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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-08-2018

Proyecto de ley sobre tierras es lesivo para comunidades rurales vulnerables

VerdadAbierta


A indgenas, afros y campesinos les preocupa esta iniciativa, que radic el gobierno saliente, porque consideran que cambia las reglas de juego en el acceso a la propiedad rural. Lderes sociales, acadmicos y congresistas advierten que la propuesta es regresiva y plantean duras crticas.

El pasado 20 de julio, el saliente ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, radic el Proyecto de Ley 003 de 2018, mediante el cual se pretende modificar la Ley 160 de 1994, de reforma agraria, y se dictan otras disposiciones. El hecho qued opacado por la ceremonia de instalacin del nuevo Congreso de la Repblica y, adems, por la polmica nacional que gener el senador Antanas Mockus al bajarse los pantalones para pedir silencio al plenario.

Pero quienes saben de tierras y estn preocupados por el futuro de la propiedad rural en el pas, entre ellos las organizaciones campesinas y tnicas, as como congresistas en la oposicin y acadmicos, iniciaron el estudio de los 47 artculos que contiene el proyecto de ley y que pretende transformar las normas existentes, pilares fundamentales del punto uno del Acuerdo de Paz pactado con la extinta guerrilla de las Farc.

Durante dos das, lderes campesinos, indgenas y afrodescendientes, investigadores sobre tierras, territorios y medio ambiente, y congresistas se reunieron en Bogot para analizar los impactos del proyecto de ley y expresar sus preocupaciones. En el encuentro, organizado por la Estrategia Colaborativa por la Garanta del Derecho a la Tierra y al Territorio (ENI Colombia), las comunidades concluyeron que la propuesta es regresiva y lesiva para la poblacin rural ms vulnerable, adems de contradecir el Acuerdo de Paz pactado en La Habana tras cuatro aos de negociaciones.

Eduardo Len, vocero de la Cumbre Agraria, explica que el gobierno nacional incumpli su promesa de consultar con las comunidades cualquier reforma a la Ley 160 de 1994, siendo el nuevo proyecto funcional a un modelo agroindustrial y extractivista, que deja por fuera a los campesinos, afros e indgenas y que no redistribuye la tierra y contrara los Acuerdos de La Habana. A su juicio, este proyecto est condenando al pas a la profundizacin del conflicto, que no slo se expresa militarme sino socialmente.

Por su parte Jos Martnez, presidente de la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), regional Meta, indica que resultamos con normas que van disminuyendo los instrumentos que deberan usarse para hacer la reforma rural.

De acuerdo con su anlisis, el proyecto de ley ni es de reforma ni Ley de Tierras, sino que tiene una orientacin a la formalizacin de la propiedad. Seguramente algunos pequeos productores se beneficiarn, pero tambin hay una tendencia a entregar una buena parte de los baldos nacionales a grandes empresarios.

En ese sentido, Javier Medina, investigador del Centro de Investigacin y Educacin Popular (Cinep), explica que la iniciativa reproduce algunos problemas tradicionales de lo rural en Colombia y a su juicio es cuestionable que el gobierno nacional plantee una nueva reforma sin haber logrado avances significativos en temas como el fondo de tierras, as como en la implementacin del catastro multipropsito y la jurisdiccin agraria.

Paula lvarez, investigadora independiente en temas ambientales y rurales, sostiene que el proyecto es contraproducente y regresivo para las comunidades agrarias y tnicas del pas, bajo la lupa de tres elementos: el primero, es que complementa la visin que el gobierno nacional ya vena desarrollando con figuras como las Zonas de Inters de Desarrollo Rural Econmico y Social (Zidres), que concede grandes extensiones de tierra para proyectos agroindustriales, planteando que el desarrollo rural est conformado por una serie de actividades que incluyen a la minera y la agroindustria.

Ambas son catalogadas de utilidad pblica e inters social, lo que les da una jerarqua superior y esto advierte que grandes extensiones de tierra sern entregadas a proyectos extractivos y de agroindustria, advierte lvarez.

El segundo elemento, segn esta experta, es la consolidacin no solo de las Zidres sino de una nueva figura, la de derecho a uso: Estamos hablando de 30 millones de hectreas que seran incorporadas a esta dinmica de actividades pblicas e inters social.

Y un tercer elemento es la posible extranjerizacin de la propiedad rural: Es entregarle grandes extensiones de tierras a estos capitales para el desarrollo de emprendimientos, en detrimento de las solicitudes que han hecho comunidades campesinas y tnicas para que les adjudiquen tierras o que les permita constituir o ampliar resguardos o consejos comunitarios.

