Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-08-2018

Frente a la tirana en Colombia, la palabra seguir siendo la nica arma?

Jade Arenas
Rebelin


A veintin meses de haberse firmado el Acuerdo de Paz, entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, aun no existen ni las condiciones, ni las garantas elementales por parte del Estado para que el pueblo pueda ejercer libremente su legtimo derecho a hacer poltica, y aspirar a ser gobierno por la va exclusivamente legal.

No existen garantas, porque el Estado contina en manos de los mismos sectores, que hace 54 aos optaron por arrojar al pueblo a una cruenta guerra, desechando la posibilidad de hallar soluciones reales a los problemas estructurales que en esa poca y aun hoy aquejan a la sociedad.

A raz de la implementacin de los Acuerdos de Paz, el expresidente Santos se propuso cambiar todo con el propsito real de no cambiar nada, dejando inclume la estructura poltica, el modelo econmico y la doctrina militar. De all que no sea objetivo afirmar que Santos halla traicionado a su clase social dominante, tal como lo pregonan los sectores de extrema derecha. No, Juan Manuel Santos cumpli su misin; desarm a la insurgencia armada ms antigua del mundo, tal como lo expres en reciente entrevista, el dirigente fariano Jess Santrich, quien es vctima de un montaje judicial de la fiscala y la DEA desde el 9 de abril de ste ao: Lo que queran era desarmarnos al menor costo posible y lo lograron, en consecuencia, el gobierno anterior dej el camino dispuesto a los grandes capitales, para que exploten los territorios que en el pasado eran inaccesibles para ellos, gracias a la presencia insurgente y a la defensa popular.

El presidente de la Paz, nunca renunci a la aplicacin de la Doctrina de la Seguridad Nacional, promovida esta histricamente durante ms de 50 aos por los E-U, y que busca legitimar el terrorismo de Estado en contra de las comunidades, con el efugio de combatir al enemigo interno, en Amrica Latina y especialmente en Colombia la democracia ms antigua del continente donde segn informes del Centro de Memoria Histrica y la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas, de 1954 a la segunda dcada del 2000, el conflicto poltico, social y armado ha dejado ms de 262.197 vctimas fatales, de las cuales el 80% son responsabilidad del Estado; de sus fuerzas estatales y paraestatales.

Durante las conversaciones de la Habana, el Estado no cedi ni un pice de sus intereses, mientras que la delegacin de paz de la guerrilla arguyendo una infranqueable voluntad de paz, cedi ms de lo que histricamente un ejrcito revolucionario debe ceder. En consecuencia, quedaron en el limbo asuntos de trascendental importancia para lograr una Paz real con justicia social; la Doctrina militar, la estructura econmica, las bases militares gringas, y un sin nmero de temas derivados, que hoy por hoy mantienen al pueblo colombiano en la miseria, y al continente en permanente estado de zozobra blica, al tiempo que unos acuerdos de paz desechos dentro de un proceso de implementacin que solo ha logrado un insignificante 18% de cumplimiento por parte del Estado en relacin con las condiciones, jurdicas, polticas, militares, econmicas y sociales que se haba comprometido a generar a raz de los acuerdos del Teatro Coln.

Para el rgimen nunca fue una opcin brindar garantas reales de participacin poltica para la ciudadana y los excombatientes. Por ello mientras el pas transitaba hacia la reconciliacin el Estado en cabeza del Nobel de La Paz, fortaleca su aparato militar, condicin sine qua non para concretar el ingreso de Colombia como socio global, a la agresora y desprestigiada por los pueblos del mundo: OTAN, gestin que ya haba iniciado su antecesor lvaro Uribe Vlez en el ao 2006.

La Doctrina de la Seguridad Nacional ha sido consuetudinariamente aplicada en Colombia. Sin embargo, hoy parece estar recobrado los bros y emergiendo con su carcter ms totalitario y brutal, el cual haba sido matizado y encubierto en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es as como la nueva administracin de Duque encarna la reconfiguracin de sta siempre para el pueblo pavorosa doctrina, con su ya conocida denominacin a la colombiana: Seguridad Democrtica. Reconocida por ms de ocho aos como sustento de los crmenes de Estado: Los llamados Falsos Positivos, las masacres paramilitares, la tortura, la desaparicin forzada por razones polticas, la represin a la protesta social y todo tipo de vejmenes expresados en los gobiernos del uribismo. Es por lo anterior que mientras los colombianos estn bajo este modelo de democracia restringida, no ser posible que las mayoras accedan al poder poltico sin adoptar todas las formas de lucha popular.

El rgimen poltico y militar colombiano no puede explicarse sin la histrica participacin de los E-U. Ninguna accin del imperio es improvisada. Tanto el desarme de las FARC-EP, como el ingreso de Colombia a la OTAN y el triunfo del Uribismo en las presidenciales, son pasos impulsados, apoyados y dirigidos por los EE-UU, entre cuyos ms inmediatos objetivos est; posibilitar una intervencin militar contra Venezuela y en general, avanzar en el proceso de ocupacin para el control del continente latinoamericano.

De all que no sea espontneo el evidente proceso de exterminio que se viene presentando a lo largo y ancho del pas, de todo aquel que represente una oposicin poltica a los intereses de la clase dirigente. Solo en el periodo 2016 - 2018 se contabilizan ms de 400 asesinatos de lderes sociales y excombatientes de FARC, lo que corrobora, la permanencia y profundizacin de la poltica de exterminio fsico del contradictor al rgimen, causa principal que gener y mantiene la expresin armada del conflicto poltico y social en Colombia.

La clausura por parte del Estado colombiano de las vas pacficas para tramitar el conflicto poltico y social solo favorece y sita la rebelin armada como alternativa real de incidencia poltica de importantes sectores sociales del pas histricamente excluidos. A lo anterior hay que agregarle que la intolerante clase dominante, por su parte, nunca ha renunciado a combinar todas las formas de violencia legal e ilegal contra sus contradictores polticos.

El incumplimiento por parte del Estado de los acuerdos de Paz y el asesinato sistemtico de los lderes sociales est llevando a los colombianos a reconocer en las vas de hecho y la lucha armada un legtimo derecho de salvaguardar la vida y sobre todo un derecho poltico.

Es un juicio sin fundamentos, aquel que afirma, que aparentemente existen en este momento en Colombia garantas para la participacin poltica de los sectores histricamente marginados. Dicho postulado procura sustentarse en las actuales curules de Farc, que fueron resultado del acuerdo de paz. Eludiendo la realidad poltica en los principales escenarios de lucha social en el pas, donde el rgimen contina ensaado en contra de los lderes sociales y reincorporados.

A lo anterior hay que agregar la indiscutible inestabilidad en relacin con la permanencia de las mencionadas curules; como consecuencia de las embestidas jurdicas y polticas que el uribismo realiza a travs de anuncios aparentemente inofensivos, en relacin con efectuarle cambios a los acuerdos de paz.

En sntesis; en Colombia se est reconfigurando una tirana contra la cual, definitivamente, la nica arma no podr ser solo la palabra.

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter