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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-08-2018

La construccin histrica de la represin

Igor Goicovic Donoso
Rebelin


Faltando poco ms de tres semanas para una nueva conmemoracin del 11 de septiembre de 1973, el ambiente poltico se encuentra tensionado por una serie de controversias relacionadas con nuestra Historia Reciente. A las desafortunadas declaraciones del efmero Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, relativas a los sesgos del Museo de la Memoria, se vino a sumar luego el cuestionamiento de la Democracia Cristiana al Subsecretario de Redes Asistenciales del MINSAL, Luis Castillo, por el ocultamiento de informacin referida a la autopsia practicada al ex Jefe de Estado, Eduardo Frei Montalva. A poco andar, y muy en su estilo precipitado, el actual gobernante, Sebastin Piera, ha considerado oportuno informar la futura creacin del museo de la democracia, cuyas orientaciones y sentido de historicidad todos desconocemos. Y en este enrarecido escenario a todos nos sorprende y nos conmueve la muerte de uno de los ms destacados e incondicionales defensores de la causa de los derechos humanos, Andrs Aylwin Azocar.

Si bien estas controversias son recurrentes, nunca terminan de instalar una discusin en profundidad respecto de la violencia poltica y de las violaciones a los derechos humanos. Ello, en parte (y aqu habra que reconocerle mrito al efmero ministro), porque tanto las polticas de la memoria, como sus instalaciones museogrficas y sus registros pedaggicos, son sesgados. Pero no en el sentido que le otorgaba el converso personaje y su cada vez ms reducida corte de corifeos, sino que respecto del cortoplacismo con la cual se han enfrentado permanentemente estas temticas.

Efectivamente, en el discurso oficial (tanto de la actual, como de las pasadas administraciones), se instal la espuria sentencia que slo se violaron los derechos humanos en dictadura y que la represin poltica slo es verificable en el oscuro ciclo dictatorial (1973-1990). De tal manera que para unos resulta imprescindible execrar ese pasado y para otros es mejor dejarlo en el olvido. Siendo as, no es extrao que el actual mandatario, como una suerte de aprendiz de prestidigitador, saque de la manga su idea de fundar un Museo de la Democracia. Se puede presumir que en las instalaciones de este museo se expondrn las trayectorias de los padres de la Patria, la fundacin del Estado Portaliano, los avances liberales del Siglo XIX y la legislacin social del siglo XX; incluso es posible que se mencione que el Presidente Salvador Allende fue electo como Jefe de Estado en elecciones democrticas. Luego se pasar de largo por el interregno dictatorial para, por ltimo, llenar de gloria a los artfices de la restauracin democrtica: Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piera; y de esa manera todos felices con un registro de lo de siempre pero, esta vez, con un formato interactivo.

El punto es, una vez ms, el sesgo. El estado de la investigacin histrica ha demostrado ampliamente que la violencia ha sido un componente fundamental en los procesos de estructuracin, institucionalizacin y defensa del poder por parte de las clases dominantes: Oligrquica, burguesa, o militar. Unos ms, otros menos, han recurrido a la represin como estrategia de control social y poltico. As fue durante la organizacin del Estado oligrquico y en el combate a las montoneras en la primera mitad del siglo XIX, con ocasin de la pacificacin del Wallmapu en la segunda mitad de la misma centuria, en las masacres obreras de comienzos del siglo XX, durante la persecucin a los anarquistas y comunistas con Carlos Ibez del Campo y nuevamente a los comunista con Gabriel Gonzlez Videla e incluso durante los gobiernos de Jorge Alessandri (matanza de la poblacin Jos Mara Caro, 1962) y de Eduardo Frei Montalva (El Salvador, 1966 y Pampa Irigoin, 1969). Y no fue muy diferente en los primeros aos de la transicin a la democracia (1990-1996). De acuerdo con los registros levantados en nuestras investigaciones, aproximadamente 34 militantes de las organizaciones armadas de la poca fueron abatidos por agentes del Estado, la mayora de ellos en falsos enfrentamientos, mientras que aproximadamente 400 fueron detenidos y condenados a largas penas de prisin, en condiciones de extrema rigurosidad penitenciaria. Todo ello en los mismos momentos en que an campeaba la impunidad para los violadores de los derechos humanos.

Hoy da, con movimientos sociales subordinados a la lgica de las manifestaciones polticamente correctas (lase festivas y carnavalescas), la rigurosidad de la represin se ha reducido. No obstante en aquellos focos en los cuales se cuestiona la institucionalidad y el rgimen extractivo (wallmapu), la represin no cede; por el contrario, asume el carcter de cerco militar. Es por ello que ha sido en esta regin donde la represin se ha cobrado la vida varios comuneros y donde decenas ms se encuentran en prisin.

Este es, en consecuencia, el momento indicado para que la comunidad historiogrfica se posesione en el debate pblico y, a partir de sus contribuciones al conocimiento de nuestra historia, exija que las polticas de la memoria, sus instituciones y artefactos, den cuenta de ese largo proceso de ejecucin de polticas represivas que tanto dolor han provocado en el seno de la sociedad chilena y, en especial, al interior de sus clases populares.

El autor es historiador y docente de la Universidad de Santiago de Chile.

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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