Ante ese escenario, lvarez plantea un panorama complejo si se aprueba el proyecto de ley: Se va a profundizar ms la lucha y la disputa por la tierra en el pas.

A los tutanos del conflicto

La tierra y el territorio son el trasfondo del conflicto armado. En la negocin con la extinta guerrilla de las Farc, hoy convertida en movimiento poltico sin armas, el gobierno nacional reconoci que la concentracin de la propiedad rural y las disputas por los intereses que emergen a su alrededor agudizaron el conflicto. Por eso, el primer punto del Acuerdo de Paz pactado en La Habana propone una Reforma Rural Integral (RRI), planteada como pilar de la prometida paz estable y duradera.

Firmado el Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto el 24 de noviembre de 2016 en Bogot, comenz la fase de implementacin. En el papel estaba el qu hacer, pero deba definirse cmo lograrlo a travs de herramientas jurdicas. Para ello se cre el llamado Fast Track, trmite legislativo extraordinario, una va ms rpida para aprobar las normas y leyes requeridas para poner en marcha los puntos pactados.

En marzo de 2017, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) comenz una correra por diversas regiones del pas para socializar un proyecto de Ley de Tierras, que fue duramente cuestionado por ir en contrava del Acuerdo de Paz.

Aunque ese proyecto no fue aprobado, el gobierno nacional firm el Decreto Ley 902 de mayo de 2017, que cambia los derechos de uso de la propiedad rural, amplindolos a la industria, la infraestructura, el sector minero-energtico, los servicios y turismo, as como a la agroindustria, una salida jurdica del presidente Juan Manuel Santos para avanzar en sus pretensiones de cambiar las reglas de juego en el tema rural.

En ese sentido, tanto Adriana Lpez como Andrea Lopera, abogadas de las unidades tcnicas legislativas (UTL) de los congresistas Ivn Cepeda y Feliciano Valencia, analizaron el Proyecto de Ley 003 de 2018 y aseguraron que es un complemento de las normas agrarias que ya vena aprobando el gobierno saliente.

A juicio de las juristas, el nuevo proyecto modifica profundamente el rgimen de baldos, las tierras de Nacin que segn la Ley 160 de 1994 deberan ser destinadas para comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente. Y concluyen que esos baldos podrn ser entregados en propiedad o en derechos de uso sin lmites a empresarios mineros, petroleros, de hidroelctricas, entre otros, dedicados a las actividades de utilidad pblica e inters social.

Y, adems, dicen ellas, que el proyecto incluye tantas excepciones a la Unidad Agrcola Familiar (UAF), la extensin mnima vital que requiere una familia para subsistir en el campo, que en realidad acaban con ella.

Lpez y Lopera coinciden en que el nuevo proyecto crea otra figura, las Zonas Estratgicas de Inters Agropecuario (Zeia), que son prcticamente las mismas Zidres, pero sin ninguna restriccin. La iniciativa, adems, propone varias frmulas para sanear y hacer borrn y cuenta nueva con diversos casos de indebida acumulacin de baldos, que son las tierras que en teora deberan disponerse para hacer la Reforma Rural Integral.

Las abogadas advierten que el proyecto afecta la disponibilidad de tierras para la paz y la reforma agraria, y, por el contrario, no dice nada sobre la compatibilidad de lo ambiental y lo agrario; los mecanismos de resolucin de conflictos en territorio e interculturales; la agilidad en la respuesta de la ANT frente a procedimientos agrarios; el avance en la estructuracin de la jurisdiccin agraria y la proteccin de la economa campesina. La iniciativa, dicen ellas, reemplaza una poltica social con una econmica sin impactar la concentracin de la tierra en Colombia.

En ese sentido, el Proyecto de Ley que cursa en el Congreso establece nuevas formas de acceso a tierras rurales para favorecer la inversin de grandes capitales bajo el lema de brindar seguridad jurdica, especialmente para fortalecer la agroindustria como una actividad de utilidad pblica e inters social, y consolidar el modelo extractivista de minerales e hidrocarburos.

