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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-08-2018

Sorpresas judiciales

Javier Prez Royo
eldiario.es


Intentar resolver polticamente la integracin de Catalunya en el Estado espaol de una manera que resulte aceptable tanto para los ciudadanos de Catalunya como para los del resto del Estado es endiabladamente difcil. Pero intentar resolver el problema por va judicial es mucho ms que difcil.

Aunque al desplazar la respuesta a los tribunales de Justicia puede parecer que se va a controlar el curso de los acontecimientos, ocurre todo lo contrario. Mientras un problema de naturaleza poltica se mantiene dentro del campo de la poltica, hay alguna posibilidad de abordarlo desde la negociacin. Cuando un problema de esa naturaleza es desplazado al terreno de la administracin de justicia, tal posibilidad desaparece. No hay manera de controlar el curso de los acontecimientos. Y ya no se puede negociar.

Como, adems, el problema sigue siendo de naturaleza poltica, aunque est residenciado ante un tribunal de justicia, el cruce de la lgica poltica y la lgica jurdica desvirta la accin del Tribunal, hacindole perder el control del propio proceso judicial que tiene que decidir. No solamente no se gana en seguridad, sino que se produce todo lo contrario.

Puede que Mariano Rajoy y el Fiscal General del Estado Jos Manuel Mazas estuvieran seguros de que activando querellas por el delito de rebelin contra Carles Puigdemont y otros polticos nacionalistas catalanes iban a controlar el procs y en poco tiempo el Tribunal Supremo dictara una sentencia con la que pondra a cada uno en su sitio. Una vez dictada la sentencia, se podra volver a recurrir a la poltica, pero con la base slida de una sentencia firme, con valor de cosa juzgada.

Pero esa confianza en la accin de la justicia era una ensoacin. Los meandros por los que puede discurrir un proceso judicial son casi tan numerosos como aquellos por los que puede transitar la accin poltica. Como, adems, estn codificados y hay derechos que se pueden hacer valer en cada uno de dichos meandros, el enmaraamiento puede resultar inmanejable.

El intento de procesar a Carles Puigdemont y dems polticos nacionalistas por el delito de rebelin lo est dejando claro. El Tribunal Supremo ha perdido el control del proceso. No puede proceder contra Carles Puigdemont tras la decisin del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein y, al no poder hacerlo, tampoco puede proceder contra los dems querellados sin quebrar la "cadena de legitimidad democrtica" en que consiste el Estado Constitucional, ya que, de todos los querellados, nicamente Carles Puigdemont es portador de legitimidad democrtica a travs de la investidura. Todos los dems la han recibido de l. Su procesamiento deriva del procesamiento del president, es un corolario del procesamiento del president. El Tribunal Supremo podra abrir juicio contra Carles Puigdemont exclusivamente, dejando fuera a los dems. Pero lo que no puede es procesar a los dems, sin procesar a Carles Puigdemont. Esto es una consecuencia insoslayable del principio de legitimacin democrtica del poder.

Pero es que hay ms. Con la errtica instruccin del juez Pablo Llarena, que le ha llevado a retirar primero la euroorden dictada en su da por la jueza Carmen Lamela ante la justicia belga, a dictar despus una nueva euroorden para volver a retirarla, el juez instructor ha afectado a derechos fundamentales de Carles Puigdemont negndole al mismo tiempo la posibilidad de defenderse.

Tras la emisin de las dos eurordenes, Puigdemont se tuvo que poner a disposicin de la justicia belga y, aunque no se adoptaron contra l medidas privativas de libertad, s se vio sometido a restriccin de movimientos y a la comparecencia peridica ante el juzgado correspondiente. Tuvo que contratar un abogado para defenderse, incurriendo en los gastos que tal contratacin conlleva. Y al final, al ser retirada la euroorden, no ha podido defenderse y tener una respuesta judicial frente a la acusacin que el juez instructor espaol le diriga.

Con su actuacin de dictar y retirar la euroorden, Llarena le ha abierto la puerta a Puigdemont ante la justicia belga. Es el juez instructor espaol el que ha tomado la iniciativa. Puigdemont nicamente est reaccionando ante la iniciativa del juez. Si no hubiera retirado la euroorden, no podra haber planteado la demanda civil ante la justicia belga. Tras la retirada, Puigdemont, que es un ciudadano en pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales, porque no ha sido privado de ninguno de ellos mediante sentencia judicial firme, que reside en Blgica y que se ha visto afectado en el ejercicio de sus derechos por el juez instructor sin darle posibilidad de defenderse, tiene todo el derecho del mundo a demandar a dicho juez instructor y a exigirle responsabilidad por su errtica instruccin.

Es el propio juez Llarena el que se ha puesto en una posicin jurdica insostenible. No estamos ante un ataque grosero a la integridad de la justicia espaola, como ha dicho Llarena. Es una reaccin de legtima defensa frente a una instruccin errtica.

El 4 de septiembre se va a producir una nueva sorpresa. Y no ser la ltima.

Vamos de disparate en disparate.

Fuente: https://www.eldiario.es/zonacritica/Sorpresas-judiciales_6_805329465.html



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