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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-08-2018

La valla de Ceuta y el asalto a las normas

Patricia Orejudo
El Salto

La devolucin inmediata de 116 personas en la valla de Ceuta sienta un precedente en materia de cumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo de Pedro Snchez


26 de julio de 2018. Frontera Sur. 601 personas saltan la valla que separa Marruecos de Ceuta. Casi un mes despus, todas ellas se encuentran an en territorio espaol, a la espera de que las autoridades espaolas decidan sobre su permanencia.

22 de agosto de 2018. Frontera Sur. 116 personas saltan la valla que separa Marruecos de Ceuta. Un da despus, la prctica totalidad de estas personas se encuentra en paradero desconocido: han sido devueltas expeditivamente a las autoridades marroques.

La devolucin del 23 de agosto no aguanta el mnimo filtro jurdico. Lo explica con precisin el Manifiesto que han firmado 48 organizaciones y colectivos. Pero, adems, con respecto al salto anterior comporta una diferencia de trato, que el Ministerio del Interior intenta justificar, esgrimiendo que responde a la intolerable violencia que esta vez habran ejercido los asaltantes. Desde el punto de vista legal, el argumento tampoco se sostiene.

En la aplicacin de las normas jurdicas, el principio de igualdad es una garanta fundamental para las personas y un mandato insoslayable para las autoridades: situaciones iguales han de ser tratadas de forma equivalente. Las normas jurdicas que es lo nico que cabe aplicar, atendiendo a otro principio esencial, el de legalidad no prevn que pueda darse un trato diferente a una persona extranjera en funcin de que haya empleado, o no, violencia en su acceso al territorio. Lo que s establecen es que se debe perseguir y sancionar toda agresin sobre cualquier persona. Es ms: castigan con mayor severidad cuando el agredido es un funcionario pblico que acta en el ejercicio de sus funciones (delito de atentado).

Si en el segundo salto a la valla se ejerci violencia contra guardias civiles, la obligacin del Estado sera detener y poner a disposicin de la Justicia a los autores del delito si lo hubo, aportar pruebas en el marco de un procedimiento penal con garantas, y demostrar qu persona fue la autora del concreto dao infligido.

El Gobierno, sin embargo, se extralimita, prevarica, miente. Dice albergar una absoluta seguridad sobre las agresiones perpetradas por ese centenar de violentos, aunque no presenta ninguna prueba que la sustente. Se arroga la capacidad de juzgar sumariamente y en grupo a todas esas personas. Decide, en 24 horas, que todas y cada una de ellas emplearon la violencia en el asalto. Todas? Y determina que lo que procede es castigarlas con su devolucin inmediata. S, a todas, salvo a las que aparenten ser menores de edad.

Falta a la verdad, en fin, cuando niega que esta prctica sea nueva. No hay novedad en que los gobiernos socialistas contribuyan a destruir el capital jurdico de los derechos humanos cuando implementan sus polticas migratorias. Bajo sus diversos mandatos se fabric la irregularidad, se instauraron los siniestros CIE, se colocaron concertinas, se articularon redadas racistas, murieron migrantes baleados en la frontera. No es nuevo, pues, que ellos tambin desjerarquicen las normas supremas y los valores que formalmente rigen nuestra sociedad: llevan tiempo hacindolo, como sus alternantes en el poder.

Pero s hay un elemento antes desconocido. El propio Gobierno incoherentemente lo reconoce cuando alega haber reactivado un Acuerdo bilateral de 1992 para devolver a ese centenar de personas. No es esto nuevo? S, definitivamente es nuevo que de un da para otro se pueda deportar a un grupo de extranjeros con el argumento de que emplearon violencia al entrar, aunque no se aporten ms pruebas que las que, en boca de la vicepresidenta, Carmen Calvo, conocen todos los ciudadanos.

Debera saber la ministra de Igualdad que, de existir esas pruebas, tendran que ser puestas en conocimiento de los tribunales, a los que la Constitucin reserva la funcin de juzgar. Recurdese que las agresiones constituiran delitos. Pero el Ejecutivo prefiere tomar la justicia por su mano, mostrar firmeza para ganarse a una ciudadana amedrentada y calculadamente desinformada, y trasladar su comprensin y apoyo a la labor de unas fuerzas de seguridad a las que desde hace aos se compromete, con sus rdenes ilegales.

Cuesta creer que para tomar esta decisin, el Ministerio de Interior haya consultado a expertas o expertos en Derecho internacional, en Derecho de asilo y en Extranjera. Ms all de que difcilmente cabe sostener su legalidad (no todas las interpretaciones caben), lo indudable es que se ha adoptado en solo un da. Un da del mes de agosto. Todo conduce a suponer que la resolucin ha sido improvisada. Un ejercicio irracional y abusivo del poder, un acto de venganza, con el nico clculo del rdito electoral.

Duele pensar que la decisin va a encontrar apoyo en un sector de la sociedad, a pesar de su clamorosa irregularidad y a pesar del dao que ha causado, cuando menos a quienes no participaron de la violencia, que son todos los que saltaron, salvo que se demuestre lo contrario: tambin a los extranjeros se les aplica la presuncin de inocencia. No se me ocurre mayor violencia que la ejercida contra estas personas, en nuestro nombre.

Hiere tal normalizacin del sufrimiento de miles de personas, bajo pretexto de la proteccin de nuestras fronteras. Hiere que a quienes se ha desposedo a travs de la violencia, la explotacin y el expolio, ahora se les niegue incluso su condicin humana y se les prive tambin de sus derechos ms bsicos. Porque cuando los derechos de los otros no se protegen, cuando el Estado acta al margen del Derecho, el dao es mucho ms profundo e irreparable de lo que imaginamos. Si el discurso del miedo y del odio siguen asentndose, si las polticas racistas y xenfobas se justifican y proliferan, lo que peligra es la construccin de sociedades justas e igualitarias. Peligran los derechos de todas.

Patricia Orejudo es abogada. Observatorio del Racismo Institucional RAIN, Comisin Legal Sol.

Fuente: http://www.elsaltodiario.com/opinion/expulsion-psoe-pedro-sanchez-116-personas-valla-ceuta


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