar su fortuna.

A Piera no hay que comprarlo por delincuente ni por mentiroso, artes que practica con habilidad admirable, sino por neoliberal convencido y militante. Por eso est en poltica, y no para acrecentar su fortuna, sin perjuicio de que, segn Forbes, lo consigui con creces durante su primer perodo.

Piera est en poltica obsesionado con la misin de cerrar el ciclo y completar el modelo que inici su hermano Jos. Y tal como l, a pretexto de modernizar una legislacin, lo que hace es destruir un sistema que funciona con criterios de redistribucin social, y reemplazarlo por otro que apunta a facilitar la acumulacin del capital.

De tener xito, al igual que l, dejar un legado poltico que los chilenos pueden tardar dcadas en remover.

En ltimo trmino, la culpa no es tanto de l como de los incautos que le dan el voto, en la creencia que pondr sus indiscutibles habilidades al servicio del desarrollo del pas y el bienestar de sus habitantes.

Por fortuna, la situacin no es irreversible, y tiene un revulsivo: mejorar la pedagoga poltica para convencer a las mayoras del peligro de que Piera, otros como l, la derecha y el gran empresariado, monopolicen el poder y lo utilicen en su exclusivo beneficio; por cierto en nombre del crecimiento, el bienestar y el desarrollo, tal como lo vienen proclamando invariablemente desde hace 45 aos.

http://reddigital.cl/2018/08/04/pinera-bomba-ambiental/



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