Pero, tal como lo han advertido expertos en estas materias, el gobierno nacional ya vena aprobando normas de este tipo, como lo hizo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que cre las Reservas Mineras Estratgicas, ms conocidas como reas Estratgicas Mineras (AEM); el documento de poltica econmica Conpes 3762, que propone los Proyectos de Inters Nacional y Estratgico (Pines); la Ley 1776 de enero de 2016 que crea las Zidres; el Decreto Ley 902 de mayo de 2017 y el Conpes 3917 de febrero de 2018, que establece un rea de referencia como insumo para la identificacin de las Zidres.

Algunos artculos polmicos

Ms de la mitad del articulado del proyecto de ley es cuestionado. Segn los anlisis hasta ahora realizados, los artculos 1 y 2 crean nuevas figuras de aprovechamiento de acuerdo con el uso productivo y eficiente de los suelos rurales. Se refieren a las Zeia, que adems de destinar el rea rural para la produccin agrcola, pecuaria, acucola, pesquera y forestal, la ampla a la agroindustria. El desarrollo integral de las actividades del campo en dichas Zonas ser oponible y de carcter preferente respecto de cualquier otra actividad econmica y gozar de especial proteccin, seala el artculo 2.

Otro es el artculo 10, que establece otras formas de adjudicacin y uso, favoreciendo la adjudicacin plena del dominio de predios rurales a personas naturales o jurdicas que adelanten actividades de utilidad pblica e inters social como la minera, hidrocarburos, hidroelctricas, produccin de energa o gas, y agroindustria.

Tambin el artculo 12 sobre regularizacin por confianza legtima, indicando que la ANT puede adjudicar predios baldos, hasta por una UAF y por una sola vez, a cualquier persona que los haya ocupado con anterioridad a la expedicin de la Ley 160 de 1994 de forma pacfica y de buena fe. Las abogadas sealan que esta es solo una forma para sanear acumulaciones indebidas o despojos.

La propuesta plantea en el artculo 13 el reconocimiento a la funcin social de la propiedad, con el que se podr adjudicar u otorgar derechos de uso y posterior titularidad plena a quienes hayan ocupado predios diez aos antes de la expedicin de la ley, demostrando la buena fe simple. Las abogadas consultadas cuestionan que, por el contrario, en el artculo 15 a los campesinos que deseen acceder a ttulos gratuitos, o parcialmente gratuitos, les imponen ms restricciones.

Lo anterior porque si son ocupantes de baldos clarificados o estn en procesos de recuperacin, el proyecto indica que pueden acogerse a los artculos 12 y 13, lo que significa ms requisitos para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para acceder a la misma a travs del Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), entre ellos las retribuciones que tendrn que pagar por su adjudicacin.

Otro grupo de artculos criticados son los 15, 16 y 25, que cambian la definicin de baldos, plantean la inadjudicabilidad para aquellos baldos que tengan un uso o desarrollo de inters general o utilidad pblica; y se refiere a las reas inadjudicables por aprovechamiento de recursos naturales no renovables, de forma respectiva. Esto es menos disponibilidad de tierras para pobladores rurales, pues algunos baldos se reservarn para mineros y petroleros, afirman las analistas de las UTL de Cepeda y Valencia.

A Margarita Varn, gerente de Colombia Rural, le preocupa el aparte final del proyecto de ley, consignado en el artculo 46, que le pone un trmino definitivo a la restitucin de tierras a vctimas del conflicto armado: Esto abre la puerta para nuevos conflictos porque se acaban las vas institucionales para los reclamantes de restitucin.

A su vez, Germn Cardoza, especialista en temas agrarios, advirti que el nuevo proyecto elimina el artculo 79 de la Ley 160 de 1994, que es el que define el ordenamiento social, ambiental y territorial en zonas de baldos, adems de ser el soporte de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y de muchos procesos agrarios, especialmente la recuperacin de baldos. La propuesta plantea conceptos de competitividad y productividad para la reconversin del uso del suelo, pero se le imponen restricciones a los campesinos y no a los grandes.

Para las comunidades campesinas y tnicas su oposicin al proyecto de Ley es clara. Y en ese sentido se expres Luz Marina Arteaga, integrante de la Junta de Accin Comunal (JAL) de la vereda Matarratn, en El Porvenir, Meta, donde el gobierno nacional reconoci la acumulacin de baldos por parte de la familia del esmeraldero Vctor Carranza: Todo lo que habamos avanzado en procesos agrarios, retrocede. Llevamos ms de 30 aos trabajando la tierra y reclamando la titulacin de los baldos. Yo le dira al Presidente y al Ministro de Agricultura que ellos saben que existimos, que tenemos derechos y que hay tierra para todos.


Fuente original: https://verdadabierta.com/


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